Autor: Yolanda Magaña

Una movilización en Argentina contra un polémico proyecto de ley que contiene varias iniciativas ultraliberales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei fue disuelta este jueves por las fuerzas de seguridad, que arremetieron contra los manifestantes a las puertas del Congreso, dejando un saldo de más de doce detenidos y al menos cinco heridos.

Bajo la consigna «la patria no se vende» y pese a las intensas lluvias registradas este jueves en Buenos Aires, la manifestación convocó a agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles y a ciudadanos independientes.

La concentración frente a la sede del Congreso argentino, en Buenos Aires, fue convocada para manifestar el amplio rechazo social al capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto sobre ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada que impulsa el Ejecutivo.

La creciente oposición a la iniciativa y la posibilidad de un traspié legislativo llevaron al oficialismo a quitar ese capítulo del proyecto, que contiene, de todos modos, otros varios aspectos sensibles con impacto social, económico y ambiental, que se debaten este jueves en el pleno del Senado.

El polémico capítulo relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, según el oficialismo, su tratamiento fue simplemente «postergado» con el objetivo de «enriquecerlo con nuevos aportes» y «alcanzar un mayor nivel de consenso».

La protesta convocada para este jueves transcurrió sin incidentes, hasta que las fuerzas de seguridad, parapetadas detrás del vallado dispuesto alrededor del Congreso, comenzaron a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde camiones policiales, ante los cual muchos manifestantes retrocedieron.

Luego, los policías abrieron los vallados y avanzaron hasta desalojar la plaza frente al Congreso, aunque las fuerzas de seguridad continuaron cargando contra los manifestantes incluso en calles aledañas, en las que se registraron algunos enfrentamientos.

Un portavoz de la Policía de la ciudad de Buenos Aires informó a EFE que sus fuerzas detuvieron a nueve personas y enfatizó que «grupos violentos» quemaron contenedores de basura, dañaron aceras y rompieron los vidrios de un vehículo policial.

Fuentes oficiales citadas por la prensa local elevaron a doce la cifra de detenidos, incluyendo tres arrestados por fuerzas federales, y precisaron que un total de cuatro agentes resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Médicos presentes en el lugar informaron además a la prensa que trataron a una fotoperiodista que sufrió un traumatismo de cráneo por un golpe en la cabeza y fue trasladada a un hospital cercano para ser atendida.

«Defender a la Argentina»

«Es inaceptable lo que se quiere hacer con nuestras tierras, con nuestra Argentina. No entiendo qué piensa el presidente y adónde quiere llegar», dijo a EFE Marta Lucero, quien participó de la protesta de este jueves frente al Congreso.

El proyecto que debate el Senado y que, de ser aprobado, será girado a la Cámara de Diputados para su discusión, contiene, entre otros capítulos, iniciativas para acelerar los desalojos, poner límites al Estado para expropiar activos -aunque sean de utilidad pública- y quitar restricciones sobre el uso de tierras rurales y bosques que hubieran sufrido incendios.

«Queremos que esta ley no prospere, no solo lo que tiene que ver con las tierras, sino también la quema de bosques y los alquileres, algo que va a afectar a mucha gente. Las leyes que impulsa el Gobierno solo benefician a pequeñas minorías, grupos económicos concentrados y capitales extranjeros», afirmó Sergio Alarcón, integrante de una agrupación política peronista.

«Nuestra tierra y nuestra agua están comprometidas. Hay que salir a la calle a protestar. Es nuestra Argentina la que tenemos que defender y no se vende», añadió Marcela Arin, una ciudadana de la sureña provincia de Neuquén en Buenos Aires.

Además de la concentración en la capital argentina, se realizaron varias movilizaciones de protesta en diversas ciudades del país.

El Gobierno de Milei, que inició su gestión a finales de 2023 y planea buscar la reelección el próximo año, ha impulsado varias reformas de tono ultraliberal, como leyes de flexibilización laboral, amplios beneficios para grandes inversiones, privatizaciones y un severo ajuste en las cuentas públicas.

El Gobierno de Venezuela y un grupo opositor instalaron formalmente este jueves la mesa de diálogo, impulsada por Estados Unidos, para avanzar hacia una transición en el país suramericano, así como para atender las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó al menos 6.125 fallecidos.

Las delegaciones se encontraron cara a cara en la base aérea La Carlota en Caracas, luego de que el pasado fin de semana comenzaran el proceso de diálogo a través de una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.

Hasta el momento, las delegaciones no han ofrecido declaraciones, por lo que se desconocen los detalles de esta primera reunión presencial.

«Inicia diálogo nacional con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015», señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

Por su parte, Figuera reiteró en X que este proceso «marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela».

«Estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos», añadió la opositora que defiende la continuidad de la AN elegida en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las curules.

Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España. Tras su llegada, reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó más de 6.000 fallecidos, 16.709 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea «creíble y confiable», la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la «garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados».

Además, señaló que el proceso tomará tiempo y que será «hasta diciembre» próximo cuando se presentará «formalmente todo el producto» del trabajo.

Figuera está acompañada en este diálogo por los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

Por su parte, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria.

Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones entre el chavismo y un grupo opositor venezolano, que definió como una «oportunidad única» para la reconciliación y la transición en la nación petrolera.

En esta negociación no participan los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes propusieron en mayo una negociación «seria» con el Gobierno y con el acompañamiento de Estados Unidos para «restaurar la democracia».

Sin embargo, recientemente dijeron que no serán un «obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país, pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior.

El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado «turismo de maternidad«, un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.

La orden, que habría afectado a unos 255,000 niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que «los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción» y, por tanto, son ciudadanos.

Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron de un brote activo de salmonela vinculado a jalapeños procedentes de México, que por el momento ha reportado 345 casos, de los cuales 36 han requerido hospitalización.

«Los CDC y las autoridades de salud pública de varios estados están investigando un brote multiestatal de infecciones por salmonela relacionado con los chiles jalapeños. Se recomienda a los negocios que revisen su inventario para detectar los chiles jalapeños retirados del mercado y que no los vendan ni los sirvan», informó el organismo en su página web.

Los casos se han reportado en 27 estados, la mayoría de ellos -más de 200- en Minnesota y Colorado, aunque el reporte indicó que el número de personas enfermas puede ser superior debido a que muchos se recuperan sin atención médica.

El brote de salmonela está ligado a unos chiles jalapeños procedentes de Sinaloa, en México, que fueron distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

Una gran parte fue a parar a las cadenas Chipotle y QDOBA, aunque los CDC precisaron que estos restaurantes ya retiraron los jalapeños afectados y ya no existe un riesgo para sus consumidores.

«La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está trabajando para determinar si los jalapeños llegaron a los supermercados. Si los jalapeños afectados también estuvieron disponibles en las tiendas, la FDA podría anunciar retiros adicionales en su página web», agregó el organismo gubernamental.

La salmonela se manifiesta con fiebre alta, diarrea o calambres estomacales entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria, según los CDC, que aclaran que la mayoría de personas se recuperan después de entre 4 y 7 días sin necesidad de atención médica.

Sin embargo, la autoridad advirtió que los menores de 5 años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden experimentar enfermedades más graves.

Este brote de salmonela trasciende al mismo tiempo que el país registra un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, que superó en julio los 11.000 casos posibles por todo Estados Unidos, cuyas autoridades vinculan el brote a lechuga también procedente de México.