Autor: Yolanda Magaña

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), no votó por la ratificación de la reforma al primer inciso del artículo 79 de la Constitución de la República porque aseguró que se desconoce cómo quedará conformada la Asamblea Legislativa luego de la redistribución de los escaños legislativos.

“El quitarle diputados a un departamento es dejar sin representación a un grupo de esa población”, advirtió.

La legisladora teme que, para asignarle una cantidad de escaños a la diáspora salvadoreña, se reste escaños a algunos departamentos.

Según Villatoro, no rechazan el contenido de la reforma. “Conociendo esa maniobra de querer manipular a la población, van a decir que estamos en contra de que los hermanos en el exterior, que no hemos querido que ellos tengan su representación y no es cierto», indicó. Aseguró que Arena lleva candidatos de la diáspora en las elecciones internas de candidatos a los comicios de 2027.

“Es bueno y es necesario (la circunscripción de la diáspora en el exterior), sin embargo, no me puedo definir un voto a ciegas sin conocer la ley secundaria, cómo va a quedar plasmada. Sería bueno tener claro todo el panorama para poder tener una decisión. Desconocemos realmente cómo va a quedar conformada esta Asamblea Legislativa», expresó. Indicó que los partidos de oposición «con o sin la diáspora, igual vamos a competir”. «Siempre va a haber porque la gente está un poco más crítica de las decisiones, muchos ya entendieron que debe existir un balance de diferentes fuerzas políticas», afirmó.

El artículo 79 de la Constitución, inciso segundo, ordena que la representación legislativa sea «proporcional». Aunque el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, no ha anunciado qué departamentos tendrían menos escaños, el lunes aseguró que sería injusto quitarle diputados «a departamentos que tienen dos» y que «obviamente en San Salvador somos 16”. Actualmente, el Código Electoral impide que un departamento tenga menos de 2 escaños legislativos.

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador advirtió este martes que es falso un supuesto programa de “visa de trabajo virtual” que promueve un video en redes sociales.

Según la Embajada, el video habla de un programa de visa que estaría disponible a partir de abril de 2026 “sin el requisito de tener una oferta laboral” y sin entrevista consular. El anuncio ofrece un proceso “rápido y accesible” según la oficina diplomática.

Sin embargo, advierte la falsedad del anuncio. “No hay información oficial que respalde ese supuesto programa de visado. Las solicitudes de visas de EE.UU. mantienen sus requisitos habituales”, indicó.

La Embajada exhortó a los ciudadanos a verificar siempre la información de fuentes oficiales antes de dar por válido un anuncio o compartir su contenido.

En el caso específico, la publicación sobre el falso programa de visas temporales sin oferta de trabajo no citaba fuentes oficiales ni detallaba requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas del programa.

El sitio web de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador es sv.usembassy.gov/es y sus redes sociales son @USEmbassySV en X, “Embajada de Estados Unidos en El Salvador” en Facebook y usembassysv en Instagram.

En redes sociales circula un video que habla de un supuesto programa de «visa de trabajo virtual» para Estados Unidos sin el requisito de tener una oferta laboral, que estará aparentemente disponible a partir de abril de 2026.

El contenido asegura que el trámite no requeriría… pic.twitter.com/b4Qej2cf6H

— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) May 6, 2026

Los concejales Simón Paz, Cayetano Cruz y Milton Beltrán se inscribieron respectivamente para buscar las candidaturas a alcaldes de San Salvador Centro, San Salvador Este y San Salvador Sur, respectivamente.

El concejal Paz aseguró que las comunidades están abandonadas y que los decretos aprobados en la Asamblea Legislativa no benefician a las comunidades, con las nuevas autoridades para administrar los mercados, desechos sólidos y eliminación de las potestades a los concejales municipales.

Por su parte, el concejal Cruz aseguró que las municipalidades se han convertido en “locales partidarios de Nuevas Ideas” y que el proyecto de recolección de basura de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) ha sido un fracaso. También rechazó la política municipal que busca desalojar a vendedores o realizarles más cobros.

El aspirante a San Salvador Este, además, advirtió que esperan una “inscripción sin mayor restricción”.

“Hoy hemos venido a inscribirnos como precandidatos, esperando de que nuestras autoridades en el tema electoral puedan darnos el visto bueno y que nos permitan la inscripción sin mayor restricción, una inscripción formal que nos permita competir dentro de nuestras elecciones internas”, aseguró el aspirante a alcalde de San Salvador Este según un video de Mágico TV.

Consultado al respecto, concretamente sobre la exigencia de solvencia de cuota partidaria entre los requisitos a los candidatos del FMLN respondió que es todo proceso interno “es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad” y que “los requisitos, como la solvencia partidaria, son importantes porque buscan garantizar compromiso, coherencia y responsabilidad” de los aspirantes.

“En lo personal, siempre he dado mi cuota en el territorio, trabajando de cerca con la gente y acompañando sus luchas. Veo este proceso con respeto y con la convicción de que debe desarrollarse con transparencia, apertura y reglas claras para todos. Al final, lo más importante es que se escuche a la base y que salgamos fortalecidos como partido”, expresó.

Según el reglamento de las internas del FMLN, requisitos de inscripción para los precandidatos, además de su identificación, fotografía y hoja de vida política partidaria, y “deberán demostrar que está solvente con el pago de sus aportaciones al partido” si son afiliados y funcionarios de elección popular, además de un acta de compromiso de trabajar “junto al partido”.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó este martes dos dictámenes favorables para reformar los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República, con el fin de dar representación legislativa a los salvadoreños en el exterior y también quitar la potestad a los partidos políticos con más votos presidenciales de proponer magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con la reforma, la Asamblea Legislativa tendrá una cantidad aún no definida de diputados que representarán a una circunscripción electoral de los salvadoreños en el extranjero incluidos en el Registro Electoral que serían restadas de los 60 escaños existentes, dado que no se aumentaría cantidad de diputados.

Hasta el 1 de mayo, había 961,690 salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el exterior. El registro puede aumentar, ya que seguirá abierto a nuevas inscripciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó que se desconoce cómo quedará conformada la Asamblea Legislativa, en referencia a la cantidad de diputados de la diáspora y a cuáles departamentos les quitarían los escaños. La diputada de Arena cuestiona que algunos departamentos están “subrepresentados o sobrerrepresentados”.

No me puedo definir con un voto a ciegas sin conocer la ley secundaria… Desconocemos cómo va a quedar conformada esta Asamblea Legislativa… Quitarle diputados a un departamento es quitarle representación a un grupo”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Nuevas Ideas no detalló cuántos diputados tendrá la diáspora ni qué departamentos tendrá menos escaños, pero adelantó que no aumentarán escaños.

“Cuando vengan las reformas al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos, ahí nosotros podemos tener nuestras posturas, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Son cosas totalmente independientes, son dos decisiones totalmente diferentes”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política.

Castro hizo referencia a que un medio de comunicación está “enojado” porque “de los 60 nosotros de ahí vamos a agarrar para la circunscripción 15, o sea que ellos quieren que volvamos a 84 quizás”. Señaló que ya redujeron de 24 a 16 diputados los asignados al departamento de San Salvador y no se hizo “ningún daño al país”.

“Entonces, ahora, si dentro de la configuración de 60, nosotros de algunos departamentos vamos a bajar para que nuestros hermanos en el exterior tengan a sus representantes de manera directa, ¿ustedes de verdad creen que va a haber un caos en el país?”, cuestionó Castro.

Si dentro de la configuración de 60, nosotros, de algunos departamentos, vamos a bajar para que nuestros hermanos en el exterior tengan a sus representantes de manera directa, ¿ustedes de verdad creen que va a haber un caos en el país?”  Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas.

Para que la cantidad de escaños sea proporcional a la cantidad de población salvadoreña en territorio nacional o extranjero, cada escaño de cada circunscripción electoral debe tener el mismo valor en cantidad de población.

Así, partiendo de hay 6,884,611 salvadoreños –sumando población censal de 2024 y registral de la diáspora– cada uno de los 60 escaños debería representar a un promedio de 114,744 salvadoreños. Para obtener la cantidad de escaños representativa, se debe dividir la cantidad de población de cada circunscripción electoral entre dicho valor, 114,744, lo que resultará en la cantidad de escaños.

Sin embargo, como los resultados no resultan exactos, quien diseñe la reforma electoral debe decidir también a cuáles circunscripciones electorales aproximará la cantidad de escaños hacia abajo y a cuáles hacia arriba, para definir la cantidad de diputados que tendrá cada una a partir de las elecciones legislativas de 2027.

El Salvador podría participar en la V Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo y la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, en donde ministros de Trabajo aprobarán un acuerdo en materia de seguridad social entre países iberoamericanos y los Estados miembros de la Unión Europea.

La conferencia se realizará los días 2 y 3 de julio de 2026 en Avilés, España.

Este fue uno de los temas de la reunión que tuvo el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con la secretaria general de la Organización Ibeoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Riaño, en Madrid, España, quien según el comunicado oficial considera a El Salvador como “un referente en la sanidad pública en Iberoamérica con la plataforma Doctor SV”.

La OISS informó, en su sitio web, que en el marco de su agenda, Ulloa grabó el mensaje que dirigirá a las instituciones miembros de la OISS y una intervención especial para el Encuentro Iberoamericano sobre la Mejora de la Gobernanza de la Seguridad Social o “Gobernanza Plus”, un evento paralelo a las conferencias iberoamericanas.

Según la OISS, ambos funcionarios dieron seguimiento a los avances del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), instrumento clave para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en la región, y a los proyectos de formación derivados de la Carta de Intención de Colaboración suscrita entre la OISS y la Vicepresidencia.

También, según el OISS, en este marco fue presentado el informe del proyecto “Lineamientos para una política de Seguridad Social en Centroamérica”, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual no publicaron.

De acuerdo con la Vicepresidencia, la OISS manifestó la disposición de cooperar con el gobierno salvadoreño “para fortalecer la gobernanza del ISSS” e impulsar acciones de formación para la protección de los derechos de seguridad social de los salvadoreños, según el comunicado.

Por otra parte, la Vicepresidencia dio a conocer que la OISS se mostró interesada en conocer la herramienta de DoctorSV de El Salvador y sus protocolos, así como sus resultados.

Señaló que DoctorSV es “una estrategia única a nivel mundial” que acerca la salud a población y “utiliza la inteligencia artificial para brindar diagnósticos más certeros y de calidad en el servicio del sistema de salud pública.

El secretario general del Partido de Concertación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez, mostró este martes preocupación por la falta de experiencia en personal contratado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y manifestó que no se pueden repetir errores tecnológicos del pasado, en referencia al escrutinio de las elecciones legislativas de 2024.

Rodríguez señaló en YSKL que el personal contratado en el TSE “es un personal nuevo que no ha tenido experiencia en procesos anteriores”, aunque dijo “también es una ventaja porque esas mañas que tenían en el pasado esperamos que no las vuelvan a agarrar este organismo colegiado”.

La preocupación fue manifestada en la entrevista en radio YSKL ante una pregunta sobre la transparencia en el TSE, con lo cual dijo no tenía problema.

“Nos preocupa un poco los procedimientos que se están tomando, nos preocupa un poco el tema de la tecnología, recordemos las fallas en la tecnología en las elecciones pasadas, eso definitivamente no solamente crea desconfianza sino también preocupación porque los errores del pasado no se pueden repetir, desafortunadamente tengo entendido ahora el Tribunal ha hecho un cambio casi total de personal”, manifestó el dirigente.

En las elecciones legislativas de 2024, las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no pudieron transmitir las actas, ya que reportaron que el sistema de transmisión se había caído y en algunos casos se reportaban duplicación de resultados; además, las JRV reportaron que algunos paquetes no estaban completos, no tenían papel de seguridad para las actas y, en el escrutinio, aparecieron papeletas de votación marcadas con plumón y algunas que parecía que nunca habían sido dobladas. El doblez de una papeleta es obligatorio para que quepa en una urna de votación.

Para las elecciones de 2027, antes de que la Asamblea Legislativa reformara la Constitución y aprobara elecciones presidenciales para 2027, el TSE tenía programada una prueba al sistema de registro y transmisión de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), otra de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados, y una tercera para el sistema de escrutinio final.

El presupuesto de las siete instituciones de control o fiscalizadoras del Estado sumó un total de $564.9 millones, apenas un 5.3 % del presupuesto general del Estado durante 2026, cifra que representó una caída del 17 % en un año.

“Esto no solo representa menos presupuesto, sino implica además menos capacidad de control”, indicó la organización Acción Ciudadana (AC), en la presentación del informe.

El informe de la AC detectó recortes presupuestarios en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), del -17.9 %, y en el Órgano Judicial, del -25 %, mientras leves aumentos en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), de apenas el 0.16 %, de 1.82 % en la Procuraduría General de la República y de 3.5 % en la Fiscalía General de la República (FGR).

Solo la Corte de Cuentas de la República reportó un aumento presupuestario del 10.65 %, con un aumento de $50.4 a $55.8 millones.

Con estos datos, la AC consideró que hay un riesgo de “impunidad estructural” porque el Estado “propicia un sistema donde la fiscalización se vuelve selectiva y los recursos públicos se gestionan sin contrapesos efectivos”. Además, advierte un riesgo de “coacción política” al Órgano Judicial ya que su presupuesto dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo.

“La eliminación del porcentaje mínimo del 6 % del Órgano Judicial abre la puerta a que el presupuesto se utilice como un mecanismo premio/castigo, basado en las resoluciones que emitan los jueces o la docilidad de los titulares”. Acción Ciudadana.

Además, hay un impacto directo en la operatividad de algunas instituciones como el Órgano Judicial y la PDDH, baja inversión en modernización y mayor destino a pago de salarios. Las prioridades presupuestarias son, según el análisis de la AC, las carteras de Seguridad y Presidencia.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, informó que está siendo auditado por la Corte de Cuentas de la República, institución que durante 2024 y 2025 no ha reportado alguna auditoría a partidos políticos.

El partido Vamos aseguró que la transparencia no debe ser la excepción de un partido, sino la regla para todos.

«En Vamos abrimos nuestras puertas a la auditoría de la Corte de Cuentas. La transparencia es una práctica que como Vamos abanderamos. Cuentas claras para el pueblo. Esperamos que todos los demás partidos también estén siendo sometidos a este proceso, porque el que nada debe nada teme», anunció la secretaria Rivas.

La Corte de Cuentas no ha publicado su plan de fiscalización a los partidos políticos.

El último plan operativo de la Corte de Cuentas, en el que se dan a conocer las políticas, prioridades y metas del año, fue publicado por la institución en 2023.

También, la Corte de Cuentas no publica los informes finales de sus auditorías, como hizo desde 2009, desde el año 2024. Si bien, hay una pestaña del año 2024, cualquier ciudadano puede ingresar y no puede ver ningún informe en ninguna de las siete direcciones de auditorías.

El director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, informó este lunes que un total de 961,690 salvadoreños con domicilio en el exterior están inscritos con Documentos Únicos de Identidad (DUI) tanto vigentes como vencidos, con cifras actualizadas hasta el 1 mayo de 2026.

«Habrá que sumarle todos los ciudadanos que han solicitado su DUI en el exterior en cualquiera de las 24 oficinas (del extranjero), pero han consignado en su documento la dirección nacional; de esos, tenemos 183,211 ciudadanos», aclaró.

Sumando ambas cantidades, en el extranjero habría un total de 1,144,901 salvadoreños (1.1 millón), unos con clara residencia exterior y una menor cantidad aún con dirección nacional.

Los salvadoreños que sacan su documento en el extranjero pero que reportan una dirección nacional podrían ser compatriotas que aún no tienen un domicilio definitivo en el país del extranjero donde viven. En las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, estos salvadoreños –con DUI tramitado en el exterior y dirección nacional– podían votar solo presencialmente en centros de votación ubicados en el extranjero.

De los 961,690 ciudadanos de la diáspora con su DUI en el exterior, un total de 108,127 tienen sus documentos vencidos y 853,563 los tienen vigentes. La Asamblea Legislativa aún no habilita la votación con documentación vencida en las elecciones de 2027.

Un total de 919,852 salvadoreños domiciliados en la diáspora se encuentran en Estados Unidos y le sigue Italia, con 11,890. En los Estados Unidos, los estados con más salvadoreños en el exterior son California, con 236,176; Texas, con 144,556; Nueva York, con 105,261; seguidos de Maryland, Virginia y Nueva Jersey.

La mayor parte de salvadoreños que estarían en este Registro Electoral son salvadoreños de 26 a 60 años. De 26 a 45 años, hay 438,039 salvadoreños; y de 46 a 60 años, son un total de 312,594 salvadoreños.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, también reportó que, hasta el 30 de abril de 2026, había un total de 960,928 salvadoreños con DUI con dirección en el exterior. La funcionaria destacó que ha habido un 29.7 % de incremento respecto a las elecciones 2024; sin embargo, no detalló la cantidad de salvadoreños que han tramitado su DUI en el exterior pero que tienen dirección nacional.

Ambos funcionarios fueron citados a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que estudia la ratificación de las reformas a los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República para dar representación legislativa a la diáspora salvadoreña y quitar a los partidos la potestad de proponer a magistrados dentro del TSE.

La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira, consideró que la representación legislativa de la diáspora salvadoreña «no es un invento de El Salvador», mencionando que países como Ecuador y República Dominicana ya tienen una participación directa de sus nacionales en el extranjero dentro de sus congresos o asambleas legislativas.

Mira aseguró que la iniciativa de reforma al artículo 79 de la Constitución, cuya ratificación podría aprobarse esta semana, responde a una visión de Estado y subrayó que esta es «una deuda histórica, son derechos civiles y políticos, es algo que tuvo que haber pasado antes”.

“Ahora, con esta reforma a la Constitución, realmente hay una democracia representativa, es sumamente reconocer que nuestra diáspora no es una población pequeña, tenemos una estimación que son alrededor de tres millones de salvadoreños viviendo en El Salvador”, expresó.

«Es importante también mencionar que este no es un invento de El Salvador. Realmente muchos otros países que tienen una participación directa de la diáspora en sus congresos, asambleas legislativas, dependiendo del país, en Latinoamérica podemos poner ejemplos, como Ecuador, República Dominicana. En Europa, hay otro tipo de participación que la está trabajando mucho Francia, Portugal, España, Croacia, son países que, a pesar que tienen una diáspora relativamente menor a la de El Salvador, ven en la diáspora un motor de desarrollo para sus países”, expresó.

La funcionaria aseguró que este ha sido un grupo discriminado, sin participación política y que tiene una vinculación económica, familiar y cultural con el territorio nacional.

«Esta es una deuda histórica que se está saldando por parte de este gobierno hacia nuestra diáspora. Eso no significa que hasta ahorita nos estamos acordando de la diáspora, eso no es verdad, realmente el presidente Bukele ha sido bastante enfático en trabajar con este grupo». Adriana Mira, vicecanciller salvadoreña.

La funcionaria dijo que Cancillería tiene «bien identificada adónde está nuestra diáspora, adónde está la fortaleza, adónde se reúnen, cuáles son los líderes, etcétera, etcétera».

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa continuará esta tarde el estudio de las solicitudes de ratificación de los acuerdos de reforma a los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República, que creará la circunscripción electoral de la diáspora salvadoreña, lo cual implicará crear una cantidad de escaños legislativos que representen a dicha circunscripción; y además que quitará a los partidos políticos el poder de proponer magistraturas del Tribunal Supremo Electoral.

Las reformas, que podrían ser ratificadas en la sesión plenaria del jueves, podrían dar paso a una reforma electoral que deberá definir cuántos escaños legislativos le quedarán a los salvadoreños en el extranjero y cuántos escaños le quitarían a los departamentos de San Salvador, La Libertad u otros.

También, la reforma tendría que detallar los requisitos para los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa que se postulen para la circunscripción de la diáspora salvadoreña.

Ambos temas han generado diferencias en la Comisión, ya que la diputada Marcela Villatoro, de Arena, consideró que no deben quitarse escaños de otros departamentos, para no perder la representatividad proporcional; y considera que solo los diputados del exterior deben postularse para la circunscripción de los salvadoreños en el exterior.