Autor: Yolanda Magaña

La diputada de oposición Claudia Ortiz exhortó públicamente al Gobierno a que realice gestiones para buscar darle certidumbre a la situación migratoria de unos 170,000 salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), ya que este formalmente venció el 9 de septiembre de 2026 pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avisó que realizará un anuncio en un momento «oportuno».

«Yo sí quisiera hacer un llamado al Gobierno salvadoreño de que interponga las gestiones necesarias en el marco de las relaciones bilaterales para que se pueda dar más certidumbre a la gente», indicó Ortiz, en declaraciones enviadas por el partido a esta redacción.

La legisladora sostuvo que «no poder estar en Estados Unidos trabajando cuando ya se ha hecho una vida ahí» durante al menos 20 años, muchos «teniendo un negocio, manteniendo y sacando adelante a una familia» y que «de repente» les digan «nos vamos a tener que ir», «trastoca el proyecto de vida de miles de personas».

«No es algo menor. La gente requiere certidumbre para poder planificar sus próximas acciones y para poder readecuar su proyecto de vida», pidió la diputada crítica del Gobierno actual.

La legisladora reveló que han advertido que a muchos salvadoreños les están quitando de sus trabajos por esta incertidumbre. «Ya había personas que estaban perdiendo sus trabajos por la misma situación, la pregunta es qué va a pasar con esas personas, lo que se requiere es qué va a pasar», indicó.

Ortiz, sin embargo, aseguró que el aviso del DHS «da un respiro y qué bueno que todavía hay una luz de esperanza para mucha gente» pero insistió en que «el anuncio es bastante vago». «No es tan concreto en los términos sobre cuál es el estatus de las personas», señaló.

La investigadora de temas migratorios, Celia Medrano, afirmó que el anuncio del DHS provoca que los salvadoreños tepesianos estén «en el limbo».

El gobierno de los Estados Unidos no ha publicado en el Registro Federal una nueva fecha de vencimiento del TPS, tampoco ha publicado una cancelación en el Registro Federal. Sin embargo, sí publicó, en el sitio web de la oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), un aviso que informa que realizarán un anuncio en el momento oportuno y que, mientras tanto, la protección y las autorizaciones de empleo se mantienen para los salvadoreños con TPS.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, informó a diputados de la Comisión de Hacienda que la deuda en impuestos municipales que tienen los contribuyentes del municipio con la alcaldía asciende a $136 millones, de los cuales aproximadamente $70 millones se han acumulado en intereses y mora.

El resto de los fondos adeudados por los contribuyentes suman aproximadamente $59 millones de capital, que buscan recuperar con una ley que dispensa multas o intereses moratorios aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa y que se aplicaría en los 44 municipios.

Durán, quien aseguró que la mayoría de deudores son empresas, había solicitado extender unos dos meses el plazo de vigencia para aplicar la dispensa de intereses moratorios y extenderlo a contribuyentes que tienen juicios pendientes, ya que la ley aprobada no permite que los contribuyentes con acción judicial de cobro apliquen al beneficio de pago.

La nueva ley exige el pago de una prima mínima del 30 % del monto total adeudado, sin la multa ni intereses, y pagar el resto en planes que pueden durar hasta el 31 de diciembre de 2027.

La nueva ley permite a los contribuyentes aplicar a los planes de pago durante cuatro meses después de la vigencia. La normativa aún no ha sido aprobada en el Diario Oficial, por lo que se desconoce su periodo de vigencia.

Por otra parte, la alcaldía de San Salvador Centro también abrió un periodo hasta el 29 de agosto para perdonar intereses moratorios por tasas y contribuciones adeudadas,  para los distritos de Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y San Salvador. La municipalidad tiene la facultad de aprobar dispensas de intereses y multas por falta de pago de tasas por servicios municipales como aseo, disposición final de desechos y alumbrado público, y contribuciones especiales como tasas por ornato, construcción, reconstrucción, remodelación, mejora y mantenimiento de parques, plazas, zonas verdes, arriates centrales y otros espacios públicos. Este beneficio también requería el pago del 30 % de prima del monto adeudado sin los intereses.

El exalcalde unionense Ezequiel Milla, ahora candidato a alcalde de la Unión Sur por el Partido de Concertación Nacional (PCN), y el diputado William Soriano, diputado de La Unión que busca la reelección con el partido Nuevas Ideas, entraron en polémica entre acusaciones de supuestas amenazas y reparos realizados por la Corte de Cuentas de la República al exalcalde.

En una entrevista en el Canal 9 de La Unión, transmitida el 17 de septiembre, el exarenero Milla aseguró que en el departamento de La Unión él cree que el PCN ganará un diputado, con la candidatura de Elenilson Leonzo Gallo, exalcalde de Intipucá, quien lo acompañó en la entrevista, y que posiblemente ingresará un segundo diputado.

“¿Y saben qué hacen estos otros mediocres?, es crear reels o publicidad venenosa o negativa contra ese tipo de gente o negativa”, dijo el exalcalde.

Al final de la entrevista, el diputado William Soriano, de La Unión, llamó al programa y aseguró que era “importante dimensionar” las obras que se han realizado en La Unión que han sumado más de $500 millones de inversión.

Criticó que “hay algunos que dicen que son aliados del presidente Nayib Bukele, pero que “se autodenominan opositores”. “Habrá que ver si realmente son aliados del presidente o no”, expresó.

Soriano se dirigió a Ezequiel Milla: “Vos me has estado llamando en muchas ocasiones, he tratado de ser cordial, de mantenerme al margen de las alcaldías… Pero si algo te puedo decir, Ezequiel, es que si me seguís atacando vamos a comenzar también a responder y vos sabés que yo respondo con la verdad”. Le mencionó que un tema patrimonial como de $200,000 que tiene que responder” y “varias condenas apeladas en la Cámara de Segunda Instancia”. Soriano aseguró que son “14 auditorías de la Corte de Cuentas”. Durante la entrevista, el exalcalde dijo que «los señalamientos son administrativos, no son patrimoniales». En 2023 el alcalde de La Unión por Nuevas Ideas presentó una denuncia contra Milla por supuesta malversación de fondos por $731,000 de fondos de la emergencia que fueron utilizados para otros proyectos.

Explicó que la denuncia nace a partir de información de una auditoría que realizó el Ministerio de Hacienda donde observó la utilización de $731,000 para rubros no contemplados dentro de los decretos que avalaron los fondos, entre ellos, la ejecución de unos 15 proyectos comunales.

“Que le puede explicar a la población por qué apeló a la Cámara de primera Instancia y por qué fueron a dormir el proceso en la Cámara de Segunda Instancia”, prosiguió el diputado de Nuevas Ideas.

Soriano aseguró que Milla y Gallo le pasan marcando y “después le graban a la gente, le enseñan a la gente lo que uno dice y ahí andan rolando las capturas de pantalla, eso no es correcto”. “Por eso yo no les contesto a ustedes”, dijo.

“He visto que en esta campaña, el señor cada vez que va a una comunidad pone gente a atacarme. Yo no me he dedicado a atacarte, Ezequiel pero, si en esos términos vamos a estar, bueno, yo no he sido funcionario que he manejado fondos públicos, te dejo el dato por ahí”, le indicó Soriano al exalcalde.

En el mismo programa, Milla le respondió que “no fue correcto” lo que hizo en televisión. “Hacerte cargo de obras que no son tuyas, sino que son iniciativas del presidente Bukele, tiene familia en La Unión, el presidente hizo su lanzamiento de campaña en La Unión, le tiene un cariño muy especial a La Unión, no sos tú”, indicó. Sostuvo que el Presidente es “el que más obras ha hecho en La Unión”; “lo conozco, hemos compartido juntos”, indicó.

El candidato pecenista aseguró que él no cree en “ninguna oposición”. “Los hechos son las obras y eso no lo han logrado hacer”, dijo; agregó que Soriano venía “del FMLN, de ser becado de Taiwán”. “Hablás de gobiernos anteriores, si de ahí venís tú, de ahí vengo yo”, expresó.

Milla señaló al diputado diputado de ocupar su cargo para “amenazar” “Tus amenazas de este día aquí estoy, mirá. Lo has dejado en el programa”, agregó. “No me queda más que encomendarme a Dios porque tu amenaza ha sido clara, de antemano si algo me pasa a mí, ya quedó en evidencia quién es el responsable. Así que, William, no te equivoqués, yo no busco tu cargo”, dijo.

El diputado de Nuevas Ideas respondió, el 18 de septiembre, con un video en sus redes sociales que reproduce su participación en la entrevista.

Actualmente, los dos diputados de La Unión son William Soriano y Óscar Robles, ambos buscan la reelección con Nuevas Ideas, partido que tuvo 78,921 votos de 101,035 votos válidos en el departamento. En los comicios, Soriano tuvo 47,664 marcas y Robles, 29,395.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, junto a la rectora del Instituto Diplomático “José Gustavo Guerrero”, Luz Elena Núñez de Saade, se reunió con el embajador y observador permanente de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPEACE) ante la ONU, David Fernández Puyana, para conversar sobre el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asuntos relacionados con la paz, la seguridad y el multilateralismo.

El Instituto Diplomático realizó un conversatorio, con la participación de Fernández Puyana como profesor invitado, sobre la participación y los aportes de El Salvador al sistema multilateral, en el cual analizaron «cómo el multilateralismo permite al país participar en espacios de diálogo y cooperación para abordar desafíos internacionales».

La Universidad para la Paz es una institución académica y organización internacional establecida en 1980 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante la reunión también se intercambiaron perspectivas sobre el papel y liderazgo de la ONU desde la visión de El Salvador, además de identificar valores e intereses comunes en materia de relaciones internacionales.

“Discutimos el fortalecimiento de las Naciones Unidas y su liderazgo desde la perspectiva de El Salvador. Compartimos valores e intereses comunes en cuanto a paz, seguridad y multilateralismo”, se informó tras el encuentro.

Por su parte, la viceministra Mira calificó como positiva la conversación y destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer los vínculos y promover una colaboración continua en asuntos de interés mutuo.

“Fue un placer participar en este diálogo. Encuentros como este refuerzan nuestros vínculos y fomentan la colaboración continua en asuntos de interés mutuo”, expresó la funcionaria.

A pesar de las recientes reformas legislativas que eliminan la obligatoriedad de que las empresas privadas nombren a un Delegado de Protección de Datos Personales, la Ley para la Protección de Datos Personales mantiene las obligaciones esenciales de protección y tratamiento para todo el sector privado.

Las empresas privadas deben asumir directamente la gestión de los derechos de los usuarios en relación a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación, conocidos como derechos ARCO-POL.

Así, las empresas privadas en El Salvador mantienen los siguientes obligaciones:

1. Atención directa de derechos ARCO-POL

Las empresas deben habilitar canales directos y sin costo para gestionar las solicitudes de los titulares de datos sobre sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad, Olvido y Limitación.

2. Principio de finalidad y limitación:

El tratamiento de datos debe limitarse estrictamente a las finalidades para las cuales el titular de dicha información otorgó su consentimiento. No se pueden recopilar o tratar datos sin relación directa con los servicios prestados o contratados.

3. Implementación de medidas de seguridad:

Las compañías están obligadas a establecer controles tecnológicos, regulatorios y procedimentales para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales almacenados en sistemas físicos o digitales.

4. Tratamiento de datos sensibles

Para tratar datos sensibles, se requiere el consentimiento expreso, inequívoco y por escrito del titular de los datos personales. Los usuarios deben ser advertidos expresamente sobre su derecho a no proporcionar este tipo de información.

5. Avisos e información transparente

Las empresas deben informar con claridad a los usuarios mediante avisos visibles en sus sitios web, plataformas o formularios sobre la recopilación de sus datos, las finalidades del tratamiento y las vías para ejercer sus derechos.

6. Traspaso y subcontratación a terceros

En caso de subcontratar proveedores de servicios o almacenamiento en la nube, estos se sujetan a la ley y deben firmar acuerdos de confidencialidad y contratos que garanticen el nivel de cumplimiento legal exigido.

7. Prohibición de comercialización no autorizada

Se prohíbe la transferencia, difusión o comercialización de datos personales a cualquier título sin contar con el consentimiento del titular.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, y el diputado Francisco Lira, de Arena, rechazaron la disolución de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector Justicia (UTE) y el traslado de la división de protección de víctimas y testigos mientras señalan la búsqueda de la concentración de poder por parte del Ejecutivo.

“La disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de la UTE es un síntoma más de los retrocesos que ha sufrido el sistema de justicia en El Salvador hacia una justicia capturada por intereses políticos, aún más que en el pasado”. Claudia Ortiz, diputada por Vamos.

Ortiz veía viable fortalecer las funciones de la Comisión y la UTE para impulsar la modernización del Órgano Judicial y otras instituciones relacionadas.

“Pero el hecho de disolverlas habla más bien de una mayor concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y menor independencia judicial”, concluyó.

Los diputados de Vamos y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que suman tres, votaron en contra de la disolución, aprobada en la sesión plenaria del jueves 17 de septiembre. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia absorberá la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que está a cargo de la UTE, que entrará a un proceso de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2026. Las indemnizaciones de los empleados se pagarían, según el decreto hasta los tres primeros meses de 2027.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó que se busca evitar burocracia y duplicidad de funciones; y criticó la labor de la UTE, dado que fue la entidad que creó los códigos penal y procesal penal, que tenía un enfoque garantista.

“Mi voto fue en contra. Esta reforma no se limita a suprimir una oficina para reducir la burocracia; implica trasladar al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia funciones sumamente sensibles dentro del sistema de justicia”, insistió Ortiz.

Para el diputado Lira, “eficiencia no puede ser sinónimo de concentración de poder”. “Hoy no discutimos recortar gasto público, discutimos si vamos a dejar desprotegidas a las víctimas y testigos de este país”, señaló.

Lira aclaró que no estaba defendiendo “la burocracia ni los cargos innecesarios” y señaló que, si existen duplicidades, deben corregirse y eliminarse pero consideró que bajo ese argumento se busca “la eliminación de contrapesos” y la “concentración de poder”.

“Pero la búsqueda de eficiencia no puede justificar la concentración de poder ni la eliminación de contrapesos”. Francisco Lira, diputado por Arena.

“Voté en contra porque cuando están en juego las víctimas, los testigos y la integridad de la justicia, la prioridad absoluta debe ser garantizar la protección efectiva, la confidencialidad, los controles institucionales y la confianza de la ciudadanía”, indicó.

El diputado del partido de derecha mostró su desconfianza en el traslado de funciones de víctimas y testigos al Ministerio de Seguridad. “¿Cuáles serán los mecanismos de control, contrapeso y transparencia?, ¿cómo se resguardará la confidencialidad de los datos sensibles? y ¿qué certezas tendrá una víctima o un testigo para confiar plenamente en este nuevo esquema?”, cuestionó.

La UTE, que creó un sistema penal acusatorio en donde primaba la presunción de inocencia, fue criticada duramente por el ministro de Seguridad, quien sostuvo que la reforma penal que crearon fue un fracaso. “Fue incapaz de tutelar la vida de los testigos”, señaló Villatoro, enfatizando en que los testigos de los casos eran asesinados en el pasado.