Autor: Yolanda Magaña

  • España otorga estatus de asilado político a exdirector del partido político Nuestro Tiempo

    España otorga estatus de asilado político a exdirector del partido político Nuestro Tiempo

    El exdirector de organización del partido político Nuestro Tiempo, Ramiro Navas, anunció este miércoles que fue notificado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España del reconocimiento de su estatus de protección internacional y asilo político.

    “Este día he sido notificado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España que se me ha reconocido el estatus de protección internacional”, informó en X.

    Navas aseguró que, junto a Jeovany Maravilla, Ruth López y Enrique Anaya, todos detenidos en El Salvador, hicieron una “ardua tarea de documentar” lo que calificó como “una manipulación grotesca del sistema electoral en 2024”, en referencia a las elecciones de Asamblea Legislativa en 2024.

    “Quisiera sentirme más tranquilo pero también hoy mismo mi hermano de lucha Jeovanny Maravilla cumple 54 días detenido y mis amigos Ruth López y Enrique Anaya cumplen 290 y 270 días respectivamente”, señaló.

    Navas, quien se fue al País Vasco desde junio de 2025, fue uno de los dirigentes del partido político Nuestro Tiempo que pidió la nulidad de las elecciones legislativas de 2024 ya que consideró que “se falseó la voluntad popular”. Dirigentes de Nuestro Tiempo presentaron, junto al partido Arena y Vamos, en febrero de 2024, un documento que defendía que se habían presentado 69 anomalías en el proceso electoral legislativo.

    La solicitud fue declarada improcedente por el TSE porque el plazo para presentar la solicitud ya había vencido.

    Navas sostuvo, en ese entonces, que las anomalías más graves ocurrieron en la transmisión de resultados preliminares, inconsistencia de actas de escrutinio, inexistencia de actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), suplantación de miembros de las JRV y que muchos de los miembros de las JRV eran “empleados de gobierno” de la Asamblea Legislativa y de la Alcaldía de San Salvador.

    En la elección legislativa de 2024, Nuestro Tiempo obtuvo 41,060.47 votos, la mayoría en La Libertad (14,280.47) y San Salvador (21,579.3); en la elección presidencial obtuvo 65,076 votos.

    España también otorgó asilo político a los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), anunció Cruz en en X.

  • Gobierno pide reformar Ley de la micro y pequeña empresa: municipalidades crearían mesas técnicas

    Gobierno pide reformar Ley de la micro y pequeña empresa: municipalidades crearían mesas técnicas

    La ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del Despacho del Ministerio de Economía, envió el 3 de marzo a la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo de la micro y pequeña empresa.

    En los considerandos, el proyecto promete «mecanismos para fomentar a las micro y pequeñas empresas» y «generar las condiciones para que los empresarios del segmento en referencia accedan al crédito y a los beneficios de la formalidad».

    «Es necesario actualizar el marco legal para la micro y pequeña empresa del país, con el propósito que contribuya al fomento, protección y desarrollo inclusivo y sostenible de la micro y pequeña empresa, a través de estrategias que permitan su fortalecimiento, la formalización y desarrollo económico», argumenta el considerando sexto del documento.

    El proyecto introduce los conceptos de «emprendimiento» y «formalización«, este último como el proceso «para incorporarse a la economía formal» con el cumplimiento «del ordenamiento jurídico en materia tributaria, de seguridad social y laboral», el registro y las licencias.

    También, redefine a la microempresa como aquella persona natural o jurídica con ventas brutas anuales hasta 500 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio, con 10 trabajadores; y que podrían subdividirse en microempresa de subsistencia, de acumulación o de expansión.

    Según el proyecto, la pequeña empresa estaría definida como aquella que tenga ventas brutas anuales mayores a 500 hasta 5,000 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios, con 11 hasta 50 trabajadores.

    Señala que estas definiciones serían la base para que las entidades de los sectores público y privado adecúen sus políticas a «la simplificación de trámites, agilización del proceso de formalización, costos de los servicios de trámites, tarifas preferenciales, con el propósito de favorecer a las mype y la inclusión financiera».

    La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) podrá solicitar a instituciones que registran programas de apoyo relacionados con las mype, gremiales u organizaciones no gubernamentales, la información requerida, excepto si es confidencial o reservada.

    Mesas técnicas locales

    Según la propuesta, los gobiernos municipales estarían obligados a crear espacios de articulación y consulta local con los sectores productivos, empresariales de la micro y pequeña empresa, gremiales y otros en «mesas técnicas representativas locales«.

    Para ello, citan competencias ya reguladas en los artículos 4 numeral 1 y 31 numerales 3 y 6 del Código Municipal.

    Cada mesa técnica estaría conformada por un miembro del concejo municipal, un funcionario municipal con funciones de desarrollo económico local, representantes de la micro y pequeña empresa de cada sector productivo y un representante técnico de Conamype.

    La reforma al artículo 14 indica que las municipalidades estarían a cargo de actividades como «apoyar la creación y desarrollo de las mype para dinamizar la economía local», formular planes para su desarrollo, revisar anualmente «los regímenes tarifarios municipales que beneficien a las mype» y proponer en la mesa técnica programas para impulsar emprendimientos.

    Según el proyecto, Conamype será responsable de supervisar cada una de estas mesas técnicas (artículo 12) y el Sistema de Representación y Consulta, que actualmente existe bajo el nombre de Sistema Nacional para el Desarrollo de las mype.

    Actualmente, por ley debe haber una instancia de consulta entre Conamype y las gremiales empresariales vinculadas a las mype, gobiernos municipales, sectores productivos y empresariales; además de «comités municipales de las mype» como instancias de consulta.

    Requisitos de inscripción

    El proyecto establece también requisitos para la inscripción en el Registro MYPE como la presentación del Documento Único de Identidad o Número Único de Identificación, la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta o declaración jurada de sus ingresos por ventas.

    Si es persona jurídica, deben comprobar la personería jurídica y presentar credenciales vigentes, matrícula de empresa, tarjeta de IVA y NIT, y declaración de impuesto sobre la renta o declaración jurada de ingresos.

    También establece que, para conservar su certificación, deberá actualizar sus datos cada dos años.

    En septiembre de 2025, el presidente del Conamype, Paul Steiner, aseguró que buscaban incorporar a más de 800,000 microempresarios a la economía formal del país.

    El proyecto será recibido por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea, que se reunirá el próximo lunes.

  • Préstamo del BCIE por $135 millones para pasos a desnivel y movilidad urbana entra a fase de ratificación

    Préstamo del BCIE por $135 millones para pasos a desnivel y movilidad urbana entra a fase de ratificación

    La Asamblea Legislativa recibió esta semana una solicitud del Gobierno para ratificar el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $135 millones que servirían para construir o ampliar pasos a desnivel en los bulevares Constitución y Los Próceres, así como para la ampliación de un tramo en Nuevo Cuscatlán.

    Según la solicitud, el crédito fue suscrito el 27 de febrero de 2026, luego de ser autorizado por el Órgano Legislativo el 4 de febrero de 2026. El Gobierno entregó el proyecto de ratificación el 3 de marzo.

    El proyecto, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), incluye la ampliación en 2.5 kilómetros a cuatro carriles en el tramo de la CA04S hasta Nuevo Cuscatlán, con arriate central, una ciclovía y obras adicionales como iluminación, señalización y paisajismo; así como ampliaciones en pasos a desnivel y construcción de nuevos pasos a desnivel.

    También, incluye un carril adicional en el paso del Árbol de la Paz, bulevar Los Próceres; la eliminación de la incorporación directa de la 49 al bulevar Los Próceres, reorientándolo a su calle paralela; la construcción de un paso inferior de la Autopista Comalapa-Los Próceres de 160 metros; un nuevo colector de aguas lluvias en el Árbol de la Paz.

    Así mismo, incluye la construcción de pasos a desnivel en la intersección Calle antigua a Huizúcar y Avenida Las Amapolas con puente de sur a norte sobre el paso a desnivel Árbol de Paz con una longitud de 284 metros con dos carriles, uno por cada sentido; otro en en bulevar Constitución y calle Zacamil con puente y rampas de dos carriles por sentido; otro en aso en bulevar Constitución-calle al Volcán, con paso inferior de dos carriles y paso superior por el bulevar Constitución con puente y rampas de dos carriles por sentido; un tercer paso en bulevar Constitución en calle La Gloria, con redondel, paso superior para el bulevar Constitución con puente y rampas para ciertos carriles de mayor circulación con sentido hacia San Salvador y tres hacia Apopa.

    El proyecto también incluye los diseños de pasos a desnivel para intersecciones bulevar de Los Próceres y Avenida Albert Einstein; bulevar Constitución y calle Sierra Madre; bulevar Constitución y calle a Motocross; CA04S y bulevar Sur por el redondel Utila.

  • Vamos pide establecer requisitos de supervisión en sus países a accionistas bancarios extranjeros

    Vamos pide establecer requisitos de supervisión en sus países a accionistas bancarios extranjeros

    La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, propuso ayer aprobar una reforma al artículo 10 de la Ley de Bancos, con el fin de no derogarlo y establecer requisitos a los accionistas bancarios provenientes del extranjero.

    La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha sostenido que la eliminación del artículo 10 no suprime las facultades de la Superintendencia para supervisar los bancos, ya que en los artículos 11 y 12 de la Ley de Bancos se establecen requisitos de idoneidad para entrar al sistema financiero como institución bancaria y se establece la obligación para los accionistas relevantes de presentar estados financieros anuales.

    La Asamblea Legislativa derogó el artículo 10  de la Ley de Bancos con el objetivo de suprimir el mínimo del 51 % de acciones salvadoreñas o centroamericanas que exigía. El artículo exigía un mínimo del 51 % de accionistas centroamericanos o extranjeros pero calificados por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

    «Ese artículo no debía derogarse, debió haberse reformado. Lo que vemos es que derogan todo un artículo, lo cual es muy grave, lo que está quitando es controles. Estas reformas, ¿para qué se están haciendo? Lo que nosotros podemos percibir es que se están quitando controles». Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    Rivas pidió establecer en el mismo artículo que «la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo».

    Para los accionistas bancarios provenientes del extranjero, la diputada de oposición propuso los siguientes requisitos:

    a) Estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria.

    b) Estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales.

    A ello sugirió agregar que la Superintendencia «deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada».

    La propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.

    En contraposición, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, consideró que la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos permitirá florecer a la economía salvadoreña y que incrementen las competencias del sector bancario, «generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.

    “No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. “Al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”, subrayó.

  • Aprobada reforma: importadores deberán certificar que bienes no fueron fabricados con trabajo forzoso o infantil

    Aprobada reforma: importadores deberán certificar que bienes no fueron fabricados con trabajo forzoso o infantil

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó el martes la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas para obligar a los importadores a presentar una declaración jurada que certifique que los bienes introducidos a El Salvador no fueron fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo infantil, forzoso u obligatorio.

    La reforma establece que habrá responsabilidades civiles y penales para los importadores que incumplan la disposición, se suspendería el trámite y se retendría la mercancía vinculada a estas violaciones.

    El lunes, en la Comisión de Hacienda, Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la reforma faculta a la institución a solicitar documentación adicional para verificar que toda importación incluya un formato oficial en el que se consignará que las mercancías no fueron producidas bajo mecanismos de explotación laboral.

    “Este mecanismo de control no solo será aplicada en la Dirección General de Aduanas, sino en otras entidades para tener la garantía que la aplicación de estas normativas será eficaz”, afirmó Córdova, quien descartó que la medida implique procesos engorrosos que afecten la dinámica del comercio exterior.

    La reforma responde a compromisos asumidos en el acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, el cual eliminó el arancel del 10 % a productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense. En su artículo 2.7, el tratado obliga al Gobierno salvadoreño a prohibir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso u obligatorio y a erradicar las peores formas de trabajo infantil.

  • Eliminan obligación de contratar tripulación salvadoreña a aerolíneas que operan en el país

    Eliminan obligación de contratar tripulación salvadoreña a aerolíneas que operan en el país

    Con 56 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley de Aviación Civil para eliminar la obligación de las aerolíneas que operan en El Salvador de contratar tripulación salvadoreña a menos que sean autorizadas por la Autoridad de Aviación Civil a contratar temporalmente personal extranjero solo si se comprueba falta de personal salvadoreño.

    El nuevo artículo 140 establecerá que las «empresas de transporte aéreo debidamente certificadas como operadores nacionales deberán establecer su base de operaciones en El Salvador y el personal contratado para conformar sus tripulaciones deberá poseer las calificaciones y competencias suficientes, según lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia en armonía con lo dispuesto en la presente ley».

    El anterior artículo 140, antes de la reforma, establecía que «el personal contratado para conformar sus tripulaciones posea nacionalidad salvadoreña» y que, «si se comprueba la falta de personal salvadoreño, la Autoridad de Aviación Civil podrá autorizar mediante resolución motivada la contratación temporal de personal extranjero previa demostración del cumplimiento de los requisitos, la contratación será por el periodo de seis meses prorrogable».

    El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, defendió la reforma, al argumentar que la reforma permitirá a las aerolíneas «puedan escoger a sus mejores talentos para ofrecer un mejor servicios a los que hacen uso de las líneas aéreas».

    Según el legislador la reforma busca que El Salvador cumpla el Convenio de aviación civil internacional y generar competitividad «para que todos podamos demostrar un buen talento».

    «Esta reforma no es una limitación sino una modernización y demostrar que talento salvadoreño no queda rezagado ni olvidado ni marginado, sino al contrario, se le pone a la par, para que podamos seguir demostrando que tenemos oportunidades». Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, pidió agregar un inciso segundo, así: «En caso de contratación de personal extranjero, la empresa deberá presentar ante la Autoridad de Aviación Civil un plan de capacitación y sustitución progresiva que garantice la incorporación gradual del talento salvadoreño en las respectivas funciones, el cual no podrá exceder de 12 meses, salvo que mediante resolución motivada dicha autoridad determine que no existe personal salvadoreño calificado o que el tiempo requerido para su certificación técnica justifique un plazo mayor».

    «No es posible que se esté desplazando al talento salvadoreño», reclamó la diputada de oposición. La propuesta de la diputada de oposición solo tuvo tres votos, de Vamos y de Arena.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, reveló que recibió llamadas de escuelas de pilotos, aviación y tripulantes de cabina para expresarle preocupación por la reforma.

    En El Salvador, explicó Villatoro, hay 21 escuelas de instrucción certificadas en El Salvador, dentro de las cuales hay nueve para formar pilotos en aviación civil, cuatro para tripulantes, seis para técnicos de mantenimiento.

    «Habiendo tanto joven, ¿por qué les estamos cerrando las puertas para traer gente del exterior? Qué feo ese malinchismo en esta Asamblea Legislativa. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    La legisladora aseguró que la carrera de aviación «es una de las más caras en El Salvador». «No tienen ustedes idea, porque no solo es lo que cuesta ir a una escuela de aviación, sino cada hora vuelo. Además, tienen que terminar otras horas vuelo para poder acreditación para hacerlo en una aerolínea como piloto, esas horas vuelo se pagan y son carísimas», afirmó.

    Villatoro indicó que muchos jóvenes han estudiado aviación por su sueño de ser piloto en una de las aerolíneas más importantes de América Latina con sede en El Salvador.

    «Papás esforzándose con préstamos para mandar a estos jóvenes a estudiar. Como no logran completar, les toca quedarse como instructores de vuelo y después los exámenes y análisis para poder quedar dentro de estas empresas», sostuvo.

    El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, quien relató que estuvo trabajando en aviación en San Francisco, Estados Unidos, durante 17 años, aseguró que «El Salvador está en la lupa de muchas inversiones».

    Según el legislador, el Aeropuerto Internacional de El Salvador se está expandiendo porque solo el año pasado se recibieron 5.2 millones de pasajeros en El Salvador.

  • Asamblea deroga artículo 10 de la Ley de Bancos, NI dice permitirá “nuevos productos o tecnologías financieras”

    Asamblea deroga artículo 10 de la Ley de Bancos, NI dice permitirá “nuevos productos o tecnologías financieras”

    Con 56 votos, la Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 10 de la Ley de Bancos para eliminar la exigencia de que un mínimo del 51 % de acciones de cada banco en El Salvador sean salvadoreños o centroamericanos, o de bancos centroamericanos o extranjeros calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

    La eliminación del artículo 10 fue aprobada con 56 votos a favor y el voto en contra por parte de la diputada Cesia Rivas, de Vamos.

    Los primeros dos incisos del artículo suprimido establecían un mínimo del 51 % de las acciones de un banco en El Salvador a personas salvadoreñas o centroamericanas, o entidades salvadoreñas con accionistas mayoritarios de El Salvador o centroamericanos.

    Los siguientes dos incisos del artículo establecían ese mínimo del 51 % de acciones bancarias para que estas estuvieran en manos de bancos centroamericanos o extranjeros con «regulación prudencial» y «calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente».

    El último inciso del artículo 10 establecía que, en el caso de bancos centroamericanos y extranjeros, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) deberá suscribir memorándos con la sede de la entidad bancaria inversionista del país para «coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada”.

    El artículo 10 de la Ley de Bancos, derogado con 56 votos, este martes.

    La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que esta derogatoria permitirá que la “economía” salvadoreña “pueda florecer” e incrementará “las competencias del sector bancario, generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.

    “No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. Aseguró que se mantienen los requisitos para las instituciones bancarias en el artículo 11.

    González dijo que “al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.

    Vamos pide reforma: dos votos

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, criticó que la supresión del artículo también elimina la «supervisión consolidada» y advirtió que no quieren que se repitan fraudes como el ocurrido en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI de R.L.).

    «Derogar este artículo es estar a las puertas de muchos Cosavis. Es por ello que solicito que se pueda modificar este decreto y no sea derogado este artículo. Y la reforma dice así: la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo. Cuando se trate de accionistas controladores provenientes del extranjero estos deberán cumplir los siguientes requisitos: a) estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria, b) estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales, la Superintendencia deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada», expresó y leyó su propuesta la diputada de Vamos.

    La diputada de oposición les pidió a los diputados de Nuevas Ideas poner atención y preguntarse a quién se está beneficiando. «Es para garantizar los ahorros de la gente», defendió su propuesta. Al final, su propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.

  • Cruce de acusaciones sobre políticas hacia mujeres en medio de aprobación de pronunciamiento

    Cruce de acusaciones sobre políticas hacia mujeres en medio de aprobación de pronunciamiento

    En medio de una polémica sobre los derechos humanos de las mujeres, la Asamblea Legislativa aprobó este martes el pronunciamiento por el “Día de las Naciones Unidas para los derechos de la mujer y la paz internacional” y el “Día nacional de los derechos humanos de las mujeres”.

    La polémica se generó cuando la diputada Cesia Rivas, de Vamos, señaló que ha habido 2,739 violaciones sexuales de 2024 a 2025 según el informe de la Fiscalía General de la República. “Siete violaciones al día, ¿cómo es posible que las mujeres sigan inseguras en su casa, en los buses, en la comunidad, incluso en las instituciones”, cuestionó.

    Advirtió que “no se puede decir solo se conmemora ese día si no hay acciones, si no hay justicia para todas estas mujeres”.

    La legisladora también reclamó la falta de estudio de propuestas de Vamos. “Aquí no están aprobando nada que beneficia al salvadoreño de forma económica, ya lo sabemos quedó clarito cuando decidieron quitarle impuesto a los que les gusta, verdad”, haciendo un ademán de beber alcohol, en referencia a la reducción del impuesto aprobada la semana pasada para el whisky, ginebra y otros licores. “Pero a la gente que necesita qué comer, a esa no le han dado nada, sigan con sus pronunciamientos”, cuestionó.

    Después, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, opinó que los pronunciamientos ayudan pero sugirió estudiar su propuesta de elaborar un registro público de los feminicidios en El Salvador para poder tener una política real de apoyo y la creación de casas de acogida.

    Criticó que la Asamblea Legislativa no ha incorporado propuestas a favor de las mujeres que han quedado “en el aire” como el acceso a créditos para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

    “Hay propuestas claras que están durmiendo el sueño de los justos porque no quieren dar apoyo a las mujeres víctimas de violencia”, reclamó Villatoro, quien pidió estudiar las propuestas relacionadas a las mujeres en las comisiones de la Asamblea Legislativa.

    “Ningún gobierno de los anteriores, ninguna Asamblea, nadie, ninguna ONG, nadie se había preocupado por salvar la vida de las mujeres, de las jóvenes salvadoreñas y eso es lo que nosotros hemos hecho le duela y le moleste a quien le duela y le moleste”, respondió la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas.

    “Había pandilleros que las estaban acosando, que las estaban vigilando porque, si tenías la mala suerte de gustarle a un pandillero, tu futuro era ser violada, descuartizada y aventada en cualquier barranco o en una de esas miles de esas fosas clandestinas que todavía hay bajo la tierra de este país”, expresó.

    Callejas aseguró que están trabajando para construir un país en donde las mujeres pueden vivir “libres, seguras y sin miedo”.

    “Podemos tomar las redes sociales y hasta pelearnos con quién nos dé la gana sin que nadie nos diga nada”, expresó la diputada por San Salvador.

    Según Callejas, la corrupción también estaba en la Fiscalía, Policía y en la Corte Suprema de Justicia, y por eso “ha sido importante la limpieza en esas instituciones”.

    “Todos sabemos que es delito golpear a una mujer o a un hombre, todos sabemos que la agresión es un delito, la violencia física, patrimonial, económica, psicológica, todos lo sabemos… Si aquí el tema está en que todavía hay gente que culturalmente piensa que es su derecho agredir a otro y eso todo lo tenemos que cambiar”. Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

    La diputada Villatoro le respondió a Callejas que el sistema de datos de violencia contra la mujer no está actualizado desde 2021 porque está bajo reserva y que ello no permite tener adecuadas políticas públicas.

    “Es risible creer que los agresores son únicamente los pandilleros. Los agresores en la mayoría de los casos están en sus propias casas, son sus propios esposos, abuelos, tíos, primos”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    La diputada de Arena ejemplificó que a una víctima de 13 años le ofrecieron “la pastilla del día después” y al final recibió apoyo de la Fundación Sí a la Vida. Criticó que cada vez que los diputados de oposición presentan propuestas, los diputados de Nuevas Ideas sacan el “régimen de excepción”.

    Posteriormente, la diputada Suecy Callejas reiteró que ningún gobierno y nadie había hecho nada por cuidar la vida de las mujeres “a pesar del dolor que le pueda causar a ciertas personas”.

    “¿Sabe qué causa dolor?, asesinatos en el Centro Histórico de Jessica Solís, por ejemplo, que a la fecha no se le ha solventado nada a su familia, a la luz del día, y muchas mujeres que también en el régimen de excepción fueron violadas por policías, hay casos, eso da tristeza”, le respondió la diputada Villatoro.

    La legisladora aseguró que lo importante es agendar las propuestas en la Asamblea Legislativa no porque les caiga “bien o mal un legislador”. “La omisión también es un pecado”, dijo.

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, hizo un llamado a las diputadas que fueron elegidas por la población. “¿Cuándo fue la última vez que presentaron una propuesta en favor y en materia exclusiva de temas de mujeres, esta Asamblea tiene tres años propuestas en temas de mujeres”, les preguntó.

    “Porque aquí en El Salvador, aunque suene bonita la canción, aquí hay miles de mujeres que lloran y aquí hay miles de mujeres que no pueden facturar porque no tienen la solvencia económica para hacer lo que quieren”. Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    La diputada Rivas pidió a los diputado no comportarse como troles y agresores de violencia digital. “Es una vergüenza para sus hijas, sus esposas, sus hermanas y sus mamás que se comporten como troles”, dijo.

    Ningún otro diputado pidió la palabra. El pronunciamiento fue aprobado con votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados PCN y PDC.

  • Arena pide quitar el IVA a canasta básica y priorizar contratación de profesionales salvadoreños sobre extranjeros

    Arena pide quitar el IVA a canasta básica y priorizar contratación de profesionales salvadoreños sobre extranjeros

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este martes ingresar dos pieza de correspondencia una para eliminar por un año el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta básica y otra para priorizar la contratación de profesionales salvadoreños sobre personas extranjeras.

    Ninguna de las piezas fue incorporada a la agenda de la sesión plenaria de este martes y, por tanto, no pudieron ser ingresadas para su estudio en cualquier comisión legislativa.

    “Así como le alivió el bolsillo a ciertas personas la semana pasada cuando le quitó el impuesto al whisky y al gin entre otros licores, es el momento de quitarle el impuesto para algo que no es para los bolitos sino para toda la población en general”, argumentó.

    La diputada también pidió introducir una solicitud para aprobar una “Ley especial para la protección de profesionales de la República de El Salvador” que ordenaría a las empresas darle prioridad a los salvadoreños sobre los extranjeros, en la contratación de profesionales.

    Villatoro explicó que, en el caso de que los salvadoreños no puedan desempeñar una función, entonces, se le daría “una autorización del Ministerio de Trabajo para permitirles realizar esa profesión por el plazo de seis meses” y, después de estos seis meses, la ley establece que se deberán “capacitar a profesionales salvadoreños para que sean ellos los que desempeñen esta función”.

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la introducción de ambas propuestas. Solo tuvieron los dos votos de Arena.

    El pasado 24 de febrero, la Asamblea redujo el impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas, concretamente el whisky con grado alcohólico volumétrico superior al 60 % y otros, el ginebra y la partida arancelaria de «licores».

    Los cuatro grupos de licores afectados por la reforma pagaban 16 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro de bebida. El impuesto bajó a 9 centavos para whisky con grado mayor al 60 % y otros; para el ginebra y la partida de “licores”; y disminuyó a 5 centavos para la partida arancelaria de “licores”. Los vinos, el vermut, la cerveza, bebidas como sidra, el ron y tampoco el vodka o aguardientes obtenidos por fermentación con grado superior al 60 % mantienen su alicuota de 9 centavos según la reforma.

    El partido Arena lleva un acumulado de 42 iniciativas presentadas ante la Asamblea Legislativa, de las cuales solo dos han sido introducidas y aprobadas, pronunciamientos por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

  • SJH presenta informe sobre muertes de detenidos en régimen de excepción ante fiscal de la Corte Penal Internacional

    SJH presenta informe sobre muertes de detenidos en régimen de excepción ante fiscal de la Corte Penal Internacional

    La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó en línea ante la Oficina del Fiscal (OTP) de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe que reúne denuncias de violaciones a derechos humanos durante los primeros cuatro años del régimen de excepción en El Salvador y a la vez solicitó abrir un examen preliminar de las muertes de detenidos en custodia estatal.

    La presentación del informe se realizó el 2 de marzo de 2026 y está titulado “Crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de El Salvador contra población civil inocente”, de acuerdo a la imagen del envío de la denuncia compartida en X.

    “Nos notifica de recibido el informe sobre graves violaciones a DDHH durante estos 4 años de la medida régimen de excepción contra personas inocentes en El Salvador”, publicó el movimiento.

    El SHJ solicitó a la Oficina del Fiscal de la CPI investigar la responsabilidad estatal, incluyendo el rol de las autoridades penitenciarias, policiales, militares y oficiales de gobierno que autorizaron o toleraron dichos actos; así como asegurar la rendición de cuentas de crímenes cometidos bajo el régimen de excepción y proveer garantías de no repetición para víctimas y sus familias.

    Hasta el 1 de marzo, el SHJ posee un registro de 491 muertes de adultos detenidos bajo el régimen de excepción, algunos por negligencia por falta de atención médica, muerte violenta, causa desconocida u otras causas. El movimiento asegura que también han muerto cuatro menores de edad.

    “No tuvieron derecho de audiencia y murieron por negación del derecho a la salud, tratos crueles, homicidios agravados debido a masivas detenciones arbitrarias”, indicó la organización.

    “Es nuestro derecho comunicar estas violaciones a los mecanismos internacionales de los distintos instrumentos legales internacionales como el Estatuto de Roma y la CPI”, indicó.

    Para presentar el escrito, la organización citó los artículos 6, 7, 8 y 15 del Estatuto de Roma, sobre crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y sobre el derecho que tienen víctimas y organizaciones para entregar al fiscal de la Corte Penal Internacional con el fin de que inicien un examen preliminar de sus denuncias.

    La organización ha asegurado en redes sociales que 2026 podría convertirse en el año más mortífero en las cárceles salvadoreñas, ya que registró ocho personas fallecidas en enero, 11 en febrero y una en lo que va de marzo, la mayoría «del Centro Penal de Izalco, el mismo lugar donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no realiza supervisiones, según sus propios informes», argumenta la organización, que dice que el 94 % de las víctimas no tenían perfil de miembro de pandillas.

    El régimen de excepción es defendido por el Gobierno salvadoreño como el mecanismo principal que ha disminuido los homicidios y ha convertido a El Salvador en el país más seguro del Hemisferio Occidental. El Gobierno reconoce que hay un margen de error y ha dicho que por ello se han liberado 8,000 personas que fueron capturadas bajo régimen de excepción. Hasta febrero, el Gobierno reportaba 91,300 personas capturadas a quienes acusan de pandilleros o terroristas.

    El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, ha dicho que «es una leyenda» que los muertos de reos salvadoreños se deban al régimen de excepción.

    En febrero pasado, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró preocupado por el «elevado» número de muertes bajo custodia en El Salvador.

    La Oficina de la Fiscalía (OTP) de la Corte Penal Internacional se encarga de examinar situaciones bajo jurisdicción de la Corte en las que aparentemente se ha cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad, y de llevar a cabo investigaciones contra los presuntos máximos responsables de los crímenes. Esta realiza exámenes preliminares para decidir si existe una base razonable para iniciar una investigación. El Estatuto de Roma inició su vigencia el 1 de julio de 2002.