Al menos 245 personas, entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025, de acuerdo con un informe presentado este jueves y elaborado por la reconocida organización humanitaria Cristosal.
Del grupo 50 son personas opositoras al Gobierno actual, 38 son personas críticas, 9 son familiares perseguidos y 148 son personas con protección internacional especial. El informe dice que tiene evidencia testimonial y documental.
«El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos», apuntó la Organización no Gubernamental (ONG) en el documento, en el que alertó que «este fenómeno, documentado en el presente estudio, representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva».
Entre los 245 casos de persecución política documentados en el estudio, hay 40 casos sin procesos judiciales, 25 con acciones judiciales no penales, 174 con acciones penales y 6 casos con ambos tipos de procesos judiciales. Un total de 186 víctimas son hombres y 59 son mujeres según el informe.
Los casos, según el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, «evidencian un claro patrón de persecución política, entre ellos se encuentran personas que el informe identifica como presos políticos en un intento del régimen de Bukele por silenciar voces críticas, infundir miedo en la población e imponer un modelo de poder cada vez más autoritario», expresó.
Según Bullock, los casos documentados en el informe «representan solo una parte del fenómeno» y «el número es seguramente mayor debido al temor a la denuncia y la falta de información pública».
El caso recoge 20 casos con la identificación de la víctima. Uno de ellos es Alejandro Muyshondt, quien fue asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República que denunció corrupción, abuso de poder y presuntos vínculos con el narcotráfico, y
También, destacó que entre las víctimas se encuentra la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, detenida desde mayo de 2025 y actualmente «presa política».
El documento reveló que «entre 2019 y 2025, la persecución política dejó de ser selectiva y evolucionó hacia un modelo estructural, sostenido y judicializado» y que «el punto de quiebre fue 2021, tras la captura de las principales instituciones del sistema de justicia» y, «desde entonces, la criminalización penal se consolidó como política de Estado y el miedo se instaló como norma para quienes trabajan por sus comunidades, familias o derechos».
En 2021, con el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) con mayoría en la Asamblea Legislativa, se concentra el 27,7 % de «las personas perseguidas» (68 de 245 casos), «marcando el inicio de la persecución institucionalizada», apuntó.
Según el análisis de Cristosal, la persecución se ejecuta mediante mecanismos que se combinan y refuerzan, como hostigamiento y vigilancia, amenazas, seguimiento, estigmatización y presión directa.
Según la ONG, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas y 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que «presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela».
De las 245 personas documentadas, el 60,4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas, y la persecución contra estos sectores fue constante y creciente entre 2019 y 2025, apuntó.
De acuerdo con el informe, a partir del 2022 la cantidad de personas perseguidas se mantuvo en niveles elevados, aunque con variaciones menores, con 36 casos registrados en ese año y en 2023, un ligero aumento a 39 casos en 2024 y 50 en 2025.
Lo anterior, apuntó Cristosal, «indica que, tras el pico de 2021, la persecución se ha institucionalizado y sostenido en el tiempo, con fluctuaciones vinculadas al contexto político y a la estrategia gubernamental».
