Autor: Yolanda Magaña

Con datos del censo poblacional estadounidense, el Instituto de Política Migratoria (MPI), indica que California es el estado con mayor cantidad de salvadoreños en situación migratoria irregular, un total de 265,000.

Junto al estado de Texas, que aparece con 172,000 salvadoreños sin autorización migratoria, y Maryland, con 120,000 salvadoreñas, estas tres ciudades concentran más de medio millón de salvadoreños que se fueron al territorio estadounidense sin un permiso migratorio.

Las siguientes ciudades con más salvadoreños sin autorización migratoria son, en este orden, Virginia, Nueva York, Massachusetts, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Georgia, Nevada, Colorado, Arkansas y Washington.

Son en total 24 estados en donde viven 981,000 salvadoreños en situación migratoria irregular, según una investigación del MPI que basada en el censo de Estados Unidos y en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense determinó que en todo Estados Unidos hay 13.73 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos.

Maryland y Virginia

El Salvador encabeza la lista de países de origen de inmigrantes en situación irregular solo en dos estados: Maryland y Virginia.

En Maryland, después de los salvadoreños, que son unos 120,000, están los guatemaltecos, hondureños, mexicanos y nigerianos. En Virginia, después de 93,000 salvadoreños, hay hondureños, guatemaltecos, mexicanos y peruanos.

En el estado de California, la mayoría de migrantes en situación irregular son mexicanos y guatemaltecos, seguidos de los salvadoreños. Y en Texas, el segundo estado con más salvadoreños no autorizados, los principales países de origen de los migrantes no autorizados son México y Honduras, seguido de El Salvador.

El MPI detalló que se basan en datos de 2023 con una metodología que establece la “condición de persona no autorizada” con datos de la Oficina del Censo de EE. UU. provenientes de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2019-23 y de las Encuestas de Ingresos y Participación en Programas (SIPP) de 2023, 2022 y 2008, ponderados con estimaciones proporcionadas por Jennifer Van Hook, de la Universidad Estatal de Pensilvania.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable para reformar dos artículos de la Ley del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) con el fin de que este Centro pueda fabricar medicamentos para la atención médica de los miembros activos o retirados de la Fuerza Armada y también pueda donar infraestructura.

El CEFAFA es una institución autónoma financiada con recursos propios que fue creada con el fin de suministrar productos farmacéuticos e insumos médicos para brindar atención a los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar.

Según su ley, el CEFAFA se financia de cotizaciones de los afiliados en situación activa, aportaciones del Estado y la comercialización de productos farmacéuticos para el público general; y además administra los fondos del Programa de Rehabilitación del Personal de la Fuerza Armada, ejecutado por el Comando de Sanidad Militar.

La reforma facultaría al CEFAFA a producir medicamentos y también a realizar donaciones de infraestructura para brindar atención a los miembros de la Fuerza Armada y sus familias.

¿Cuáles serían los cambios a la ley del CEFAFA?

Producción de medicamentos y donación

En el artículo 1, se agregará que el CEFAFA tendrá por finalidad la “producción” de productos farmacéuticos “provenientes de sus propios laboratorios, droguerías o no”, y la comercialización cuando estén relacionados con la finalidad principal “o con la venta al público”. Así mismo, se agrega la finalidad de «donación».

Infraestructura

En el artículo 2, se agrega que el CEFAFA tendrá como función la donación, además del suministro de productos farmacéuticos «para el apoyo a los componentes de sanidad militar”. También, se agrega “infraestructura” entre los elementos que puede suministrar o donar el CEFAFA para la atención de los miembros y familias de la Fuerza Armada.

Adquisición y fabricación de medicamentos

Se agrega como segunda función del CEFAFA “la adquisición de bienes y servicios tanto para la adquisición como comercialización de productos farmacéuticos” y se agrega que la fabricación podrá realizarse en todo el territorio. Actualmente esta función “b” ya dice que la función del CEFAFA es la comercialización de productos farmacéuticos y otros productos vendidos en establecimientos farmacéuticos.

La organización Amnistía Internacional y la relatora de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos exhortaron este martes a liberar inmediatamente a dos líderes comunitarios que participaron en una protesta cerca de la residencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Amnistía Internacional publicó un comunicado para dirigirse a autoridades salvadoreñas y exigirles que garanticen “de forma inmediata e incondicional la libertad” de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, quienes fueron capturados en mayo de 2025 luego de protestar contra el desalojo de la comunidad de El Bosque.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, aseveró que ambos líderes “nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad”.

Por su parte, la relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, anunció que seguirá la audiencia preliminar de cerca.

“Seguiré de cerca la audiencia preliminar en el juicio contra los defensores Alejandro Henríquez y Angel Pérez en #ElSalvador mañana. Permanecen incomunicados desde mayo. Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra”, expuso la relatora de la ONU, en un mensaje publicado en X dirigido a la Cancillería salvadoreña.

«Oportunidad de rectificar», dice AI

Piquer calificó la detención como “arbitraria y profundamente injusta”. Ambos son acusados de los delitos de resistencia y desórdenes públicos por la Fiscalía salvadoreña y son considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.

Para ella, mañana miércoles 29 de octubre, día en que recibirán las medidas de detención provisional para ambos, es “una oportunidad para que las autoridades rectifiquen” y “garanticen el respeto pleno al debido proceso”.
“José Ángel y Alejandro nunca debieron pasar un solo día en prisión por ejercer pacíficamente su derecho a defender los derechos de su comunidad”. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según Amnistía Internacional, se ha “vulnerado gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a un juicio justo”. Señaló que los líderes comunitarios “han permanecido incomunicados sin acceso al mundo exterior, incrementando el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” y han sido expuestos a un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento extremo”.

Para la organización, su captura es un patrón sistemático de “criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, defienden los derechos de sus comunidades y reclaman justicia” en El Salvador. “Pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador. Esto debe terminar ya”, exigió Piquer.

Luego de la protesta cerca de su residencia contra el desalojo de la comunidad El Bosque, el presidente Bukele anunció que presentaría nuevamente el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros.

Según el presidente, las «personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno» y «la presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los ‘banners’ (anuncios) impresos profesionalmente lo confirman». El gobernante opinó sobre el desalojo contra la comunidad y dijo que «el caso que motivó la protesta viene desde 1998 y ya fue judicializado en 2008, con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor».

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se burló de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre quienes compartió un video de Inteligencia Artificial en el cual él les anuncia que irían presos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

“Este video merece un Óscar, final esperado”, indica el video, compartido por el usuario dannymotos300 y colgado en la historia de Instagram del gobernante salvadoreño.

El video finge una llamada telefónica de Maduro al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, desde 2011 pidiéndole “refugio” por “un problema” que tiene con Donald Trump, presidente estadounidense.

En el video, aparentemente elaborado con Inteligencia Artificial, Petro le pregunta a Maduro si tiene un plan de escape y el mandatario venezolano le dice que se disfrazarán de coreanos y se irán a Corea del Norte; y después aparecen disfrazados.

“Este vuelo los va a conducir a su nuevo refugio, la cárcel del CECOT”, dice una imagen de Bukele, en el video.

Efe ha reportado que Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en el mar Caribe, donde ha destruido varias embarcaciones que, según el gobierno estadounidense, pertenecen al narcotráfico y estaban vinculadas con el Gobierno de Maduro, quien rechaza las acusaciones.

Esta semana, Trump anunció que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra «el narcotráfico» en tierra tras los bombardeos contra embarcaciones, informó la agencia.

El Miami Herald publicó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, ofrecieron a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro, pero la vicepresidente negó dicha información.

Mientras tanto, el lunes, el presidente Trump aseguró el lunes que le «encantaría” mantener una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y no descarta hacerlo durante su gira por Asia. “Me llevo muy bien con Kim Jong Un. Me cae bien. Yo le caigo bien. Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur”, dijo Trump.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) para que esta pueda fabricar medicamentos para la atención médica de los miembros activos o retirados de la Fuerza Armada.

La reforma también permite al CEFAFA suministrar infraestructura para brindar atención a los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar, algo que ya está legislado solo para insumos médicos, productos farmacéuticos y hospitalarios, vacunas y equipo industrial hospitalario.

“Los miembros activos de la Fuerza Armada tenemos el derecho a la Sanidad Militar pero hay una cantidad, 30,000 o más que están situación de retiro, que también es obligación darle la atención sanitaria, el universo es bastante grande y los recursos son limitados”, explicó este martes el ministro de la defensa, René Merino.

La propuesta no es nueva. Los diputados ya la habían aprobado en la Comisión pero la retiraron de la agenda de sesión plenaria el 28 de febrero de 2024 a solicitud del diputado Caleb Navarro, quien no explicó la razón del retiro de la iniciativa.

Este martes, el diputado Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad, propuso reconsiderar el expediente y el resto de diputados lo respaldaron. Navarro aseguró que invitaron al ministro de la Defensa para que explicara la reforma.

“Le pido al equipo de Protocolo que nos haga pasar los invitados, el vicealmirante René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa, el capitán y licenciado Moisés Alvayero, el coronel Manuel Barquero Elías y la licenciada Lorena Beatriz Zaldaña, jefa de asuntos del Cefafa”, expresó Navarro.

El diputado preguntó al ministro si “sigue vigente la reforma solicitada o si hay algunas otras reformas que se puedan introducir a esta ley”.

Merino Monroy aseveró que “han salido soldados heridos por parte de las pandillas” y que requieren que el Cefafa proporcione al sistema de Sanidad Militar el apoyo necesario para satisfacer necesidades de medicamentos para los miembros de la Fuerza Armada.

Agregó que la reforma busca que CEFAFA pueda adquirir insumos y equipos para apoyar a Sanidad Militar y “complementar” lo que la Fuerza Armada no puede “obtener a través del presupuesto” del Estado.

Además, el CEFAFA también podrá apoyar a Sanidad militar en la construcción de instalaciones con el sistema de salud.

La reforma inaplica la Ley de Compras Públicas y permite políticas internas de compras con exención de impuestos, además de permitir importar materias primas y medicamentos, y administraría los fondos del Programa de Rehabilitación del Personal de la Fuerza Armada.

¿Hay capacidad para fabricar más?, consultó Navarro.

El ministro aseguró que en el pasado tenían un laboratorio y producían medicamentos. “Ahí producíamos algunos medicamentos que se los entregábamos al soldado, pero nos lo cerró el partido anterior y se sintió la gran deficiencia en el Sistema de Sanidad Militar. Con esta reforma, ya hicimos todos los estudios y vamos a activar esto”, respondió. “Si nosotros lo producimos nos va a salir más barato”, señaló. El funcionario aseguró que producían sobre todo “productos de higiene”.

¿Cuáles son los cambios?

Producción de medicamentos y donación

En el artículo 1, le agregan que CEFAFA tendrá por finalidad la “producción” y “donación” de productos farmacéuticos “provenientes de sus propios laboratorios, droguerías o no”, y la comercialización cuando estén relacionados con la finalidad principal “o con la venta al público”.

Donación e infraestructura

En el artículo 2, se agrega que el CEFAFA entre las funciones principales la palabra donación, actualmente solo establece como función “el suministro para el apoyo a los componentes de sanidad militar”.
Se agrega “infraestructura” entre los elementos que puede suministrar o donar el CEFAFA para la atención de los miembros y familias de la Fuerza Armada.

Actualmente la Ley ya establece que es función del CEFAFA “el suministro para el apoyo a los componentes de sanidad militar de insumos médicos en todas sus categorías, productos farmacéuticos y hospitalarios, vacunas, subsidiariamente el equipo industrial hospitalario y otros que sean necesarios para brindar atención integral a todos los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar”. La palabra “infraestructura” se agrega después de “equipo industrial hospitalario”.

Adquisición y fabricación de medicamentos

Se agrega como segunda función del CEFAFA “la adquisición de bienes y servicios tanto para la adquisición como comercialización de productos farmacéuticos” y se agrega que la fabricación podrá realizarse en todo el territorio. Actualmente esta función “b” ya dice que la función del CEFAFA es la comercialización de productos farmacéuticos y otros productos vendidos en establecimientos farmacéuticos.

El Instituto de Política Migratoria (MPI) estimó que un poco más de un millón de salvadoreños son inmigrantes no autorizados que residen en Estados Unidos, de un total de 13.7 millones de extranjeros en condición migratoria irregular en la nación norteamericana.

El nuevo estudio indica que casi la mitad de los extranjeros que viven en condición migratoria irregular en Estados Unidos tienen 20 años o más de residir ahí y un 80 % más de cinco años.

Esta investigación encontró un aumento de tres millones en la población en migración irregular desde 2019 a 2023.

Los datos son retomados de la Oficina del Censo de EE. UU., con perfiles sociodemográficos realizados por el MPI de los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), con una metodología elaborada junto a la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Temple.

El primer país de origen de los migrantes no autorizados es México, con 5.5 millones de personas, el 40 % de la población migrante en condición irregular en Estados Unidos.

México es seguido de los tres países centroamericanos que unidos suman el 26 % de la población migrante irregular en los Estados Unidos, 1.4 millones de guatemaltecos, un millón de hondureños y un millón de salvadoreños.

El estudio incluye dentro de la población no autorizada a titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) o de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La mayoría de migrantes en condición irregular son empleados en construcción, servicios de alimentos y servicios de limpieza y mantenimiento en edificios.

Esta investigación señala que es probable que el crecimiento de la población migrante irregular se estancara y que se revirtiera a partir de 2025. Advierten que en 2024 hubo un alto número de encuentros fronterizos, que son las cifras reportadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y durante ese año aún se permitía a los migrantes la comparecencia ante un tribunal de inmigración estadounidense o se les concedía libertad condicional humanitaria.

La cifra exacta de salvadoreños es 1,078,000, un 8 % de la población migrante no autorizada, difiere de la publicada por Pew Research Center, que identificó a 850,000 salvadoreños en condición de migración irregular, con datos de 2023, y que aseveró que había 14 millones de migrantes sin autorización en 2023. En esta investigación, El Salvador es el país que ocupa el segundo lugar con mayor cantidad de inmigrantes no autorizados.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) insistió en redes sociales que el gobierno está aumentando el gasto público y aumentando las plazas en nuevas instituciones públicas, debilitando a las municipalidades, y pidió “una revisión seria, responsable y transparente del presupuesto”.

“La pregunta clave: ¿quién tiene la responsabilidad de revisar y corregir el presupuesto? La Asamblea Legislativa. Los diputados oficialistas no pueden aprobarlo sin cuestionar en qué se está gastando el dinero del pueblo”, cuestionó.

Una de las críticas que hace el partido de oposición es que el presupuesto 2026 “crece en plazas y estructuras pero reduce personal médico y docente”. “Más oficinas, más plazas, pero menos médicos y maestros”, indicó.

En el presupuesto 2026, el Gobierno Central recorta 775 plazas pero el gasto en planilla aumenta en $11.8 millones. Mientras, aumentan 3,135 plazas y $51.7 millones en las descentralizadas.

Cinco nuevas instituciones suman 518 plazas que no estaban en 2025 y el gasto de planilla en las mismas implicará una erogación de $9,580,775. En el Gobierno Central, las instituciones que aumentan plazas son el Tribuna Supremo Electoral  (324 a 413), Instituto de Acceso a la Información Pública (una), Ministerio de Hacienda (3,006 a 3,164), Cancillería o Relaciones Exteriores (1,152 a 1,186), Ministerio de Salud (de 15,042 a 15,677) y Ministerio de Desarrollo Local (de 128 a 158)..

Arena aseveró que “el presupuesto proyecta más de 8,000 nuevas plazas en entidades que, en su mayoría, nacieron al quitarle atribuciones a las municipalidades”.

“Esas instituciones creadas entre 2021 y 2025 tendrán una asignación de $803 millones, una cantidad que infla la planilla estatal mientras se debilita a las alcaldías y se siguen descuidando áreas esenciales como salud y educación”, indicó.

“No es sostenible ni justo”, consideró.

“Exigimos una revisión seria, transparente y responsable del presupuesto 2026”, expuso.

El 10 de octubre pasado, el partido de oposición emitió un comunicado que resume las críticas al proyecto de presupuesto 2026: sostiene que el gobierno “mantiene un impago con el fondo de pensiones por un bono de $8,397 millones y ha dejado de pagar amortizaciones cercanas a $500 millones anuales entre 2023 y 2026, poniendo en claro riesgo el pago a futuros pensionados”.

También menciona que prevé un incremento de $673 millones en recaudación tributaria para 2026 y un aumento en $720 millones en ingresos, pero no se ha resuelto el déficit fiscal, hay una deuda insostenible y el “gobierno ha decidido meterle mano al fondo de pensiones en lugar de fortalecerlo”.

Arena criticó que Hacienda no dice que el gasto público crecerá $1,225 millones en 2026, un aumento del 100 % en siete años y criticó que se hayan cerrado 67 escuelas, algo que Educación indicó que era fusiones de escuelas, señaló que hay falta de medicamentos en hospitales, escasez de personal y cierres de unidades comunitarias de salud.

“Solo en los últimos meses se han clausurado 27 equipos de salud familiar y se proyectan más de 3,600 despidos en el sector salud”, indicó.

El cónsul honorario de El Salvador en Haití, Johny Antoine Handal, falleció recientemente, informó Cancillería. Handal era empresario de la industria textil y tuvo un nexo estrecho con El Salvador indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Handal, quien también era decano del Cuerpo Consular en Haití, se desempeñó desde 1970 hasta 2013 como vicecónsul honorario; luego, fue nombrado cónsul honorario en la nación caribeña.

“Destacó su alta disposición para dar asistencia a la comunidad salvadoreña en Haití, así como de reflejar y divulgar las transformaciones actuales de nuestra nación”, indicó Cancillería, quien expresó sus condolencias en redes sociales.

Handal, quien elogió cambios en el gobierno actual, recibió un homenaje en el Primer Encuentro de Cónsules Honorarios, en San Salvador y la Orden del Libertador de los Esclavos “José Simeón Cañas”, en el grado de Comendador entregada por la canciller Alexandra Hill.

La vicecanciller Adriana Mira expresó sus condolencias por el fallecimiento. “Su amistad, su compromiso y dedicación por fortalecer los lazos entre ambos países siempre serán recordados con gratitud y respeto”, indicó.

El año fiscal estadounidense cerró con un total de 14,221 migrantes salvadoreños retenidos y reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de un total de 691,906 migrantes retenidos de diferentes nacionalidades.

Solo en la frontera sur fueron 12,282 aprehensiones de salvadoreños, de un total de 443,671 de todas las nacionalidades.

El flujo de migrantes salvadoreños encontrados el último año fiscal estadounidense fue cuatro veces menos que hace un año y siete veces menos que hace tres años, en el año fiscal 2022.

Un 2 % de los migrantes atrapados bajo esta condición en el año fiscal 2025 fueron salvadoreños. En los dos años precedentes esta proporción fue 1.97 en 2024 y 1.96 en 2023, pero en 2022 los salvadoreños llegaron a ser el 3.5 % del total de migrantes.

Los datos incluyen las detenciones ejecutadas por la Patrulla Fronteriza (USBP), personas que se consideran inadmisibles según la ley migratoria Título 8 y se regresan o se expulsan en un plazo breve. La CBP actualizó los datos el 24 de septiembre; incluyen menores acompañados, personas con familias, adultos solos y menores no acompañados.

El Salvador sube en dos rankings

Las retenciones de migrantes de todas las nacionalidades han disminuido en un 76 %. Esta caída anual implicó 2.2 millones de retenciones menos del año fiscal 2024 al 2025.

El Salvador no es la excepción.

Sin embargo, al comparar con el resto de países, El Salvador subió de la posición 13 a la 11 en cantidad de migrantes atrapados en el año fiscal 2025; y de la posición 11 a la 5, si se compara un índice de migrantes atrapados por cada 100,000 habitantes de la población de sus países de origen.

Las cinco nacionalidades con mayor cantidad de migrantes atrapados son mexicanos, con 188,334; venezolanos, con 66,944; guatemaltecos, 40,617; hondureños, con 36,732; e indios, que sumaron 34,146 personas, todos estos países con poblaciones mayores que la salvadoreña.

México tiene más de 13o millones de habitantes y Estados Unidos le atrapó 188,334 mexicanos, es decir, 142 por cada 100,000 de sus habitantes; mientras, El Salvador tiene 6 millones de habitantes y Estados Unidos atrapó 14,221 salvadoreños, es decir, 223 por cada 100,000 de sus habitantes.

Así, si se comparan los índices de migración atrapada respecto a la población de cada país de origen, Honduras lidera la lista por 371 migrantes por cada 100,000 habitantes hondureños; seguido de Cuba con un índice de 328; Venezuela con 237; Guatemala, con 227; y en quinto lugar, El Salvador, con 223 migrantes salvadoreños atrapados en Estados Unidos por cada 100,000 habitantes, con datos del año fiscal completo 2025.

Abajo de El Salvador se encuentra México, en un sexto lugar, con un índice de 142 migrantes por cada 100,000 de sus habitantes. En este ranking de tasa migratoria encontrada por población, los siguientes lugares son ocupados por Haití, en sexto, Canadá, en séptimo, Ecuador, en octavo, Nicaragua en noveno y Colombia en décimo lugar.

Esto significa que menos migrantes salvadoreños que están siendo retenidos en las fronteras, pero la disminución de las retenciones es mayor en otras nacionalidades.

El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, conformado por la exdiputada Mélida Villatoro, el profesor Rafael Góchez, el abogado Juan Contreras y el exembajador Aldo Álvarez, entre otros, anunció en un boletín informativo que demandarán por difamación al secretario general del FMLN, Manuel Flores, por $250,000; mientras, «el chino» Flores también anunció que demandará a dicho movimiento por haberles dicho fuerza delincuencial.

La demanda se establecerá, según el boletín del movimiento, «por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado», lo cual consideraron es «difamación».

En el boletín, aseguran que donarán los fondos al Hospital Nacional Psiquiátrico.

El 21 de julio pasado, Flores se refirió al movimiento afín al gobierno actual, así: «Grupos propagandísticos pagados por el régimen… Se niegan a un debate… ¿Y de qué viven?, viven de eso, de la propaganda, de andar en bien del régimen», expresó Flores en una conferencia de prensa.

El 15 de octubre pasado, Óscar Peñate, uno de los miembros del movimiento, anunció en el programa Diálogo 21, anunció que lo demandarán y a «inhabilitar» para una probable candidatura presidencial de Flores por el FMLN.

Este lunes, Flores anunció que también demandarán al grupo de analistas.

«Háganlo rápido, salgamos del maíz picado rápido, pero presenten las pruebas. Vean el video antes, no les vaya a salir el tiro por la culata. El comunicado que sacaron dicen que el FMLN es una fuerza delincuencial, nuestra militancia se está preparando para demandarlos», anunció también el dirigente.

En el mismo comunicado, el Círculo de Reflexión publicó que los partidos ARENA y FMLN «se han convertido en un cuasi organizatio criminalis, con exfuncionarios y dirigentes procesados y condenados en procesos judiciales».

«No demandaremos la cancelación de ARENA y del FMLN porque no le quitaremos la oportunidad a la ciudadanía salvadoreña que ella misma los elimine como partidos políticos, al no votar por ARENA ni el FMLN en las próximas elecciones del 2027 por ser organizaciones delincuenciales», sostiene la organización.

«Están usando amedrentación, intimidación, prepotencia, soberbia. A mí me recuerda a los años 70, 80, cuando aparecieron grupos como la Mancha Brava, la Unión Guerrera Blanca, cuando le ponían una mano blanca a los opositores. No lo van a lograr, yo nací gritando», expresó, por su parte Flores en la conferencia de prensa.

Oficialmente, el partido de izquierda no ha decidido su participación en los comicios, pero Flores ha dado opiniones a favor de hacerlo.

El FMLN decidirá el 7 de diciembre de 2025, en Convención Nacional, si participará o no en las elecciones generales de 2027, en las cuales, aunque no estaban programadas, se desarrollarán presidenciales, debido a la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida y extendió el periodo presidencial a seis años.

La celebración de las presidenciales se debe a que buscan que las elecciones de diputados y alcaldes coincidan con la elección presidencial.

Lo invitamos a leer el último boletín del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI del 20 al 26 de octubre 2025 pic.twitter.com/Lc7dyl1dDl

— Círculo de Reflexión Política Siglo XXI (@CRPsigloXXI) October 20, 2025