Autor: Yolanda Magaña

Cuando los pandilleros menores de 18 años cumplan sus condenas, volverán a ser acusados si continúan siendo pandilleros, advirtió el martes el

ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, luego de defender las reformas para que menores procesados por delitos de crimen organizado sean separados de los procesados por delitos comunes y enviados a las prisiones de adultos, usando pabellones para separarlos.

Las reformas para que los pandilleros menores sean trasladados a cárceles de adultos fueron aprobadas ayer en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, y probablemente sean aprobadas en la sesión plenaria de este miércoles.

Villatoro se refirió a los menores que ya están condenados, algunos de los cuales ya son adultos y que fueron condenados por los tribunales especializados contra el crimen organizado.

«Estos obviamente igual van a ser requeridos por pertenecer a una organización terrorista. La gran diferencia es que, si él ya fue condenado vamos a decir, barato, a 250 años de cárcel, eso no quiere decir que la Fiscalía salvadoreña no lo va a acusar o que el Estado salvadoreño no lo vamos a acusar, claro que lo vamos a acusar», aseveró.

El funcionario, sin embargo, dijo que con 250 años de prisión «es imposible que alguien salga con vida» de la cárcel pero

«¿Alguien no va a ser acusado siendo terrorista?, no. El hecho de que haya sido condenado por la normativa anterior o por los delitos individuales, extorsión, homicidio, no quiere decir que no vayan a ser procesados por el Estado de El Salvador. Claro que lo vamos a hacer, igual con los menores.
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.

El funcionario detalló que todos aquellos menores que van «a incorporar separados dentro del sistema penitenciario ya vienen con una pena» y que, «cuando la cumplan, si ellos siguen perteneciendo a una organización terrorista, van a ser sometidos igual al mismo proceso».

El titular de Seguridad reiteró que nadie les dirá cómo resolver el problema de los «terroristas» en El Salvador. «Nadie nos dirá cómo tenemos que tratar a nuestros terroristas», dijo.

De acuerdo con Villatoro, «El Salvador le está aportando al mundo una nueva evolución de ese derecho penal primario» y ahora «ya cuenta con un derecho penal y procesal penal para combatir y erradicar organizaciones terroristas».

La Asamblea Legislativa recientemente reformó el Código Procesal Penal para que los jueces tengan la posibilidad de extender la detención provisional hasta la media pena si las condenas no están firmes.

Según el Código Penal, luego de una reforma en marzo de 2022, las penas de prisión por el delito de pertenencia de pandillas oscilan entre 20 y 30 años de prisión, y de 40 a 45 años de prisión para los cabecillas, jefes, organizadores o financistas.

También, la Ley especial contra actos de terrorismo establecen penas entre 15 y 20 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas y de 30 a 40 años si es organizador, jefe o cabecilla.

Los menores pueden recibir una pena de hasta 20 años de prisión para los menores de 16 años o más, y hasta 10 años de prisión para los menores a partir de los 12 años.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso una reforma a la Ley de Partidos Políticos y al Código Electoral para establecer el derecho de los partidos políticos a tiempos iguales en medios de comunicación públicos y privados durante las campañas electorales.

Villatoro propuso también otra reforma para que el Estado garantice que todos los partidos políticos tengan vigilantes en todas las mesas electorales.

Las propuestas se dieron ante la eliminación de la deuda política, cuya aprobación se realizará en sesión plenaria de este miércoles.

«Que haya vigilancia de todos los partidos políticos, que ellos puedan tener sus vigilantes dentro de cada mesa. Todos vamos a tener condiciones iguales. ¿Quién va a supervisar estos fondos?, la Corte de Cuentas, ¿y quién los va a desembolsar?, el Ministerio de Hacienda», dijo Villatoro.

La reforma se haría a los artículos 129-A y 129-B del Código Electoral, y a los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Partidos Políticos. Detalló que según su propuesta el presidente de cada partido no tendrá ninguna excusa para ocupar los fondos para otros fines.

Las propuestas no fueron apoyadas por Nuevas Ideas ni sus aliados. El diputado Ernesto Castro, quien preside la Comisión, del partido Nuevas Ideas, las cuestionó y argumentó que no se pueden cambiar las reglas del mercado.

«Si hay empresas aquí que dicen «aquí solo vamos a venderles a ellos y no les vamos a vender a los otros», yo creo que es un libre mercado, en donde hay una tarifa para todos y cada quien llega y puede pautar lo que quiera», dijo.

Villatoro replicó que en la campaña electoral 2024 hubo una distribución publicitaria «súper desproporcionada». Castro le respondió que Arena «inundaba el país» de propaganda «porque tenía recursos» y eso «era legal y parte de la democracia».

«Nosotros como diputados no tenemos la culpa de estar aquí, nosotros estamos aquí gracias a una decisión del pueblo salvadoreño… Del 2019 a 2021 Arena y FMLN dominaban esta Asamblea Legislativa… ¿Es esa la democracia o cambiamos la democracia?, ¿o cambiamos las reglas de libre mercado o la libertad de contratación?», preguntó.

Actualmente el artículo 60 de la Ley de Partidos Políticos otorga a los partidos «acceso gratuito» en los medios de radio y televisión del Estado a «una franja electoral», cinco días antes de la suspensión de la campaña electoral. Así mismo, según el artículo 61, en cada estación de radio y televisión del Estado, los partidos políticos tendrían una franja de 30 minutos diarios para divulgar sus propuestas electorales.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un acuerdo de reforma constitucional para eliminar el artículo 210 de la Constitución, que establece el derecho de los partidos políticos de recibir un financiamiento público o «deuda política».

«Con base a lo establecido en el artículo 248 de la Constitución, se apruebe acuerdo de reforma constitucional a efecto de derogar el artículo 210 de la misma para eliminar la deuda política», pidió el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión y de la Asamblea Legislativa.

Según el legislador de Nuevas Ideas, el pleno legislativo aprobará mañana miércoles el acuerdo de reforma constitucional. El dictamen fue aprobado con nueve votos.

«Lo que vamos a hacer es que ue el pueblo salvadoreño ya no esté manteniendo a ningún partido político. El que quiere entrar a la función pública que lo haga».
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, rechazó las críticas de la oposición que objetan que se «toque la Constitución». Afirmó que a la Asamblea Legislativa le compete reformar la Constitución.

«A la bolsa izquierda le dicen que sí y a la bolsa derecha le dicen que no. Vamos al artículo 248, mismo artículo que no quisieron votar por la reforma para que se modificara. Hoy ya está reformado. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa. ¿Por quién dice? No dice por los extraterrestres», aseveró Navarro.

«Por la A-sam-ble-a-Le-gis-la-ti-va», leyó detenidamente el legislador para enfatizar su competencia en la reforma constitucional.

Navarro argumentó que la reforma al artículo 248 indica que «si hubiese una súper mayoría», que dijo existe, puede realizarse la reforma constitucional en una sola votación.

El 29 de enero, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma al artículo 248 de la Constitución que modificó las reglas para modificar la Constitución, agregando un mecanismo rápido de reforma. El acuerdo de reforma se aprobó el 29 de abril de 2024, en una anterior legislatura, con el mecanismo que exigía dos legislaturas para la reforma constitucional.

«Estamos legitimados para hacerlo, la Constitución es clara quienes pueden, si logramos los votos que establece la Constitución, la podemos reformar en esta legislatura y es necesaria la reforma que estamos realizando.
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

Marcela Villatoro: «excusa» para cambiar la Constitución

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseveró que todas las reformas constitucionales en El Salvador las han aprobado Asambleas constituyentes e insistió en que la deuda política es una excusa para cambiar la Constitución.

«Ustedes escogieron este tema de excusa para cambiar la Constitución y, pueblo salvadoreño que me está viendo, en los próximos días seguramente en los próximos días ustedes van a ver reformas estructurales a la Constitución», afirmó.

Villatoro exigió a Nuevas Ideas decir quiénes son sus donantes y señaló que entre estos estuvo la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L., Cosavi.

La Comisión Política rechazó una propuesta de la diputada Marcela para reformar la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral, que buscaba igualar los tiempos en los medios de comunicación de campaña electoral de los partidos políticos y también buscaba que todos los partidos políticos tuvieran acceso a la misma cantidad de vigilantes el día de las elecciones.

Lo importante es que estén cubiertos los partidos políticos para que todos estemos en igualdad en condiciones.
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, argumentó que la petición de Arena no tenía relación con el acuerdo de reforma constitucional estudiado.

Castro dedicó unos minutos a rechazar las críticas que hizo recientemente a los diputados el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, quien aseguró en un programa de radio que era mejor que los proyectos de Gobierno no fueran elaborados por la Asamblea Legislativa sino personas del Ejecutivo. «Perdemos el tiempo escuchando a esos delincuentes que andan todavía en la calle», dijo Castro.

El diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quien votó por el acuerdo, aseguró que «ahora es un problema de que la mayoría se impone y antes no». Según Orantes, las iniciativas de Arena debían ir a la ventanilla de correspondencia o ser tratados en «puntos varios» de la reunión.

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó este martes tres dictámenes favorables para reformar la Ley penal juvenil, la Ley contra el crimen organizado y la Ley penitenciaria, con el fin de que los menores, señalados de agrupaciones ilícitas u otros delitos relacionados a crimen organizado o pandillas, purguen sus penas o sean detenidos provisionalmente en cárceles comunes, con pabellones que los separen de los adultos.

Un nuevo inciso al artículo 119 de la Ley Penal Juvenil establece que los menores de 18 años cumplirán la medida de detención provisional o pena de prisión para delitos de crimen organizado «en los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales en los que habrá separación en pabellones hasta que estos alcancen los 18 años de edad» y también de quienes tengan entre 18 y 21 años. De esta reforma, fue emitido y aprobado un dictamen favorable.

Los diputados emitieron un dictamen parcial de una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, para que los tribunales y cámaras contra el crimen organizado sean los encargados de vigilar las normas que regulan la ejecución de las penas, las atribuciones dispuestas a los jueces de vigilancia penitenciaria. Esta reforma también establece que no se aplicará la libertad condicionada ni libertad anticipada para este tipo de delitos.

En esta reforma, los diputados aceptaron algunas de las observaciones del magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal, quien sugirió que los jueces de garantías al menor, dentro de los tribunales especializados de crimen organizado, mantengan la competencia sobre la ejecución de las penas de los menores de edad.

Quinteros aseguró que las reformas buscan evitar la reorganización de las organizaciones criminales desde las cárceles.

Los diputados aprobaron un tercer dictamen, de reforma a la Ley penitenciaria, establece que los tribunales especializados de crimen organizado vigilarán las penas de los menores y de los adultos señalados de delitos de crimen organizado. Esta reforma también aclara que los menores de 18 años condenados por crimen organizado, así como los que tengan edades entre 18 y 25 años, estarán alojados en centros distintos para los adultos mayores de edad.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió las reformas solicitadas y aseguró que los incorporarán «separados» dentro del sistema penitenciario, lo cual aseveró cumple con los tratados internacionales.

El «ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro», defendió este martes tres reformas que buscan que los menores de 18 años procesados o condenados por «delitos crimen organizado» sean enviados a los centros penales comunes, en donde serán separados con pabellones, y que su pena sea vigilada por los mismos tribunales que procesan los delitos de crimen organizado y no por «juzgados de vigilancia penitenciaria».

La reforma permitiría separar a los menores acusados o condenados por pertenecer a pandillas, de los menores procesados o condenados por delitos comunes.

«Esto es tan sencillo como decir que El Salvador cree en la rehabilitación y readaptación (…), estamos haciendo lo mismo en la jurisdicción de menores (…) ¿En qué es lo que creemos? No creemos en ha rehabilitación de terroristas independientemente de la edad», reiteró el funcionario del gobierno de Nayib Bukele.

Villatoro, quien propuso las reformas, explicó que pretenden «mover donde deben estar» «a todos los menores y adultos condenados como menores por delitos de crimen organizado» y «dejarle a la jurisdicción penal juvenil primaria el tratamiento adecuado». «Es algo que le debíamos al sistema de justicia penal», dijo.

Según el funcionario, «los centros de menores seguirán existiendo» pero aseveró que no permitirán que los menores de edad señalados de pertenecer a organizaciones terroristas o pandillas convivan con otros menores.

«No necesitamos ningún tipo de jurisdicción de vigilancia penitenciaria para estos terroristas porque, si aceptásemos esa condición, estamos asumiendo que el Estado puede resetearle el cerebro a un asesino serial, lo cual no podemos».

«Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.»Para Villatoro, las reformas respetan los convenios internacionales que velan por los menores de edad.

«En ningún país del mundo existe una operación para terroristas entre adultos y menores, solo nosotros teníamos la torpeza de tratar a menores de edad de tratar con un sesgo bastante romántico aún y cuando era conocido que pertenecen a una organización terrorista», dijo.

La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que en los centros penales que administra la «Dirección General de Centros Penales» habría «pabellones» que separen a los menores de 18 años de los adultos. La segunda reforma, a la Ley contra el crimen organizado, se traslada la ejecución de la pena a los tribunales de crimen organizado, y una tercera reforma, a la Ley Penitenciaria que otorga las competencias a tribunales de crimen organizado.

Según el funcionario, con las reformas, se está «reduciendo la carga» de vigilancia penitenciaria y no se requeriría más recursos presupuestarios como lo propuso el magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Al final, la Comisión de Seguridad Nacional aprobó las tres reformas aceptando las observaciones de Quinteros y emitiendo un dictamen parcial. Quinteros sugirió mantener la ejecución de las penas para los menores de edad en el juez de garantías al menor, dentro de los tribunales especializados, «asegurando un enfoque diferenciado del régimen penitenciario para adultos».

El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Alejandro Quinteros, aseguró en la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa que tres reformas solicitadas por el gobierno buscan evitar que las estructuras criminales se «reorganicen» o «sigan operando desde los centros penitenciarios» de El Salvador.

Los diputados analizan tres reformas solicitadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: a la Ley Penal Juvenil, para que los menores de edad procesados por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios comunes con separación de pabellones de separación; a la Ley contra el crimen organizado, para que los tribunales y cámaras especializadas asuman la vigilancia penitenciaria en esta materia; y a la Ley penitenciaria, para el mismo fin.

El magistrado Quinteros respaldó que los menores procesados por crimen organizado estén separados de los menores con «menor grado de peligrosidad». No explicó si actualmente están combinados.

Detalló que actualmente hay 44 jueces distribuidos en 11 tribunales en todo El Salvador y dos cámaras especializadas, además de 17 jueces de vigilancia penitenciaria en todo el país.

«Se busca evitar el uso de beneficios penitenciarios que pueden generar impunidad o facilitar la reorganización de estructuras criminales dentro del sistema penitenciario».
Alejandro Quinteros, magistrado de CSJ.

Quinteros aseguró que la reforma busca «mayor seguridad jurídica» «en principio» para evitar que estas «estructuras sigan operando desde los centros penitenciarios».

Cumplimiento gradual y con refuerzo

Sin embargo, el magistrado propuso que la implementación de la vigilancia penitenciaria del cumplimiento de las penas de crimen organizado sea gradual, evitando un colapso de la carga judicial en los 44 jueces de crimen organizado. Así, propone un juez de apoyo con su equipo en cada tribunal.

También, propuso «que los actuales jueces de ejecución de medidas al menor sigan controlando las medidas y penas ya impuestas a menores de edad», ya que la propuesta no hace referencia a qué pasará con los menores señalados de crimen organizado.

Además, pide que se refuerce presupuestariamente a la CSJ en un artículo 4 de la reforma a la Ley contra el crimen organizado: «La Corte Suprema de Justicia dispondrá de los refuerzos presupuestarios, cuya necesidad se derive de las medidas institucionales adecuadas para racionalizar la sobrecarga de trabajo que originará la implementación de esta reforma legal».

El Salvador disminuyó cuatro posiciones en el ranking mundial del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 publicada hoy por Transparencia Internacional, de la posición 126 a la posición 130, en una lista de 180 países encabezada por Dinamarca y con los últimos lugares para Nicaragua, Corea del Norte y Sudán.

En una escala en donde el puntaje 0 es mucha corrupción y 100 es muy baja corrupción, El Salvador logró un puntaje de 30. En el listado mundial de 180 países está en la posición 130, a 50 peldaños del último; y en el listado de América está en la posición 24, a ocho del último peldaño que lo ocupa Venezuela.

El Salvador está 12 puntos abajo del promedio de América (42), sobre México (26), Guatemala (25), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), capítulo de El Salvador de Transparencia Internacional, explicó que durante el último año «se ha mantenido la cooptación sobre las principales instancias de control interno», mencionando la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «algunas de estas reducidas a su mínima expresión».

Así mismo, advierte que en El Salvador hay «reserva de información y la falta de respuesta de los entes obligados, con la complicidad» del IAIP; leyes dispersas que permiten la discrecionalidad en las compras estatales y falta de participación ciudadana en la contraloría de las compras y las contrataciones en el Estado.

El comunicado del informe de El Salvador menciona préstamos del estatal Banco Hipotecario a diputados y funcionarios de Nuevas Ideas por un total de $4.9 millones y la contratación de familiares, modelos, edecanes y camarógrafos como asesores en la Asamblea Legislativa.

El promedio del Índice de Percepción de Corrupción para los países con democracia plena resultó en 73, los países con democracias defectuosas lograron 47 puntos en promedio y para los 95 países no democráticos el puntaje promedio fue 33.

¿Cuál es la metodología del Índice de Percepción de Corrupción? Según Transparencia Internacional, varias fuentes diferentes proporcionan percepciones entre empresarios y expertos nacionales sobre el nivel de corrupción en el sector público, usando 13 fuentes de datos de 12 instituciones diferentes que capturan las percepciones de corrupción en los últimos dos años.

Transparencia internacional recibe financiación de agencias gubernamentales, instituciones multilaterales, fundaciones, sector privado e individuos. En 2023, en su informe sobre donantes, se encuentra el Departamento de Estado de Estados Unidos, gobiernos de Corea, Lituania, la Agencia Española de Cooperación Internacional, Open Society Foundation, entre otros.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de ganar su segundo mandato presidencial continuo, es crítico de las organizaciones nacionales e internacionales que emiten informes como el de Transparencia Internacional. Recientemente aseguró que sin la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID) «no hay oposición» en El Salvador.

En su primera conversación con el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, Bukele dijo que habían hablado «de los efectos a veces dañinos de ayuda estadounidense» y de las «ONG respaldadas por Soros», en referencia al filántropo millonario George Soros, fundador de Open Society Foundations, una red activa en más de 120 países para financiar proyectos de transparencia gubernamental, derechos humanos, políticas climáticas y defensa a comunidades LGBTIQ+.

Mientras, el gobierno de Trump suspendió por 90 días la ayuda que canaliza Estados Unidos a través del Departamento de Estado y USAID mientras deciden si la cancelan definitivamente la que consideren que no responde a los intereses de Estados Unidos.

Los proyectos de reconstrucción o remodelación de centros escolares podrán adjudicarse de manera urgente a contratistas ya conocidos por el Ministerio de Educación y esta cartera de estad podrá modificar las órdenes de compra o los contratos por imprevistos, fuerza mayor o de interés público.

Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa incluyeron la infraestructura escolar en el decreto transitorio que permite contratar obras de manera urgente relacionadas al turismo, como calles, puentes, obras de mitigación, escenarios deportivos y culturales.

El decreto, que vence el 31 de marzo de 2025, fue prorrogado un año más, además de incluir las obras en las escuelas en esta forma de contratación.

Así, el reformado decreto transitorio permitirá así adjudicar obras a contratistas que “hayan mostrado capacidad, compromiso y celeridad”, contrataciones que se denominan “adjudicaciones por conexión”.

También, permitirá que la institución pública encargada modifique las resoluciones por “imprevistos, fuerza mayor o interés público” y exime de toda responsabilidad a la administración pública.

“Hemos podido observar que tenemos la necesidad de agilizar las intervenciones en la infraestructura educativa”. Edgar Eliseo Alvarenga, viceministro de Educación a Comisión de Hacienda.

El funcionario justificó que actualmente los procesos de licitación, «por las características de la logística», la «ubicación», el «acceso» a los materiales y la búsqueda de mano de obra “están generando algunas limitaciones para poder tener más ofertas”.

“Hay una frase que todos conocemos y es ‘por los hechos los conoceréis’, ahí podemos identificar todo el tema de infraestructura pública y nosotros, como Educación y teniendo como finalidad los niños, nosotros pedimos la incorporación de infraestructura educativa, con la finalidad de agilizar los procesos de contratación”, solicitó a los legisladores.

El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, preguntó cuántos serán los proyectos en las escualas que van a desarrollar en los próximos meses o en el año.

El viceministro de Educación respondió que la prioridad son los «municipios de pobreza multidimensional» y reiteró que las obras de construcción sean en esas zonas «es una limitante para posibles oferentes» por la elevación de «los costos para movilizar recursos y hacer mediciones».

El programa «Mi primera escuela», que prometía la reconstrucción de las escuelas de El Salvador con una inversión de $140 millones en el año 2024, tuvo apenas una ejecución de $2.7 millones hasta noviembre.

La inversión de $2,709,386.12 es apenas un 5.2 % de lo programado en el año según el informe «Programa anual de inversión pública» del Ministerio de Hacienda.

Los diputados incorporarán $84.6 millones de uno de los préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el presupuesto 2025 para empezar los estudios y el diseño relacionados a la construcción de un cable submarino «de alta capacidad» en El Salvador.

La instalación del cable submarino que se instalaría entre El Salvador y Panamá buscaría garantizar la conectividad del país con la red global de telecomunicaciones.

Los fondos serán incorporados al presupuesto del Ministerio de Economía, en la unidad presupuestaria de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

El dictamen fue aprobado el lunes y sería posiblemente aprobado por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria del miércoles.

Según el Ministerio de Hacienda, un total de $81.2 millones serán utilizados para actividades relacionados a la contratación del diseño, construcción, despliegue y operación del sistema de cable submarino. Los restantes $3.4 millones servirán para la contratación de profesionales que conformarán la «Unidad Gestora del Programa».

La subdirectora de inversión y crédito público, Delia Reyes, detalló que con estos fondos se harán las siguientes acciones:

1. Estudio marítimo de viabilidad y diseño.
2. Identificación de puntos de aterrizaje en la costa salvadoreña y panameña.
3. Estudio de topologías para el recorrido.
4. Estudios oceanográficos de fauna marina y fallas sísmicas.
5. Desarrollo del Plan del Manejo Ambiental y Social del proyecto.
6. Supervisión de la obra.

La mayor parte de los fondos, $80.9 millones, se destinarán a inversiones en activos fijos; $2.5 millones se destinarán a adquisiciones de bienes y servicios; y $1.2 millones en gastos financieros.

El Ministerio de Hacienda informó a la Comisión de Hacienda y General de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que los créditos que financiará el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) con los fondos de dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiarán proyectos que buscan disminuir los efectos del cambio climático pero también proyectos que buscan la transformación digital.

Los beneficiarios de los créditos podrán ser microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas (mipymes) que estén solventes y sean sujetas de crédito. Los fondos están siendo gestionados por Bandesal: un crédito por $60 millones para ahorro energético y otro por $130 millones para transformación digital.

Concretamente, los créditos que podrá financiar en la búsqueda de disminuir los gases de efecto invernadero son: calderas de alta eficiencia, iluminación de alta eficiencia, motores y bombas eléctricas de alta eficiencia, hornos de alta eficiencia, sistemas solares térmicos, sistema de biogás y generación solar fotovoltaica.

Los créditos que podrá financiar para la transformación digital: compra de equipo, maquinaria y programas informáticos, contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias, capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociados a la transformación tecnológica, y para la construcción o remodelaciones de centros de datos.

La Comisión aprobó el lunes los dictámenes 62 y 63 que autorizan a Hacienda a respaldar con «garantías soberanas del Estado» los dos créditos a Bandesal, que serán otorgados a un interés variable con un periodo de gracia de 7 años y un plazo de 23 años y medio.

Los créditos serán otorgados por las instituciones financieras intermediarias o bancos. En la comisión, no se informó sobre la tasa de interés a la que serán otorgados los préstamos.

La tasa cobrada a lEstado será la tasa SOFR, que actualmente está al 6 % anual, más un margen «aplicable a préstamos de capital ordinario».