Autor: Yolanda Magaña

  • Economista: "Moneda de curso legal voluntario no existe"

    Economista: «Moneda de curso legal voluntario no existe»

    El economista Rafael Lemus explicó que la reforma elimina la participación de instituciones públicas en las operaciones con bitcoin y quita el carácter obligatorio en la aceptación de pagos.

    «Esto queda opcional y solamente para personas naturales o jurídicas pero privadas», dijo.

    Según Lemus, con esta reforma, el gobierno «está cumpliendo todo lo que el FMI les ha indicado, lo de moneda de curso legal de manera obligatorio eso está quitado».

    «O sea, moneda de curso legal voluntario no existe, verdad», subrayó, en referencia a que la ley mantiene la frase «curso legal» pero establece expresamente que será de «aceptación voluntaria».

    Siguiendo el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno envió el miércoles 29 de enero por la tarde un proyecto de reformas a la Ley Bitcoin, a través de la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la Asamblea Legislativa lo aprobó el mismo día con dispensa de trámite el mismo día.

    En la reforma, establece el bitcoin de «aceptación voluntaria» y de manejo por privados; suprime el verbo «deberá» por «podrá» al referirse a la aceptación del bitcoin como forma de pago.

    También, la reforma a la Ley Bitcoin en El Salvador derogó el artículo que permitía pagar impuestos o contribuciones tributarias en bitcoin y elimina la disposición para que el Estado contara con «convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar».

  • Gobierno pide préstamo para centro de datos y garantías para cinco créditos de CEL

    Gobierno pide préstamo para centro de datos y garantías para cinco créditos de CEL

    El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un préstamo por $60 millones que se pagará a un plazo de 25 años y que serviría para financiar la creación de un centro de datos en El Salvador.

    El préstamo destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» será suscrito por el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Financiará la adecuación y equipamiento del edificio para el Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital, con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

    Según la institución bancaria, el crédito, ya aprobado por el directorio ejecutivo del Banco, promete beneficiar a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos.

    «Se espera que el programa permita que todas las instituciones del Estado accedan a la 'nube del Estado', aumentando la disponibilidad de servicios en línea y mejorando la gobernanza», detalla el BID.

    Garantías soberanas

    La Asamblea Legislativa recibió cinco solicitudes aprobación de garantías soberanas del Estado, cuatro para créditos ya suscritos en 2008, 2012, 2015 y 2022; y una de un crédito nuevo por $50 millones.

    La solicitud de las garantías crediticias con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se debe a que la CEL gestionó financiamiento por $93 millones «con garantía soberana» con el BID para el «Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador» y, en las condiciones de los préstamos, la CEL se comprometió con el BCIE a que las obligaciones de pago con este banco tendrán «la misma prioridad» que otras.

    Las garantías soberanas aprobadas para préstamos de años anteriores suman $671.5 millones. La quinta garantía soberana del Estado respaldaría un préstamo nuevo por $50 millones que adquirirá el Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el BID para destinarlo a «vivienda social».

    Las solicitudes de préstamo serán estudiadas en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, que se reunirá el lunes 3 de febrero.

    Estas son las garantías soberanas solicitadas por Hacienda:

    1. Garantía soberana del Estado para el préstamo 2059 del BCIE a CEL por $57.5 millones, fondos que se destinan al proyecto «Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre», suscrito el 8 de junio de 2012.

    2. Garantía soberana para el crédito revolvente 2309 del BCIE a CEL por $100 millones, contrato suscrito el 30 de noviembre de 2022 para necesidades de «capital de trabajo».

    3. Garantía soberana para el préstamo 2143 del BCIE para CEL por $301 millones suscrito el 24 de septiembre de 2015 y cuyo monto aumentó el 27 de septiembre de 2017 con Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC) como codeudores.

    4. Garantía soberana del Estado para el contrato de préstamo 1865 del BCIE a CEL por $163 millones para el proyecto de la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel. Fue aprobado el 19 de septiembre de 2008.

    5. Garantía soberana del Estado para el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por $50 millones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV) para financiamiento para vivienda social. El préstamo no se ha suscrito, el FSV lo ha gestionado y el BID requiere la garantía.

  • Organizaciones rechazan mecanismo rápido de reforma a Constitución

    Organizaciones rechazan mecanismo rápido de reforma a Constitución

    Organizaciones no gubernamentales, algunos abogados y partidos de oposición rechazaron modificación constitucional que permitirá un mecanismo de reforma rápida a la Constitución de la República una vez inicie su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Consideran que genera inseguridad jurídica por falta de reglas del juego claras.

    El director ejecutivo de Acción Ciudadana, el abogado Eduardo Escobar, aseveró que la ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que agrega un procedimiento ágil de reforma constitucional, afecta la seguridad jurídica o la certeza del derecho.

    La reforma fue promovida, según el presidente Nayib Bukele y sus diputados de Nuevas Ideas, porque se pretende eliminar el artículo 210 de la Constitución que otorga el derecho a los partidos políticos a tener financiamiento estatal.

    Según Escobar, la reforma abre la posibilidad de que puedan cambiar «cualquier cosa» por dos razones: la mayoría legislativa actual de Nuevas Ideas y que el gobierno no respeta principios democráticos como, dijo, la no regresividad en los derechos.

    «Abre la posibilidad de que cambien cualquier cosa. Pueden reconfigurar el Estado, eliminando o incluyendo nuevas instituciones, pueden cambiar a un sistema mayoritario, pueden eliminar deuda política», ejemplificó.

    Puede leer: Un 60 % cree que será más difícil que funcionarios respeten la Constitución

    Según el comunicado de la AC, la reforma elimina la «certeza» de que los derechos fundamentales «no serán cambiados, disminuidos ni anulados de forma arbitraria». «Es otra acción inconstitucional que solo busca favorecer la concentración de poder», consideró.

    El abogado Enrique Anaya también consideró que el mecanismo ágil de reforma constitucional aprobado mediante el cambio al artículo 248 es «inconstitucional» porque no se siguió el proceso de reforma y no hubo debate.

    La Constitución pierde su carácter reforzado y por ende pasa a ser casi como una simple ley: deja de ser en los hechos una Constitución.
    Enrique Anaya, abogado.

    Según Anaya, la legislatura podría reformar «cualquier cosa» según lo requiera Nayib Bukele. «Potenciará inseguridad jurídica, pues el régimen autocrático le conferiría forma constitucional» a lo que quiera el mandatario, indicó el abogado, que sostiene que El Salvador vive una dictadura.

    «¿Qué implica una reforma exprés a la Constitución, la de hoy y las demás que vienen a futuro? Inseguridad jurídica. No hay reglas del juego claras para nadie, aumenta el riesgo y eso nunca es bueno a nivel económico, político y social.
    Erika Saldaña, abogada, en X.

    ¿Para qué sirve a la dictadura reformar la Constitución que nunca respetó? Da al proyecto autoritario una careta de legitimidad: podrán decir que no hacen más que cumplir la Constitución. Hará que se cumpla más rápido el capricho del dictador.
    José Marinero, abogado, en X.

    Para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la reforma «elimina la posibilidad de generar un debate público» de las aprobaciones de las reformas constitucionales.

    «Esa concentración de poder en una única legislatura podría facilitar la aprobación de reformas que respondan a intereses coyunturales o partidarios, sin el debido escrutinio popular», indica la Fundación en su comunicado. La institución exhortó a la Asamblea a «reconsiderar» la reforma.

    De forma exprés, como siempre. Sin que nadie que no sea el presidente se los haya pedido, como siempre. Violando la misma Constitución, como siempre. Gabriela Santos, Idhuca, en X.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, rechazó la reforma al artículo 248 de la Constitución porque los diputados se atribuyeron la función de constituyentes sin haber sido electos como tales.

    «Ustedes se están autodenominando constituyentes este día, están violando la Constitución porque no están siguiendo el proceso de formación de ley, porque cuando ustedes hicieron esta reforma el periodo pasado ni siquiera iba dentro de sus plataformas como diputados, que es obligación porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, porque así conoce la población si quiere o no votar por esta persona», reclamó Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, quien votó en contra de la ratificación.

    El diputado Francisco Lira, del mismo partido, cree que Nuevas Ideas y Bukele están interesados en «comenzar la reforma de la Constitución sin consulta alguna».

    Cesia Rivas, de Vamos, con la ratificación podrán «reformar la Constitución cuando quieran y como quieran». «No derogan la Ley de la Minería pero sí quieren tocar la Constitución. No se quitan el fuero pero sí quieren tocar la Constitución», reclamó.

  • Aprobado perdón de multas de tránsito del 20 de diciembre al 26 de enero: ¿y si ya las pagaron?

    Aprobado perdón de multas de tránsito del 20 de diciembre al 26 de enero: ¿y si ya las pagaron?

    Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un decreto de perdón de las multas de tránsito impuestas del 20 de diciembre de 2024 hasta el 26 de enero de 2025, periodo que según el gobierno «ha servido para que los conductores tengan un periodo de adaptación».

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra porque la Constitución prohíbe al Ejecutivo o Legislativo perdonar las deudas con el fisco.

    Si los conductores ya pagaron las multas, «tendrán derecho a gestionar la gestión de esos montos». La Dirección General de Tesorería hará la devolución, para lo cual se emitirán lineamientos.

    El decreto iniciará su vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y caducará hasta que la condonación se cumpla totalmente.

    Han existido más de 12,000 conductores que han pagado infracciones registradas gracias al sistema de fotomultas, lo que ha considerado una suma de $1.2 millones.
    Dania González, Nuevas Ideas.

    La dispensa de pago, que había sido prometida por el presidente Nayib Bukele, aplica a «la totalidad de las multas» impuestas por infracciones a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, durante ese periodo.

    Para gozar del beneficio de condonación de multas de tránsito, no será necesario interponer un escrito de impugnación. Si hay inconformidades en trámite, aclara el decreto, la autoridad «declarará la improcedencia correspondiente en virtud del beneficio».

    La dispensa no perdona los procedimientos judiciales por el delito de conducción peligrosa ni los procesos de suspensión de licencia relacionados.

    «Podrán acogerse al presente decreto los conductores propietarios o poseedores de vehículos que haya sido infraccionados por la Policía Nacional Civil o por el Viceministerio de Transporte durante el periodo y condiciones a que se refiere el artículo que antecede», indica la reforma.

    Vamos señala viola artículo 232 de la Constitución

    La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que esto «no es un tema de recaudación», en referencia a la aprobación de la reforma de tránsito que aumentó la máxima multa de tránsito de $57.14 a $150.

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, anunció que no votaría porque el artículo 232 de la Constitución «es claro»: «Ni el órgano Legislativo ni el Ejecutivo podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios que manejen fondos fiscales o municipales, ni de las deudas a favor del fisco o de los municipios».

    La legisladora opositora aseguró que cuando los ciudadanos pagan las multas de tránsito «va a parar al Ministerio de Hacienda» por lo cual «proceder con esta propuesta es hacer algo inconstitucional».

  • Bukele celebra reforma al artículo 248 de la Constitución y prevé eliminar "deuda política"

    Bukele celebra reforma al artículo 248 de la Constitución y prevé eliminar «deuda política»

    Minutos después del cambio definitivo al artículo 248 de la Constitución de la República, que agregó un mecanismo rápido de reforma constitucional, el presidente Nayib Bukele celebró la eliminación de la deuda política, la primera reforma constitucional que se aprobaría bajo este nuevo método.

    El nuevo mecanismo para reformar la Constitución exige 45 votos de los 60 actuales, en una sola aprobación. Pero este entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Los diputados aún no han eliminado la deuda política.

    Lo que aprobaron este miércoles es que, en lugar de que toda reforma constitucional exija dos aprobaciones por dos Asambleas Legislativas, en distintos periodos, podrá ser en una sola.

    Por ejemplo, una reforma exigiría la aprobación con mayoría simple de la Asamblea Legislativa 2024-2027 y su ratificación en la Asamblea 2027-2030. Ahora solo requerirá una aprobación en una sola legislatura.

    Después de la aprobación de esta reforma al artículo 248 de la Constitución, Bukele celebró con la frase:

    «Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo.»

    Nayib Bukele, presidente de la República.

    Los partidos políticos han recibido $85.7 millones de deuda política durante 11 años desde 2014 hasta 2024 según un informe de Acción Ciudadana.

    Según el Ministerio de Hacienda, para las elecciones de 2024, se han devengado o ejecutado un total $10,963,423.76 de enero hasta noviembre de 2024 en «complemento de deuda política» pero se tienen programados $38,469,509. En el año 2023, Hacienda tenía programados $500,000 como anticipo de la deuda política.

    Para las campaña presidencial de 2019, el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió $7,167,994, ya que ganó las elecciones con la candidatura de Nayib Bukele; en segundo lugar el partido Vamos recibió $109,005.75; el PDC recibió $43,149.75; el Partido Social Demócrata, $71,328.69; Arena recibió $182,920.61 y el PCN, $123,490.50. Desde entonces, Hacienda no ha divulgado los datos de deuda política detallada pagada a los partidos políticos.

  • Ratifican acuerdo que permitirá que una sola Asamblea reforme la Constitución

    Ratifican acuerdo que permitirá que una sola Asamblea reforme la Constitución

    Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el acuerdo de reforma al inciso segundo al artículo 248 de la Constitución salvadoreña, que le permitirá aprobar cualquier reforma constitucional en un solo paso, sin necesidad de que sea ratificada por una segunda legislatura.

    Hubo tres votos en contra: dos de Arena y uno de Vamos.

    «Solicito que estas piezas de correspondencias se aprueben oportunamente con dispensa de trámites», pidió el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.

    La agenda para introducir ambas iniciativas fue modificada con 57 votos y la dispensa de trámites también fue aprobada con 57 votos.

    Actualmente, una reforma constitucional debe ser aprobada por dos legislaturas, la primera aprueba un acuerdo de reforma constitucional que debe ser ratificada por una segunda legislatura.

    Pero, luego de la ratificación, cualquier reforma a la Constitución exigiría solo una votación de una sola legislatura, con tres cuartas partes de los votos, es decir, 45 de los 60 votos de la próxima legislatura. Nuevas Ideas y sus aliados tienen 57 votos.

    El presidente de la República, Nayib Bukele, pidió eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, lo que exige una reforma constitucional. El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó que pretendían ratificar la reforma para eliminar la deuda política.

    El artículo 248 que estamos ratificando es indispensable la ratificación para poder hacer la eliminación del artículo 210 en el cual reconoce la deuda política en nuestro país.

    Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    La gente sabe que ustedes no son transparentes, no rinden cuentas, ustedes crean leyes para su beneficio. Esta es la excusa para centralizar más poder.

    Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    Buscaron la excusa perfecta para poder trastocar la Constitución. Lo pudieron haber hecho el primer día del periodo pasado.

    Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    La reforma abre las puertas a cualquier modificación constitucional incluso antes de finalizar el actual periodo legislativo, en abril de 2027. Bukele fue reelecto en periodo continuo sin una reforma constitucional y con una resolución de la Sala de lo Constitucional nombrada por Nuevas Ideas. Sin embargo, el vicepresidente Félix Ulloa no ha descartado la aprobación de una reelección indefinida.

    Sin embargo, el artículo 248 siempre dirá: «No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».

    El decreto iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que podría ser aplicado por la actual legislatura 2024-2027.

    Artículo 248 de la Constitución actual:
    «Art. 248.- La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos.

    Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial.

    La reforma únicamente puede ser propuesta por los Diputados en un número no menor de diez.

    No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».

    Artículo 248 reformado:
    “La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos.

    Para que cada reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos.

    Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial.

    La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor a 10.

    No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

  • Suspensión de ayuda de EE.UU. es notificada a entidades en El Salvador

    Suspensión de ayuda de EE.UU. es notificada a entidades en El Salvador

    Los programas financiados a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado están suspendidos por 90 días mientras el gobierno norteamericano evalúa si estos hacen que «EE.UU. sea un país más seguro, más fuerte y más próspero».

    Un portavoz de USAID confirmó a Diario El Mundo la pausa en todos los programas y subvenciones que realiza en El Salvador, una suspensión anunciada el 26 de enero por el Departamento de Estado de EE.UU.

    «En este momento, para poder hacer una revisión exhaustiva, todos los programas y subvenciones sin una exención aprobada por el Secretario de Estado que utilicen fondos de asistencia extranjera están en pausa», informó el portavoz.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, tomó la decisión de suspender los programas mientras evalúan si los continúan financiando o los cancelan definitivamente.

    «Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos y cada política que aplicamos debe justificarse con la respuesta a tres preguntas sencillas: ¿Hace que Estados Unidos sea un país más seguro? ¿Hace que Estados Unidos sea más fuerte? ¿Hace que Estados Unidos sea más próspero?».
    Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

    En El Salvador, esta pausa ha implicado el recorte de personal o su evaluación en algunas organizaciones no gubernamentales.

    La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) no cierra, pero probablemente lo hagan si no logran obtener otras fuentes de financiamiento.

    «Probablemente en dos o tres semanas si no levantamos fondos, reducimos el 80-90 % de personal», detalló el presidente de Tracoda, Luis V. Villaherrera.

    El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, se limitó a responder que aún no han determinado el impacto de esta suspensión como organización.

    La primera nota de suspensión de la ayuda fue enviada por USAID a las implementadoras, entidades que canalizan el financiamiento a instituciones beneficiarias de programas o subvenciones. Posteriormente, el 27 de enero, las implementadoras comunicaron a los beneficiarios el paro de actividades relacionadas a los programas o subvenciones.

    El 26 de enero, el portavoz del secretario de Estado informó que, en cumplimiento de la «Orden ejecutiva del presidente Trump sobre la reevaluación y el reajuste de la ayuda exterior de los Estados Unidos», Rubio «ha suspendido toda la asistencia exterior estadounidense financiada por o a través del Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para su revisión».

    Ante la pregunta si la ayuda a El Salvador está suspendida efectivamente, un vocero de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador dijo que el presidente Trump «está revisando todos los programas de ayuda internacional para asegurar que estén alineados con los valores estadounidenses».

    La pausa también ya ha afectado las contrataciones de personal local en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) y la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA San Salvador), según fuentes.

    Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la pausa se debe a una «revisión de todos los programas de asistencia exterior», ya que aseguran que buscarán que estos «sean eficientes y coherentes con la política exterior estadounidense en el marco de la agenda de Estados Unidos primero», algo que calificaron de «imperativo moral».

    «El presidente Trump afirmó claramente que Estados Unidos ya no va a repartir dinero a ciegas sin ningún beneficio para el pueblo estadounidense». Vocero del Departamento de Estado de EE.UU.

    El vocero del Departamento de Estado aseveró que Rubio «se enorgullece de proteger la inversión de Estados Unidos con una revisión deliberada y juiciosa de cómo gastamos los dólares de asistencia extranjera en el extranjero».

    USAID tiene programas de ayuda a El Salvador desde enero de 1962. Posee programas de seguridad ciudadana, especialmente en colaboración con municipios, organizaciones comunitarias y empresas privadas en la creación de espacios públicos seguros; programas de mayor transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad; y financia también proyectos de ayuda alimentaria, mitigación de riesgos y ayuda a migrantes retornados.

    En mayo de 2021, la agencia USAID retiró la ayuda a El Salvador a instituciones salvadoreñas involucradas en la destitución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general en El Salvador del 1 de mayo de ese año, porque consideraron que «las instituciones democráticas, la transparencia del Gobierno y la protección de los derechos humanos son vitales para crear las condiciones para la prosperidad de El Salvador» y les preocupaba «gravemente las acciones de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo destituyendo los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al fiscal general» dijo en aquella ocasión Mileydi Guilarte, subadministradora adjunta de USAID para América Latina y El Caribe.

  • Temor entre salvadoreños en EEUU tras órdenes de Trump señalan organizaciones

    Temor entre salvadoreños en EEUU tras órdenes de Trump señalan organizaciones

    El director ejecutivo de El Rescate de Los Ángeles, Salvador Sanabria, relató que las principales preocupaciones de un grupo de salvadoreños y mexicanos que asistieron a un taller de conocimiento de derechos fueron qué hacer con sus propiedades y negocios, pero «principalmente cómo administrar la separación familiar» ante las inminentes deportaciones, tras las órdenes ejecutivas de Donald Trump.

    El también presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami) sostuvo que ha habido una «campaña de terror» ante lo cual recomendó a los salvadoreños elaborar un plan de emergencia y conocer sus derechos constitucionales. La campaña de Trump, consideró, ha sido «de terror» porque ha tenido un discurso «xenobófico, racista, antimigrante» y de criminalización de comunidades que trabajan en los Estados Unidos para sostener a sus familias.

    Él no tiene dudas de las órdenes ejecutivas de Trump pero tampoco dice tener dudas de que tienen «aspectos inconstitucionales» que están siendo desafiados; concretamente, mencionó las enmiendas cuarta, quinta y décimo cuarta de la Constitución de los Estados Unidos.

    El espíritu de esos funcionarios que ha nombrado el señor Trump es muy grande, sin embargo, la realidad es otra. El presupuesto que tienen las agencias que están participando en esta campaña de temor en nuestra comunidad migrante en los EE.UU. es limitado y, por lo tanto, su capacidad para la deportación de los millones que quiere el señor Trump está por verse.
    Salvador Sanabria, presidente de Insami.

    Pese a esta campaña de temor, el líder de la organización migratoria no cree que se cumplan las metas ambiciosas de deportación que Trump porque el presupuesto se queda corto. «El señor Trump en los cuatro años que estuvo no pudo superar al que tiene el trofeo de 'deportador' en jefe en Estados Unidos, el señor (Barack) Obama», observó.

    La cuarta enmienda de la Constitución de EE.UU. establece el derecho de sus habitantes a mantenerse a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias. La quinta enmienda establece que ninguna persona será privada de libertad sin el debido proceso legal, aplicada al gobierno federal. La 14a. enmienda establece que toda persona nacida o naturalizada en EE.UU. es ciudadana de EE.UU. y del estado en que resida.

    Los salvadoreños más vulnerables

    Ante las órdenes ejecutivas de Trump, los grupos de salvadoreños vulnerables a una amenaza de deportación son variados.

    El presidente de Insami explicó que hay tres grupos de mayor riesgo:

    1. Salvadoreños amparados bajo el «parole humanitario» que les permitía solicitar asilo mediante la aplicación CBP One antes de que se cumpliera un año de haber ingresado a Estados Unidos.
    2. Salvadoreños que no se hayan presentado a la primera audiencia para ventilar su petición de asilo ante un juez de migración.
    3. Salvadoreños que nunca aplicaron a ningún alivio migratorio temporal o permanente.

    «La clase de salvadoreños que están en la peor situación son aquellos que entraron a este país, que nunca aplicaron para ningún alivio migratorio temporal o permanente y que, en este momento, laboran en las sombras, bajo el radar, que podrían ser interrogados o detenidos en un retén y, al ser interrogados sobre su situación migratoria, pueden ser objeto de remoción hacia su lugar de origen».
    Salvador Sanabria, director de El Rescate de Los Ángeles.

    Sin embargo, afirmó que hay otros grupos que son considerados vulnerables pese a que aún están amparados bajo programas específicos: más de 150,000 salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) por ser un alivio que depende del Poder Ejecutivo, menos de 10,000 salvadoreños amparados en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

    La preocupación de los tepesianos

    El coordinador de la Alianza Nacional TPS, José Palma, también ha detectado preocupación en la comunidad tepesiana porque, aunque este programa tiene una vigencia de 18 meses, se enfrentan ante la incertidumbre de qué hará Trump con este y saben que podría cancelarlo porque lo tiene «en la mira». «Es un presidente difícil de saber lo que él va a hacer», advirtió.

    El 10 de enero pasado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos extendió por 18 meses los permisos del programa de TPS para El Salvador, del 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026.

    «La preocupación de muchas personas con TPS es que, aún implementando esta extensión, solamente dura por los próximos 18 meses y la pregunta es qué va a hacer el presidente Trump, si va a cancelar el TPS o si lo va a extender».

    Las expectativas, reveló, «no son muy altas» pero llamó a no perder esperanza, a organizarse para que conocer los derechos y «aprender maneras de cómo poder preparar en un caso que se llegara a terminar el TPS». Pero lo inmediato, advirtió, es registrarse urgentemente al TPS para lo cual hay un periodo de 60 días.

    Trump firmó desde el 20 de enero varias órdenes ejecutivas contra la migración irregular, suspendiendo la entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos en cualquier circunstancia y canceló la aplicación móvil CBP One que permitió, según WOLA, a 936,500 solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada de Estados Unidos.

    Inmigrantes guatemaltecos deportados se bajaron de un avión militar estadounidense en la Base de la Fuerza Aérea de Guatemala. / AFP/Instituto Guatemalteco de Migración.

  • No están respetando el derecho de apelación en deportaciones de EEUU: Insami

    No están respetando el derecho de apelación en deportaciones de EEUU: Insami

    El director ejecutivo de El Rescate de Los Ángeles y presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), Salvador Sanabria, consideró que no se está cumpliendo el derecho de los migrantes con órdenes de deportación a interponer su correspondiente apelación.

    El experto detalló que, si una persona tiene orden de remoción, por cualquier razón, y es arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, es llevado a un centro de detención y procesamiento.

    Explicó que algunos centros de detención y procesamiento son administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros son administrados por contratistas que trabajan para ICE.

    «En esas horas de detención, la persona aún tiene derechos constitucionales y puede solicitar, con la ayuda de un abogado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia, el ser representado ante un juez de inmigración para apelar a que no sea deportado», relató a Diario El Mundo.

    Sin embargo, aseveró que este derecho no se está cumpliendo. «Ellos están obviando ese proceso» para realizar una deportación expedita.

    «Sin embargo, la realidad actual es que, si usted tiene la mala suerte de caer en esa redada, ellos están obviando ese proceso y expeditando su remoción».
    Salvador Sanabria (Insami).

    El especialista sostuvo que eso vieron en las deportaciones a Guatemala. El viernes, fueron deportados de Estados Unidos 79 guatemaltecos en un avión militar según el Instituto Guatemalteco de Migración luego de que el gobierno de Estados Unidos confirmara la detención de los primeros 538 «inmigrantes ilegales» el jueves.

    Desde el inicio de su gobierno, Trump firmó varias órdenes ejecutivas que declaran emergencia en la frontera de Estados Unidos, impiden la entrada de personas indocumentadas con el argumento de que ocurre una invasión y encarga la integridad territorial al Comando Norte de Estados Unidos.

    Según el sitio gubernamental USAGov, los extranjeros que no pasaron un control migratorio al entrar al país pueden ser deportados rápidamente en lugar de tener una audiencia en el tribunal o corte de inmigración, en donde un juez examina el caso y la orden de deportación. El migrante puede apelar la orden de deportación y, si cree que sus derechos civiles no se respetaron, puede presentar además una queja al Departamento de Seguridad Nacional.

  • Congresista dice que, si Venezuela no recibe a miembros del Tren de Aragua, "los va a recibir Bukele"

    Congresista dice que, si Venezuela no recibe a miembros del Tren de Aragua, «los va a recibir Bukele»

    La congresista republicana María Elvira Salazar, integrante del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, aseguró este lunes que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibiría a miembros de las pandillas «Tren de Aragua» si no los recibe Venezuela.

    «Yo en realidad no sé qué es lo que Maduro va a ser pero yo sé que Trump, si no envía a los del Tren de Aragua, si no nos acepta Caracas, los va a recibir Bukele, estoy segura porque tengo información y conocimiento que eso va a ser así», en declaraciones publicadas por la periodista Carla Angola a las 3:46 de la tarde.

    A manera de explicación, Salazar agregó: «Bukele sabe lidiar con gangueros, con criminales y con bandidos; y las cárceles de Bukele son bien grandes».

    Luego, la funcionaria estadounidense reiteró que Estados Unidos no quiere tener a miembros del Tren de Aragua.

    «Los del Tren de Aragua, que no tienen nada qué hacer aquí, lo que hay que sacarlos a patadas, porque hay que entender que el peor daño que le pudo hacer a esta comunidad fue Biden en esos cuatro años», dijo, en referencia a la administración de Joe Biden que entregó el poder a Trump el 20 de enero.

    La funcionaria propuso sacar «al Tren de Aragua pero no toquen a la señora Rosa que lleva 22 años limpiando los inodoros en Manhattan, que tiene tres hijos americanos pero que nunca ha cometido un crimen, pero al Tren de Aragua, que lo saquen a patadas».

    Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no se ha referido al tema desde la publicación de CBS el domingo sobre el análisis de un acuerdo de asilo.

    Sin embargo, este lunes escribió en X que «la oposición local se cree cualquier cosa y comienza a especular y a generar ataques basados en eso que se creyeron». «Y vuelven a quedar como estúpidos. ¿Cuántas veces más van a caer?», dijo, sin referirse a la crítica opositora que había recibido.

    El presidente de Estados Unidos ha emitido desde el 20 de enero órdenes ejecutivas de cierre de fronteras y de remoción o deportación de migrantes irregulares argumentando que hay una invasión en los Estados Unidos.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un inicio dijo rechazar las deportaciones en aviones militares, pero luego cedió después de que el presidente estadounidense lo amenazara con aranceles y supresión de visas.