Autor: Yolanda Magaña

  • Cambia el ranking 2025 de países con migración irregular encontrada en EEUU

    Cambia el ranking 2025 de países con migración irregular encontrada en EEUU

    México y Venezuela siguen ocupando los primeros dos lugares en el ranking de los países con mayor cantidad de migrantes atrapados en los Estados Unidos según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

    Sin embargo, China y Canadá suben a tercer y cuarto lugar del ranking, Guatemala mantiene el quinto lugar, Filipinas e India suben a sexto y séptimo lugar. Los lugares octavo, noveno y décimo son ocupados por Honduras, Cuba y Colombia.

    Los 10 países con mayor cantidad de migrantes atrapados en el primer trimestre de 2025 son: 37,825 migrantes de México, 12,659 de Venezuela, 8,448 de China, 8,337 de Canadá, 7,577 de Guatemala, 7,325 de Filipinas, 6,748 de India, 6,706 de Honduras, 6,577 de Cuba y 4,226 de Colombia.

    El Salvador sube al undécimo lugar, con 2,647. Bajo El Salvador, se encuentran Ecuador, Rusia, Haití, Ucrania, Perú, Brasil, Birmania, Turquía, Nicaragua y Rumanía.

    El segundo ranking, que compara la tasa de migración irregular encontrada por cada 100,000 habitantes del país de origen, también ha sufrido cambios en este primer trimestre de 2025.

    El ranking por tasa de migración es liderado por Honduras, seguido de Cuba, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México, Canadá, Ecuador, Haití y Colombia; y El Salvador sube del séptimo al quinto lugar.

    En el primer trimestre del año 2025, influenciados por la política antimigrante de Donald Trump, el flujo migratorio reportado por la CBP ha caído sensiblemente.

    El año 2025 inició con una disminución de la migración irregular de todas las nacionalidades del 34 % en enero, con 81,792 migrantes respecto a 124,734 de diciembre de 2024. Las detenciones cayeron en febrero un 65 % a 28,654, aunque han subido levemente a 29,065 migrantes en marzo. Estas cifras son las reportadas por la CBP en todo el territorio estadounidense, no solo en la frontera sur.

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  • ASA declara zona de protección acuífera La Montañona en Chalatenango

    ASA declara zona de protección acuífera La Montañona en Chalatenango

    La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) declaró “zona de protección acuífera” el área denominada “La Montañona” compuesta por 43.2 kilómetros cuadrados en los distritos de Chalatenango, Concepción Quezaltepeque, Comalapa, La Laguna, El Carrizal, Ojo de Agua y Las Vueltas.

    El acuerdo inició su vigencia el mismo día de publicación en el Diario Oficial del 22 de abril y fue aprobado el 9 de abril de 2025 por la junta directiva de la ASA presidida por Ethel Elizabeth Cabrera de Valdez.

    ¿Qué implica la declaratoria?

    La declaratoria establece que la ASA implementará acciones para proteger el recurso hídrico en la zona, como elaborar un inventario de la calidad de agua en manantiales y pozos, con análisis de metales, plaguicidas, fertilizantes y agentes microbiológicos, adoptar prácticas agroecológicas, propiciar uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos.

    Pero también faculta a la ASA a “restringir y/o controlar estrictamente cualquier actividad, obra o proyecto que por su interrelación pueda afectar negativamente la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas”.

    El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) incluye el área Alotepeque-La Montañona en el listado de áreas de conservación de El Salvador con una superficie de 48,359 hectáreas y la considera como una zona de recarga y producción hídrica como parte de la cuenca alta del río Lempa.

    Según un estudio sobre racionalización del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del 3 de febrero de 2011, en el área Alotepeque-La Montañona hay áreas de nacimiento de agua con “una adecuada distribución de agua potable y posibilidades de riego de cultivos intensivos” pero en donde “la población ubicada en las zonas de recarga” carece de su “adecuada disposición”.

  • Presidente del Tribunal de Servicio Civil busca la reelección

    Presidente del Tribunal de Servicio Civil busca la reelección

    El presidente del Tribunal de Servicio Civil, Franklin Josué Nolasco Morales, es uno de los cuatro aspirantes a ocupar nuevamente el cargo durante el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

    Nolasco Morales fue nombrado presidente del TSC el 29 de junio de 2022 y concluye su periodo el próximo 27 de junio. Fue nombrado gerente de operaciones legislativas de la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo de 2021, el primer día de la legislatura dominada por Nuevas Ideas en el cual destituyeron a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.

    Los otros candidatos son William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Darwin Peña Rivera. Será estudiado en Comisión Política, que no ha sido convocada para la próxima semana.

    El TSC está compuesto por tres miembros, uno nombrado por la Asamblea Legislativa, quien lo preside, otro por el Órgano Ejecutivo en el Consejo de Ministros y otro por la Corte Suprema de Justicia.

    Además de Nolasco Morales, presentaron su atestados para participar en la selección William Vladimir Álvarez Flores, quien presentó su solicitud el 23 de abril; y Ernesto Adalid Corea Barraza y Selvin Max Darwin Peña Rivera, quienes presentaron sus solicitudes el 25 de abril.

    El proceso para elegir nuevamente al presidente del TSC inició formalmente el 9 de abril pasado con votos de todos los partidos.

    El TSC es la institución encargada de resolver los recursos contra resoluciones emitidas por las comisiones de servicio civil que en las instituciones del Estado forman el escalafón de funcionarios, seleccionan candidatos a la carrera administrativa y conocen las amonestaciones a funcionarios y empleados públicos.

    Franklin Nolasco, quien aspira a la reelección como presidente del Tribunal de Servicio Civil, junto al presidente legislativo, Ernesto Castro. / DEM.

  • Bandesal y FSV piden aprobar garantías crediticias por $240 millones para empresas y viviendas sociales

    Bandesal y FSV piden aprobar garantías crediticias por $240 millones para empresas y viviendas sociales

    El u003Cstrongu003EMinisterio de Haciendau003C/strongu003E ha solicitado a la Asamblea Legislativa que le apruebe garantías estatales para tres préstamos que u003Cstrongu003Esuman $240 millonesu003C/strongu003E y que servirían para apoyar a las u003Cstrongu003Emicro, pequeñas y medianas empresas (mipyme)u003C/strongu003E y u003Cstrongu003Eviviendas sociales financiadas por el Fondo Social para la Vivienda (FSV)u003C/strongu003E.nnEl Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) necesita que el Estado sea el garante para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le pueda prestar u003Cstrongu003E$130 millonesu003C/strongu003E para el transformación tecnológica y digital de las mipyme.nnEl programa se denomina «Programa de Apoyo a la u003Cstrongu003ETransformación Tecnológica y Digitalu003C/strongu003E de mipyme en El Salvador». La Asamblea Legislativa ya autorizó el contrato de garantía soberana, el 12 de febrero de 2025, por lo que la votación solicitada sería una ratificación o aprobación, por lo que el contrato de garantía fue firmado el 10 de abril pasado.nnBandesal también requiere la aprobación del contrato de garantía, firmado también el 10 de abril pasado con el BID, por u003Cstrongu003E$60 millonesu003C/strongu003E para el «Programa de financiamiento para la u003Cstrongu003Eeficiencia energética y energías renovablesu003C/strongu003E en las mipyme salvadoreñas», cuyo contrato de crédito fue firmado el 2 de abril. La autorización para suscribir el contrato de garantía crediticia fue aprobado el 12 de febrero pasado.nnEn tercer lugar, Hacienda estu00e1 solicitando la aprobación de un segundo contrato de garantía crediticia por un monto de $50 millones que seru00e1n utilizados para el «Programa de financiamiento para u003Cstrongu003Evivienda social, inclusiva y sostenibleu003C/strongu003E». El contrato de garantía fue suscrito el 2 de abril y su firma fue autorizada por la Asamblea Legislativa el pasado 12 de febrero. El financiamiento también seru00e1 proveído por el BID.nnCon estas aprobaciones, Bandesal tendría asegurados un financiamiento total de $190 millones que servirían para otorgar financiamiento a empresas micro, pequeñas y medianas, con el fin de ayudarles a la eficiencia energética y a su transformación digital. Las aprobaciones de los préstamos asumidos por Bandesal no pasan por la Asamblea Legislativa.nnDurante el año 2024, u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/asamblea-aprobo-5850-millones-en-deuda-y-garantias-durante-2024″u003Ela Asamblea Legislativa aprobó un total de $5,850 millones préstamosu003C/au003E para el Gobierno, garantías estatales crediticias para instituciones autónomas y autorizaciones de títulos valores.

  • Incorporarán $30 millones para bandas de equipaje en el Aeropuerto Internacional

    Incorporarán $30 millones para bandas de equipaje en el Aeropuerto Internacional

    El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa la incorporación de $30 millones obtenidos a través de titularización para construir y equipar el área de bandas de equipaje en el edificio de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez».

    La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) diseña tres proyectos de ampliación en el Aeropuerto, entre las cuales se incluye una terminal de banda de equipaje y permitir un flujo más rápido de pasajeros que vayan llegando a El Salvador, ya que cada año la demanda aumenta un 30 %.

    Los fondos serían incorporados en la Ley general de presupuesto del Estado 2025. La solicitud de reforma será estudiada por la Comisión de Hacienda, que se reunirá el próximo lunes 5 de mayo.

    El gobierno argumentó que debido al incremento de la demanda en el Aeropuerto se generó la necesidad de ampliar su capacidad instalada en áreas de retiro de equipaje.

    Según la solicitud, también se construirán «calles de acceso a la terminal», «bandas transportadoras que faciliten la fluidez y tiempos de espera en ese proceso», con el fin de «descongestionar» el área.

    Con los fondos también atenderían «proyecciones futuras con nuevas ampliaciones de la terminal que implicará la construcción de seis nuevas salas de espera» y la «proyección del aumento de pasajeros» que arriban a El Salvador.

    Los fondos provienen de deuda a través de la colocación de títulos según un plan presentado por Hencorp Valores Limitada, por $30 millones, dice el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, en su solicitud, que presenta una tasa de interés del 8.25 % anual, con un plazo de 7 años y 2 años de gracia.

    Del total de fondos, un total de $2,825,628 servirá para pago de intereses de la deuda y $27,174,372 para activos fijos.

  • Gobierno pide prórroga de un año a ley de estabilización de precios del gas licuado

    Gobierno pide prórroga de un año a ley de estabilización de precios del gas licuado

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, envió el martes a la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto para prorrogar nuevamente la Ley especial y transitoria para la estabilización de los precios de gas licuado de petróleo, con la cual se busca implementar una especie de subsidio nacional por la compra de cada cilindro de gas.

    La prórroga se aprobaría hasta el 31 de mayo de 2026.

    El decreto fue aprobado originalmente el 13 de junio de 2023 para dar un subsidio temporal mediante transferencias a las empresas envasadoras del GLP que comercializan el producto en cilindros portátiles, para contrarrestar la fluctuación de precio internacional de hidrocarburos.

    “Se ha advertido que los motivos y condiciones que originaron la emisión en su oportunidad siguen afectando e impactando negativamente a la economía de las familias salvadoreñas y agentes económicos en todo el territorio nacional”. Jerson Posada, ministro de Hacienda.

    El decreto faculta al Ministerio de Hacienda para disponer de los recursos necesarios para transferir el subsidio a las envasadoras.

    Además de este mecanismo de estabilización del precio del GLP, se aplica un subsidio focalizado que beneficia a un millón de hogares y negocios de subsistencia en preparación de alimentos. Para solicitar el subsidio focalizado, el interesado puede presentar su DUI vigente y legible, fotocopia del recibo de energía eléctrica del mes y número de DUI de los miembros del hogar.

    La propuesta de prórroga pasó a estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, que se reunirá este viernes 2 de mayo a las 9:00 de la mañana.

  • Más de 85,900 capturas en régimen de excepción hasta abril registra el gobierno

    Más de 85,900 capturas en régimen de excepción hasta abril registra el gobierno

    Más de 85,900 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, todos señalados de ser “terroristas” por el Gobierno, manifestó el Ministerio de Justicia y Seguridad en una sesión del Consejo de Ministros desarrollada el pasado 25 de abril, al solicitar la 38ª prórroga del régimen de excepción.

    Durante el régimen de excepción, iniciado el 27 de marzo de 2022, el gobierno cuenta 890 sin homicidios.

    El Ministerio solicitó la prórroga de la suspensión de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República para “continuar las actividades operativas de seguridad”.

    Los derechos suspendidos se refieren al derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.

    Para argumentar la necesidad de prorrogar el régimen de excepción, el Ministerio indicó al Consejo de Ministros que aún persisten “grupos terroristas” y que han detectado el “ingreso de menores de edad a las pandillas, a quienes se les ha dado lineamientos de reconfigurar esos grupos delictivos, adoptando niveles y mandos para dirigir los delitos de estos grupos en las calles y estableciendo misiones a sus miembros”.

    A ello se suman las capturas de personas en Estados Unidos, México, Panamá y Guatemala con “operaciones articuladas” y trabajo de inteligencia según el Ministerio.

    “Las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,900 terroristas, ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción… Es necesario contar con los medios que permitan mejorar la capacidad policial y de las instituciones que coadyuvan en las labores de seguridad pública a través del régimen de excepción”, indicó.

    El gobierno ya no mencionó la detección de mujeres que habían “adoptado posiciones de mando” en las pandillas según la solicitud de la 37ª prórroga del régimen de excepción. “Es importante destacar que en la actualidad se desarrollan acciones a través de mujeres vinculadas a la organización, quienes han adoptado posiciones de mando, orientadas a darle continuidad al accionar criminal de estas estructuras”, indicaba el documento enviado por el Ministerio de Justicia y Seguridad a la Asamblea.

    El régimen de excepción cumplió tres años el 27 de marzo de 2025. Las organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la asociación Cristosal registran más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la medida de seguridad, como la captura de personas inocentes o de manera arbitraria, la tortura en las cárceles y la muerte de detenidos bajo custodia estatal.

  • Esto dice la reforma que amplió el monto exento del Impuesto sobre la Renta

    Esto dice la reforma que amplió el monto exento del Impuesto sobre la Renta

    La Ley de Impuesto sobre la Renta de El Salvador tendrá una renta imponible exenta de hasta $6,600 anuales, equivalentes a ingresos o salarios de hasta $550 mensuales, luego de la reforma aprobada el 30 de abril de 2025 por la Asamblea Legislativa.

    Según la lectura del decreto realizada por la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, «el presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial».

    La tabla aprobada se aprobó mediante la reforma al inciso primero del artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que calcula dicho impuesto para las personas naturales, sucesiones y fideicomisos.

    Según la tabla incluida en la reforma, así se aplicará el impuesto según las rentas, salarios o ingresos recibidos:

    1. Si recibe de $0.01 hasta $6,600 anuales ($550 mensuales), queda exento del pago del Impuesto sobre la Renta.

    2. Si recibe de $6,600.01 hasta $9,142.86 anuales, se aplicará un 10 % sobre el exceso de $6,600, más una cuota fija de $212.12.

    3. De $9,142.87 hasta $22,857.14 anuales, se aplica un 20 % sobre el exceso de $9,142.86, más una cuota fija de $720. Este tramo no presenta un cambio.

    4. De $22,857.15 anuales en adelante, se aplica un 30 % sobre el exceso de $22,857.14 más una cuota fija de $3,462.86. Este tramo no presenta un cambio.

    La tabla leída por la diputada Elisa Rosales y aprobada en la sesión plenaria del 30 de abril de 2025.

    En la ley anterior, se establecía una renta exenta de hasta $4,064 anuales en un primer tramo y un impuesto del 10 % sobre el exceso de $4,064 más una cuota fija de $212.12. En la ley anterior, los tramos tercero y cuarto son idénticos a los incluidos en la reforma.

    Tablas de retención

    En las tablas de retención del Impuesto sobre la Renta reguladas en el decreto ejecutivo 95 del 18 de diciembre de 2015 –vigente desde 2016– se establece que no se retendrá el impuesto a remuneraciones de hasta $472 mensuales.

    El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, explicó que actualmente está exento un ingreso mensual de $472.

    Según la tabla del decreto 95 no sufre retención la renta por hasta $5,664 anuales, pero sí las remuneraciones gravadas de $5,664.01 a $10,742.86, un 10 % sobre el exceso de $5,664 más cuota fija de $212.12. También, de $10,742.87 a $24,457.14, se aplica un 20 % sobre el exceso de $10,742.86 más $720. Y para rentas desde $24,457.15 en adelante, la retención es del 30 % sobre el exceso de $24,457.14 más una cuota fija de $3,462.86.

    Las tablas de retención son reguladas por decreto ejecutivo según el artículo 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que las porciones a retenerse en dichas tablas deben guardar consonancia con lo dispuesto al artículo 37 de la ley.

  • Asamblea amplía exención de renta a ingresos por hasta $550 mensuales

    Asamblea amplía exención de renta a ingresos por hasta $550 mensuales

    La Asamblea Legislativa reformó este jueves el artículo 37 de la Ley de Impuesto sobre la Renta declarando exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los salarios de hasta $6,600 anuales, equivalentes a $550 mensuales.

    La reforma fue aprobada con 57 votos a favor. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

    El decreto facultó al Ministerio de Hacienda a emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones, guías o cualquier acto administrativa para «garantizar una correcta y adecuada aplicación de lo dispuesto en este decreto».

    La propuesta fue enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, y recibida el martes 29 de abril a las 5:00 de la tarde por la Asamblea Legislativa.

    Según la carta del ministro de Hacienda, el propósito de la reforma «está orientado a mantener el carácter directo y progresivo del referido tributo adecuando el contenido de la tabla del cálculo del impuesto sobre la renta» y «estableciendo una nueva base exenta».

    El funcionario sostuvo que la reforma beneficiará a «aquel sector de personas cuyos ingresos se encuentran próximos a los montos que constituyen la actual base exenta del pago del impuesto».

    En el decreto, el gobierno argumenta que la «actual base exenta» del ISR «se ha mantenido invariable desde el año 2011» pero que es necesario «beneficiar a aquel sector de personas cuyos ingresos se encuentran próximos a los montos que constituyen la actual base exenta del pago del impuesto».

    El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, aseguró que actualmente está exento un ingreso de hasta $472 mensuales. La reforma, dijo, beneficiará a más de 100,000 familias. Agregó que su aplicación será obligatoria y quienes no apliquen la normativa serán sancionados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda. Se pretende, indicó, aumentar el poder adquisitivo de los salvadoreños.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que la reforma «no está pensada para este ejercicio fiscal» y cuestionó «la prisa» por aprobar la reforma. Propuso analizar si el techo propuesto de $550 es adecuado o podría ser mayor, disponiendo de los documentos técnicos que sustentan la propuesta.

    Aunque la Ley del Impuesto sobre la Renta incluye una renta exenta de hasta $4,064 anuales ($338.67 mensuales) según la reforma del decreto 957 del 14 de diciembre de 2011 –mencionado en los considerandos de la aprobación realizada este miércoles– el Órgano Ejecutivo emitió el decreto 95 del 18 de diciembre de 2015, en el cual se establece un monto de hasta $472 mensuales exentos de retención o $5,664 anuales.

  • Incorporan $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): tendrá 90 plazas

    Incorporan $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): tendrá 90 plazas

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma presupuestaria para inyectarle $12 millones provenientes del Fondo General a la nueva Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), creada con la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, vigente desde el 23 de noviembre de 2024.

    Del total de fondos, la mayoría servirá para invertir en activos fijos, un total de $9 millones, el resto será para remuneraciones y bienes y servicios.

    La institución tendrá un total de 90 plazas: el director, 12 empleados como personal ejecutivo, 67 técnicos, 5 administrativos y 5 empleados del área de servicios. Para las plazas, habrá una erogación de $1,929,600.

    La reforma presupuestaria fue aprobada con 57 votos a favor. Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, votaron en contra.

    Plazas y planilla de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)

    Personal de gobierno: 1 plaza. Erogación: $54,000

    Ejecutivo: 12 plazas. Erogación: $486,000

    Técnico: 67 plazas. Erogación: $1,299,600

    Administrativo: 5 plazas. Erogación: $54,000.

    Servicio: 5 plazas. Erogación: $36,000

    Total: 90 plazas. Erogación para pago de personal: $1,929,600

    Los $12 millones estarán distribuidos así:

    1. Dirección y Administración: $714,410, todo para remuneraciones.

    2. Regulación de la ciberseguridad de la nación: $11,285,590.
    -Remuneraciones: $1,668,590
    -Adquisiciones de bienes y servicios: $600,000
    -Gastos financieros: $17,000
    -Activos fijos: $9,000,000

    La agencia ACE dictará políticas de protección de datos personales y su director será nombrado por el presidente de la República; mientras, el director de la ACE nombrará a un director de Protección de Datos Personales, que podrá sancionar las infracciones a esta normativa.

    La ACE está facultada a requerir información a las entidades del Estado de incidentes de ciberseguridad, sancionar a «sujetos obligados», tener un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad, sancionar a sujetos obligados –empleados o funcionarios de instituciones públicas– y calificar a “operadores de infraestructuras críticas” con el aval del presidente de la República.

    Puede leer: Vigentes leyes de datos personales y ciberseguridad: organizaciones temen por libertad de expresión

    La nueva ley contempla sanciones hasta la destitución e inhabilitación por 10 años, además de multas entre uno y 10 salarios mínimos para infracciones leves; 11 a 50 salarios mínimos para infracciones graves; y entre 51 y 100 salarios mínimos para infracciones muy graves.

    Entre las infracciones posibles están incumplir lineamientos de ciberseguridad y seguridad de la información por negligencia, impedir labores de ciberseguridad o presentar información incompleta, inexacta o errónea a la ACE.