Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Hacienda ha solicitado incorporar los primeros $24 millones de los $350 millones que debe erogar durante 20 años para la conservación, la seguridad hídrica y restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, como fruto del canje de deuda impulsado por el gobierno de EE.UU. durante la administración Biden.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pidió al Congreso salvadoreño que le apruebe una reforma presupuestaria para incorporar $24 millones en el presupuesto general del Estado de 2025.

El gobierno salvadoreño tiene el compromiso con Estados Unidos de realizar aportes graduales para financiar un programa ambiental, con un monto de $17.5 millones anuales entre los años 2026 y 2044, y de $24 millones en 2025, distribuidos así: $12 millones en abril de 2025 y $12 millones en octubre de 2025.

Los diputados de la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto se reúnen el martes 22 de abril.

El fondeo para el ambicioso proyecto ambiental resultó del refinanciamiento de $1,000 millones a El Salvador aprobado en octubre de 2024 por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co., como parte del acuerdo con la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) que, aportando la garantía, logró amarrar el ahorro en intereses al proyecto ambiental.

La DFC proporcionó un seguro de riesgo político (PRI) para que la operación pudiera ser posible.

El programa tenía una junta directiva conformada por siete miembros, que incluía un representante del gobierno salvadoreño, uno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cinco representantes gubernamentales. Los proyectos que EE.UU. mantiene de la USAID han sido asumidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos según ha asegurado el secretario estadounidense Marco Rubio.

El programa de conservación y restauración del río Lempa será liderado por el gobierno de El Salvador, junto al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y el Catholic Relief Services (CRS). En la primera fase, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizará un diagnóstico con las comunidades.

Sin embargo, en el acuerdo el gobierno se comprometió a establecer una entidad para supervisar la restauración de la cuenca, aprobar un Plan Nacional de Recursos Hídricos Integrados, un sistema de monitoreo, un mecanismo de retroalimentación pública y quejas por violaciones a la Ley nacional de recursos hídricos y la Ley general de medio ambiente, desarrollar estándares para calcular los costos de agua potable y saneamiento y declarar 75,000 hectáreas de zonas de recarga de acuíferos para el año 2044.

En una entrevista con Donald Trump Jr., el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que una de las primeras peticiones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, al aceptar recibir a pandilleros del Tren de Aragua en las cárceles de El Salvador, fue que Estados Unidos envíe también a «sicarios de la MS-13» porque son buscados también por crímenes en territorio salvadoreño.

Rubio recordó que se reunió con el presidente salvadoreño y aseguró que lo conoce desde «hace mucho tiempo», reiterando lo considera un presidente proestadounidense y reiterando que el 14 de abril lo tendrán de visita en la Oficina Oval del presidente Donald Trump, en Washington, Estados Unidos.

Luego recordó así la negociación con presidente salvadoreño:

Y estuvo de acuerdo; dijo, miren, he construido estas cárceles y albergaré gente aquí. Primero, quiere a sus sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos, porque también son buscados por delitos en El Salvador.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, había dicho el 4 de febrero que el presidente Bukele había pedido deportar a los cabecillas de las pandillas que están en Estados Unidos y que fue un «tema de honor».

Según el relato de Rubio, Bukele también se manifestó «dispuesto a detener a miembros» de la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada como grupo terrorista por Trump desde el 20 de enero de 2025.

El funcionario estadounidense explicó que tuvieron que buscar un lugar para enviar a los miembros del Tren de Aragua porque «Venezuela no los aceptaba» y que Bukele «tiene el lugar perfecto», el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), ubicado en el distrito de Tecoluca, del municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente.

Venezuela no los aceptaba, así que tuvimos que encontrar un lugar donde enviarlos, y él tiene el lugar perfecto. Hicimos un trato con él a principios de febrero, y esta fue la forma en que se ejecutó. Estamos muy agradecidos.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

En rechazo al fallo judicial que buscaba que solicitaran al presidente Nayib Bukele que «ahora deben repatriar» a los venezolanos, expresó: «No podemos vivir en un país, no es constitucional, donde los jueces dirigen la política exterior de Estados Unidos».

El 16 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua y 23 miembros de la pandilla MS-13, incluido el cabecilla César Antonio López Larios, alias El Greñas; además, el 31 de marzo, deportó otros 17, entre miembros del Tren de Aragua y MS-13.

Según El Faro, hasta marzo de 2024, la justicia estadounidense solo había logrado capturar a seis de 27 cabecillas de la MS-13 acusados por el FBI de terrorismo en un proceso iniciado en 2020 en la Corte Este de Nueva York, otros 17 se encontraban en El Salvador y 4 se encontraban prófugos.

Se desconoce si los cabecillas de la MS-13 deportados a El Salvador quedarían con procesos penales o penas de prisión pendientes en los Estados Unidos.

La asociación Cristosal informó ayer que, de 94 casos de deportados de Estados Unidos a El Salvador, registrados mediante un formulario habilitado en línea llenado por los familiares, el 78 % tenía un trabajo cuando fue detenido y el 47 % tenía asilo.

Mientras, detalló que el 87 % de los registrados tiene tatuajes, al 48 % se le acusa de un delito o pertenecer al Tren de Aragua y solo el 13 % posee antecedentes penales, según información proveída por los familiares o allegados de las personas deportadas a Cristosal.

El secretario Rubio no detalló cuántos venezolanos y salvadoreños deportados están condenados, procesados por delitos o fueron deportados por razones migratorias pero señaló, si se mira «los antecedentes penales de algunas de estas personas», este «es uno de los peores grupos de seres humanos» que él ha visto en su vida.

El Consejo Directivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial) podrá comprometer o titularizar sus ingresos futuros sin un límite definido por ley, ya que será su Consejo Directivo el que deberá autorizar dicho nivel.

Este martes, la Asamblea Legislativa reformó la Ley del Fovial con dispensa de trámites a solicitud de Nuevas Ideas. La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y Arena no votó.

Concretamente, reformó el artículo 21 para introducirle una nueva atribución, número 21, al Consejo Directivo del Fovial: podrá “autorizar el nivel de ingresos que se podrá comprometer para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras”.

Una segunda reforma clave para que la nueva atribución del Fovial fue la supresión del artículo 28-A, que permitía comprometer hasta el 50 % de los ingresos del Fovial, este límite había sido únicamente inaplicado en la autorización legislativa al Fovial, del 7 de noviembre de 2023, para emitir hasta $1,000 millones de deuda.

Así, el artículo 28-A, que había sido incorporado en la reforma del 20 de julio de 2021 y que permitía al Fovial “comprometer hasta el 50 % de sus ingresos anuales para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras”, fue derogado.

La reforma aprobada ayer fue solicitada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, quien argumentó que se busca “optimizar la obtención de recursos indispensables”.

La misma reforma amplía el destino de la inversiones del Fovial a proyectos de transporte y movilidad urbana, componentes electromecánicos y sistemas integrados de transporte, y no solo a mejoramiento vial.

Deudas del Fovial

Aunque su principal financiamiento proviene de un cargo de $0.20 a cada galón de combustible que compran los automovilistas, el Fovial ha adquirido deudas.

En el año 2024, el Fovial tuvo un presupuesto de $207.8 millones –que fueron ejecutados en un 100 %– con $114.76 millones provenientes del cargo al combustible.

Durante el mismo año 2024, la Asamblea Legislativa ha aprobado dos garantías soberanas para dos préstamos que suman $342.6 millones para el Fovial. Las aprobaciones se dieron el 24 de julio y el 20 de agosto, para los contratos de préstamos 2310 y 1886 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Fovial fue creado en el año 2000 y está autorizado desde agosto de 2012 a emitir títulos valores o deuda para su funcionamiento y desde julio de 2021 a comprometer flujos financieros futuros, es decir, a realizar titularizaciones.

El 7 de diciembre de 2021, el Legislativo lo autorizó a emitir una deuda y a comprometer flujos financieros presentes y futuros hasta por $1,000 millones; en el decreto original la Asamblea había permitido que estos fondos fueran respaldados por «un monto a ser acordado por el Fovial». Sin embargo, una reforma del 7 de noviembre de 2023 eliminó expresamente la aplicación del artículo 28-A, el cual permitía únicamente el compromiso de hasta el 50 % del flujo de fondos, únicamente para esta emisión de hasta $1,000 millones.

«El límite el 50 % establecido en el artículo 28-A de la Ley del Fondo de Conservación Vial relacionado con el total de ingresos anuales que Fovial puede comprometer para respaldar el pago del servicio de sus obligaciones financieras no aplicará para la emisión autorizada», indicaba la reforma.

El 22 de diciembre de 2022, mediante otra reforma, se autorizó al Consejo Directivo del Fovial autorizar la suscripción de préstamos con organismos internacionales bilaterales, financieras nacionales o internacionales, y países amigos.

Con 60 votos, incluidas las diputadas de «Arena y Vamos», la Asamblea Legislativa aprobó este martes el inicio del proceso de elección del «presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC)», cuyo cargo es ocupado actualmente por «Franklin Josué Nolasco Morales», gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa de Nuevas Ideas recibió el respaldo de las dos diputadas de Arena y de la diputada de Vamos. Fue aprobada con dispensa de trámites, que también fue apoyado por ambas diputadas.

El Tribunal de Servicio Civil es la institución que resuelve los recursos contra las resoluciones de las comisiones de servicio civil, las cuales forman el escalafón de funcionarios, seleccionan candidatos elegibles para la carrera administrativa, conocen las amonestaciones a funcionarios y empleados públicos.

El TSC tiene el poder para rehabilitar a los funcionarios o empleados destituidos.

El martes, en el pleno legislativo, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, hizo un llamado a los «ciudadanos que cumplen los requisitos» para que participen en el proceso. «Vamos a ver este proceso con profesionalismo», prometió.

«Franklin Nolasco Morales» fue nombrado presidente del TSC con 66 de 84 votos el 29 de junio de 2022, periodo que concluye el 27 de junio de 2025.

El «Tribunal de Servicio Civil» está compuesto por tres miembros propietarios, uno nombrados por la Asamblea Legislativa, otro por el Órgano Ejecutivo en Consejo de Ministros y otro por la Corte Suprema de Justicia.

Para ser miembro del TSC se requiere: ser abogado, salvadoreño por nacimiento, mayor de 30 años, haber desempeñado cargos en la administración pública o municipal por no menos de cinco años, y «ser de honorabilidad y competencia notorias».

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la «Ley del Fondo para la Conservación Vial (Fovial)» que lo autoriza a invertir sus fondos en proyectos de transporte y movilidad urbana, incluidos sistemas integrados de transporte, su infraestructura y todo lo necesario para dichos proyectos.

La reforma fue aprobada, con dispensa de trámites, con 56 votos: 54 de Nuevas Ideas, 2 del PCN y 1 del PDC. Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo. Arena no votó.

Al artículo 46 de la ley se agregó que el Fovial podrá invertir sus fondos en «adquisición de derechos de vía e inmuebles necesarios para la expansión» e «implementación de proyectos de transporte y «movilidad urbana», incluyendo «sistemas integrados de transporte», su infraestructura».

Al mismo artículo, se le agregó que sus fondos podrán ser invertidos en «la construcción y mejoramiento de rutas peatonales, ciclo peatonales, ciclovías, ciclorutas, «terminales de transporte», pasos a desnivel, componentes electromecánicos y en general todo lo necesario para la realización de los citados proyectos y cualquier otra iniciativa que facilite la conectividad y reduzca la congestión vial».

«Cabe mencionar que, con dicha reforma, se busca la implementación de proyectos de transporte y movilidad urbana, los cuales podrán incluir sistemas de transporte y su infraestructura, así como la construcción y mejoramiento de rutas peatonales».

strong Salvador Chacón, diputado de Nuevas Ideas.strong

«Dichas reformas buscan optimizar la obtención de recursos indispensables que permitan a la citada institución garantizar la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de obras públicas, en beneficio de la población salvadoreña».

strong Edgar Rodríguez Herrera, ministro de Obra Públicas.strong

El Fovial fue creado en noviembre del año 2000 alimentado con una contribución de $0.20 por galón de venta de combustible y la transferencia de $0.10 por galón.

La reforma indica que las inversiones se realizarán sin menoscabar o restarle al Fovial su función principal, que es de «conservación vial».

El diputado strong Salvador Chacónstrong, de strong Nuevas Ideasstrong, reiteró en la sesión plenaria que la reforma «busca dotar al Fovial» de «herramientas jurídicas» para realizar pavimentación, obras de compensación ambiental, adquisición de derechos de vía» y proyectos de transporte.

Además, el Consejo Directivo del Fovial podrá autorizar el nivel de ingresos que podrá comprometer, ya no hasta el 50 % de sus ingresos anuales, para pagar sus obligaciones financieras. El Fovial puede emitir títulos fondos desde 2012 pero desde 2021 fue autorizado a titularizar flujos financieros futuros.

Con 58 votos a favor y 2 en contra, la Asamblea Legislativa reformó su reglamento para impedir que los diputados puedan votar «abstención» y únicamente se registren dos formas de votación de los legisladores: «a favor» o «en contra».

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó a favor de la iniciativa de Nuevas Ideas; y las dos diputadas de Arena votaron en contra. Así, la reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa recibió 54 votos de Nuevas Ideas, uno de Vamos, uno del PDC y dos del PCN.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó que no cree que haya «falta de información» para votar a favor del régimen de excepción sino «una falta de voluntad política».

«Aquí es de hablar con la claridad si estamos de acuerdo con un tema o no estamos de acuerdo con un tema. Votar con claridad, la gente también lo agradecerá».
Caleb Navarro, subjefe de fracción de NI.

«Es la obligación de votar en manada»

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, calificó de irónica la posición de Nuevas Ideas porque confirman que buscan «exhibir» a los diputados para que la población diga que «son malos» pero explicó que ellos realizan consultas con expertos antes de votar por una iniciativa.

«Nosotros tenemos conciencia, estudiamos, preguntamos con personas conocedoras de los temas y no venimos acá a ser pushabotones. Porque ha pasado que ha ingresado piezas con dispensa de trámites que varios de ustedes no saben ni siquiera de qué se trata pero la votan porque es la obligación de votar en manada».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro citó el artículo 125 de la Constitución para indicar que los diputados no están sujetos «a mandato imperativo»: «No tenemos responsabilidad por las opiniones que nosotros emitamos». Reiteró que se prohibe la abstención en países autoritarios como Corea del Norte, Cuba y Venezuela, en donde «quieren obligar al diputado disidente» a votar a favor de estos regímenes.

La diputada de Arena también explicó su posición sobre el régimen de excepción que asegura «es perfectible» porque si bien «ha ayudado en gran manera a combatir el delito en el país», «hay personas que están presas que no se les está siguiendo el debido proceso y que no tienen libertad».

«Lo que ustedes quieren es obligarnos a votar como ustedes, obligarnos a que nosotros nos volvamos pushabotones también y eso no se los vamos a permitir», advirtió. La diputada reclamó a Nuevas Ideas que no han agendado el estudio de iniciativas de la oposición, 130 presentadas en la anterior legislatura.

«O es gallo o es gallina»

El diputado pecenista Reynaldo López Cardoza aseguró que si él está en el curul puede votar «a favor o en contra o simplemente» quedarse «con los brazos cruzados». Incluso, aseguró que puede levantarse de la curul si no quieren «aparecer» como que no quiere apoyar.

«Los problemas al pueblo salvadoreño se le resuelven votando a favor, los problemas al pueblo salvadoreño no se le resuelven votando en contra. Nosotros estamos listos para dar nuestros votos a favor. Creemos que sí las hacemos o no las hacemos. O es gallo o es gallina. Pero hay que tener una decisión y firmeza hacerlas. Tengo 16 años, nadie me ha obligado a mí. Aquí hemos acompañado al FMLN, acompañamos a Arena», expresó.

«Mejor me levanto, si no quiero aparecer ahí como que no quiero apoyar al pueblo salvadoreño, pero si es una iniciativa como el régimen de excepción, aprobar el presupuesto general del Estado, ¿y cómo no vamos a votar por eso?».
Reynaldo López Cardoza (PCN).

La diputada Villatoro le respondió:

«Yo creo que es de cobardes que en una sesión plenaria, el querer decir que tenemos que poner un diputado o retirarnos para no votar porque no queremos votar. Ejemplo de ello es poner un gran cartel de no a la minería pero mandar al suplente a votar a favor de la minería».
Marcela Villatoro (Arena).

La diputada Villatoro insistió en que no votarán por las iniciativas que no conozcan como, por ejemplo, los destinos de fondos o iniciativas con dispensas de trámites, es decir, sin estudio en las comisiones de trabajo.

Luego, el pecenista le respondió: «Rebeca Rodríguez es una diputada que ella representa a Chalatenango, esté yo o no esté yo. No aislamos a los diputados, ella es libre de hacer lo que ella crea conveniente, tenemos una buena comunicación con mi diputada suplente», dijo.

Por su parte, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró que un voto de abstención es un voto «gallo-gallina». «Es como cuando se lavó las manos Poncio Pilatos», dijo.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, reiteró que «es importante» que la población sepa cuál es «la postura» de cada diputado. Aseguró que el objetivo es «fortalecer la responsabilidad».

Al final, la reforma fue sometida a votación. Castro preguntó por los votos en «abstención». «Cero abstenciones», dijo. «Votos en contra, dos votos en contra», prosiguió, mientras las dos diputadas de Arena levantaban la mano. «Votos a favor, 58 votos a favor. Por tanto, con 58 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado», señaló.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al Ministerio de Hacienda a que suscriba un préstamo de $120 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para fortalecer los servicios de salud en El Salvador.

En la votación, no hubo votación “abstención” ni “en contra”. Votaron a favor los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

El contrato de préstamo se destinará al “Proyecto de mejora de la atención de salud en El Salvador” que será ejecutado por el Ministerio de Salud y servirá para “fortalecer la red de servicios del sector salud con énfasis en la atención primaria de salud”. El nuevo crédito será cancelado en un plazo de 25 años.

¿Para qué se utilizarán los fondos?

Según Hacienda, este préstamo incluye la construcción, adecuación y equipamiento de tres centros nacionales especializados: Centro Nacional de Radioterapia, Centro de Cuidados Paliativos y Unidad Nacional de Trasplante.

También, incluirá “mejorar la capacidad” de establecimientos de primer nivel, y el “desarrollo e implementación” de un “sistema para la gestión de la logística y la distribución de medicamentos”.

Un total de $93.3 millones se destinarán a “mejorar el acceso a servicios de salud de calidad”: construcción, el mejoramiento y la remodelación de “infraestructura priorizada” a nivel nacional y la adquisición de equipamiento médico y no médico.

Estos fondos se desglosan así:
-$47.9 millones para la red de servicios de primer nivel de atención.
-$12.6 millones para atención hospitalaria.
-$32.8 millones para centros especializados como construcción del Centro de Cuidados Paliativos y Nacional de Radioterapia.

Otros $22.9 millones se destinarían a infraestructura tecnológica, equipo y herramientas, actividades de formación del recurso humano y de los profesionales de la salud y servicios de apoyo a la gestión, de los cuales $11.5 millones se destinarían a “transformación digital”, $1.5 millones para “fortalecer el talento humano” y $9.9 millones para “cadena de suministros”. Hacienda detalló que también incluye “servicios de lavandería, alimentación, entre otros”.

Además, un total de $3.8 millones se destinarán a la administración, supervisión y auditorías del proyecto. Este fue el desglose más detallado que presentó el Ministerio de Hacienda a los diputados en la reunión que tuvo el lunes con los diputados de la Comisión de Hacienda.

Con 54 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la ley de presupuesto del año 2025 para incorporar $8.7 millones de un préstamo del Banco Mundial para mitigar condiciones de vulnerabilidad de los habitantes del cantón La Canoa, en distrito de San Miguel, por las inundaciones que ocurren en los márgenes y bordas del río Grande de San Miguel.

Los fondos provienen del préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente en El Salvador» al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), que permite destinar parte de los fondos a los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto en junio de 2024.

El director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que el MOPT diseñó el proyecto rehabilitación de bordas y margen en el río Grande de San Miguel para «mitigar condiciones de vulnerabilidad» de los habitantes del cantón La Canoa originadas por riesgos de inundación en los márgenes del Río Grande de San Miguel y anegaciones en la zona.

Según Hacienda, con ese dinero, se intervendrán bordas de 3.5 a 4 metros de altura con muros de gaviones –muros que se rellenan con grava–, obras de control de erosión en un margen del río de aproximadamente de 600 metros y plantación de árboles a lo largo de la ruta y en áreas protegidas como medida de compensación ambiental.

En la comisión celebrada el lunes, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió a Hacienda extender las obras a otras zonas del ríos Grande y no limitarlo únicamente al cantón La Canoa. Pidió intervenir el cantón El Tecomatal y los caseríos El Picudo, El Consuelo y El Altamiz.

En el pleno, este martes, reiteró su petición.

“Me decía el personal de Hacienda que van a mandar esa observación al ministro de Obras Públicas, a él también de manera personal le he expresado esta problemática, porque si tapamos solo desde el lado de La Canoa, el agua siempre va a buscar su salida”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

En la comisión, el diputado aseguró que se puede incluir a las otras comunidades. “Se puede porque el título es rehabilitación de bordas en San Miguel”, indicó. “Nosotros vamos a trasladar estas necesidades”, le prometió el funcionario de Hacienda.

En la sesión del lunes, el diputado William Soriano le pidió al director de Crédito Público que para construir una ruta de 16 kilómetros entre Polorós y Nueva Esparta “solo está pendiente una nota” de Hacienda. “Ya se tiene el diseño por parte de Obras Públicas, hace falta una nota de Hacienda para la adjudicación”, le dijo.

El procurador general, René Gustavo Escobar Álvarez, no considera que las 8,000 personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción y posteriormente liberadas con medidas cautelares distintas a la detención sean inocentes o culpables.

En una entrevista que le hizo la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, como candidato a la reelección en su cargo de procurador, el funcionario aseveró que «una revisión (de medidas) no significa que esa persona sea inocente o culpable de la comisión de un delito».

Es una revisión de la medida cautelar que hace un juez, (que) puede considerar que esa persona no represente un riesgo y que puede continuar el proceso en libertad”. René Escobar, procurador genera.

Según los datos del funcionario, «de un poco más de 8,000 personas liberadas por una revisión de medidas, de manera directa más de 4,700 han sido promovidas por un defensor público de la PGR y de manera indirecta a través de estrategias de defensa superan los 2,000 casos, por gestiones ante Fiscalía General de la República«, expresó.

El funcionario defendió de esta forma el papel de la PGR en el régimen de excepción, luego de cuestionamientos de la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos.

La diputada Cesia Rivas le preguntó cómo están haciendo ante los recortes en la PGR y ante las demandas de los familiares de las personas privadas de libertad y de niños que están en total abandono.

«Estamos abiertos a que ustedes puedan conocer esa situación», le dijo Escobar, quien calificó el papel de la PGR como «contrapeso» del Estado.

El funcionario también aseveró que «más del 87 %» de los «270 casos de personas inocentes» presentadas por un «organismo internacional» eran personas que «tenían antecedentes penales y policiales por una serie de delitos todos relacionados con el crimen organizado». Comentó que él había pedido una semana para analizar los casos pero que la organización publicó en un medio que la PGR le había «denegado la información».

«Mi mandato es atender de manera personal a las personas, no a grupos. No es la manera (colectiva). No se puede desmeritar el trabajo de un defensor público. Hemos solicitado habeas corpus en algunos casos», afirmó el procurador ante los diputados.

«Damos la garantía de los derechos de la defensa técnica a todas las personas privadas de la libertad, incluyendo quienes han estado en contexto de régimen de excepción», afirmó, sin proporcionar un dato específico sobre la cantidad de casos del régimen de excepción por cada defensor público y la mora que presentan.

Hasta abril, el Gobierno ha informado de más de 85,500 capturas de personas bajo el régimen de excepción –desde marzo de 2022–, la incautación de 4,683 armas de fuego, $4.9 millones en efectivo, 10,834 vehículos, 22,087 celulares y también registra una disminución de homicidios gradualmente desde 2016 (14 diarios) a 2024 (menos de 1 al día).

En contraste, la organización Socorro Jurídico Humanitario calcula que más de 300 personas detenidas bajo régimen de excepción han muerto en cárceles y que la mayoría de estas no tenían relación con estructuras criminales; además de más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre estas capturas arbitrarias y torturas.

En abril de 2022, la PGR reportó un total de 3,097 asesorías legales del 27 de marzo al 1 de abril, la mayoría correspondiente a capturados por el régimen de excepción.

El informe de rendición de cuentas de derechos humanos de las mujeres de 2024 indica que la Unidad de Defensa Pública Penal de la PGR ha dado un total de 12,655 asistencias en el contexto del régimen de excepción, 1,668 a mujeres y 10,987 a hombres.

La Asamblea Legislativa se alista a elegir al próximo procurador general de la República que ejercerá por los próximos tres años la titularidad de la institución que da servicios de defensoría pública a los salvadoreños.

Los diputados de la Comisión Política entrevistaron a los ocho candidatos que presentaron sus atestados, entre ellos el actual procurador René Escobar Álvarez, cuya entrevista fue la más prolongada del lunes.

Los aspirantes propusieron: expandir centros de mediación con ayuda de estudiantes de derecho, centralizar en la PGR el servicio de la resolución de conflictos en todo El Salvador, sanear del personal que divide, disminuir la mora, sistematizar casos de la PGR y no ser autoritarios.

El procurador, que se centró en sus logros de sus gestiones, aseguró que «tres años no son suficiente y es necesario darle sostenibilidad a los proyectos».

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa, abogado en el libre ejercicio y juez suplente especializado de niñez y adolescencia, fue colaborador judicial en el Juzgado 9º de Instrucción, auxiliar de la Fiscalía General de la República, director ejecutivo de la Oficina para Adopciones (OPA).

Propuestas: mejorar en la calidad de servicios de atención, fortalecer la capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil; apostarle a la investigación de los casos de adopciones. “Expandir los centros de mediación” de la PGR con ayuda de las universidades y que los estudiantes de derecho hagan sus prácticas jurídicas auxiliando con investigación a los defensores públicos.

2. Cándida Dolores Parada de Acevedo, la actual procuradora general adjunta, fue coordinadora nacional de mediación y también fungió como presidenta suplente de la OPA.

Propuestas: crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos en la PGR que centralice la resolución de conflictos del país; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; y reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados de grupos delincuenciales, por ejemplo. Que defensores públicos den información vía telefónica a los familiares de los privados de libertad, tener un plan de teletrabajo para un 40 % de personal, reforma a la ley de mediación y arbitraje para fortalecer estos mecanismos e impulsar una Ley de Paternidad Responsable y dar asistencia legal a los salvadoreños en el exterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Juan José Losa Lizama, abogado, fue asesor jurídico de la Policía Nacional desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2022 y es presidente en funciones de la Asociación Salvadoreña de Personal Policial con Discapacidad.

Propuestas: Presentaría un proyecto al ministro de Educación para enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7º grado y posteriormente darles un capital semilla; además, propuso una nivelación salarial para favorecer a las mujeres. Propone asignar a un delegado para que lleguen a los hospitales y den atención psicológica a las menores de 15 años.

4. Nelson Alexander Yanes Iraheta, director país del Consejo Independiente de Protección de la Infancia de España en El Salvador, excoordinador en Gobernación Departamental y exasesor jurídico del actual viceministro de Salud, Carlos Alvarenga.

Propuestas: Apoyo total a la niñez y sectores vulnerables, y la transformación digital para «transformar la PGR de un Blockbuster a un Netflix», trabajo articulado con el Conapina (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia) y el despacho de la primera dama de la República, acompañarse de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y trabajar con Google para homogenizar la data en la PGR, analizar «por qué los adoptantes regresan a los niños» y «en qué está fallando la OPA», identificar los sectores que dividen las instituciones y «sanearse internamente», ampliar la mediación y conciliación con un “despliegue territorial».

5. René Escobar Álvarez, procurador general actual, fue presidente de la directiva de la Oficina para Adopciones, inició como auxiliar jurídico y defensor público.

Propuestas: aseguró que «tres años no son suficiente y es necesario darle sostenibilidad a los proyectos». Mencionó como logros el Centro de Atención Virtual (Caval) con 100,000 atenciones al año, la línea «Estamos contigo» y la línea «Lesa», coordinación interinstitucional con el Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia, renovación de infraestructura, ampliación de oficinas de atención, creación del Centro Integrado de Atención Psicosocial para Niños y Niñas Adolescentes, la autorización de 87 adopciones bajo su gestión y el acercamiento a la población.

El funcionario admitió que hay una «carga» laboral pendiente, no la detalló.

Ante la pregunta de la diputada Cesia Rivas (Vamos), el funcionario defendió el papel de la PGR en el derecho de defensa en el contexto del régimen de excepción. Respondió que han promovido directamente las medidas cautelares en sustitución de la detención en más 4,700 casos de un total de 8,000; y que él no se «atrevería» a hablar de «personas inocentes o no». Sobre los recortes presupuestarios en la PGR, señaló que dan «la garantía de los derechos de la defensa técnica a todas las personas privadas de libertad» incluso a los capturados bajo el régimen de excepción.

6. Sara Nohemy García Leonardo, secretaria de actuaciones en Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, felicitó a la actual procurador y dijo que no podría señalarle falencias. García Leonardo también ha sido jueza suplente en San Juan Tepezontes, Ereguayquín, exfiscal electoral en Zaragoza de marzo de 2013 a junio de 2016.

Propuestas: ofreció “poner en primer lugar a la personas y a la familia”. Agregó que “probablemente se podrá encontrar” un punto de mejora o “a lo mejor no” aunque mencionó que haría mejoras en la atención al usuario y prevención de violencia intrafamiliar.

7. Sara Yolanda González Alfaro fue jefa del departamento legal de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador de 2019-2020 y asesora de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo de 2005-2006, destacó que ha regresado a El Salvador, ya que residió en Doha, Qatar de 2006 a 2010, entre otros países.

Propuestas: simplificar las funciones de la PGR, humanizar la PGR a través de sus empleados, no ser autoritarios ante alguien que busca los servicios. En materia laboral, ofreció una sistematización de casos en el sitio web para evitar lentitud de los procesos.

8. Karina Jeanette Martínez Guevara, magistrada propietaria de la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

Propuestas: ofreció mejorar los tiempos de solución porque “hay mucha queja en la mora”. Aseguró que la medida provisional no se puede tomar de manera apresurada y que la estandarización de los procedimientos es urgente.