Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa extendió, por 18 meses más, el periodo que tendrán los concesionarios y permisionarios para que culminen el proceso de renovación de unidades de transporte, sustituyendo las unidades que cumplieron 20 años de fabricación en 2024, 2025 y 2026.

El decreto explica que “actualmente varios concesionarios y permisionarios no han culminado el procedimiento de renovación de unidades”, por lo que es necesario habilitarlos para que renueven sus unidades y regularicen sus contratos de concesión. El plazo vencía el 17 de julio de 2026

El decreto mantiene las líneas activas de los buses o microbuses que van cumpliendo 20 años de fabricación aunque estos salgan de circulación.

La dispensa de trámite y el decreto se aprobó con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Hace un año, el diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas, hizo un llamado a los transportistas “para que se puedan poner al día”.

La reforma se hizo a las «Disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales», aprobadas en el decreto legislativo 774 del 20 de junio de 2023.

El decreto otorgó originalmente 18 meses para que los concesionarios o permisionarios de las unidades de trnasporte público tipo colectivo que no renovaron las unidades de 20 años de antigüedad en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, como lo dicta el artículo 34 inciso primero de la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, lo hagan.

“Los concesionarios y permisionarios de unidades que cumplan los 20 años de antigüedad durante la vigencia del presente decreto podrán continuar provisionalmente con la operación de la línea durante el plazo de un año a efecto de realizar la correspondiente sustitución”, indica el artículo 1 del decreto.

La autorización será emitida por la Dirección General de Transporte Terrestre luego de la presentación de la revisión técnica vehicular y documentación de gestión de financiamiento.

Con la reforma, el Viceministerio de Transporte otorgará 18 meses adicionales para los contratos de concesión vencidos en 2024, 2025 o que venzan en 2026.

El decreto también suspendió los juicios ejecutivos civiles y mercantiles de embargo a las unidades de transporte público de pasajeros tipo colectivo en contra de los concesionarios o permisionarios beneficiarios.

El Diario Oficial de El Salvador publicó los decretos de reforma constitucional para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para eliminar el mínimo presupuestario del Órgano Judicial.

La publicación se dio en las últimas horas en la edición del Diario Oficial del miércoles 17 de diciembre de 2025.

El decreto 481, mediante el cual se ratificó el acuerdo de reforma constitucional número 4, aprobado el 16 de diciembre, estableció que el TSE duararán seis años –y ya no cinco– en sus funciones y que los actuales magistrados terminarán su periodo el 1 de julio de 2027 y ya no el 1 de julio de 2029.

El decreto indica que su vigencia inicia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, inicia su vigencia el 25 de diciembre.

El decreto 482, mediante el cual se ratificó el acuerdo de reforma constitucional número 5, aprobado el 16 de diciembre, suprime la disposición que establecía que el “Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado” y lo sustituye por que el “Órgano Judicial dispondrá anualmente según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.

De la misma manera, el decreto 482 “entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial”, es decir, iniciaría su vigencia el 25 de diciembre.

La Asamblea Legislativa acordó ambas reformas y las ratificó en dos sesiones plenarias diferentes celebradas el mismo 16 de diciembre; en una sesión plenaria del 18 de diciembre, la Asamblea aprobó un presupuesto general del Estado 2026 con un recorte al Órgano Judicial.

Mientras la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, advirtió que el presupuesto es inconstitucional porque los acuerdos de reforma constitucional no estaban publicados materialmente en el sitio del Diario Oficial el 16 de diciembre y, además, iniciarían su vigencia ocho días después de su publicación; la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseveró en su intervención que el presupuesto estaría vigente desde el 1 de enero de 2026.

La Asamblea Legislativa 2024-2029 ha reformado otros artículos de la Constitución de la República de El Salvador: el artículo 248 de la Constitución, para permitir la reforma constitucional en una sola legislatura, y a otros artículos para eliminar la deuda política, suprimir la participación de El Salvador en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales; y para permitir la reelección presidencial indefinida.

Un déficit equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) tendrían los sistemas de pensiones de El Salvador en el periodo 2024 a 2070, según el estudio actuarial emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

El déficit ocurre porque, mientras el sistema de pensiones tendría ingresos equivalentes al 136.8 % del PIB, sufriría gastos equivalentes al 195.7 % del PIB.

El estudio actuarial consideró a todas las personas pensionadas y afiliados a los sistemas de pensiones que presentaban al menos una cotización en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) o en el Sistema Público de Pensiones y genera proyecciones hasta el año 2070.

Generó proyecciones de las contribuciones, pago de pensiones y de la evolución del valor de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes.

El sistema privado

El estudio indica que los ingresos por contribuciones del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) se mantendrían estables en un 4 % del PIB durante el periodo analizado, de 2024 a 2070, pero sus gastos aumentarían del 3.7 % del PIB en 2024 al 8.4 % del PIB en 2070.

En todo el periodo 2024-2070, el valor presente de los ingresos del SAP sería 136.8 % del PIB, pero el gasto en pesiones sería de 182.2 % del PIB, en su mayoría –$120.1– pensiones por vejez.

Así, el valor presente neto del déficit en el SAP sería del 45.4 % del PIB en el periodo 2024-2070.

Al conocido como SAP pertenecen trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), cuyos beneficios dependían de sus cuentas individuales y la rentabilidad de sus ahorros, y de cuyos ahorros se financia la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), lo cual les garantizaría pensiones mínimas vitalicias.

Según el estudio actuarial, dos de cada tres salvadoreños de entre 30 y 54 años tienen una cuenta en el SAP: 2.1 millones de personas no jubiladas hacia fines de 2024.

El sistema público

El valor presente del déficit del sistema público de pensiones es del 13.6 % del PIB en el periodo 2024-2070.

El estudio indica que el gasto en el Sistema Público de Pensiones (SSP) disminuirá desde 1.7 % del PIB en 2024 hasta cero hacia el año 2050, previendo la salida de los últimos pensionados del sistema.

En el sistema público, señala el estudio, los ingresos “resultan insignificantes como proporción del PIB”.

Así, en la tabla incluida en el estudio, las contribuciones del SSP se presentan a cero desde 2024 a 2070.

Al mismo tiempo que advierte del déficit del flujo de caja de los sistemas de pensiones, el estudio actuarial también señala un aumento en los activos del sistema al 78.7 % del PIB.

Sin embargo, alerta que la mayoría de activos están en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos del Estado en los cuales son colocados los ahorros de los cotizantes. Esto, alerta el estudio, podría constituir una carga financiera futura para el Estado.

Las cuentas individuales de la mayoría de personas pensionadas en 2024 en El Salvador se agotarían en los próximos dos años, lo que presionaría la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), la cual a su vez se acabaría en el año 2029, según el estudio actuarial de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2025.

La CGS es un fondo colectivo que se conformó de las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y que sirve para financiar pensiones de los jubilados cuya cuenta individual se acabó. Funciona, según el estudio, como un seguro de vejez.

Esta CGS es financiada de la cotización mensual por el salario de los trabajadores aportada por los empleadores –6 puntos del 16 % de cotización–y del 7 % sobre pensiones más altas.

La pensión mínima es pagada de la CGS cuando a un jubilado se le acaban su cuenta individual, luego de que haya recibido 240 pensiones mensuales y 20 pensiones de Navidad.

La Ley integral del sistema de pensiones aprobada en 2022 estableció que, si se acaba la CGS, la garantía la asume el Estado a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

El gobierno aún no ha publicado una propuesta de reforma de pensiones, esta debe publicarla en febrero de 2026 según el compromiso con el FMI. Este estudio actuarial, que advierte el agotamiento de la cuenta colectiva y el aumento de las cuentas individuales de los trabajadores, sería la base para dicha reforma de pensiones.

Se agotarán en 2029

El estudio actuarial publicado este 22 de diciembre advierte “un constante deterioro financiero” de esta cuenta colectiva (CGS) y estima que sus fondos se agotarían en el año 2029.

Esto significa que, a partir del año 2030, se proyecta un déficit o un flujo de caja negativo en la CGS equivalente a -0.1 % del PIB en 2030, -0.3 % en 2040, -0.9 % en 2050, -2.2 % del PIB en 2060 y de -3.7 % del PIB en 2070.

El valor presente neto del déficit del fondo colectivo es 32.6 % del PIB. Considerando que el PIB de 2024 fue de $35,364.97 millones, el déficit acumulado de este fondo colectivo sería de $11,528 millones.

El estudio actuarial concluye un déficit de pensiones del 59 % del PIB de 2024 a 2070. Al PIB de 2024, este déficit actualmente sería de $20,865.3 millones.

El valor presente del déficit en el flujo de caja sería de 32.6 % del PIB, ya que los ingresos serían de 35.3 % del PIB y los egresos de 67.9 % del PIB en el periodo 2024-2070.
del PIB.

Este estudio fue un compromiso asumido por el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aprobar una nueva reforma de pensiones en 2026 que contenga los gastos fiscales y así disminuir la deuda del Estado.

Estudio también menciona: aumentan cuentas individuales

Además de advertir el déficit para el pago de pensiones y el déficit de la cuenta colectiva, el estudio actuarial menciona un aumento en los activos de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes de las AFP: de 44.5 % del PIB en 2024, a 50.7 % del PIB en 2030, 60.4 % del PIB en 2040, 68.2 % del PIB en 2050, 71.9 % del PIB en 2060 y 78.7 % del PIB en 2070.

Esto implica que el estudio advierte también que las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes de las AFP crecerán hasta llegar a 78.7 % del PIB, actualmente un equivalente $27,832.2 millones en el año 2070.

La deuda del Estado con el ahorro de los cotizantes administrado por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) llegó a $11,163.45 millones en noviembre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Los datos indican que la nueva deuda de pensiones, emitida por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) desde la reforma que inició en 2023, es el 24.8 % de lo adeudado por el Estado al sistema de ahorro para pensiones administrado por las AFP.

La nueva deuda de pensiones fue emitida por el ISP a través de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos creados en la reforma aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde el año 2023, y que vinieron a sustituir el mecanismo de los Certificados de Inversión Previsionales (CIP) para que el Estado tome prestados fondos de pensiones para el pago de las pensiones del desfinanciado Sistema Público de Pensiones (SSP).

Disminuyen emisiones de COP

Las cifras del BCR indican que, al analizar solo los periodos de enero a noviembre, las emisiones de nuevos certificados COP llegaron a ser $1,009.74 millones en 2023, pero en 2024 bajaron a $914.41 millones; y en 2025, en el mismo periodo, las emisiones de COP han sido $639.03 millones.

Las emisiones de esta nueva deuda de pensiones han disminuido en un 30.5 % en 2025 respecto a las realizadas en 2023 recién aprobada la reforma.

Un fuerte deterioro del patrimonio de los ahorros administrados por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), revela el «Estudio actuarial del sistema de pensiones de El Salvador» firmado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y publicado por el Ministerio de Hacienda.

Según el estudio, al cierre de 2024, los ahorros de los cotizantes en las dos AFP en El Salvador, suman un patrimonio de $15,995.7 millones: $8,216.8 millones en el fondo de la AFP Confía y $7,779 millones en el fondo administrado por AFP Crecer.

Este advierte un “fuerte deterioro del patrimonio de los fondos administrados por las AFPs”, por el aumento en la cantidad de jubilados y la reducción del patrimonio de dichos fondos, del equivalente al 50 % al 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2024.

El deterioro patrimonial de los ahorros para pensiones puede verse en términos porcentuales respecto a la producción nacional, desde 50 % del PIB en 2020, a 44.6 % del PIB en 2021, 41.1 % del PIB en 2022, 43 % del PIB en 2023 y 45.2 % del PIB en 2024, según una tabla elaborada con estimaciones del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) citada por el estudio.

Monetariamente, el patrimonio ha oscilado entre $12,451,803 millones en 2014 y $15,995.7 millones en 2024.

Déficit del 59 % del PIB

El estudio actuarial revela un déficit en el gasto de pensiones equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto en el periodo 2024-2070 según el estudio actuarial.

Un total de $15,836.8 millones de los ahorros de los trabajadores cotizantes administrados por las AFP están invertidos en diferentes títulos valores, $11,564 millones en títulos del Estado, un 73.02 % de los fondos.

En otras palabras, esta proporción de fondos los ha tomado el Estado como préstamo a través de Certificados de Fondos de Transición (CFT) y Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para pagar pensiones.

El estudio detalla que el fondo administrado por la AFP Confía tiene un rendimiento del 6.37 % anual y el de AFP Crecer, del 6.34 % anual.

¿Dónde se publicó el estudio y para qué?

El estudio actuarial fue publicado por el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, sin embargo, hasta la tarde de este lunes, el enlace proveído al público no descarga el documento, pero este puede ser descargado en este enlace.

El FMI informó que el estudio actuarial había sido publicado pero no proveyó el enlace.

El gobierno había previsto para septiembre la publicación de este estudio actuarial con el fin de diseñar una nueva reforma de pensiones según compromisos con el FMI, pero este fue publicado entre domingo 21 y lunes 22 de diciembre de 2025.

La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se realizará el 10 de febrero de 2026 para  aplicar la reforma “a mediados de 2026” según el acuerdo con el FMI.

El FMI ha solicitado expresamente que esta nueva reforma de pensiones contenga los costos fiscales asociados a la reforma de 2022.

La «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas» aprobada en junio por la Asamblea Legislativa salvadoreña obligó a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a «entregar al Ministerio de Hacienda» este estudio actuarial. Esta ley compromete al Gobierno a limitar la deuda pública con pensiones al 80 % del PIB para el año 2030, 75 % en 2035 y 70 % en 2045.

La Asamblea Legislativa modificó recientemente el acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Reino de España sobre transporte aéreo, para ampliar las frecuencias semanales por cada país de siete a 14, con lo cual esperan que aumente la competencia aérea de dichas rutas.

Una frecuencia es la capacidad de cantidad de vuelos a la semana que son asignadas por cada Estado, ha explicado Manuel Miranda, coordinador de transporte aéreo de la Autoridad de Aviación Civil, y el acuerdo vigente tiene siete frecuencias para cada país, lo que “limita a todas las líneas aéreas”.

La modificación ampliaría a 14 frecuencias de cada país.

Esto permitirá a El Salvador que comience a trabajar con otras aerolíneas, dijo la subdirectora de relaciones económicas de Cancillería, Alba Sánchez, ya que actualmente solo hay dos opciones aéreas. El objetivo, añadió, es convertir a El Salvador en un hub regional.

Esta modificación permitiría una mayor flexibilidad operativa a las aerolíneas, la promoción de la competencia y la ampliación de las opciones de conectividad entre ambas naciones, así como “flexibilizar las disposiciones relativas a la designación de aerolíneas, derechos de tráfico, capacidad, tarifas y operaciones comerciales”.

Esto adecuaría el régimen de rutas y frecuencias a las actuales condiciones del mercado aeronáutico internacional.

El acuerdo, firmado en Madrid, España, el 10 de marzo de 1997 y ratificado el 12 de junio del mismo año, establece el objetivo de un desarrollo ordenado, seguro y eficiente del transporte aéreo entre ambos países. La modificación fue suscrita el 12 de noviembre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana.

La ratificación de la modificación al acuerdo se dio en la Asamblea Legislativa con 60 votos.

La reforma a la Ley Orgánica Judicial aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa convirtió a los juzgados de primera instancia de Ciudad Barrios y Chinameca en juzgados de lo civil y mercantil, debiendo trasladar sus procesos penales a los juzgados 1º, 2º y 3º de San Miguel, y laborales al juzgado de lo laboral de San Miguel.

El personal de los juzgados convertidos “se integrarán a los juzgados cuarto y quinto de lo civil y mercantil de San Miguel” y la reestructuración será determinada por la Corte Suprema de Justicia según la disponibilidad de recurso humano y necesidades de servicio.

El decreto “garantiza el pleno respeto de los derechos laborales de todo el personal de los juzgados convertidos”.

Ambos juzgados convertidos deberán remitir los procesos activos en un máximo de 90 días al Juzgado de lo Laboral de San Miguel, y a los juzgados de 1º, 2º y 3º de instrucción de San Miguel.

El cambio, aprobado con 60 votos de la Asamblea Legislativa, buscaría “garantizar un sistema de justicia efectivo, equitativo y accesible”.

¿Cómo se convierten?

El juzgado de primera instancia de Ciudad Barrios (municipio de San Miguel Norte) se convierte en Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, pero conservará su sede en Ciudad Barrios.

El juzgado de primera instancia de Chinameca (San Miguel Oeste) se convierte en Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, conservando su sede en Chinameca.

Los juzgados 1º, 2º y 3º de lo civil y mercantil de San Miguel conocerán los procesos civiles y mercantiles de todos los distritos del departamento de San Miguel, y la distribución de su carga laboral se hará mediante la Secretaría receptora y distribuidora de demandas de San Miguel. Esta podrá recibir demandas por medios tecnológicos y podrá comunicarse así con el suario y las autoridades judiciales.

El juzgado de lo laboral de San Miguel tendrá competencia laboral que tenían los juzgados de primera instancia de Ciudad Barrios y Chinameca.

Los juzgados 1º, 2º y 3º de instrucción de San Miguel asumirán la nueva carga en materia penal según el territorio que tenían asignados los juzgados de primera instancia de Ciudad Barrios y Chinameca. La carga penal en trámite será distribuida “equitativamente” entre los juzgados 1º, 2º y 3º de instrucción de San Miguel, a través de la Secretaría receptora y distribuidora de demandas de San Miguel.

La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente conocerá en segunda instancia de los procesos sustanciados por los juzgados 4º de lo civil y mercantil de San Miguel.

El Órgano Judicial aún no ha informado cómo distribuirá su presupuesto luego de la reducción presupuestaria de $164 millones a partir del año 2026, recorte que fue aprobado dos días después de una reforma constitucional que suprimió el mínimo del 6 % de ingresos corrientes del presupuesto para el Órgano Judicial.

El Órgano Judicial había ejecutado $3.2 millones, 4.7 % de los $69.4 millones programados de inversión pública en el año, según el informe de ejecución de inversión pública publicado por el Ministerio de Hacienda con datos hasta octubre.

La proyección de inversión del Órgano Judicial hasta octubre era $57.12 millones, es decir, lleva ejecutado un 5.6 % respecto a su programación.

Para el año 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene programados 18 proyectos, de los cuales cinco presentan un monto ejecutado. Uno de ellos es la construcción de la edificación para estacionamiento en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas en San Salvador, por $10.7 millones, de los cuales se habían ejecutado $1.7 millones hasta octubre.

Un total de 13 proyectos no presentaban ejecución hasta octubre, entre estos, la construcción de centros judiciales en Santa Ana, Ahuachapán, San Martín, San Miguel e Ilopango. Tampoco aparecen con ejecución presupuestaria la construcción de una pasarela sobre la Diagonal Universitaria y la construcción de un centro de desarrollo formativo y atención social para personal del Órgano Judicial.

El proyecto de presupuesto del Órgano Judicial para el año 2026 sufrió un recorte de $164 millones, de $533.4 millones solicitados a $334.5 millones. Ni el Órgano Judicial ni el Ministerio de Hacienda ha detallado la reestructuración del presupuesto del Órgano Judicial después del recorte.

El proyecto planteaba una inversión en activos fijos por $126.7 millones de los cuales $72.4 millones estaban asignados a infraestructura física. También proyectó $15 millones para seguros y comisiones, $298.8 millones de remuneraciones y $91.2 millones en bienes y servicios.

Otras carteras de Estado

En general, el Órgano Judicial presentó una ejecución de su presupuesto de 53.3 %, mientras el Legislativo presenta una ejecución del 67.5 % y el Ejecutivo, del 66.6 %, siempre en los primeros 10 meses de 2025.

En el Estado, las mayores ejecuciones presupuestarias son realizadas por carteras de Estado con mayores gastos en remuneraciones y no inversión, por ejemplo, Defensa Nacional (89 %), Procuradurías (más del 80 %), Trabajo (83.9 %), Medio Ambiente (78 %) y Tribunal Supremo Electoral (78.8 %).

Las carteras de Vivienda, Economía y Obras Públicas presentan una ejecución presupuestaria por debajo del 50 % en estos 10 meses del año.

En inversión pública, Vivienda programó una inversión de $7.08 millones y ha ejecutado $2.48 millones hasta octubre; Economía programó $36.03 millones en el año y ha ejecutado $11.21 millones hasta octubre; y Obras Públicas programó $598.79 millones y ha ejecutado $117.09 millones hasta octubre. Los programas de inversión en general llevan una ejecución del 58.4 % en el Estado.