Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles el informe de labores del Ministerio de Salud correspondiente al periodo 2024-2025, entre los reclamos de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, porque el ministro de Salud no llegó a explicarlo; y la defensa de diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional, que calificó a Francisco Alabi como el “mejor ministro de la historia”.

“No se quiso mandar a llamar al ministro de salud o a algún representante para que viniera a defender su informe y a responder preguntas que surgen a partir de la lectura de este informe”, indicó Ortiz.

La diputada de Vamos aseguró que la Asamblea Legislativa debería ser un órgano que “le cuente las costillas al Órgano Ejecutivo y a cada uno de sus ministerios con base a los resultados reales de la gestión”, pero reclamó que los ministros no quisieron llegar.

«No se puede aprobar un informe, si quienes tienen la responsabilidad no vienen al examen, un documento con un montón de fotos aguanta con todo, lo que se informa no corresponde con la realidad», dijo.

“Eso habla muy mal de la transparencia y de la rendición de cuentas de esta administración y también de ustedes como diputados, que no permiten la rendición de cuentas y tampoco la exigen”. Claudia Ortiz (Vamos).

¿Qué preguntas hace la diputada Claudia Ortiz al ministro de Salud, Francisco Alabi, sobre el informe de labores 2024-2025?

1. ¿Por qué hay una lenta, lentísima, ejecución de los préstamos aprobados para obras para la red de salud pública?

2. ¿Por qué hay deficiencias señaladas en el mismo informe por la auditoría de los sistemas de control interno en los préstamos para la emergencia de covid-19?

3. ¿Por qué ha habido un retraso injustificado en la construcción del hospital nacional Rosales?

4. ¿Por qué existe un incremento de las compras públicas en medicinas e insumos médicos cuando de las cosas que más se queja la gente es de falta de medicamentos o de exámenes de laboratorio?

5. ¿Cuáles han sido los criterios que el Ministerio de Salud ha utilizado para hacer compras directas, porque el 44 % de las compras se hace mediante compras directas?

6. ¿Dónde está el dinero invertido si los salvadoreños no están recibiendo un mejor servicio?

Después de la lectura de las preguntas al ministro de Salud, el diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, defendió el servicio de salud pública actual y destacó la construcción del hospital nacional Rosales.

“Cuando vamos a un hospital, no vamos a pasear. Vamos porque necesitamos que nos ayuden. Estamos contentos con todo esto que se está haciendo en salud, el doctor Alabi exponía todo lo que se viene para el nuevo hospital Rosales”. Ricardo Rivas (Nuevas Ideas).

El diputado Rivas aseguró, sin embargo, que “no se puede cambiar todo de la noche a la mañana” y que tiene fe de que se sigan “viendo los resultados”. El legislador puso como ejemplo positivo el manejo de la pandemia covid-19. Investigaciones periodísticas han aseverado que se ocultaron el 90 % de muertes por covid-19.

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), felicitó al ministro de Salud, Francisco Alabi. “Es el mejor ministro de la historia. El doctor Alabi es una persona que lo vemos en todos lados”, expresó. “El abandono de los hospitales no se va a sacar de la noche a la mañana”, dijo antes el pecenista.

El presidente Nayib Bukele juramentó a Dagoberto Arévalo Herrera como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció hoy Casa Presidencial en redes sociales, luego de que el anterior, Jorge Castaneda, durara únicamente un año en el cargo.

Arévalo Herrera es un técnico de la ANDA que fungía como director planificación, regulación y desarrollo de la institución estatal encargada de administrar y de cobrar las tarifas de agua potable a la mayor parte del territorio nacional.

Anteriormente, Arévalo Herrera fue director ejecutivo de la ANDA, en el periodo de octubre de 2020 a agosto de 2024; y fue gerente de investigación hidrogeológica y pozos de la ANDA desde agosto de 2009 hasta diciembre de 2019. Es licenciado en Física de la Universidad de El Salvador y tiene una maestría en Hidrogeología.

«El Presidente @nayibbukele ha juramentado a Dagoberto Arévalo, como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, @ANDASV», informó Casa Presidencial, sin detallar si el anterior funcionario fue removido o trasladado a otra institución del Estado.

«El nuevo titular es licenciado en Física y máster en Geología, con estudios en Hidrología, Geoquímica, Oceanografía, Manejo de Recursos Hídricos, Tratamiento de Aguas Residuales, Desalinización de Agua de Mar y Eficiencia en Sistemas de Riego», detalló la cuenta de Casa Presidencial sin dar más información sobre las razones del cambio.

Bukele ya había cambiado al presidente de la ANDA el 20 de agosto de 2024, hace un año, cuando nombró a Jorge Castaneda en el cargo; Castaneda había fungido como presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), institución encargada de autorizar el uso y el aprovechamiento del agua en el territorio, por ejemplo, la perforación de pozos.

Antes de Castaneda, como presidente de la ANDA fungía Rubén Alemán, quien fue removido del cargo luego de que enviara a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que buscaba no solo perdonar la mora y los recargos a los deudores de la ANDA sino también aumentaba las tarifas mínimas de acueductos y alcantarillados.

La ANDA es una institución que tiene más gastos que ingresos, según sus propios balances financieros.

Sus balances muestran que pese a que los ingresos por ventas han aumentado, sus gastos han superado sus ingresos al menos durante los últimos cinco años, por lo que sus «resultados» han sido negativos: en 2023 fue -48.9 millones y en 2024 -16.2 millones.

Al menos 226,808 salvadoreños emigraron permanentemente de su país hacia el extranjero durante la última década, 194,849 hacia Estados Unidos, según las respuestas que dieron sus familiares en el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024 publicado por el Banco Central de Reserva (BCR).

Un 66 % de los salvadoreños tienen actualmente entre 15 y 34 años; y un poco más de la mitad de los salvadoreños que emigraron, 55.5 %, son hombres.

Esta población emigrante fue reportada por los mismos representantes de las familias entrevistadas durante el censo de población más actualizado de El Salvador.

Los reportados como emigrantes de la última década provienen en su mayoría de los departamentos de San Salvador (19.5 %), La Libertad (11 %), San Miguel (9.4 %), Santa Ana (8.1 %) y de Usulután (7 %), cinco departamentos que concentraron el 55 % de los casos.

En menor proporción, los salvadoreños que se fueron de su país dejaron los departamentos de Chalatenango (6.7 %), La Unión (5.9 %), Sonsonate (5.7 %), Cabañas (5.2 %), La Paz (5.1 %), Morazán (4.5 %), San Vicente (4.5 %), Ahuachapán (4 %) y Cuscatlán (3.3 %).

En el censo de población realizado en 2024 por el BCR cada familia salvadoreña fue preguntada sobre si algún miembro de su hogar se fue a vivir permanentemente a otro país, cuántas personas, sus nombres, sexo, edad actual, en qué año salió, cuál es el país de residencia actual y por qué se fue a vivir a otro país.

Las opciones posibles de la pregunta 17, sobre la causa de la emigración, eran: buscar trabajo, se casó o acompañó, reunirse con la familia, recibió oferta de trabajo, estudio, inseguridad o violencia, desastres naturales, deportación u otra causa.

Así, la causa número uno de la emigración de la última década fue la búsqueda de trabajo, mencionada por un 57 % de familias. El resto de causas es mencionada por poblaciones menores: la reunión familiar, por un 15 %, la inseguridad por un 14 %, el estudio por un 5 % y que se casó o acompañó por un 4 %.

Según un informe de Pew Research Center que se basó en datos de 2023, un total de 850,000 salvadoreños residen en Estados Unidos en condición migratoria irregular. El estudio ubicó a los salvadoreños, junto a los guatemaltecos, en segundo lugar de las poblaciones migratorias en condición irregular más grandes en los Estados Unidos, después de los mexicanos. El dato, sin embargo, incluyó a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) por no ser un estatus permanente.

El Censo 2024 no indagó si la emigración realizada fue bajo condiciones regulares o irregulares.

El Salvador no podrá recibir $99.5 millones del préstamo por $100 millones que suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF) para emergencias, si no hay evidencia de esta ante un desastre. El resto de los fondos, $500,000, es la comisión inicial que El Salvador debe pagar por el préstamo.

«No se efectuará ningún retiro del tramo único de retiro a menos que el Banco esté satisfecho, con base en evidencia satisfactoria para él, de que se ha emitido una Declaración de Estado de Emergencia para responder a un desastre en todo o parte del territorio del prestatario», indica el contrato de préstamo 9855-SV oficializado mediante publicación del Diario Oficial.

El contrato considera como desastre consecuencias de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, deslizamientos de tierra, huracanes, tormentas, inundaciones, sequías, incendios forestales, epidemias o pandemias.

«Cualquier desastre de naturaleza predominantemente política, tecnológica, de seguridad, industrial, militar o fiscal queda excluido de esta definición», aclara el apéndice del trato entre El Salvador y el BIRF.

Además, considera que la declaración del Estado de Emergencia debe ser emitida por la Asamblea Legislativa o, si esta no sesiona, por el presidente de El Salvador, que deberá informar posteriormente al Legislativo.

El programa le exige compromisos fiscales al Estado

Incluso, antes de una solicitud de retiro, el banco puede decidir realizar una revisión del progreso de El Salvador en la ejecución del programa.

El gobierno deberá informar de «cualquier situación» que pueda «revertir materialmente los objetivos del programa» o cualquier acción, incluyendo las acciones fiscales a las cuales se ha comprometido.

El programa del préstamo presupone que el Gobierno de El Salvador ha adoptado una serie de medidas para estabilizar su situación macroeconómica, que van en consonancia con los compromisos adoptados por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, el programa del préstamo presupone que el gobierno de El Salvador aplica un marco de responsabilidad fiscal, que incluye el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y que las instituciones del Estado «planifiquen, implementen y monitoreen el presupuesto» destinado a su personal y propongan sus presupuestos anuales «en línea con el Plan Fiscal».

El préstamo para emergencias con el BIRF también presupone que el gobierno haya regulado el funcionamiento de las empresas de economía mixta, compromiso asumido, detalla el contrato, en el acuerdo 346 del Ministerio de Economía del 22 de mayo de 2025.

Así mismo, el gobierno deberá cuantificar los riesgos fiscales asociados al clima y los desastres naturales, un compromiso asumido en el acuerdo del Ministerio de Hacienda número 936 del 2 de mayo de 2025.

La fecha de cierre del contrato de préstamo es el 20 de noviembre de 2028; si la fecha de cierre se extiende, el gobierno debe pagar 0.25 % del monto del préstamo disponible para su retiro.

En cadena nacional, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, defendió este lunes sus estrategias impulsadas en las áreas de seguridad y educación, en el 204o. aniversario de la independencia de El Salvador de la Corona española.

Bukele destacó que su gobierno quiere trabajar con los socios extranjero pero sin condiciones y manteniendo la soberanía.

«Queremos trabajar de las manos con nuestros socios, con respeto y sin condiciones a nuestra soberanía, es una exigencia justa, sin posibilidades de negociación. Ya hemos demostrado que nos va mucho mejor cuando decidimos por nosotros mismos». Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

«Ustedes son los responsables» de «nunca volver al pasado», «nuestro deber es no volver atrás, no entregar lo conquistado», dijo frente a un grupo de estudiantes que presenció el discurso del presidente y que estaba programado para las 8:00 de la noche.

Durante su discurso, el mandatario hizo dos anuncios. Desde hoy, nombrará a la Academia Nacional de Seguridad Pública «comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas», director de la Policía Nacional Civil que falleció el 8 de septiembre de 2024, en la caída del helicóptero de traslado del gerente general de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi).

También anunció la pavimentación total de una calle de 12 kilómetros cerca del centro escolar Los Toles, Ahuachapán, en donde, aseveró, vio marchar a un grupo de estudiantes.

Modelo salvadoreño

Bukele defendió lo que llamó «el modelo salvadoreño» y criticó que durante décadas El Salvador no fue «realmente independiente». «Hoy somos infinitamente más independientes de lo que habíamos sido», pronunció.

En educación, el gobernante señaló que están «borrando contenidos que fueron impuestos», «calcados por estructuras externas» y que eran promovidos por organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que calificó como «otra forma nueva de colonialismo».

Hace un mes, Bukele nombró a la capitana Karla Trigueros como ministra de Educación, quien emitió nuevas normas de disciplina en los centros escolares.

Aseguró que algunos «critican que eso es autoritarismo, pero no lo es, es educación básica» y que, al contrario, «los sistemas educativos del mundo no están funcionando». Defendió que el Estado también es responsable de la educación y que quieren ciudadanos respetuosos y con valores.

También defendió la estrategia de seguridad y la presentó como propia, sin obedecer a «recetas» extranjeras que «fracasaron». «Nos tocó encarcelar a 80,000 criminales… Si esas generaciones hubieran sido formadas correctamente, todo eso no hubiera sido necesario», expresó.

El gobernante presentó su modelo de educación como una estrategia para mantener la seguridad. «La seguridad nos devolvió la paz pero la educación nos garantizará que esa paz sea permanente… La verdadera independencia está en educarnos», subrayó.

«Educar no solo es dar matemáticas, ciencias, es incluso cosas básicas como decir gracias, por favor y buenos días. Es enseñar a dejar limpia la escuela, a respetar la vida y la propiedad privada de los demás». Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

El discurso se dio desde Casa Presidencial, en donde se izaron los pabellones centroamericanos bajo el sobrevuelo de un grupo de aviones y en donde un grupo de niños de la Escuela Nacional de Música cantó el himno nacional.

Durante el acto, en donde estaban presentes el fiscal general, la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel de Guevara, el procurador general de la república, René Escobar, así como representantes del cuerpo diplomático, se hizo un minuto de silencio por las personas que dieron su vida «por la libertad y la soberanía».

«Durante décadas estuvimos lejos de una independencia real, nos impusieron recetas que nunca funcionaron, se nos dijo incluso que la inseguridad de los salvadoreños era un mal necesario… Cuando decidimos aplicar nuestra propia receta, todo cambió». Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

La oración a la Bandera de El Salvador fue recitada por Daniela Sofía Navarrette Hernández, estudiante del Centro Escolar Católico Santa Catalina, con la interpretación en lenguaje de señas por parte de Daniela Azucena Hidalgo Torres, del Liceo Reverendo Juan Bueno, La Coruña, Soyapango.

El Ministerio de Educación nombró a Kenia Yasmín Peraza Membreño como directora departamental de educación de educación de Morazán a partir del 1 de julio de 2025.

El nuevo nombramiento dejó sin efecto el acuerdo 15-1426 del 8 de septiembre de 2022 y el acuerdo 15-1638 del 17 de octubre de 2022, que habían delegado a José Gregorio García García como director departamental de Educación de Morazán en funciones.

García García, según una publicación de Sol TV, renunció del cargo; antes, se había asegurado que había sido removido del cargo.

Antes de García García, Educación había emitido el acuerdo 15-0561 del 29 de marzo de 2022 para ampliarle funciones a Leónidas Guevara.

El nombramiento fue aprobado el 1 de julio de 2025 por el entonces ministro, José Mauricio Pineda, quien fue sustituido por la capitana Karla Trigueros; y fue publicado en la edición del 4 de septiembre del Diario Oficial.

Como directora departamental, Peraza Membreño deberá comparecer ante las Juntas de la Carrera Docente, Comisión de Servicio Civil, Tribunal de Servicio Civil o cualquier otra instancia administrativa sobre su jurisdicción, como denunciante o denunciada en su calidad de funcionaria; nombrar a los administradores de órdenes de compras y administradores de contratos en los procedimientos de comparación de precios; y estará facultada para firmar vales de combustibles de la Dirección.

Según Sol TV, Peraza es originaria del distrito de Osicala y se desempeñaba como docente en el Centro Escolar del caserío La Loma, en Osicala.

Nuevo miembro del Tribunal Calificador por cinco años

El Ministerio de Educación también nombró a Rodolfo Menjívar Ramírez fue nombrado como miembro del Tribunal Calificador por un periodo de cinco años a partir del 7 de julio de 2025.

El nombramiento fue aprobado el 3 de julio de 2025 mediante el acuerdo 15-1112/2025, también por el exministro.

Antes de finalizar su gestión en Educación, Pineda también nombró a nuevos miembros de la Junta de la Carrera Docente de Sonsonate y Ahuachapán, a partir del 2 de junio de 2025, en cargos que duran por cinco años.

En la Junta de la Carrera Docente del departamento de Sonsonate nombró a Harold Enrique Cook Aguiñada (excandidato a diputado del Parlacen por Nuevas Ideas), propietario; y a Úrsula Guadalupe García Cerón, suplente; y en la Junta de la Carrera Docente del departamento de Ahuachapán, nombró a María Elizabeth Silva Alvarado, propietaria; y a Vladimir Edilson Serrano Orellana, suplente.

Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se unieron este lunes 15 de septiembre en la conmemoración de los 204 años de independencia de la Corona española con un acto cívico.

La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, se vistió con una blusa que tenía la bandera y el escudo de El Salvador.

En un mensaje oficial, el TSE expresó que reafirman “el valor” de la democracia bajo la consigna “dios te salve, patria sagrada”.

“En la fecha de nuestra independencia, también se celebra el Día Internacional de la Democracia, recordándonos que cada voto es la voz viva de nuestra libertad. Participemos con respeto y compromiso, ejerciendo nuestro derecho al sufragio en las elecciones de 2027, donde la voluntad del pueblo se expresará en las urnas”, indicó el mensaje oficial del árbitro electoral salvadoreño.

Al acto cívico asistieron los magistrados propietarios Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Cecilia María Marroquín Castro, Karla Cecilia Guandique Miranda, Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez y la presidenta del TSE, Roxana Soriano.

También asistieron los magistrados suplentes Karen González de Girón, Irvin Castillo López, Mario Antonio Alas y Francisco Fernando Molina Castro.

Según la cuenta oficial de la institución electoral, Soriano afirmó que “no es casualidad” que coincida la conmemoración de la independencia y el día internacional de la democracia.

“Ambas nos invitan a reconocernos como un pueblo libre pero también responsable de forjar su propio destino”, expresó.

En el acto cívico, al cual no convocaron a la prensa, participaron estudiantes del Instituto General Francisco Menéndez (Inframen), uno de los centros educativos más grandes de San Salvador.

El 28 de febrero de 2027 se realizarán elecciones presidenciales, además de las legislativas y municipales, debido a que las reformas a la Constitución de la República que habilitaron la reelección presidencial consecutiva indefinidamente adelantaron las presidenciales a 2027, con el fin de extender el periodo presidencial de cinco a seis años. Las reformas son rechazadas por inconstitucionales por la oposición –Arena, Vamos y FMLN– y organizaciones sociales.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, dirigentes y miembros del partido FMLN y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, marcharon este 15 de septiembre contra la captura de activistas sociales, las muertes dentro de los centros penales y las reformas a la Constitución de El Salvador que modifican el sistema de gobierno.

Las organizaciones se concentraron sobre la 25 Avenida Norte, en la intersección con la Alameda Juan Pablo II, hacia el centro de San Salvador, y se dirigieron hacia la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que están “ejerciendo la libertad que todavía queda”. “A la comunidad El Bosque les han quitado esa libertad, porque por manifestarse pacíficamente, sus líderes están presos y no les corresponde estar presos por manifestarse pacíficamente”, expresó Ortiz.

“Si se violenta la Constitución y la soberanía, no podemos estar hablando de independencia. No estamos conformes con la manera en que el poder se está ejerciendo de manera abusiva. Hay mucho qué hacer, hay que vencer al pobreza y eso no se puede lograr con un grupo enquistado en el poder y que está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse ahí”, afirmó.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, también participó en las protestas.

Miembros del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) pidieron la libertad de Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal; el ambientalista Alejandro Henríquez y el presidente de la cooperativa El Bosque, capturados después de la protesta de la cooperativa El Bosque; Fidel Zavala, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc); así como del exministro de Seguridad, Benito Lara; y del exmagistrado electoral Eugenio Chicas.

La representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Sonia Urrutia, aseguró que el gobierno no puede hablar de “cero homicidios” si hay “crímenes ocultos por el Estado” de detenidos dentro de las cárceles.

«No podemos hablar de patria si nuestros campesinos no tienen tierras, ha habido criminalización a quienes defienden la tierra. No podemos hablar de patria, si seguimos teniendo persecución política y presos políticos», dice Urrutia.

Durante la marcha, María Celia Serrano tomó el micrófono para pedir la libertad para su hijo capturado en octubre de 2022 en el régimen de excepción.

A las 10:30 a.m., los manifestantes llegaban frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Las instituciones del gobierno central, descentralizadas y empresas públicas han erogado desde enero hasta julio del año 2025 un total de $50.32 millones en indemnizaciones, la mayor parte por el gobierno central, de un total de $71.1 millones programados para ello.

En los ministerios del Gobierno Central salvadoreño se registra un total de $37.03 millones usados en indemnizaciones, de un total de $49.9 millones programados para todo el año.

Los mayores montos de indemnizaciones han sido programados y devengados en el Ministerio de Educación, con $17.89 millones; $5.3 millones en Salud Pública; $2.6 millones en Seguridad Pública y Justicia; $1.7 millones en la Procuraduría General de la República y $1.4 millones en Agricultura y Ganadería.

En el ramo de Educación, en el presupuesto general del Estado se programaron inicialmente $3,535 para indemnizaciones, pero se realizó una modificación para aumentar dichos fondos a $17,898,400.82, de los cuales se han ejecutado $17,881,624.55, según el Portal de Transparencia Fiscal.

Los mayores montos fueron erogados para indemnizaciones en el sector educativo durante los meses de abril y mayo.

En las instituciones descentralizadas, el monto programado para indemnizaciones pasó de $13.66 millones a $24.57 millones luego de modificaciones, de los cuales se han usado $11.37 millones.

Las descentralizadas con mayores montos programados para las compensaciones son: Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) con $1.15 millones no ejecutados a julio; Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), con $986,290 programados; el Hospital Nacional Rosales, con $920,193.58; el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), con $798,121.40; el Hospital Nacional Benjamín Bloom, con $491,291.34 programados, entre otras.

Las empresas públicas tienen programados $878,000 para indemnizaciones pero el presupuesto destinado para ello se ha modificado a $2.6 millones, de los cuales se han ejecutado $1.9 millones.

El monto erogado durante el presente año aún no supera los montos destinados a las indemnizaciones de 2021 a 2024, año en que se erogaron $271 millones en indemnizaciones.

Reducción estatal: FMI

El Estado redujo su planilla en 14,330 plazas durante el año 2024, año en el que cerró con 161,453 empleados públicos, 8 % menos.

El Ministerio de Hacienda ha previsto continuar en los próximos dos años un ajuste para reducir la masa salarial como parte del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para disminuir el gasto público como parte de un ajuste fiscal de 3.5 % del producto interno bruto (PIB) entre 2025 y 2027.

Siguiendo el acuerdo de El Salvador con el FMI, el gasto público debería reducir 1.4 % del PIB en 2025; 2.2 % en 2026; y 2.8 % en 2027.