Autor: Yolanda Magaña

Las empresas pueden pagar la llamada quincena 25 de manera voluntaria en enero de 2026 y deberá hacerlo obligatoriamente de manera permanente a partir de enero de 2027. En ambos casos recibirán un incentivo fiscal relacionado a su pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, según la redacción del decreto, si el pago de la Quince 25 se realiza voluntariamente en enero de 2026, el incentivo será un crédito tributario, equivalente al 100 % del monto del pago, que puede usarse para pagar el Impuesto de la Renta de 2026.

En cambio, de manera permanente, la ley siempre considerará como gasto deducible este gasto en remuneraciones extra que realizarán las empresas, es decir, reduce la base gravable de renta.

Transitorio: crédito tributario para Renta 2026

Para el año 2026, las empresas, podrán acreditar el monto pagado como crédito tributario contra el Impuesto sobre la Renta 2026.

«Los patronos que realicen voluntariamente el pago referido, además de los beneficios ya reconocidos por las leyes vigentes, tendrán derecho a un crédito tributario acreditable contra el pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2026, por el monto total pagado a sus trabajadores o empleados por dicho concepto», reza parte del artículo transitorio 6 de la ley.

Si en el momento de liquidar el Impuesto sobre la Renta de 2026, el crédito tributable excede el pago que debe realizar de impuesto, «el remanente del mismo podrá utilizarse para atender el cumplimiento de otras obligaciones sustantivas relacionadas con el Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, si la empresa es usuario de zona franca o Depósito para Perfeccionamiento Activo o tiene incentivos de la Ley de Servicios Internacionales, tendrá derecho a negociar su crédito tributario si excede al Impuesto sobre la Renta que deba pagar, y transferido a cualquier título.

Deducible de la renta

En el inciso segundo del artículo 4, la nueva Ley especial Quincena 25 indica que «los montos pagados en concepto de Quincena Veinticinco constituirán gasto deducible para el patrono siempre que hayan sido efectivamente pagados y debidamente documentados, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta».

Los gastos deducibles hacen disminuir el ingreso o renta neta, que es la renta «imponible», es decir, la base sobre la cual se calcula el Impuesto sobre la Renta.

La Ley del Impuesto sobre la Renta explica qué gastos son «deducibles» de la renta obtenida: los gastos propios del negocio, las remuneraciones por servicios prestados en la producción de la renta gravada, indemnizaciones, gastos de viaje y viáticos vinculados al negocio, arrendamientos, seguros, tributos, entre otros. Así, según la Ley especial de la Quincena 25 también será deducible de su renta neta el gasto que realice la empresa en el pago de medio salario extra a los empleados que ganen hasta $1,500.

Las alcaldías de San Salvador Centro, Santa Ana Centro, San Salvador Sur, Cabañas Este, Cuscatlán Norte, La Paz Este, Santa Ana Oeste, San Salvador Este, San Vicente Sur, Usulután Este, La Unión Norte y La Paz Oeste también anunciaron que han aplicado el decreto 499.

El alcalde de La Unión Norte, Edwin Serpas, aseguró el viernes que había un “compromiso de esta municipalidad de salvaguardar, dignificar y reconocer a quienes a quienes desempeñan sus funciones con responsabilidad y vocación de servicio hacia nuestra población”.

“Acompaño y respaldo esta iniciativa impulsada por el presidente @nayibbukele, reafirmando nuestro compromiso municipal de fortalecer el ingreso económico de quienes cada día sirven con dedicación a nuestra población santaneca”, indicó el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, en X.

También, el gobierno municipal de La Paz Oeste informó, hace dos días, que habían hecho el pago. «Apoyamos el bienestar laboral y el desarrollo económico de nuestros colaboradores y del país», indicó en su cuenta oficial de Facebook.

La Ley especial Quincena 25 aprobada mediante el decreto legislativo 499 el pasado 14 de enero autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir cualquier tipo de acuerdo o resolución para garantizar su “correcta y adecuada aplicación”.

El decreto 499 obliga a todas las instituciones del Estado, incluidas las 44 municipalidades, a pagar a los empleados que tengan un salario mensual hasta de $1,500, a pagar un equivalente al 50 % de su salario a más tardar el 25 de enero de 2026.

No todas las instituciones públicas informaron en redes sociales si habían cancelado la quincena 25 a sus empleados; hasta ayer, entre las instituciones que sí lo hicieron están algunos ministerios y municipalidades.

La aplicación efectiva del decreto en el Estado ha sido comunicada, poco a poco, por algunas instituciones públicas.

De los 126,820 empleados que laboran en el Gobierno, Educación tiene 46,400 plazas y Seguridad, 34,191. Le sigue el Ministerio de Salud, con 15,677 y el Órgano Judicial, con 10,716. La medida solo aplica para los empleados que perciban un salario de $1,500 o menor.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, anunció el viernes que “ya se hizo efectivo el pago de la Quincena 25 a los miembros” de la Fuerza Armada que cumplen las disposiciones exigidas. No informó el monto que se erogó ni la fuente de financiamiento.

El Ministerio de Vivienda, así como el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), anunciaron la aplicación del decreto a través de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. También lo anunciaron empresas estatales como la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal).

El decreto 499 inició su vigencia el 14 de enero, el mismo día de su aprobación, ya que será publicado bajo esa misma fecha según el Diario Oficial.

EL decreto permite hacer los pagos entre los días 15 y 25 de enero de cada año, es decir, hasta el domingo próximo.

A las empresas privadas el pago les permitirá deducir el 100 % del monto pagado en el Impuesto sobre la Renta; pero en 2026, si lo hacen voluntariamente, podrán obtener créditos tributarios contra el Impuesto sobre la Renta por el equivalente erogado.

El 8 % de los periodistas considera que hay una completa libertad de prensa en El Salvador, según una encuesta incluida en el estudio “Los mundos del periodismo” del Centro Knight para el Periodismo de las Américas.

En el capítulo sobre el Salvador, firmado por Summer Harlow, del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, de la Universidad de Texas en Austin, se indica que se entrevistaron 245 periodistas por videollamada entre los años 2021 y 2024, pero se incluyeron solo 208 entrevistados, debido a respuestas incompletas.

Según el estudio más de dos tercios de los periodistas, un 68 %, dijo que tenía “mucha o total” libertad para seleccionar sus propias historias, y 62 % para decidir qué destacar en sus historias.

Sin embargo, solo el 8 % consideró que “había completa o mucha libertad de prensa en general” frente a un un 47 % dijo que había poca o ninguna libertad de prensa.

“Los periodistas salvadoreños expresaron más preocupación por su bienestar físico y mental que los periodistas de la mayoría de los otros países latinoamericanos incluidos en el estudio Worlds of Journalism”, sostiene Harlow.

La encuesta determinó que casi el 70 % de los periodistas salvadoreños manifestaron preocupación por su bienestar físico y el 83 %, por su bienestar emocional y mental.

Además, un 36 % de los entrevistados manifestó que “muy a menudo o a menudo eran objeto de discursos denigrantes o de odio” y el 34 % que habían sido desacreditados públicamente con esa misma frecuencia.

A ello, el informe indica que el 18 % dijo haber sido objeto de vigilancia a menudo, el 19 % vio cuestionada su moralidad y el 19 % sufrió insultos. Un 3 % indicó que sus familias fueron objeto de intimidación muy a menudo o a menudo, según el estudio.

“Combinados, estos resultados apuntan a un preocupante patrón de acoso dirigido a debilitar periodistas”, señaló el estudio, que además indica que el 87 % de los periodistas aseguran que es más difícil acceder a la información pública desde que Nayib Bukele asumió la Presidencia.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reposteó un mensaje que sostiene que si pusieran al canciller alemán a cargo de El Salvador “lo arruinaría todo en un año” pero que “si pusieran a Bukele a cargo de Alemania, lo arreglaría”.

El mensaje puesto por Lina Seiche, una comunicadora alemana y quien ha participado como parte de conversatorios en el evento Bitcoin Histórico desarrollado en San Salvador en noviembre de 2025.

La opinión fue respuesta a un emoticono reflexivo a un mensaje anterior de la activista bitcoin que indicaba que en Europa nunca han experimentado “un liderazgo moderno”, junto un fragmento de un discurso de Bukele en donde sostiene que están avanzando en los proyectos. “Siempre va a hacer falta algo, porque nunca va a ser suficiente. ¿Y la economía?, espérense, vamos ladrillo por ladrillo… Toma tiempo”, indicaba.

Seiche se presenta como escritora, dibujante, dueña de una tienda de peluches, amante del café en Bean of Fire, pianista de concierto en el salón y realizadora de videoensayos. Según CoinDesk, ella es fundadora de The Little HODLer, marca de productos educativos para promover el Bitcoin.

Bukele fijó otro comentario de Seiche, en el cual recrea una supuesta conversación que tuvo con Bukele, en la cual conversan sobre la renovación de un aula y luego sugieren que deberían hacer 500 aulas. «Puedes simplemente hacer cosas», dice.

You know, when Bukele fixed Nuevo Cuscatlán as mayor, people like you claimed it was easy because it was “just a small town.”

When he fixed San Salvador as mayor, they said it was easy because it was “just one city.”

And when he fixed El Salvador as president, they said it was… https://t.co/VGCBCFmjeF

— Lina Seiche (@LinaSeiche) January 16, 2026

La Ley especial Quincena 25 aprobado mediante el decreto legislativo 499 el pasado 14 de enero inició su vigencia el mismo día luego de que se le asignara esa fecha de publicación en el Diario Oficial.

Tal como fue leído por la diputada Elisa Rosales en el pleno, el artículo 9 de la ley quedó así: “Entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial”. Este artículo no fue modificado.

Este viernes, se confirmó que la fecha de publicación asignada para el decreto 499 fue el 14 de enero; sin embargo, esta edición aún no está a la venta y su versión en línea no ha sido publicada.

La publicación del Diario Oficial en el sitio web de la Imprenta Nacional presenta un desfase permanente. Por ejemplo, hasta la mañana de este viernes, la última edición puesta en línea es la del 7 de enero.

El único artículo modificado fue el 8, al cual se le agregó que la normativa sería de orden público: “La presente ley es de carácter especial y de orden público, por lo que prevalecerá sobre cualquier otra norma que la contraríe”.

Sin embargo, la fecha de vigencia que consideran las instituciones públicas es la fecha del Diario Oficial y no la de su publicación material, algo que ha sido tema de debate en anteriores ocasiones. El abogado Enrique Anaya, por ejemplo, rechazó que la reforma a la Ley de Tránsito estuviera vigente desde el 23 de diciembre.

A 34 años de la firma del Acuerdo de Paz en El Salvador, Diario El Mundo consultó con un grupo de académicos e intelectuales en El Salvador si hay paz en El Salvador. Ninguno consideró que los salvadoreños vivan en una paz plena pero difirieron en qué falta para alcanzarla.

Si bien coinciden que señalar la ausencia de conflicto armado y de la actividad de las pandillas, mencionan otras condiciones: violencia estructural contra la sociedad civil, falta de debido proceso o seguridad jurídica, una precaria situación económica para muchos, autocensura y miedo a opinar, y cierta violencia social por mal manejo de las emociones.

La organización Acción Ciudadana señaló que hay una paz positiva y otra negativa. La positiva es que “no hay conflicto armado y no hay violencia estructural contra la población de un país” y la negativa es cuando “no hay un conflicto armado pero hay violencia estructural de diferente índole contra la población”.

“No hay un conflicto armado entre dos fuerzas beligerantes, pero hay violencia estructural contra ciertos sectores del país y esto lo podemos ver con el tema de las capturas, de tensiones, amedrentamiento contra sociedad civil, la prensa o contra cualquier persona que se pronuncie contra el Gobierno, entonces, vivimos en un contexto de paz negativa, porque hay violencia estructural, violencia desde el Gobierno hacia ciertos sectores”. Acción Ciudadana.

Óscar Picardo, académico e investigador, sostiene que se ha ganado muchísimo en la historia contemporánea con los Acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado con las actuales políticas de seguridad, pero todavía hay un “déficit de paz” por la falta de seguridad jurídica y debido proceso.

Hay gente encarcelada, que no debería estar encarcelada, hay migrantes pasándola muy mal, hay muchos colectivos con diversos problemas. Creo que la paz plena en el sentido estricto, todavía estamos lejos de lograrla, hay avances, hay retrocesos, hay desafíos”. Óscar Picardo, académico e investigador.

Según Picardo, en el análisis sobre la existencia de paz en el país no debe limitarse al tema de la ausencia del conflicto o de pandillas, ya que hay otros problemas sociales, económicos y jurídicos que no le permiten a muchos ciudadanos alcanzar la paz que anhelan.

“Hay ciertos sectores que tienen miedo, que están intranquilos por aspectos económicos, por la minería. Siendo honestos, sí hemos avanzado, después de los Acuerdos de Paz y las políticas de seguridad antipandillas, pero todavía mucha gente vulnerable está amenazada sin paz, creo que hay que seguir trabajando en ello”, sentenció.

Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y promotor de la justicia transicional, cree que hay una paz formal pero actualmente la situación económica y el miedo a opinar no lo permiten.

“Siempre hemos vivido una paz formal, pero difícil es tener paz cuando la mayoría de la gente no llega al final de mes por su precaria situación económica. Difícil vivir en paz cuando existe autocensura y la gente tiene miedo a decir u opinar lo que siente o vive”. Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y promotor de la justicia transicional.

Cree, además, que es “difícil para las víctimas del conflicto pasado decir que viven en paz cuando todavía buscan sus familiares desaparecidos y los victimarios siguen siendo el centro. Mientras exista impunidad, difícil vivir en paz en El Salvador”.

El escritor y académico Rafael Francisco Góchez cree que los Acuerdos de Paz de 1992 trajeron una paz política en El Salvador pero no social, la que se ha recuperado actualmente “hasta un nivel bastante alto, dando tranquilidad a la ciudadanía”. La violencia aún persiste, según el catedrático, es “producto del mal manejo de las emociones”.

“El país se fue hundiendo cada vez más en una violencia estructural que llevó prácticamente a un Estado fallido. Actualmente, se ha recuperado la paz social hasta un nivel bastante alto… si bien es cierto que aún persisten algunas manifestaciones de violencia espontánea”. Rafael Francisco Góchez, escritor y académico.

Para Carlos Acevedo, un economista y estudioso de la realidad nacional, los Acuerdos de Paz fueron necesarios “para ponerle fin a la violencia militar de la guerra” en El Salvador, pero “no sentaron las condiciones suficientes para erradicar la violencia propia de la conflicto social que originó el conflicto”.

“En la medida en que subsiste conflictividad social, polarización enconada y violencia verbal muy visceral, creo que nos falta bastante para vivir en paz”. Carlos Acevedo, economista.

Luis Villatoro Villaherrera, un joven presidente de la Fundación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), nació después de los Acuerdos de Paz. Supo de la guerra por sus padres y lo vivió en carne propia: su padre tuvo que emigrar. Ahora cree que El Salvador vive en paz y seguridad.

“A 34 años hoy por hoy puedo decir que hay paz, hay seguridad, pero con ello también altos niveles de polarización. Nadie puede negar que hoy por hoy se puede caminar por el país sin temor de las pandillas”. Luis Villatoro Villaherrera, presidente de la Fundación Tracoda.

Sin embargo, cree que existe la necesidad de reflexionar sobre una deuda histórica que percibe respecto a la prolongación continua del estado de excepción el El Salvador.

“La paz ha costado sangre, familias separadas, polarización e inocentes pagando por pecadores. Precisamente por eso, hoy tenemos una deuda histórica: construir un futuro en el que podamos vivir”, señala. Para él, este es un momento clave, en el que las generaciones pasadas, la suya y las futuras tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de edificar una paz real y duradera.