Estados Unidos ocupa el primer lugar del ranking de los 10 países de destino de los salvadoreños que decidieron emigrar en la última década según los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en 2024.
Estos son los 10 países donde los salvadoreños residen ahora luego de emigrar de su país de nacimiento.
1. Estados Unidos: ocupa el primer lugar de los destinos de los emigrantes salvadoreños, con un 85.9 %.
2. España: el 4.03 % de los salvadoreños que han emigrado tienen como país de residencia a España.
3. Italia: es el tercer destino de los salvadoreños emigrantes, con un 1.97 %.
4. México: es el cuarto país de destino de los emigrantes salvadoreños, con un 1.76 %.
5. Canadá: muy distante de Estados Unidos, Canadá ocupa el quinto lugar de destino como residencia permanente de los salvadoreños que deciden emigrar. Un 1.12 % respondió que su familiar emigrante reside en ese país de Norteamérica.
6. Guatemala: el 0.65 % de los salvadoreños emigrantes residen en el vecino país centroamericano.
7. Costa Rica: un menor porcentaje, 0.49 %, reside en Costa Rica.
8. Honduras: un 0.21 % de la migración salvadoreña se ha ido a Honduras durante los últimos años.
9. Belice: un 0.12 % de los salvadoreños emigrantes residen en Belice.
10. Australia: un 0.10 % de los salvadoreños que se han ido recientemente residen ahora en Australia.
El Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (Camudasal) separó del cargo de presidente a Rey Joaquín Nóchez Peña por denuncias de acoso laboral y amenazas contra directivos y empleados de la institución, informaron fuentes del Consejo Directivo.
Una fuente del Consejo Directivo informó que la separación del cargo y el nombramiento de Esmeralda Azucena García Martínez como nueva presidenta de Camudasal fueron decisiones tomadas mediante votaciones unánimes el mismo viernes.
Poco antes, por la tarde de este viernes, veintiún personas, entre colaboradores y directivos de Camudasal, presentaron un escrito al Consejo Directivo en donde solicitaban la destitución del presidente de Camudasal y que se decretara la vacancia del cargo.
“Ratificamos lo expresado en la audiencia que nos concedió este día el Consejo Directivo donde expresamos las conductas de acoso laboral y amenazas”, indica el escrito.
Una de las personas afectadas firmante del escrito, quien pidió no publicar su nombre por temor a represalias, detalló que las amenazas son “de despido”. “Nos grita, nos humilla, nos maltrata”, indicó.
El Consejo Directivo sometió a votación la separación del cargo del abogado y emitió condiciones para que no se acerque al personal, nombrando como nueva presidenta a Esmeralda García.
El abogado y también militar retirado fue nombrado como directivo de Camudasal como delegado por la Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) para el periodo de marzo de 2025 a febrero de 2030, nombramiento que fue impugnado el Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS), que consideró que no se verificaron si los nombramientos realizados en ese momento cumplían con requisitos.
Nóchez Peña aparece como procesado sin detención por el Juzgado Especializado de Instrucción “B” según un comunicado de la Fiscalía General de la República del 14 de junio de 2018 acusado de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y denuncia o acusación calumniosa, en un proceso originado por información anónima dentro de la Fuerza Armada sobre un grupo de militares que supuestamente funcionaba como “grupo de exterminio”.
El Salvador fue uno de los 142 países que votó el viernes a favor de una resolución que respalda la «Declaración de Nueva York» que apoya una solución de dos Estados, Palestina e Israel, y desarme de Hamás.
Estados Unidos e Israel votaron en contra, así como Argentina, Paraguay, Hungría, Micronesia, Nauru, Palaos, Papúa, y Tonga.
El texto de la resolución, propuesto por Francia y Arabia Saudita, pide alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza a favor de la Autoridad Palestina.
La resolución “Respaldo a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestima y la implementación biestatal” indica que la Asamblea General de la ONU “hace suya la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal”.
El representante de Francia, impulsor de la resolución, explicó que la Declaración de Nueva York establece una “hoja de ruta única para materializar la solución biestatal”.
La solución planteada por la Declaración de Nueva York pasa por “un alto al fuego inmediato en Gaza y por la liberación de todos los rehenes, pasa por el establecimiento de un Estado Palestino viable y soberano, pasa por el desarme de Hamás y su exclusión de la gobernanza de Gaza, pasa por la normalización entre Israel y los países árabes, y pasa por último por la articulación de garantías de seguridad colectivas que incluyan a Israel”, indicó el representante de Francia.
El representante de Israel, que votó en contra, tildó la resolución de ser “un gesto vacío que debilita la credibilidad” de la Asamblea General de la ONU y de ser “un abuso para forzar por la puerta de atrás lo que no podría defenderse en la mesa de negociaciones”.
“Esta declaración unilateral no se recordará como un paso hacia la paz, esto no es diplomacia, sino puro teatro, una actuación destinada a los titulares y no a la paz. No debilita a Hamás, sino que les premia, no promueve las negociaciones sino que las socava. Los únicos que se benefician son los miembros de Hamás”, rechazó la resolución. “Vergüenza les debería dar… Hamás sigue dominando parte de Gaza… Israel tiene que ser quien quite a Hamás de la ecuación”, añadió.
La representante de Estados Unidostambién votó en contra de la resolución y la calificó de ser “un regalo para Hamás”. “Es cínico”, expresó. Sugirió centrar la atención en cómo poner fin a la guerra, eliminar y desarmar a Hamás. “Esta guerra pudiera terminar mañana si Hamás depusiera las armas, liberara a los rehenes y se entregara”, opinó. Consideró que la Declaración de Nueva York “hace equiparaciones morales perturbadoras”, ya que “no reconoce de que el terrorismo del 7 de octubre es el motivo por el que esta guerra fue necesaria”.
El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo: “Cumpliremos nuestra promesa: no habrá un Estado palestino, este lugar nos pertenece… Preservaremos nuestra herencia, nuestra tierra y nuestra seguridad… Vamos a duplicar la población de la ciudad… Esta tierra es nuestra”.
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa recibió dos expedientes de nuevo ingreso relacionados que buscan la exención de impuestos a favor de contratistas de proyectos de energía y también relacionados a la venta de datos para la exploración de hidrocarburos –como petróleo y gas natural– en el país.
Acordó citar al presidente de la CEL, Daniel Álvarez.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, pidió hacer una modificación a la agenda para suprimir la recepción de invitados del gobierno, que llegarían a explicarles ambos proyectos.
“Vamos a reagendar nuestra recepción de invitados”, dijo esta mañana. “Se aprueba por mayoría de los presentes”, agregó en la comisión, en la que también estaba presente Claudia Ortiz, de Vamos.
Los diputado se disponen a aprobar dos decretos de exención fiscal:
Disposiciones especiales y transitorias para dar incentivos fiscales a contratistas del programa de acceso a la energía a 8,756 hogares sin acceso a energía eléctrica.
Disposiciones especiales tributarias para contratistas multicliente de la CEL, que tienen derecho a comercializar datos geológicos y geofísicos de El Salvador con fines de exploración de hidrocarburos, y que también son contratados por CEL.
Estos contratistas estarán exentos de toda clase de gravámenes, tributos, impuestos a la importación, Impuesto sobre la Renta (ISR), IVA, impuestos municipales, tasas y contribuciones municipales de toda clase y naturaleza.
La Asamblea Legislativa eximiría del pago de impuestos a contratistas “multicliente” de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), los cuales tendrán el derecho de comercializar datos geológicos y geofísicos con fines de exploración de hidrocarburos, como gas natural o petróleo, en El Salvador.
En enero de 2024, la Ley de hidrocarburos fue reformada para permitir la contratación de estudios que determinen la existencia de gas natural y petróleo en el país. Se le cambió el nombre a “Ley de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos” y se abrió la posibilidad de obviar la licitación y excluirlos de la aplicación de la Ley de Compras Públicas.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, a solicitud de la Presidencia, pidió el 10 de septiembre a la Asamblea Legislativa la aprobación del decreto “Disposiciones especiales de carácter tributario para los contratos multicliente entre la CEL y las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras, y para los contratos de licencia de datos entre el titular de un contrato multicliente y los adquirentes de los datos”.
Estará exenta de toda clase de gravámenes, tributos, impuestos a la importación, Impuesto sobre la Renta (ISR), IVA, impuestos municipales, tasas y contribuciones municipales de toda clase y naturaleza, la ejecución de los contratos de inversión modalidad “multicliente”, es decir, tiene el derecho exclusivo de comercializar datos crudos bajo su propio costo y riesgo en su actividad de prospección, recopilación y procesamiento.
Los ingresos que perciban estos contratistas serán “rentas no gravadas”.
La exención también aplicaría a los contratos de “licencia de datos” provenientes de la ejecución de un contrato de inversión modalidad multicliente.
Con ello, también los “adquirentes” de estos datos geofísicos o de otro tipo, es decir, los clientes de los contratistas de datos, también estarán exentos de toda clase de gravámenes, incluidos impuestos a la importación, ISR, IVA, impuestos municipales, tasas y contribuciones municipales.
“Corresponde al Estado fomentar la modernización del subsector de hidrocarburos, así como la administración y rectoría de los recursos naturales y medioambientales del país”, expresan la ministra de Economía, María Luisa Hayem, así como el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz.
En enero de 2024, mediante una reforma a la Ley de Hidrocarburos, se introdujo la posibilidad de que CEL contrate inversionistas en la modalidad “multicliente” y de autorizarles a comercializar “datos crudos” que obtengan, algo por lo cual la CEL recibe un porcentaje de los ingresos obtenidos.
Los datos crudos son datos primarios o sin procesar obtenidos por los contratistas de la CEL, pero no se limita a datos geológicos y sísmicos. La CEL busca interpretar datos geológicos, geofísicos y geoquímicos del subsuelo con fines exploratorios para realizar actividades de hidrocarburos.
El nuevo proyecto de exención de impuestos será analizado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea, que se reúne el viernes.
El 3 de septiembre inició la vigencia de las Políticas de protección de datos aprobadas por el director general de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), Eduardo Alexis Rodríguez Rodríguez.
Estas políticas son de cumplimiento obligatorio “para todas las entidades públicas y privadas que recolecten, almacenen, procesen o transfieran datos personales en El Salvador”, pero también aplican a “operaciones internacionales vinculadas a ciudadanos salvadoreños”.
Las políticas obligan a estas instituciones a que nombren un Delegado de Protección de Datos Personales, que será el responsable de la supervisión interna.
Según la política, toda actuación sobre datos personales se regirá por la exactitud, corrección de inexactitudes sin demora, recopilación de datos lícita y transparente, la obtención explícita del titular para la recolección de sus datos, la recolección únicamente de datos necesarios y la transparencia con los titulares de los datos sobre el uso de sus datos, su almacenamiento y sus derechos sobre los mismos.
La política busca no permitir los «accesos no autorizados» a estos datos y a conservarlos solo mientras «sean necesarios y eliminarlos cuando no se requieran».
Entre las medidas concretas que plantea la política, destacan: implementar contraseñas seguras, autenticación en dos pasos, acceso restringido, cifrado de datos y restricción de acceso.
Así mismo, se establecen medidas de seguridad para la «transferencia de datos», como contratos de confidencialidad y «acuerdos legales con terceros que tratan los datos».
También obliga a realizar reportes a la ACE, Fiscalía General de la República y a titulares de los datos «en un máximo de 72 horas».
Las políticas fueron emitidas el 2 de septiembre.
La Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), adscrita al Ministerio de Seguridad y Justicia, tiene un presupuesto programado de $12 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado hasta julio $302,632.28.
De los $12 millones, $1.6 millones están destinados a remuneraciones, $580,000 a bienes y servicios, $9 millones a inversiones en activos fijos y $17,000 para «gastos financieros».
Al analizar las transferencias hacia la ACE, según el Portal de Transparencia Fiscal, el mayor monto está programado para agosto, con un total de $9,799,891.47.
La programación del presupuesto inició con $64,748 en mayo, $319,467.86 en junio y $321,942.67 en julio. También, se han programado $310,050 mensuales en septiembre, octubre y noviembre; y $563,800 en diciembre.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, solicitó el miércoles a la Asamblea Legislativa un refuerzo de $10 millones que serán incorporados al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para la línea de trabajo “Reclusión y Rehabilitación” de la “Administración del sistema penitenciario”.
Según el considerando segundo del decreto, la Dirección General de Centros Penales requiere fondos para financiar “obligaciones” del servicio de alimentación de privados de libertad.
“Actualmente la Dirección de Centros Penales del Viceministerio de Seguridad Pública y Justicia requiere recursos para financiar obligaciones ineludibles e impostergables del servicio de alimentación de privados de libertad de sistema penitenciario hasta por el monto de los $10,000,000”, indicó la solicitud enviada por el ministro.
Los fondos provienen de “asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente” de Hacienda que, según la solicitud, “no se va a utilizar en lo que resta de presente ejercicio fiscal” y pueden reasignarse.
La solicitud será estudiada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ha programado reunirse el martes 16 de septiembre a las 10:00 de la mañana.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, devolvió a la Asamblea Legislativa con observaciones la Ley de Estabilidad Financiera y Garantía de Depósitos, las cuales fueron aprobadas con dispensa de trámites con los votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.
Según el documento publicado, las observaciones fueron recibidas por la Asamblea Legislativa el 4 de diciembre de 2024. Estas fueron aprobadas este 10 de septiembre, a las 7:53 p.m., con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), solicitó que se sometiera a votación que las observaciones pasaran a ser discutidas en la comisión respectiva.
«No puede ser que una lectura rápida de 40 observaciones, no haya tiempo para ser observaciones serias, responsables, en el seno de una comisión legislativa», afirmó. La petición de Lira solo fue respaldada por tres diputados.
La Ley de Estabilidad Financiera y Garantía de Depósitos fue aprobada el viernes 22 de noviembre de 2024, en una sesión plenaria que inició un día antes. Desde entonces, la normativa no había sido publicada en el Diario Oficial ni tampoco habían sido publicadas sus observaciones presidenciales.
Esta normativa de estabilidad financiera planteaba regulaciones sobre recuperación para bancos, sociedades de ahorro y crédito, y bancos cooperativos; la normativa iba a ser aplicable a cooperativas de ahorro y crédito gradualmente en un plazo de 18 meses y facultaba al Banco Central de Reserva (BCR) a que otorgara créditos de liquidez para prevenir crisis en instituciones del sistema financiero, facultaba al superintendente a que iniciara procesos de recuperación bajo causales que iban a ser aplicables a cooperativas «en el proceso de adaptación gradual».
Las observaciones a la Ley de estabilidad financiera fueron aprobadas ayer casi a las 8:00 p.m. / Asamblea.
Se suprime referencia a cooperativas
Con las observaciones presidenciales, que ya fueron aprobadas anoche, se elimina de la Ley de Estabilidad Financiera toda referencia a bancos cooperativos o cooperativas de ahorro y crédito, así como el proyecto de Ley de Bancos Cooperativos, que también había sido aprobada en noviembre de 2024 y no ha completado su proceso de aprobación.
Al comparar con el dictamen aprobado en aquella sesión plenaria que inició el 21 de noviembre de 2024, las observaciones suprimen del artículo 2 la disposición que permitía aplicar “a las asociaciones cooperativas o sociedades cooperativas de ahorro y crédito que se encuentre en proceso de adecuación gradual de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Bancos Cooperativos”.
La observación presidencial suprimió a los bancos cooperativos de las entidades a las cuales se aplicaría la normativa y se aclara que se exceptúan de la aplicación a los bancos que no sean miembros del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).
El artículo 11 originalmente autorizaba al Consejo Directivo del Banco Central de Reserva (BCR) a conceder financiamiento de liquidez a “bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito”; con las observaciones se suprime “bancos cooperativos” y se agrega que esta facultad para otorgar créditos de liquidez la condición de que sea “con recursos de organismos financieros internacionales o regionales, bancos centrales u otros estados, sociedades de ahorro y crédito y otros bancos”.
Esta disposición regulada en el artículo 11, según su redacción, busca defender derechos de depositantes en caso de deterioro estructural de la liquidez de una o más instituciones, calamidad pública o con el fin de restablecer o prevenir la iliquidez.
Así mismo, se eliminó del artículo 35 la disposición que facultaba a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a decretar la intervención de una cooperativa en proceso de adecuación gradual a petición de la Fiscalía.
El artículo 38 pasó de titularse “Facultad de la Superintendencia para suspender definitivamente las operaciones de una cooperativa” a “Facultad de la Superintendencia para suspender definitivamente las operaciones de otros bancos”.
Otras modificaciones son la eliminación de la cooperativa de ahorro y crédito de las definiciones en el artículo 3, la supresión del artículo 18 la referencia a bancos cooperativos y “las cooperativas que se encuentren en el proceso de adaptación gradual”, entre otras.
En algunas disposiciones la referencia a bancos cooperativos fue sustituida por «otros bancos», definidos como «aquellas entidades bancarias reguladas conforme a las leyes especiales vigentes».
La nueva Ley de Energía Geotérmica permitirá a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) poder otorgar concesiones sin una licitación pública a los autorizados para exploración geotérmica que confirmen que efectivamente hay reservorio geotérmico y determine que la explotación es factible.
Así lo establece la normativa aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa de El Salvador.
La normativa aprobada ayer también permite que la DGEHM autorice exploraciones geotérmicas por tres años en áreas de hasta 50 kilómetros cuadrados. Estos exploradores geotérmicos tendrán derecho preferente a la explotación.
También se permitirá la adjudicación directa cuando los proyectos geotérmicos sean declarados de interés nacional por la DGEHM, que lo decidirá así “cuando se justifique que su desarrollo es estratégico para la seguridad energética, el desarrollo económico y/o el bienestar nacional”.
En estos casos de contratación directa, según la normativa, la DGEHM debe resolver las solicitudes de concesión dentro de un plazo de 20 días hábiles.
Las adjudicaciones de concesiones de explotación geotérmica podrán ser hasta por 30 años y deberán pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa, luego de que la DGEHM le envíe el contrato y el proyecto de ley de concesión, además de un informe que detalle el monto de la inversión, la forma de financiamiento y las fechas de construcción y operación.
La Dirección abrirá a licitación pública las áreas que haya identificado con potencial geotérmico en el país.
Las empresas concesionarias, que deberán pagar por la explotación una tarifa por área y megavatio generado, gozarán de incentivos fiscales durante los primeros 10 años, que incluye Impuesto sobre la Renta, aranceles e impuestos por la venta de certificados de energía renovable y otros relacionados.
La ley también permite expropiaciones, exige a los concesionarios un Protocolo de Sostenibilidad a 50 años y establece multas desde los $2 millones hasta los $4.08 millones (de 5,000 a 10,000 salarios mínimos) por infracciones como explotar sin la respectiva concesión.
Aproximadamente un 96 % de los salvadoreños aprueban el trabajo del presidente Nayib Bukele en seguridad, calificándolo como «muy bien» o «algo bien»; y un 4 % lo calificaría como «muy mal» o «algo mal», según la presentación de la encuesta de CID Gallup que hizo el gerente, Luis Haug, en entrevista con Telecorporación Salvadoreña.
El dato fue retomado en un video que compartió el mismo presidente Nayib Bukele. «Es prácticamente población absoluta adonde nos dice que está satisfecha con el trabajo realizado, un 96 % no lo habíamos observado históricamente, prácticamente aquel que se está quejando no nos aparece», indicó Haug en la entrevista realizada el 10 de septiembre por Moisés Urbina.
La proporción de la población que aprobaba el trabajo en seguridad del presidente Bukele ya era amplia desde 2020, antes del régimen de excepción. En 2020, era del 86 %, bajó a 84 % en 2021 y a 82 % en 2022. Después del régimen de excepción esta proporción subió a 95 % en 2023, 93 % en 2024 y 95-96 % en 2025.
Según el estudio, el porcentaje de la población salvadoreña que ve el crimen y la violencia como su principal preocupación bajó del 1 % al 0 %.
Además, la aprobación de las medidas contra los pandilleros pasó del 92 % en 2024 al 90 % en 2025; y sube levemente del 4 al 10 % el porcentaje de la población que «poco o nada» aprueban las medidas.
La proporción de la población que dijo que alguien de su familia fue víctima de robo o asalto en los últimos cuatro meses subió del 5 % al 7 % según el mismo estudio.
Otros resultados en encuesta de CID Gallup: tendencia de 2024 a 2025
–Rumbo de país: baja del 87 % al 81 % la población que ve correcto el rumbo del país.
–Preocupación principal de la población: baja del 68 % al 58 % la proporción de los salvadoreños que ven el costo de la vida y el empleo como principales preocupaciones de las familias.
–Atención médica inadecuada: sube del 7 al 14 % de la población que ven la atención médica inadecuada como principal preocupación del país.
–Situación económica mejor: sube del 32 % al 40 % la población que cree que la situación económica está mejor.
–Percepción positiva sobre Nayib Bukele: baja del 91 % al 87 %. Le negativa también baja del 7 % al 6 %.
–Aprobación de la labor presidencial de Nayib Bukele: baja del 89 al 87 % la población que lo aprueba. La desaprobación sube del 7 al 8 %.
–Trabaja para los salvadoreños: sube del 54 al 56 % la población que percibe que el Nayib Bukele está gobernando para todos los salvadoreños.
–Trabaja para los más pobres: baja del 23 al 20 % la población que percibe que gobierna para los más pobres.
–Orgullo por Bukele: sube del 82 al 83 % la población que tiene orgullo por tener a Nayib Bukele como presidente; baja del 15 al 12 % la población que siente poco o nada de orgullo.
–Busca lo bueno: baja del 90 al 87 % la población que percibe que Nayib Bukele busca lo bueno para los salvadoreños.
–Cumple promesas: sube del 82 al 85 % la población que cree que Bukele cumplirá con la promesa de ayudar a solucionar los problemas de la familia.
–Situación económica familiar: Aumenta del 26 % al 34 % la población que cree que su situación económica ha mejorado en los últimos cuatro meses.
