Autor: Yolanda Magaña

Un incremento de $317.4 millones ha sufrido el presupuesto general del Estado 2025 hasta el mes de julio, con una asignación total que ya alcanza los $9,980.4 millones, casi los $10,000 millones.

Se trata de las instituciones públicas que son parte del Gobierno Central, es decir, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, Presidenci y ministerios, Fiscalía, procuradurías, Corte de Cuentas, tribunales electoral, de servicio civil y de ética gubernamental, Judicatura y pago de deuda.

De los casi $10,000 millones programados para este año, el Gobierno Central ha gastado $5,544.8 millones hasta julio, 55.6 %, y tiene comprometidos $6,663.4 millones, según el informe “Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos a julio 2025”.

Los mayores aumentos presupuestarios ocurrieron en Obras Públicas, de $724.7 a $958.5 millones, un aumento de $233.8 millones; y en el Ministerio de Economía, de $75.2 a $177.3 millones, un aumento de $102.1 millones.

En tercer lugar, aumentó Agricultura en $80.8 millones y, en cuarto, el Ministerio de Hacienda, en $70.6 millones.

Por el contrario, el pago de obligaciones, transferencias y deuda ha tenido una disminución de $3,693.1 millones a $3,469.5 millones, de $223.6 millones.

El incremento de $317.4 millones se debe, según el Ministerio de Hacienda, a la “incorporación de recursos para implementar proyectos estratégicos en beneficio de la ciudadanía”.

Del presupuesto total modificado, un total de $1,508.1 millones proviene de préstamos externos, $8,447.5 millones del Fondo General y $24.8 millones son donaciones.

Los datos, sin embargo, según la tabla interactiva del Portal de Transparencia Fiscal, el presupuesto programado modificado del Gobierno Central alcanza los $10,085.7 millones, con una modificación total de $427.8 millones, ya que inicialmente se programaron $9,657.9 millones.

 

 

El gobierno de Estados Unidos habría entregado un total de $4,760,000 al gobierno de El Salvador como parte del acuerdo para encarcelar a unos 300 miembros de la organización terrorista “Tren de Aragua” (TdA), según una correspondencia publicada por la organización Democracy Forward o “Democracia hacia adelante”.

El acuerdo se dio entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador e implicó la reclusión de 238 venezolanos señalados de ser miembros de TdA por el gobierno estadounidense que fueron encarcelados durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión construida por el gobierno de Nayib Bukele en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.

“El Departamento de Estado no asume responsabilidad por reclamaciones por daños y perjuicio de terceros que surjan de este acuerdo (…) Por favor firme a continuación y retorne esta carta tan pronto como sea posible”, indica la carta, fechada el 22 de marzo.

El retorno con la firma por parte de El Salvador implicaba la aceptación de “los términos y las condiciones de esta carta”.

El pago se realizó a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, según la misiva dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores. La carta tiene oculto nombre y cargo del remitente.

La comunicación detalló que, el 14 de marzo, el gobierno salvadoreño “comunicó su voluntad de aceptar en su casa aproximadamente 300 miembros de TdA removidos por hasta un año o hasta otra decisión” y que los fondos se destinarían a costos de la detención y no para propósitos distintos.

Según la correspondencia publicada, el gobierno salvadoreño debía proveer, dentro de los seis meses siguientes al final de cada año calendario, un reporte de la actividad financiera relacionada con los fondos proveídos por Estados Unidos.

El acuerdo comprometió al gobierno salvadoreño a no usar los fondos para apoyar individuos u organizaciones designados bajo la Orden Ejecutiva 13818 –personas involucradas en graves abusos de derechos humanos o corrupción– ya sea funcionarios o exfuncionarios, o personas cómplices directa o indirectamente de corrupción, apropiación indebida de bienes estatales, sobornos; o para individuos u organizaciones relacionadas al terrorismo, incluyendo designados bajo la Orden Ejecutiva 13224, así como tampoco a narcotraficantes.

También se prohibió usar los fotos para financiar caravanas migratorias hacia Estados Unidos, procesos de asilo, agencias de Naciones Unidas, promoción del aborto o que no cumpla la Orden 14173 contra la discriminación ilegal.

Los más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador por Estados Unidos entre el 15 y el 16 de marzo de 2022 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La reclusión desató disputas judiciales en las cortes estadounidenses y la presentación de una demanda de habeas corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.

El Ministerio de Gobernación ha acreditado un total de 22 organizaciones no gubernamentales del 1 de enero al 30 de julio de 2025, un 66.7 % menos que las 66 inscritas en el mismo periodo de 2024.

Desde el año 2019 hasta julio de 2025, Gobernación ha inscrito al menos 972 organizaciones no gubernamentales en El Salvador, según sus registros divulgados en su Portal de Transparencia.

Un total de 86 ONG fueron inscritas durante todo 2024, de las cuales 66 fueron inscritas de enero a julio de ese año.

Estas son las organizaciones no gubernamentales inscritas de enero a julio de 2025

1. Asociaciones de Profesionales de Enfermería de la Universidad de El Salvador, 2 de marzo.

2. Asociación Junta Administradora de Agua Regalo de Dios La Guacamaya, 5 de mayo.

3. Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, 7 de enero.

4. Asociación de Líderes de Talento Humano, 7 de enero.

5. Asociación de Veteranos Atonal, 10 de enero.

6. Asociación para la Educación y Prevención de Diabetes, 12 de marzo.

7. Asociación Aeronáutica y Aeroespacial de El Salvador, 15 de junio.

8. Asociación Comunidad de Empresas de Comunicación de El Salvador, 21 de marzo.

9. Asociación Amigos Club Porsche El Salvador, 28 de mayo.

10. Asociación de Payasos y Artistas Varios El Salvador, 31 de enero.

11. Fundación Ingeniero Ramón Villalta, 5 de mayo.

12. Fundación Alma Corazón, 5 de marzo.

13. Fundación Impulsa Joven, 25 de marzo.

14. Fundación Aún hay respuesta y oportunidad, 7 de enero.

15. Fundación Crecer, 20 de enero.

16. Fundación Acción Psicosocial de El Salvador, 27 de enero.

17. Fundación Alimentos y Educación, 13 de febrero.

18. Fundación La tierra es vida, 13 de febrero.

19. Fundación Universidad Internacional de América Central, 7 de enero.

20. Fundación Pro Salvadoreña, 2 de mayo.

21. Fundación Amiguitos del Porvenir, 14 de febrero.

22. Ful Bellies, Inc., 21 de marzo.

La Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, vigente desde el 25 de diciembre de 1996, establece que estas organizaciones tienen las mismas obligaciones tributarias que establecen las leyes para las personas naturales y jurídicas, pero pueden ser declaradas de utilidad pública con aval de la Dirección General de Impuestos Internos.

Estas organizaciones están obligadas a llevar un libro de registro de sus miembros o afiliados, a llevar contabilidad formal de su patrimonio según las normas tributarias autorizadas por la Dirección General del Registro, deben tener organismos de vigilancia de la administración de patrimonio y los auditores están obligados a reportar cualquier irregularidades a la Asamblea General y a la Corte de Cuentas de la República.

Las asociaciones y fundaciones que “manejen fondos provenientes del Estado también estarán fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas” y la Fiscalía ordenará investigación si hay incongruencia entre objetivos y fines, y las actividades desarrolladas, cuando haya elementos de prueba sobre desvío de fondos, por servir como medio para eludir la ley, o cuando haya delitos o faltas.

Esta normativa ya regula las entidades o personas jurídicas extranjeras, que también deben inscribirse en este registro.

Adicionalmente, el 9 de junio de 2025, Gobernación inició el proceso de inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros, establecido en la nueva Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el 7 de junio de 2025 en El Salvador.

Con afiches que pedían liberar el líder de veteranos José Santos Melara y del exdirigente del FMLN Atilio Montalvo, veteranos de guerra exhortaron este martes a participar en una marcha el 15 de septiembre. “Que se agilicen los procesos judiciales”, pidió Ángel Claudia, representante del sector.

“No tenemos mayor información, no tenemos ninguna comunicación, creo que nadie lo tiene de los presos políticos. No tienen ninguna oportunidad de que las familias los visiten, ni siquiera los abogados, entendemos”, indicó esta mañana Ángel Claudio, representante de los veteranos.

“La situación es grave, porque empiezan con el régimen de excepción, es cierto que ha dado sus frutos y lo aplaudimos pero no aplaudimos la injusticia que se está dando, que ahora es una herramienta para la represión”, expresó el veterano Santana Sánchez, quien consideró que el régimen actualmente está dando “inseguridad”. “Este país ya está lleno de presos políticos, estamos pidiendo que el régimen de excepción desaparezca”, indicó.

Los veteranos también reclaman la construcción de un hospital y el aumento de las pensiones de $100 a $300 mensuales. Otras preocupaciones son los fallecimientos en los centros penales, que ya llegan a 445 según el Socorro Jurídico Humanitario. Un bloque sindical también reclama por los despidos.

La marcha está programada a las 8:00 de la mañana del lunes 15 de septiembre frente al hospital Rosales y se dirigirá hacia el centro de San Salvador, probablemente frente a la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).

José Santos Melara, coordinador de la Alianza El Salvador en Paz y director de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (Anvege), se mantiene encarcelado acusado de actos de terrorismo, al igual que el comunicador Luis Alberto Menjívar y otros activistas. Después de su arresto, Melara fue señalado de ser el “financista” de los planes de la “Brigada de Insurrección Salvadoreña” de “detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas” con “explosivos con temporizadores.

Las capturas fueron realizadas los días 30 y 31 de mayo de 2024, antes de la toma de posesión de Nayib Bukele en un segundo mandato de la presidencia de la República.

La Embajada de China Popular en El Salvador aseveró que “el uso de visas como arma” no frenará los lazos entre China y los países centroamericanos.

“No ahuyentará a quienes tienen una mentalidad sobria. Tampoco frenará los florecientes lazos entre China y los países centroamericanos”, indicó la oficina diplomática a través de X.

La cuenta del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Popular aseveró que continuarán “fortaleciendo la cooperación con los países centroamericanos” y que contribuirán “a la prosperidad local” y a brindar “beneficios más tangibles” a dichas poblaciones.

China rechazó la política de restricción de visado a los centroamericanos que estén o se hayan vinculado con China Popular y señaló a Estados Unidos de tener una diplomacia al estilo de “intimidar a los pequeños”. “China deplora los ataques infundados de Estados Unidos, su diplomacia coercitiva y su injerencia en las relaciones de China con estos países”, indicó.

El jueves pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política para restringir las visas estadounidenses a centroamericanos que trabajen o hayan trabajado con el Partido Comunista Chino, una política que también afectará a sus familiares.

“Estados Unidos se compromete a contrarrestar a influencia corrupta de China en Centroamérica y a detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho… Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos”, dijo Rubio.

La prohibición del ingreso a territorio estadounidense está dirigida a los centroamericanos que se encuentran en sus países y “actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino” y “a sabiendas dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en Centroamérica”. También afectaría a los centroamericanos que hayan participado “previamente” en dichas actividades a nombre del Partido Comunista Chino para socavar el Estado de derecho en Centroamérica.

Los gobiernos de China Popular y de El Salvador restablecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2018 tras romper relaciones con Taiwán; una de las donaciones más recientes fue la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES) y está por construir el Estadio Nacional El Salvador.

En febrero de 2025, el secretario Marco Rubio le «planteó» al presidente Bukele «estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio para salvaguardar la soberanía y los intereses de ambas naciones y la región» según su portavoz Tammy Bruce.

El concejo municipal de San Salvador Centro aprobó una nueva ordenanza para otorgar las solvencias municipales en los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, manteniendo los costos diferenciados para las solvencias físicas e incluyendo una emisión digital por $5.

La nueva ordenanza, que está vigente desde el sábado 6 de septiembre, incorpora que la solvencia municipal puede obtenerse “a través de cualquiera de los medios electrónicos habilitados”.

Las tasas para la obtención de las solvencias físicas se mantienen en los cinco distritos de San Salvador Centro:

• San Salvador: $5
• Mejicanos: $5
• Ayutuxtepeque: $5
• Ciudad Delgado: $3
• Cuscatancingo: $1.44

Sin embargo, la ordenanza agrega una emisión digital por cada solvencia de contribuyente o no contribuyente por $5 para hasta 3 visualizaciones, según el artículo 8 de la ordenanza publicada.

El funcionario delegado para suscribir las solvencias municipales siempre será el tesorero municipal y el requisito para obtenerla serán estar al día en el pago de los tributos municipales, intereses y multas, entre otros.

Con esta aprobación, se derogó la ordenanza sobre la materia aprobada el 12 de marzo de 2021 por el concejo de San Salvador y las normativas relacionadas en el resto de distritos.

En junio pasado, la Asamblea Legislativa reformó el Código Municipal para eliminar las solvencias de impuestos, tasas o contribuciones municipales como requisito para la inscripción de una sociedad mercantil en el Registro de Comercio. Únicamente será necesaria para la modificación, transformación, fusión y disolución de una sociedad.

Esta reforma también estableció que las solvencias pueden ser emitidas por un medio electrónico y no solo en papel simple.

El Salvador tiene un potencial de generación de energía geotérmica de unos 600 megavatios (MW) de capacidad instalada, de los cuales 500 quedarían disponibles para que privados puedan explotarlos, según el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.

En sus explicaciones a los diputados, que aprobaron el proyecto de Ley de Energía Geotérmica sin modificaciones, el presidente de la CEL detalló que hay «identificados» casi 600 MW de energía geotérmica que pueden desarrollarse en territorio salvadoreño y el Estado tiene el plan de desarrollar 100 megavatios en cinco años.

«Quedan 500 que alguien más pueda venir a desarrollar, al aperturarlo a que lo puedan hacer empresas que quieran explotar este recurso, lo vamos a hacer en menos tiempo”. Daniel Álvarez, presidente de la CEL.

Con la participación de privados, ejemplificó, podrían generar ya no 100 megavatios sino 200 en ese plazo de cinco años.

Actualmente la empresa subsidiaria de la empresa estatal CEL, LaGeo, tiene una capacidad instalada total de 204.4 megavatios (MW) y una producción neta del 21.8% de la energía eléctrica que se produce en El Salvador, según la misma institución. La capacidad instalada de la central geotérmica de Ahuachapán es 95 MW y de la central de Berlín es 109.4.

Nueva ley no modificará planes de generación estatal, dice CEL

El presidente de la CEL indicó que la ley no modifica los planes que tiene el Estado en explotación geotérmica a través de LaGeo, subsidiaria de la CEL.

Además, prometió que se respetarán las regulaciones medioambientales y que respetarán el recurso hídrico.

«Nosotros reinyectamos el recurso, lo volvemos al manto de donde viene y no se tira a cualquier lado, por eso es que han durado tanto tiempo las plantas», indicó, ante las dudas sobre el respeto al medio ambiente expresadas por la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos.

Lo lograrán, según el funcionario, ya que la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM) verificará que la explotación se realice con la experiencia de LaGeo.

“No es que nos van a venir a contar cómo se hace un campo geotérmico. ¿Cómo lo van a hacer?, como nosotros digamos que se hace porque no nos van a venir a enseñar cómo hacer un campo geotérmico”, prometió.

En Latinoamérica solo hay siete países que generan energía con pozos geotérmicos, los países con mayor capacidad instalada son México (976), Costa Rica (262.66) y El Salvador (204.4) según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La energía geotérmica, que se obtiene a través del calor de la tierra, tuvo una inversión privada en la década de los años 2000 con la empresa italiana Enel en la central de Berlín.

Sin embargo, en 2023, el consorcio inglés panameño InterEnergy ganó dos licitaciones, una para construir una planta geotérmica en Chinameca, en San Miguel, con una capacidad de 20 MW y otra en San Vicente de 10 MW, en una adjudicación bajo la modalidad de “construye, opera y transfiere” con la condición de que 20 años después de su funcionamiento pase a propiedad del Estado.

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su cierre debido a la actual situación política del país, en donde señalan un “cierre del espacio cívico”, y la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el pasado 7 de junio.

“Tras 33 años de labor en favor de la democracia, las ciencias sociales y la ciudadanía en El Salvador, Fudecso anuncia su disolución ante el cierre del espacio cívico y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros”, escribió Fudecso en X.

En un comunicado publicado la tarde de este lunes, la Fundación calificó la nueva Ley de agentes extranjeros de ser una “ley de censura” y una “ampliación de la aplicación del régimen de excepción contra la ciudadanía”.

La nueva ley, según la fundación, afecta la ayuda financiera extranjera a las entidades no gubernamentales con un “impuesto arbitrario”, multas y amenazas de responsabilidades penales, en referencia al impuesto del 30 % sobre transferencias o donaciones extranjeras recibidas por personas naturales o entidades que operan en El Salvador y multas de hasta $250,000.

“Aclaramos que Fudecso no ha sido ni es agente de ninguna entidad o gobierno extranjero. Preferimos disolver a Fudecso que perder nuestro derecho a ser ciudadanos libres”. Fudecso.

Según la Fundación, “la principal amenaza de esa ley es la discrecionalidad para actuar contra las organizaciones no gubernamentales otorgadas al presidente de la República, al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Local y al fiscal general, legalizando sus potenciales arbitrariedades”.

Hace cuatro días, el 4 de septiembre, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que nació en 1988, anunció su cierre debido a las condiciones de la nueva normativa.

La Ley de Agentes Extranjeros obliga a cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero a que se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y obliga a los «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros. Fue anunciada por el presidente Nayib Bukele luego de una protesta cerca de su residencia.