Autor: Yolanda Magaña

  • Los créditos que dará Bandesal a las mipymes con los $190 millones de BID

    Los créditos que dará Bandesal a las mipymes con los $190 millones de BID

    El Ministerio de Hacienda informó a la Comisión de Hacienda y General de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que los créditos que financiará el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) con los fondos de dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiarán proyectos que buscan disminuir los efectos del cambio climático pero también proyectos que buscan la transformación digital.

    Los beneficiarios de los créditos podrán ser microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas (mipymes) que estén solventes y sean sujetas de crédito. Los fondos están siendo gestionados por Bandesal: un crédito por $60 millones para ahorro energético y otro por $130 millones para transformación digital.

    Concretamente, los créditos que podrá financiar en la búsqueda de disminuir los gases de efecto invernadero son: calderas de alta eficiencia, iluminación de alta eficiencia, motores y bombas eléctricas de alta eficiencia, hornos de alta eficiencia, sistemas solares térmicos, sistema de biogás y generación solar fotovoltaica.

    Los créditos que podrá financiar para la transformación digital: compra de equipo, maquinaria y programas informáticos, contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias, capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociados a la transformación tecnológica, y para la construcción o remodelaciones de centros de datos.

    La Comisión aprobó el lunes los dictámenes 62 y 63 que autorizan a Hacienda a respaldar con «garantías soberanas del Estado» los dos créditos a Bandesal, que serán otorgados a un interés variable con un periodo de gracia de 7 años y un plazo de 23 años y medio.

    Los créditos serán otorgados por las instituciones financieras intermediarias o bancos. En la comisión, no se informó sobre la tasa de interés a la que serán otorgados los préstamos.

    La tasa cobrada a lEstado será la tasa SOFR, que actualmente está al 6 % anual, más un margen «aplicable a préstamos de capital ordinario».

  • Eximen de impuestos donación de medicinas de Fundación y compra a AstraZeneca

    Eximen de impuestos donación de medicinas de Fundación y compra a AstraZeneca

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa exoneró del pago de impuestos, incluyendo IVA y derechos arancelarios a la importación (DAI) «una donación de medicamentos para leucemia» y la compra de otro medicamento para el» tratamiento contra el cáncer de pulmón» no microcítico con mutación positiva de EGFR.

    Según el proyecto enviado por el ministro de Salud, Francisco Alabí, el Ministerio de Salud compró 475 cajas de «Osimertinib Tagrisso 80m (30 comprimidos) a AstraZeneca», en «sustitución parcial» de un «contrato de compraventa por anticipado para el «suministro de AZD2222», nombre que le dio a la vacuna contra el «covid-19» desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

    Este contrato de compraventa sustituido parcialmente fue firmado entre la FundaGeo y el Ministerio de Salud. La adquisición del nuevo medicamento para cáncer de pulmón está amparado en la factura 6400025032 del 28 de agosto de 2024 y el convenio de cooperación entre Minsal y LaGeo del 22 de abril de 2022.

    La Comisión también aprobó una exoneración a una donación de otro medicamento para la leucemia que realizará la «Fundación MaxAid», una organización con sede en Seattle, Estados Unidos, que tiene un programa global sobre el cáncer.

    La donación busca beneficiar a «pacientes del Hospital Nacional Rosales que padecen leucemia mieloide crónica o tumores de estroma gastrointestinales «(GIST).

    Son «900 cajas de Glivec FCT 400 mg. y 500 cajas de Glivec FCT 100 mg». Los diputados aprobaron ambas exoneraciones por unanimidad.

    Aunque en la presentación de la Dirección General de Aduanas se presentaron ambas como donaciones, el diputado Christian Guevara aclaró que una era donación y el otro expediente es una exoneración a la adquisición que está haciendo el Ministerio de Salud.

  • Avalan garantías para $190 millones del BID para que Bandesal dé créditos a mipymes

    Avalan garantías para $190 millones del BID para que Bandesal dé créditos a mipymes

    Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron este lunes los dictámenes 62 y 63 para autorizar al Ministerio de Hacienda a otorgar las «garantías soberanas del Estado» en dos créditos que suman $190 millones y que están siendo gestionados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    El primer préstamo por $60 millones servirá para dar préstamos a las micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) que quieran invertir en ahorro de energía y reducción de gases de efecto invernadero.

    El segundo préstamo por $130 millones serviría para dar créditos a las mipymes para que inviertan en centros de datos o compra de equipo o programas informáticos. Es el «Programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de mipyme en El Salvador».

    Los créditos a las mipymes serán otorgados mediante las instituciones financieras intermediarias (IFI) o bancos a condiciones aún no detalladas.

    Según Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público, el artículo 148 de la Constitución permite al Poder Ejecutivo otorgar una garantía previa autorización de la Asamblea Legislativa. La gestión de estos préstamos, según la funcionaria, inició en el segundo semestre de 2023.

    Ambos préstamos deben ser cancelados al BID en un plazo mayor a los 23 años. Para otorgar los créditos a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, conocidas como «mipymes», que serán beneficiadas, se exigirá «ser un cliente solvente sujeto de crédito».

    Las condiciones de dos créditos por $130 millones que dará el BID a Bandesal para préstamos a las mipymes

    1. Préstamo de $60 millones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las mipymes
    Condiciones:

    Plazo del préstamo: 23.6 años.
    Periodo de gracia: 7 años.
    Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
    Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.

    ¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de reducción de gases de efecto invernadero?
    1. Calderas de alta eficiencia
    2. Iluminación de alta eficiencia
    3. Motores y bombas eléctricas de alta eficiencia
    4. Hornos de alta eficiencia
    5. Sistemas solares térmicos
    6. Sistema de biogás
    7. Generación solar fotovoltaica

    ¿Quiénes serían los beneficiarios?
    Micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) de todos los sectores de la economía.

    ¿Cuáles serán los requisitos?
    1. Ser un cliente solvente sujeto de crédito.
    2. Usuarios que califiquen como mipymes.
    3. Cumplir con requisitos del crédito de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI).

    2. Préstamo de $130 millones del BID a Bandesal la transformación digital de las mipymes
    Condiciones:
    Plazo del préstamo: 23 años y seis meses.
    Periodo de gracia: 7 años.
    Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
    Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.
    Pagos: semestrales.

    ¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de transformación digital?
    1. Compra de equipo, maquinaria y programas informáticos.
    2. Contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias.
    3. Capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociados a la transformación tecnológica.
    4. Construcción o remodelaciones de centros de datos.

    Durante la aprobación, la diputada Dania González (Nuevas Ideas), preguntó cuáles son las instituciones financieras intermediarias (IFI) para que los propietarios de los negocios lo sepan y cuáles podrían ser las tasas de interés para los créditos que serían otorgados a las mipymes.

    La subdirectora de crédito público respondió que las IFI son «todos los bancos, las facultadas para otorgar créditos a los usuarios». Explicó que las micro, medianas y pequeñas empresas están definidas por la cantidad de sus empleados a partir de 10, 50 y 100 trabajadores; y en función del volumen de sus ventas, de $175,000 anuales, $1.7 millones anuales y $7 millones anuales.

    El diputado Edgardo Mulato (Nuevas Ideas) preguntó detalles sobre la tasa de interés que deberá pagar el Estado salvadoreño al préstamo al BID.

    La representante de Hacienda explicó que la tasa SOFR sustituyó a la tasa LIBOR, la base para determinar el costo del financiamiento y es variable, pero que actualmente asciende al 6 % anual.

  • Acevedo: deportación masiva provocaría «catástrofe» en El Salvador y ve «carta de negociación» en oferta de Bukele

    Carlos Acevedo, economista y estudioso de la política nacional e internacional, calificó este lunes de «carta posible de negociación en el futuro para beneficiar a los migrantes» la oferta del presidente Nayib Bukele de encarcelar a criminales extranjeros, incluso estadounidenses, en El Salvador.

    «Es una carta posible de negociación en el futuro para beneficiar a los migrantes. Sí, yo creo que está bien, a veces tenés que negociar con el diablo», dijo en la entrevista de La Tribu de este lunes.

    Aseguró que el gobierno ya «negoció con las pandillas en la primera etapa» y que lo consideró en aquel momento una «decisión correcta porque las pandillas tenían de rehenes a la población de El Salvador». «Obviamente no lo reconoce pero obviamente así fue», añadió.

    Según Acevedo, en El Salvador los criminales extranjeros «van a sentir el ácido, van a estar deseando haberse quedado en las cárceles de Estados Unidos».

    «Yo el beneficio mayor que le veo es que es una potencial carta de negociación a la hora de buscar un trato preferencial para los salvadoreños allá».
    Carlos Acevedo, economista.

    El también expresidente del Banco Central de Reserva explicó una deportación masiva de salvadoreños desde Estados Unidos provocaría una «catástrofe» en El Salvador, echando al traste cualquier esfuerzo del gobierno por mejorar la economía local.

    «Todo lo que haciendo el gobierno para tratar de levantar la economía se va al carajo», fueron sus palabras.

    Lo explicó: hay 1.4 millones de salvadoreños en Estados Unidos según el Censo de Población de Estados Unidos y la mitad de estos está en estatus irregular, además hay 1.2 millones de salvadoreños nacidos en Estados Unidos.

    Si se deportan 700,000 personas en estatus irregular, El Salvador no tendría capacidad de dar empleo, educación y salud a 700,000 personas más, además de las remesas que dejarían de llegar a El Salvador.

    Esto, agregó, provocaría «una economía en recesión con 700,000 (salvadoreños) más buscando empleo, bienes públicos, sería una crisis humanitaria social que no sé si alguna vez hemos visto en El Salvador».

  • Gobierno creará una agencia nacional y un registro de Inteligencia Artificial

    Gobierno creará una agencia nacional y un registro de Inteligencia Artificial

    El Gobierno creará una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que estará adscrita a la Presidencia de la República y coordinará actividades relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA) en El Salvador.

    La ministra de Economía, María Luisa Hayem, entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías» el pasado 6 de febrero, a las 2:48 p.m. El proyecto ingresó mediante cambio de agenda en medio de la sesión plenaria.

    La ley promete que el Estado asistirá a los desarrolladores para registrar sus innovaciones de IA que sean de su propiedad intelectual.

    El proyecto, que será estudiado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, exige a las entidades o personas que realicen actividades con datos de dominio abierto o de su propiedad, que no tengan fines comerciales o uso público general, se inscriban en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA.

    Los sujetos que se encuentren en el Registro deberán cumplir una normativa técnica «según las hubiera» y tendrán ciertos beneficios como ser exentos de «responsabilidad alguna» por «consecuencias no deseadas o errores que deriven de ellas».

    Otra salvaguarda para ellos es la exención de responsabilidad a desarrolladores de IA por el uso «indebido» de herramientas, si demuestran «esfuerzos razonables» de garantizar estándares de seguridad y ética.

    La normativa también busca que ninguna entidad privada ponga condiciones para mejorar resultados generados por la IA, excepto «la legislación salvadoreña». Sin embargo, toda propiedad intelectual desarrollada de la IA pertenecerá a la entidad o persona desarrolladora.

    Si estas actividades de la IA se relacionan con las funciones de instituciones públicas o son supervisadas por alguna autoridad administrativa también deberán cumplir normas de seguridad establecidas por la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).

    Además, la Agencia de Inteligencia Artificial diseñará el marco de «evaluación de riesgos» que deberán aplicar los sistemas con «datos confidenciales, reservados o personales»; tendrá 90 días para hacerlo.

  • Víctimas de administración fraudulenta deberán presentar auditorías que demuestren el delito

    Víctimas de administración fraudulenta deberán presentar auditorías que demuestren el delito

    Las víctimas o denunciantes del delito de administración fraudulenta deberán presentar una “auditoría contable que demuestre la existencia del delito a investigar” cuando presenten su denuncia, y deberán asumir el costo económico de las pericias para acreditar o desvirtuar los hechos.

    Esta fue una reforma al artículo 27 del Código Procesal Penal aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa y que regula los delitos de “instancia particular”, es decir, que se perseguirán penalmente únicamente a petición de la víctima o de su representación legal.

    El decreto de reforma se incluyó junto al dictamen con un primer decreto de reforma que permitirá extender la detención provisional de los imputados sin sentencia firme.

    Según la reforma, si la víctima no presenta la “auditoría contable” que “demuestre” la existencia de administración fraudulenta, “la víctima deberá demostrar la imposibilidad de su obtención” e indicará el lugar donde está la documentación necesaria para realizar esta auditoría.

    Delitos patrimoniales serán perseguidos pese a conciliación

    El decreto también modifica el artículo 38 del Código Procesal Penal, que extingue la acción penal en ciertos delitos menos graves cuando hay conciliación o mediación. Recientemente, se excluyó de esta extinción el delito de conducción temeraria por consumo de alcohol.

    El viernes, la Asamblea Legislativa también excluyó los delitos de hurto agravado, robo, robo agravado, estafa, estafa agravada y extorsión de los delitos que pierden la acción penal si el imputado concilia.

    Peritos de FGR y CCR

    Además, incorporó como peritos permanentes los técnicos de la Fiscalía General de la República y los auditores nombrados por las dependencias tributarias de Hacienda o de la Corte de Cuentas de la República.

    Archivo de casos

    Otra reforma al artículo 293 permitirá al fiscal el archivo de las investigaciones cuando “se tenga la certeza de que no se ha afectado el bien jurídico protegido atendiendo a los resultados de la investigación efectuada”.

    La reforma también obliga al imputado a responder por los daños causados, autoriza el procedimiento abreviado para los imputados que confiesen y señalen copartícipes, y permite procedimientos sumarios por conducción peligrosa pero no para delitos graves como homicidios.

  • Agentes de la PNC retomarán la seguridad del ISSS por $6.56 millones anuales

    Agentes de la PNC retomarán la seguridad del ISSS por $6.56 millones anuales

    A solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Hacienda acordó el 8 de enero pasado que la Policía Nacional Civil (PNC) brinde los servicios de seguridad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por un monto de $6.5 millones.

    El precio es superior a lo que el ISSS paga actualmente por los servicios de seguridad. El precio del servicio de la PNC ascendería a $6,569,183.06.

    Según la orden de compra del 21 de octubre de 2022, para contratar los «Servicios de seguridad física para diferentes dependencias del ISSS a nivel institucional», el servicio por 12 meses de seguridad costó $3,321,309 ($3.3 millones), es decir, $3.2 millones menos.

    Esta se encontraba a cargo de la empresa Seguridad de El Salvador y Limpieza (Segusal), S.A. de C.V. El contrato comprendía la seguridad de las zonas central, occidental y oriental.

    Un contrato similar adquirido en marzo de 2020 costó $1,618,740 al ISSS. En este caso se adquirió a la empresa SIEDES, S.A. de C.V. el 31 de marzo de 2020 e incluía seguridad a instalaciones de la zona metropolitana y central.

    Según el contrato, a los agentes de seguridad se les exigía un curso de capacitación impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en asignaturas de procedimientos de agentes privados de seguridad y derechos humanos.

    Los fondos serán depositados a la cuenta «Dirección General de Tesorería» del Fondo de Actividades Especiales, subcuenta «Venta de productos y prestación de servicios de la Policía Nacional Civil», a través de una cuenta corriente del Bancoagrícola de la PNC.

    Se trató de una reforma al «Fondo de Actividades Especiales para la Venta de Productos y Servicios en la Policía Nacional Civil» creado en marzo de 1999.

    Según Hacienda, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública consideró prestar servicios de seguridad especializada en instituciones públicas que lo requieran y destinar «agentes policiales encargados de brindar directamente ese servicio» a cambio de una cantidad.

    El cambio se realizó a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad.

    Es la primera institución, según la reforma al acuerdo, que se incluye como compradora del servicio de seguridad a la PNC.

    Actualmente, el acuerdo original tiene precios por los siguientes servicios: reposición de placa personal por $13.56, reposición de carné al personal de la institución por $2.60, emisión y reposición de carné al personal que brinda servicios privados de seguridad, $2.60; emisión de solvencias, $3.50; traslado mediante grúa por kilómetro recorrido, $5; aparcamiento de vehículos decomisados, $1; certificación de documento de inspección de accidentes de tráfico, $1; y experticia de campo, por $5; y experticia formal de restauración de series, por $10.

    Este fondo fue aprobado durante la administración del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a solicitud de la PNC.

  • Nuevas Ideas pide primera reforma constitucional para eliminar deuda política

    Nuevas Ideas pide primera reforma constitucional para eliminar deuda política

    Diputados de Nuevas Ideas presentaron el viernes por la noche ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera reforma a la Constitución de la República que aprobarían bajo el mecanismo rápido aprobado el 29 de abril de 2024 y ratificado el pasado 29 de enero de 2025.

    «Derógase el Art. 210 de la Constitución», reza la reforma propuesta, en referencia al artículo que establece «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».

    En su petición, los diputados calificaron de «contradictorio» que el Estado «deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral», ya que «podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado».

    Esa primera solicitud de reforma constitucional pasó a estudio de la Comisión Política, que se reunirá el martes 11 de febrero.

    El Estado programó $38 millones de financiamiento público para el financiamiento a los partidos políticos durante el año 2024; según los cálculos de la organización Acción Ciudadana, $27 millones serían para Nuevas Ideas, $2.7 millones para Arena, $2.5 millones para el FMLN, $1.2 millones para Gana.

    De enero a junio de 2019, para las elecciones presidenciales, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió un total de $7,167,994, Vamos recibió $109,005.75; el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 43,149.75; y el Partido Social Demócrata recibió $71,328.69, según datos del Ministerio de Hacienda.

    Reforma constitucional en una votación

    Hasta enero pasado, una reforma constitucional en El Salvador exigía la votación de dos legislaturas diferentes, proceso que requería la intervención de dos conformaciones legislativas.

    La sentencia de la Sala de lo Constitucional 33-2015 exigía que en todo proceso de reforma constitucional era necesario un «intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración», es decir, consideraba que la ciudadanía debía conocer la posición de los partidos políticos sobre las reformas constitucionales antes de la elección legislativa y no hasta después.

    Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Asamblea ratificó la primera votación de la reforma al artículo 248 de la Constitución que permitía, también, aprobar una reforma constitucional en una sola votación.

    La oposición ha argumentado que la anulación de la deuda política es un pretexto para «trastocar la Constitución» de El Salvador.

  • Asamblea inicia proceso de elección de procurador general de la República

    Asamblea inicia proceso de elección de procurador general de la República

    Con 59 votos, la Asamblea Legislativa abrió el proceso de elección del procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028.

    Los candidatos pueden enviar sus hojas de vida y atestados desde ya en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. El último día para recibir currículums y los documentos requisitos es el viernes 28 de febrero de 2025.

    El cargo lo ocupa actualmente el abogado René Gustavo Escobar Álvarez, quien acompau00f1ó recientemente al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmu00e1n, durante el Examen Periódico Universal de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a El Salvador. Escobar afirmó que durante el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas», aunque organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que no se cumple el derecho de defensa.

    Escobar Álvarez finaliza su periodo el 1 de mayo de 2025.

    Los aspirantes deberán adjuntar constancias de Probidad, Investigación Judicial, Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Corte de Cuentas de la República.

    También, deberán presentar constancia del Tribunal Supremo Electoral en la que conste no tiene afiliación partidaria, del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la constancia de antecedentes penales y policiales, y solvencia del Ministerio de Hacienda en la que demuestre se encuentra solvente.

    A ello deberán sumar el respectivo acuerdo de autorización de abogado, la certificación de la partida de nacimiento y una copia certificada de Documento Único de Identidad (DUI).

  • Detención provisional podrá extenderse hasta media pena: aprueban reforma a Código Procesal Penal

    Detención provisional podrá extenderse hasta media pena: aprueban reforma a Código Procesal Penal

    La Asamblea Legislativa reformó este viernes el artículo 8 del Código Procesal Penal para ampliar el límite máximo de la detención provisional de un imputado en cualquier proceso judicial hasta la media pena del delito por el cual es acusado.

    El máximo podrá extenderse hasta la media pena para el delito imputado o del delito más grave imputado si son varios delitos.

    La reforma fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

    Esta extensión de la privación de libertad podrá aplicarse “a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

    “La privación de libertad también podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado y en el caso que se imputen varios delitos por la mitad de la pena señalada en el delito más graves durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria”, indica la reforma.

    Actualmente, la detención provisional de un imputado de delito “menos grave” no puede exceder un año y la detención de un imputado por delito grave puede extenderse hasta dos años e incluso ampliarse un año más por el trámite de recursos. Con la reforma, este límite podrá extenderse.

    También, la reforma permite no aplicar el plazo máximo de detención provisional en casos de:
    1. Pericias complejas.
    2. Conflictos de competencia.
    3. Asistencia legal mutua activa en materia penal.
    4. Mientras dure la extradición activa o pasiva.
    5. De oficio o a petición de parte debe descontar prácticas dilatorias o litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares.

    Según el gobierno, “al agotarse los plazos los acusados por delitos graves” son “puestos en libertad”. “La puesta en libertad anticipada de los imputados por el agotamiento de dicho plazo permite que estos puedan evadir la acción de la justicia, entorpecer la investigación o, en el peor de los casos, intimidar a los ciudadanos que han sido víctimas del delito o que intervienen como testigos o jurados”, dijo.

    Hay muchos abogados que dilatan adrede los procesos, esto para que sus clientes puedan salir libres y en algunos casos hasta puedan huir del país, esto también le servía a muchos delincuentes para que al salir podían intimidar a los testigos, las víctimas y el jurado. Francisco Villatoro (Nuevas Ideas).