Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa aumentó este viernes las penas de prisión para una veintena de delitos en El Salvador, estableciendo hasta 35 años de prisión por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo y hasta 30 años de prisión por el delito de robo agravado.

La reforma al Código Penal fue aprobado con 56 votos.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió aumentar más las penas para los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, para mantener la «simetría» en los delitos cometidos contra la vida respecto a las nuevas penas para los delitos como hurto y robo. La modificación fue aprobada con 56 votos.

En la reforma, se incluye el nuevo delito de «dilaciones procesales» que tendrá penas entre cuatro y ocho años de prisión, y que será aplicado tanto a la autoridad pública que retarde o permita el retraso de un proceso judicial indebidamente, así como para quienes en cualquier calidad dentro de un proceso judicial «paralicen el curso ordinario del proceso» con conductas negligentes o litigaciones temerarias que suspendan audiencias o interpongan recursos reiterativos, entre otros.

Además, se permite la «excusa absolutoria», es decir, se eximiría la pena, una sola vez para una persona, a quien repare integralmente el daño en el delito de hurto.

Las nuevas penas aprobadas en la reforma al Código Penal

Homicidio simple: 25 a 35 años de prisión. Pena actual: de 10 a 20 años.

Homicidio agravado: de 55 a 60 años de prisión cuando es ejecutado por funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad o miembros de personal penitenciario, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones. Para agravantes como alevosía, premeditación, veneno y motivos fútiles, se establecen las penas entre 35 a 40 años de prisión, y por agravantes como si la víctima es familiar, si el homicidio ocurriere para ocultar delitos de por ensañamiento, por precio, precedido de desaparición, las penas serán entre 45 y 50 años de prisión. Pena actual: de 30 a 50 años de prisión.

Privación de libertad: 3 a 8 años de prisión. Actual: 3 a 6 años.

Violación: 10 a 16 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

Violación en menor o incapaz: 18 a 26 años. Actual: 14 a 20 años.

Agresión sexual en menor o incapaz: 10 a 15 años de prisión. Actual: 8 a 12 años.

Estupro: 5 a 13 años de prisión. Actual: de 4 a 10 años.

Estupro por prevalecimiento: 8 a 17 años de prisión. Actual: 6 a 12 años.

Hurto: 6 a 8 años si el valor es mayor a 200 colones. Actual: 2 a 5 años.

Hurto agravado: 10 a 15 años de prisión por las agravantes, en las cuales se agregan: sobre objetos de infraestructura de servicio público o valor histórico, en estaciones de abordaje o servicio de transporte de pasajeros, de un vehículo automotor, de cinco o más cabezas de ganado, de uniformes de autoridad pública, entre otros. Actual: 5 a 8 años.

Robo: 10 a 20 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

Robo agravado: 20 a 30 años si en el hecho interviene un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público. Actual: 8 a 12 años.

Receptación: 6 a 10 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

Conducción de mercaderías de dudosa procedencia: 6 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

Proposición y conspiración (de robo, receptación, extorsión): Mitad del mínimo y el mínimo de la pena. Actual: igual pena que los delitos.

Uso ilícito de vehículo automotor: 2 a 5 años de prisión. De 5 a 8 años por el uso de vehículo hurtado o robado en la ejecución de un delito.

Estafa: 5 a 8 años si la defraudación es mayor a 200 colones. También, cometen este delito quienes usen tarjetas de crédito o débito en perjuicio de su titular o un tercero, sustraer producto financiero o instrumento distinto del efectivo para facilitar un delito. Actual: 2 a 5 años.

Estafa agravada: de 8 a 15 años de cárcel. Si el valor supera los 87,500 colones o afecte a 10 personas o más, si es cometida en distrito distinto al domicilio del autor o intervengan una o más personas de organizaciones terroristas. Actual: 5 a 8 años.

Daños: de 2 a 5 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

Daños agravados: de 5 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

Dilataciones procesales: 4 a 8 años de prisión. Se impondrá a la autoridad pública y también se considerará autores de este delito y se les impondrá la misma pena quienes actuando en cualquier calidad paralicen el curso ordinario del proceso o procedimiento, a través de actuaciones de mala fe o procesal, litigación temeraria, interposición de recursos reiterativos, entorpecimiento u obstrucción de la realización de un acto procesal.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes una Ley Anticorrupción que crea un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR) y le da acceso directo en tiempo real a información de todas las instituciones parte del sistema.

 

A favor de la normativa votaron los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo.

La ley obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus activos o bienes que posean, además de sus pasivos, todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda. Estos «informes de activos y pasivos» serán declarados cada año a partir de 2025 y serán publicados por Hacienda, luego de 15 días de ser presentados.

La nueva obligación no suprime la obligación ya existente de los funcionarios y empleados públicos de declarar patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, establecida en la «Ley sobre el enriquecimiento ilícito», que está vigente desde el año 1959 en que se aprobó.

Un fuerte saludo a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, Nicaragua, que están en Italia o Alemania porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley.
Christian Guevara (Nuevas Ideas).

 

Actualmente, las declaraciones patrimoniales de Probidad no son públicas y en 2021 en Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró acceso a las adendas patrimoniales de los funcionarios.

Con la Ley Anticorrupción, la Corte de Cuentas de la República remitirá todos «los informes de auditorías con hallazgos y observaciones» a la Fiscalía General de la República, así como toda la información que le requiera la Fiscalía.

También establece la «obligación» de toda persona de denunciar contra empleados y funcionarios «contra quien tenga pruebas» de delitos de corrupción.

La ley anticorrupción no solamente se enfoca a quienes incurran en prácticas corruptas sino que también en prevenir, que es lo más importante. Esta ley le da a la población salvadoreña una llave que antes no tenía.
Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

 

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó al gobierno a quitar la reserva de información pública relacionadas a denuncias de corrupción en el actual gobierno y recriminó la eliminación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (Cicies) en junio de 2021, así como la mención de funcionarios en la Lista Engel.

«Ustedes mismos, colegas diputados, han aprobado leyes que prácticamente permiten grandes espacios para la corrupción, por ejemplo, reformar leyes de compras públicas para que los mismos funcionarios públicos puedan vendarle al Estado».
Claudia Ortiz (Vamos).

 

La legisladora reclamó también la creación de esquemas de contrataciones públicas para que las sociedades anónimas puedan ser contratistas del Estado sin que sus integrantes sean conocidos públicamente, ejemplificó la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., cuyos «accionistas son un secreto».

Los tres órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, aquí no se hace excepción de nadie, las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos, deberán presentar la información que requiere esta ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla simple y sencillamente deberá responder ante la justicia.
William Soriano (Nuevas Ideas).

 

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que en los anteriores gobiernos nunca hubieran aprobado una ley similar.

«La guerra contra la corrupción ha dado un paso fuerte, un paso bastante grande, eso es lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones, ese es mi compromiso», dijo el diputado cian.

El legislador opositor, Francisco Lira, también pidió levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones del Estado y opinó que el problema no es de falta de leyes.

El Centro Nacional Anticorrupción va a perseguir los casos de esos funcionarios que han llegado a enriquecerse antes, durante y después de su gestión pública. Esperaría que se pudiera desempolvar todos esos casos de la extinta Cicies, será importante conocer el caso Catedral. Francisco Lira, diputado de Arena.

 

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recordó que la aprobación de la ley obedece al acuerdo entre el gobierno para un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de $1,000 millones, así como se desactivó «prácticamente» la Ley Bitcoin.

Villatoro celebró que se investigue el delito de «tráfico de influencias», incluido en la reforma al Código Penal, ya que «durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Estas personas deberían comenzar a ser procesadas».

Añadió que nueva Ley Anticorrupción también habla del «nepotismo». «Eso quiere decir que las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos que no tienen años en la cosa pública, modelos, cantantes, no podrían ser contratados en las instituciones de Gobierno, por lo tanto, también deberían seguir el proceso que dice esta Ley Anticorrupción», añadió.

La legisladora aseguró que un funcionario del actual gobierno «no tenía ni para hacerle aceite al carro» y «de repente dueños de talleres en Santa Elena y hoy desaparecido». Pidió que, en el futuro, no se hagan excepciones en la publicación de los informes de activos y pasivos que deberán presentar los funcionarios.

Qué bueno que se va a combatir la corrupción. Últimamente hemos conocido casos de personas que han tenido contratos de más de 25 años y que son de más de medio millón de dólares y que después de 11 meses ya los pagaron, entre otras cosas como ocupar la banca estatal para obtener préstamos para mí, mis familiares, ¿por qué?, porque para eso está la banca privada.
Marcela Villatoro (Arena).

 

Posteriormente, el diputado Caleb Navarro, sujeto de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que no están discutiendo la reforma al Código Penal.

La Asamblea Legislativa aprobó este viernes la autorización para que el Ministerio de Hacienda firme un contrato de préstamo por $60 millones destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los fondos serán destinados a la adecuación y equipamiento del edificio para el Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital, con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Según el BID, con el proyecto se beneficiaría a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos, y permitiría que todas las instituciones del Estado accedan a la «nube del Estado», aumentando la disponibilidad de servicios en línea y mejorando la gobernanza.

Los legisladores también aprobaron cuatro garantías soberanas del Estado de préstamos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ya adquiridos de 2008 a 2022, por $57.5 millones, $100 millones, $301 millones y $163 millones.

Estos préstamos fueron otorgados por el BCIE y no tenían garantía soberana del Estado, y sus fondos fueron destinados a proyectos como la expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, «capital de trabajo», a Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC); y a la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel.

Casi al final de la gira por la región del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Estados Unidos tiene asegurados, aunque no firmados, acuerdos con tres países para agilizar la deportación de migrantes extranjeros en situación irregular e incluso para los criminales extranjeros puedan cumplir su pena en otro país que no sea Estados Unidos.

1. El acuerdo con Panamá: transferencia

La ampliación de un convenio migratorio del 1 de julio de 2024 permitirá a Panamá recibir deportados extranjeros en una provincia del sur para transferirlos a otros países como Colombia y Ecuador. Según el presidente panameño, si hay transferencia a Venezuela le corresponderá a Estados Unidos porque Panamá no tiene relaciones con Venezuela.

Panamá no tiene un problema de emigración hacia Estados Unidos. Panamá no está entre los países de origen de los migrantes encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos y recibió apenas 117 criminales panameños deportados en los últimos cuatro años de dicha nación centroamericana.

El acuerdo con Panamá sería ocupar a este país de lugar de transferencia de migrantes extranjeros a otros países. Lo explicó así el presidente panameño a periodistas en una conferencia de prensa:

Les he ofrecido la pista de Nicanor en Metetí, (provincia de) Darién, para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas, de distintas partes como Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades (…) Usar a Panamá y de aquí transferir».
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, 2 de febrero.

2. El acuerdo con El Salvador: reclusión

El presidente salvadoreño Nayib Bukele le ofreció un acuerdo más amplio a Estados Unidos: utilizar las cárceles salvadoreños, específicamente el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), para que personas condenadas terminen de cumplir su condena en El Salvador, a cambio de una tarifa. El acuerdo, así, permitiría la deportación de migrantes extranjeros condenados a El Salvador.

El presidente ofreció también la recepción de criminales estadounidenses condenados pero el gobierno de Estados Unidos ha dicho que evaluará si esta operación respeta la Constitución estadounidense.

Hemos ofrecido a EE.UU. la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión a cambio de una tarifa.
Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

3. El acuerdo con Guatemala: transferencia

Guatemala también ofreció aumentar el flujo de vuelos de deportados de Estados Unidos en un 40 % –tanto nacionales como extranjeros– y la recepción de deportados extranjeros a Guatemala para transferirlos a otros países. Este acuerdo no trata sobre reclusión de extranjeros en Guatemala según mandatario de ese país, que discutirá detalles en «mesas binacionales».

No ha habido ninguna discusión de criminales condenados en el marco de estos flujos».
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.

El

secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que los tres pasos para fomentar la inversión de Estados Unidos en la región centroamericana son: la gobernanza, la seguridad y la prosperidad económica.

El funcionario estadounidense puso a El Salvador como ejemplo del segundo paso necesario para lograr atraer la inversión estadounidense: la seguridad.

Mientras participaba en una operación de repatriación de traficantes de fentanilo, en Guatemala –que se comprometió ayer a aumentar en un 40 % la recepción de vuelos de deportados de Estados Unidos–, Rubio sostuvo que «la mejor manera de lidiar con la falta de crecimiento económico y prosperidad es fomentarlo».

«Y comienza con la seguridad. No se puede tener prosperidad económica si el país es inseguro. Por eso, hoy hemos hecho hincapié en la necesidad de normas democráticas», reflexionó.

El secretario estatal detalló que las empresas no invertirán en un país donde puede haber un golpe de Estado o les digan que «la fábrica ya no les pertenece», como tampoco «en un país donde tienen que sobornar a funcionarios electos para conseguir un contrato».

«Así que, si se quiere fomentar más la inversión estadounidense, ese es el primer paso: hay que tener gobernanza. El segundo es la seguridad (…) Y la tercera es la oportunidad económica», resumió.

En la seguridad, puso como ejemplo a El Salvador. El secretario afirmó que las empresas estadounidenses muchas veces «son extorsionadas» y amenazadas. «Y una de las razones por las que hemos visto una gran caída en la migración desde El Salvador es porque ese problema se ha abordado, en términos de las pandillas que una vez plagaron ese país», afirmó.

El funcionario explicó que el tercer paso para fomentar la inversión de empresas estadounidenses es la oportunidad económica, algo que advirtió «es posible cuando se abordan estas dos cuestiones, la seguridad y la estabilidad».

En una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el secretario felicitó a Guatemala por su “compromiso con la democracia” y por su decisión de mantener relaciones con Taiwán. “Primero, quiero felicitarlo por su compromiso con la democracia, a las instituciones, la democracia es un invento moderno, Fácil de escribir, difícil de mantener”, le aseguró.

En Guatemala el funcionario estadounidense anunció el respaldo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la construcción y ampliación de instalaciones portuarias con miras a convertir a dicho país centroamericano en «un centro regional de tránsito».

«Por eso queremos aprovechar la relación que Guatemala tiene con Taiwán y ampliarla más allá de las relaciones diplomáticas para establecer vínculos económicos más fuertes también en términos de atraer inversiones. Todas estas cosas crean empleos… No solo hacen que los países sean más ricos. Eliminan la necesidad y la presión de abandonar el propio país», manifestó Rubio.

El alto funcionario del gobierno de Trump concluye mañana su gira por la región en República Dominicana, después de haber visitado a Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, y haber amarrado acuerdos migratorios, de energía nuclear y para contrarrestar la influencia de China Popular en la región.

Diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles el dictamen favorable de una “Ley Anticorrupción” solicitada por el gobierno de Nayib Bukele, que obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus bienes y sus deudas al Ministerio de Hacienda anualmente en sus declaraciones de renta.

La ley fue solicitada a través del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

Esta crea un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac) constituido por 12 instituciones y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), que serán dirigidos por la Fiscalía General de la República, cuyo cargo actualmente es ocupado por Rodolfo Delgado.

“Tenemos la capacidad para asumir estas nuevas responsabilidades”, dijo Delgado este miércoles ante la Comisión Política, presidida por Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.

El dictamen fue aprobado con nueve votos, incluido el voto de la diputada de oposición Marcela Villatoro.

Declaraciones de activos y pasivos
Actualmente, las declaraciones de patrimonio deben presentadas por los funcionarios y empleados públicos obligados ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, al inicio y al final de la toma de posesión de sus cargos.

La “Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos” de funcionarios y empleados obligados sería publicada por Hacienda en un máximo de 15 días hábiles después de su presentación. Según lo aprobado en la comisión, se empezaría a aplicar a partir de la declaración de renta del año fiscal 2025.

Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien llegó a la Comisión Política a dar su opinión sobre el proyecto, esta declaración patrimonial “va a ser complementaria a la que se rinde actualmente ante la Sección de Probidad”, que “tiene algún nivel de reserva por mandato constitucional”.

Las declaraciones patrimoniales se volvieron públicas en julio de 2015 cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ordenó a la CSJ entregar información patrimonial de un magistrado a un ciudadano; pero fue en noviembre de 2020 el nuevo IAIP cerró el acceso de los informes de las adendas patrimoniales.

El funcionario observó que, con las reformas al Código Penal que acompañan la nueva Ley Anticorrupción, se crean figuras nuevas de delitos como el testaferrato, se afinan los actos preparatorios de las negociaciones ilícitas y se amplía la definición del tráfico de influencias, lo que permitirá su aplicación.

“Esas van a ser las principales herramientas para generar las políticas necesarias para actuar con probidad de cada una de sus funciones, sin permitir que los corruptores accedan a influir en las decisiones de un servidor público”, aseveró.

Futuro y pasado
El diputado Ernesto Castro aseguró que hoy sí se “va a tener la fuerza suficiente para atacar ese cáncer que tanto daño le ha ocasionado a este país”. “Para que ya no sigan ocurriendo tantas cosas que ocurrieron en el pasado”, añadió.

El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), le preguntó al fiscal qué pasará con las «personas naturales, sociedades anónimas, comisiones especiales creadas en la Asamblea Legislativa para la privatización de ANTEL, bancos, ingenios azucareros y la red eléctrica», en la Ley Anticorrupción.

El fiscal le respondió que la ley “va a regir hacia el futuro”, pero que, si con las herramientas que tengan conocen acciones que “se realizaron en el pasado” y afectan los intereses nacionales, pueden iniciar los casos en los tribunales correspondientes.

Retomarán auditorías de Corte de Cuentas
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le preguntó al fiscal general cuál es la diferencia de la nueva Ley Anticorrupción respecto a la normativa actual.

“Le va a permitir a la Fiscalía General de la República por medio del Centro Nacional Anticorrupción tener a su disposición todas las auditorías que realiza la Corte de Cuentas de la República, hay muchos juicios de cuentas que todavía no finalizan de administraciones pasadas que por X o Y motivo no han ido avanzando para llegar a una sentencia en la cual se deduzca tanto responsabilidad administrativa o patrimonial de diversos funcionarios, de todos los partidos políticos”, le respondió el actual titular de la FGR.

Delgado agregó que esta ley, además, les permitirá “proteger más la información”, ya que ha tenido “que venir luchando con la comunicación con otras autoridades” y, con “la conectividad entre los sistemas de todas las instituciones”, la información fluirá “de manera completa” y así “se garantice que sea analizada de manera adecuada”, “no para andar emprendiendo persecuciones políticas”.

Dudas ante el derecho de denuncia de corrupción
La nueva ley, en su artículo 15, indica que toda persona tendrá la obligación de denunciar a cualquier funcionario, empleado público, servidor público, agente de autoridad o autoridad pública, contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegítimamente a costa de la Hacienda Pública o municipal o por corrupción, así como a particulares que hayan cometido actos de corrupción.

Sobre este artículo, el diputado Ernesto Castro preguntó cómo hacer para que “esto no se vuelva changoneta”. “¿Cómo piensan ustedes administrarlo?”, cuestionó al fiscal.

“Es un derecho… El ejercicio de ese derecho está sujeto a una serie de consecuencias, hay que saber que, si uno va a denunciar, tiene que tener un sustento la denuncia”, le contestó el funcionario. El fiscal añadió el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) depurará todas las denuncias y descartar las basadas en “hechos falsos”.

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que «nadie está exento» y que actualmente la Fiscalía no es «utilizada de manera política como era en el pasado».

También, el Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, agregó que ahora van a una «guerra frontal contra la corrupción». «La denuncia tiene que ser responsable y seria, y no simplemente porque el diputado o el alcalde me cae mal», advirtió el legislador.

Arena respaldó proyecto: «También en el actual»
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), anunció que apoyarán la votación.

«Ocupar instituciones para beneficio propio, ocupar instituciones para que me ayuden a tener algo para mí, eso es también corrupción» y el abuso de conflictos intereses, opinó la diputada.

«No solo se ha dado no solo en los gobiernos anteriores, sino también en el gobierno actual», aseveró la legisladora.

Cómo se verificarán las declaraciones
La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó qué mecanismo se puede aplicar para verificar la veracidad de las declaraciones patrimoniales, ya que conocen casos en donde, «cinco años después de que han estado en el ejercicio de la función, sale que no pueden cómo obtuvieron o les sobró más de $300,000 o cómo entraron con una casa y salieron con cien», cuestionó.

El fiscal general le respondió que la FGR tendrá acceso a toda la información para verificar la información, ya sea información financiera y la información que manejan las instituciones del Sistema Anticorrupción.

Además, consultó cómo afectará a casos del pasado porque «esto es de orden público y es retroactivo». El fiscal respondió que, a partir de juicios de cuentas, han iniciado acciones penales contra exministros de la administración de Mauricio Funes.

En diciembre de 2024, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo técnico por el financiamiento de $1,400 millones que también incluyen reformas para «un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de lucha Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en consonancia con las mejores prácticas internacionales». En la reunión el fiscal mencionó que la ley complementa «los tratados internacionales que en materia de prevención y combate a la corrupción ha suscrito el Estado salvadoreño».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que no ha habido ningún cambio a las sanciones emitidas a funcionarios señalados de ser «corruptos y antidemocráticos» por el Departamento de Estado y advirtió que toda administración revisa las sanciones que hereda.

Desde 2021, el Departamento de Estado emite la «Lista Engel» según la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados. Son listas que han incluido funcionarios, exfuncionarios y particulares de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y que han sido enviadas al Congreso estadounidense.

En una conferencia de prensa pública junto al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, un periodista preguntó a Rubio: ¿EE.UU. va a mantener las sanciones que se han impuesto por gobiernos estadounidenses pasados en contra de personajes señalados de corrupción y ser actores antidemocráticos, tomando en cuenta que muchos de estos festejaron la victoria del presidente Donald Trump?

«Solamente hemos estado en función dos semanas, no se ha discutido en ningún foro de nuestro gobierno en este momento ningún cambio a sanciones contra individuos, toda administración revisa siempre todas las sanciones que existen, que han heredado de previas administraciones, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre eso ni se ha discutido ni contemplado», fue la respuesta del funcionario estadounidense.

El presidente Nayib Bukele ofreció a Estados Unidos un acuerdo para recibir a presos extranjeros sin excepción en El Salvador a cambio de una tarifa aún no revelada, un ofrecimiento calificado de «muy generoso» por Rubio.

En su visita a Guatemala, Rubio logró un acuerdo similar al obtenido en Panamá, de recibir deportados extranjeros pero únicamente para transferirlos a otros países.

Además, después de su reunión, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció que se comprometió con aumentar el 40 % los vuelos de los deportados tanto guatemaltecos como extranjeros desde Estados Unidos, así como la creación de una Fuerza de Tarea de Control y Protección Fronteriza.

Rubio también agradeció que el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos participe en la creación de planes para crear un puerto moderno y «todo lo necesario para tener una economía que avanza». Calificó de positivo y revolucionario este proyecto. «Van a crear empleo a corto plazo pero a largo plazo va a posicionar a Guatemala como un centro, como un hub de actividad económica en la región», señaló.

Además, el secretario estatal de EE.UU. felicitó a Guatemala por su «compromiso con la democracia» y por su decisión de mantener relaciones con Taiwán. «Primero, quiero felicitarlo por su compromiso con la democracia, a las instituciones, la democracia es un invento moderno, Fácil de escribir, difícil de mantener», le aseguró al mandatario guatemalteco.

El funcionario estadounidense finaliza así su visita a Guatemala, en donde dijo vivió el primer terremoto de su vida, en referencia al sismo de 6.1 de magnitud ocurrido a la 1:01 de la madrugada de este miércoles. «Ese ha sido el impacto de este viaje», bromeó. Posteriormente, el secretario Rubio se dirige a República Dominicana en donde finalizará su primera visita a la región.

En julio de 2021, Estados Unidos incluyó en la lista Engel al director de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, y a 13 personas más incluidos funcionarios de Bukele. Luna sigue siendo el titular de los centros penales, incluído el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), penitenciaría que el mandatario salvadoreño ofreció al gobierno estadounidense para recibir criminales convictos.

En diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Luna bajo la Ley Global Magnitsky, que castiga a violadores de derechos humanos y actos de corrupción en el mundo.

Un total de 9,594 salvadoreños condenados por algún crimen han sido deportados por Estados Unidos durante los años fiscales estadounidenses de 2021 a 2024 según datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante este periodo, el 28.4 % del total de salvadoreños removidos del territorio estadounidense y retornados a El Salvador fueron condenados por algún crimen en los Estados Unidos.

Sumados a otros 2,096 salvadoreños con cargos criminales pendientes, más de la tercera parte (34.7 %) de los salvadoreños deportados han tenido cargos criminales pendientes o comprobados.

Sin embargo, la proporción de personas condenadas fue mayor en 2021, cuando las dos terceras partes de los deportados a El Salvador habían sido condenados por algún delito criminal, es decir, no migratorio; el resto solo tenía cargos pendientes o cometió una infracción migratoria.

Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos podrían firmar un acuerdo no solo para continuar recibiendo salvadoreños con récord criminal, sino extranjeros condenados por cualquier delito, ya sea estadounidenses o personas con estatus migratorio irregular. Sin embargo, para el caso de los estadounidenses, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han aclarado que analizarán si cumple con la Constitución y las leyes estadounidenses.

El Salvador, cuarto lugar

El Salvador, con 9,594, ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de criminales o convictos deportados, después de Guatemala y Honduras, con 19,979 y 20,225 de sus nacionales condenados devueltos, pero México ocupa el primer lugar con gran diferencia: 131,705 criminales deportados en los cuatro años.

En menor cantidad son deportadas personas condenadas de nacionalidades dominicana, colombiana, ecuatoriana, jamaiquina y peruana. Le siguen los brasileños, haitianos, rumaníes. Los venezolanos ocupan el décimo segundo lugar, con 416 convictos deportados durante los cuatro años.

Uno de los intereses del gobierno de Donald Trump en enviar criminales extranjeros a El Salvador fue deshacerse de miembros de la pandilla Tren de Aragua, una banda originada en Venezuela. Sin embargo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solicitó al secretario de Estado, Marco Rubio, deportar a los cabecillas de pandillas a El Salvador, como un tema de honor según la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga.

Este tipo de datos son públicos en los Estados Unidos y son divulgados a través de la oficina del ICE, en el sitio ice.gov.

En la reunión que tuvo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el pasado lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “planteó estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino” en la región, según la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

“El Secretario Rubio también planteó estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio para salvaguardar la soberanía y los intereses de ambas naciones y la región”, indicó Bruce, sobre la reunión entre Rubio y Bukele, el mismo 3 de febrero.

Ni el presidente salvadoreño ni la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, informaron de alguna plática sobre las relaciones entre El Salvador y China Popular. “El tema de China no se abordó”, dijo la embajadora en Diálogo con Ernesto López.

El Salvador mantiene relaciones diplomáticas con China Popular desde 2018 que las estableció el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (FMLN), antecesor del primer periodo de Bukele, quien viajó a China Popular en diciembre de 2019 y acordó una cooperación que incluyó el Estadio Nacional El Salvador, aún no construido; la Biblioteca Nacional en el Centro Histórico, ya construida; una planta potabilizadora de agua en el Lago de Ilopango, un sistema de saneamiento de aguas negras y muelle en el Puerto La Libertad, restauración de Joya del Cerén y nueve convenios de cooperación.

En abril de 2024, el vicepresidente Félix Ulloa viajó a China Popular y se reunió con su homólogo Han Zheng, en Beijing, en la búsqueda de “un aliado” como China.

Un reciente análisis publicado por El Mundo sobre los temas claves en El Salvador durante la gestión Trump señala una posible competencia entre Estados Unidos y China en la reunión, en el cual un analista sí ve fuertes compromisos del gobierno actual con China pero otro no cree que esto pase más allá de “las donaciones chinas”.

El gobierno de Trump busca disminuir la influencia china en la logística del Canal de Panamá y, en la región, considera que Guatemala “entiende muy bien la amenaza china” porque es el único país junto a Belice que reconoce a Taiwán y no a China, según el enviado para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

Rubio finaliza mañana jueves una gira por la región centroamericana y Panamá en busca de acuerdos para frenar la migración ilegal a los Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo, y la influencia china en un continente que aseguran debería ser proestadounidense.

En Costa Rica, este martes, el secretario Rubio habló de la política exterior estadounidense.

“Tenemos una política exterior fuerte que brinda apoyo y recompensa a nuestros amigos. Hace mucho que no es así. Como dicen ‘es mejor ser enemigo que amigo porque si uno es amigo lo dejan de lado pero sin son enemigos hacemos concesiones, negociamos y todo’ y eso tiene que cambiar, tenemos que tener una política exterior en la que afrontemos con toda la firmeza a lo que quieren hacer daño pero apoyar a lo que trabajan estrechamente con nosotros”, dijo.

En su primera visita Rubio visitó Panamá durante dos días, El Salvador durante un día, Costa Rica y Guatemala, para terminar su gira en República Dominicana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este martes en Costa Rica que el gobierno de los Estados Unidos «tendrá que tomar una decisión» sobre la oferta «generosa» del presidente salvadoreño Nayib Bukele de recibir prisioneros peligrosos estadounidenses.

«El presidente Bukele ofreció encarcelar a los estadounidenses en las cárceles de El Salvador, ¿usted quisiera ver eso?», preguntó un periodista del Washington Post, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

«Es una oferta que hizo el presidente Bukele, obviamente vamos a tener que estudiarlo nosotros, obviamente hay temas jurídicos de por medio, tenemos Constitución y otras cosas», respondió Rubio, sin responder, ante otra pregunta realizada por otro periodista, cuáles serían las disposiciones legales o constitucionales que podrían impedir a Estados Unidos enviar a sus criminales connacionales a cumplir sus condenas en El Salvador.

Al responder Rubio, reiteró que es una oferta generosa nunca antes hecha a los Estados Unidos. Y la definió como un «outsorcing –subcontratación– por una fracción del costo» por la reclusión de «algunos de los delincuentes más violentos y peligrosos» de los EE.UU.

«Pero es una oferta muy generosa, nunca nadie nos había hecho una oferta así, el hacer un outsourcing por una fracción del costo, por lo menos algunos de los delincuentes más violentos y peligrosos que tenemos en los Estados Unidos, pero obviamente el gobierno tendrá que tomar una decisión, yo lo hablé ayer porque es una oferta increíble y no tiene precedentes».
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

El lunes tanto Rubio como Bukele confirmaron el ofrecimiento del presidente salvadoreño de un acuerdo que permitiría a los Estados Unidos enviar criminales presos extranjeros a cárceles salvadoreñas, incluso criminales peligrosos de nacionalidad o residencia estadounidense. Bukele detalló además que estos serán recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).

Este martes por la mañana, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, reveló que el presidente Bukele pidió al secretario de Estado deportar a los cabecillas de pandillas detenidos en Estados Unidos y advirtió que «es un tema de honor».