Autor: Yolanda Magaña

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Agustín Martínez, envió un mensaje a los jóvenes al final de su discurso en la inauguración del ENADE XXV 2026 “Aplicaciones sectoriales de la Inteligencia Artificial”.

“Estudien el pasado para conocer de dónde venimos y evalúen los hechos que nos trajeron al presente, y que sirva esto para ubicar que el futuro es de ustedes, y no esperar. Se diseña, se construye y ahora se programa”, expresó.

Martínez aseguró que es imperativo que personas y empresas adopten la Inteligencia Artificial en El Salvador y planteó los desafíos en el tema.

“El Salvador debe competir como país incorporando la Inteligencia Artificial en su propuesta de valor, existen esfuerzos públicos y privados en esa dirección, pero aún estamos rezagados en la atracción de inversiones en la región”, indicó el representante de la gremial.

Instó a preguntarse cómo posicionar a El Salvador como un destino atractivo integrando la Inteligencia Artificial en servicios, manufactura y operaciones de back office.

“El impacto ya es evidente en la productividad, empresas que la integran en sus procesos reportan incrementos hasta de un 30 %”, detalló.

El líder gremial destacó los resultados positivos que ha dejado la IA en los procesos empresariales, la eficiencia en tareas comunes, las estrategias, la automatización de procesos, potenciando el talento humano.

“Mientras la IA atiende clientes en tiempo real, analiza datos complejos, las empresas ganan competitividad y capacidad de respuesta”, señaló. “Los avances de IA están transformando el mundo”, insistió.

Martínez advirtió que la IA representa un cambio de paradigma y es un amplificador de las capacidades humanas; sin embargo, adviritó que plantea riesgos importantes en materia de ciberseguridad, protecicón de datos, sesgos algoritmicos y deep fakes.

“La regla es clara, la IA propone pero el criterio humano dispone. La supervisión humana no es opcional, es esencial”, subrayó.

“El Salvador tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional en la aplicación responsable de esta tecnología”. Agustín Martínez, presidente de la ANEP.

Señaló que se debe dejar de ver a la IA como una herramienta aislada y enfatizó en áreas estratégicas, como la importancia del talento humano. “No reemplaza al trabajador sino a liberarlo de tareas repetitivas. En turismo, puede anticipar sus necesidades y posicionar a El Salvador como un destino inteligente. En bioalimentos, fortalece la seguridad alimentaria”, destacó.

Para el presidente de la ANEP remarcó que la IA no es un lujo tecnológico sino “el nuevo estándar de competitividad”, destacando su papel en robótica, startaps y financiamiento.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma a la ley del presupuesto 2026 un total de $1,518,671.87 provenientes del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 2102 del Programa de fortalecimiento del sistema penitenciario de El Salvador para tres proyectos de inversión.

El dictamen favorable 210 fue aprobado de manera unánime.

El préstamo por $71 millones fue aprobado en octubre de 2013.

Hacienda explicó que los fondos serán destinados a obras adicionales en las cocinas carcelarias, brazaletes electrónicos adicionales y contratación de personal de la Unidad Ejecutora que cerrará los proyectos señalados.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ejecuta actualmente los proyectos 8447 de construcción y equipamiento cocinas industriales en centros penales y el 8860 suministro de dispositivos electrónicos para privados de libertad, para continuar con los procesos de adquisición, así como los cierres del contrato de préstamo.

Un total de $470,000 se destinarán para “obras adicionales, para el reforzamiento de infraestructura metálica del espacio destinado a las cocinas, ajustes de instalaciones eléctricas y extracción de gases de cocina”.

Los restantes $970,671 se destinarán para adquirir un lote de 776 brazaletes electrónicos, en adición a los 10,108 que contemplaba el proyecto.

También, $78,000 para el proyecto 8475 de fortalecimiento institucional, para la Unidad Ejecutora del Proyecto, que permita el cierre de los proyectos señalados.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes una reforma presupuestaria por $9.5 millones provenientes de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de una donación de la Unión Europea, para reforzar un programa de internet y equipo para escuelas y unidades de salud.

El Ministerio de Hacienda detalló que los fondos financiarán «actividades de cableado en escuelas seleccionadas» y también en unidades de salud.

Fue aprobado como dictamen 209 favorable de la Comisión de Hacienda.

El proyecto se denomina “Programa de conectividad digital social”. El financiamiento total asciende a $93.6 millones que busca expandir la conectividad de internet, impulsar la transformación digital del Estado y competencias digitales principalmente en centros educativos y salud.

El Ministerio de Hacienda, a través de su director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, detalló que $9.5 millones financiarán:

• Pago de servicios de conectividad de internet.
• Actividades de cableado en escuelas seleccionadas y unidades de salud.
• Equipamiento de las escuelas y unidades con computadoras portátiles, tablets, UPS y otros equipos.
• Formación presencial y en línea dirigida a docentes, personal médico, personal de salud, población beneficiaria del programa como estudiantes y pacientes.
• Servicios de auditoría externa y consultoría para evaluación intermedia del programa.

La institución a cargo de la ejecución del proyecto será la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República.

El proyecto de inversión actualmente cuenta con una asignación programada de $32,745,000, de los cuales se han ejecutado $5,722,394.

La inyección de $9,515,800 se debe a la ampliación de actividades para el año 2026, de los cuales $2.12 millones son donaciones y $7.39 millones provienen de préstamos externos.

El dictamen del préstamo del Banco Mundial por $501,253,133,000 aprobado este lunes por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa detalla que este crédito deberá ser pagado a un plazo de 25 años con 5 de gracia mediante cuotas semestrales y en lo posibles iguales.

El préstamo, según el decreto que sería aprobado en sesión plenaria, podrá ser usado en transferencias, obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y acciones estratégicas del Gobierno.

El director de Inversión y Crédito Público de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que el Banco identifica indicadores y metas durante los cinco años del programa y, dependiendo del cumplimiento de indicadores de resultados, se usarán los fondos.

“Todas esas series de resultados son… el sustento del financiamiento que durante el periodo de cinco años permitirán el reconocimiento de las acciones y por tanto el uso de los recursos que el Banco pone a disposición. Todos estos indicadores requieren el uso de diferentes insumos, tecnológicos, materiales, que el mismo Banco va a reconocer dentro del financiamiento en mención”. Marlon Herrera, director de Inversión de Crédito Público, Hacienda.

Herrera aseguró que en los últimos años “los resultados a nivel internacional, en pruebas PISA y otras, tal vez no fueron los mejores para los estudiantes de El Salvador” pero que el Ministerio de Educación ha implementado planes y acciones.

“Viene el Banco Mundial, identifica esas acciones, esos indicadores y establece metas durante los cinco años que va a durar el programa”, explicó.

Los indicadores

El primer indicador de resultados es la implementación de una plataforma digital de aprendizaje. Así, “para que se puedan utilizar los recursos, es necesario que se haya implementado la plataforma de aprendizaje” en al menos al 70 % de estudiantes comprendidos desde el 2º grado al 2º año de bachillerato.

Un segundo indicador es la mejora en el aprendizaje de las matemáticas: el porcentaje de alumnos de tercer grado que han alcanzado la competencia se deberá haber aumentando en 10 % y en sexto grado, en 15 %.

Además, se deberá mejorar el aprendizaje en la lectura, con un aumento de 10 puntos porcentuales en tercer grado y 15 % en sexto grado.

En una segunda área de resultados, el Gobierno deberá implementar “un sistema de evaluación del aprendizaje” al menos “dos veces durante la implementación del programa en dos años escolares diferentes”.

También, un segundo indicador dentro de esta área de resultados es que la plataforma de datos educativos “esté funcionando en al menos en el 80 % de escuelas bajo el programa”.

En una tercera área de resultados, se deberá integrar el uso de la tecnología en el aula, al menos en el 60 % de 2º grado a 2º año de bachillerato.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para la ratificación de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones que se deberá pagar en 18 años, con cuatro años y medio de periodo de gracia.

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, informó que el préstamo busca “garantizar la continuidad” y la “sostenibilidad” del programa.

Con el préstamo, prometen aumentar de 18,000 a 30,000 llamadas diarias a DoctorSV, con el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos, además de prolongar los contratos para contratar los servicios de farmacias y laboratorios privados.

“DoctorSV es una iniciativa que busca transformar estructuralmente con el acompañamiento de CAF y Google que busca transformar estructuralmente la forma en que se brinda la atención médica a las familias salvadoreñas, esto es mediante el uso de la Inteligencia Artificial a efecto de mejorar la cobertura médica y mejorar el seguimiento de pacientes del país”, dijo Herrera.

¿Para qué se usaría el préstamo según Hacienda?

1. Infraestructura digital y programación: garantizar el mantenimiento adecuado a la plataforma.

2. Farmacias y laboratorios: contratación de servicios de farmacias, laboratorios clínicos, análisis médicos.

3. Personal de salud: contratación de servicios profesionales de operadores y personal clave.

4. Quioscos: instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos.

Este lunes, el secretario general del FMLN, cuestionó que los fondos del crédito se destinará a DoctorSV: “¿Quién va a pagar todo ese préstamo?”, preguntó.

“Piensan con las patas”, reaccionó Soriano, sobre la crítica de Flores. “Pueden pensar lo que ellos quieran, al final ellos tenían el dinero y los votos, y ni pudieron construir el Hospital Rosales. Ahí que siga pensando el FMLN lo que ellos quieran”, dijo.

“Chino, descargá la aplicación. Ya tenemos hasta psicólogos para que puedan atender”, dijo en referencia al secretario general del FMLN.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Rodríguez, conocido como Chino Flores, pidió públicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que transparenten toda la información de cara a las elecciones generales de 2027.

Flores aseguró que la credibilidad electoral está en juego por la falta de transparencia.

“A nuestro país no hay que andarle reservando nada para que después no haya especulaciones; por eso ocurrió en la campaña pasada fraude, señalamientos, papeletas planchadas, papeletas con plumones, avalado por organismos pícaros como la OEA, observadores pícaros que vinieron a avalar ese tipo de acciones ilegales”, afirmó.

Flores aseguró que todo lo que se está haciendo en el TSE “se le va a venir en contra a ustedes en algún momento”. “La rueda da vueltas, miren Honduras”, sostuvo. “Nosotros vamos a exigir transparencia”, anunció.

El Portal de Transparencia del TSE tiene información desactualizada o no publicada: las más recientes actas publicadas datan del año 2027 y la más reciente resolución del organismo colegiado publicada data del 7 de abril de 2024.

Las estadísticas del Registro Electoral tampoco han sido actualizadas en detalle, excepto las cifras que verbalmente compartió la presidenta del TSE, Roxana Soriano. Las más recientes datan del 10 de noviembre de 2023.

El TSE tampoco ha publicado los resultados de las auditorías realizadas al proceso electoral de 2024.

Según el índice de información reservada del TSE, actualizado al 30 de junio de 2024, están reservados los informes de auditoría y sus respectivos documentos de trabajo por cinco años, documentos de contratos mientras no se haya adjudicado y notificado al ganador, por cinco años; y el programa técnico de transmisión y procesamiento de resultados, por siete años, entre otros.

En noviembre de 2025, la presidenta del TSE dijo que la auditoría de la Corte de Cuentas a los presupuestos electoral es de 2024 estaban en proceso de evaluación.

En julio de 2024, el TSE prometió divulgar las auditorías de las elecciones de 2024 realizadas por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (Tec) y la entonces presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, prometió en ese entonces que las auditorías serían públicas y que pidieron a la empresa CGTS Corp. que “suba a la página del TSE el informe de auditoría al voto nacional y al voto en el exterior. A la fecha, estas auditorías no han sido publicadas.

Un informe del Ministerio de Hacienda detalla el destino de las modificaciones presupuestarias, que sumaron $1,561.4 millones en el año 2025, un 16.2 % de incremento respecto al presupuesto original.

De acuerdo con el capítulo II, “Liquidación del último presupuesto aprobado” del Informe de la Gestión Financiera del Estado del ejercicio fiscal 2025, la mayor parte de fondos fue destinada a “obligaciones y transferencias generales del Estado” y al programa de desarrollo del sector aeronáutico.

Los mayores montos se usaron para la devolución de exportadores, con $278.1 millones; a las contribuciones a organismos internacionales, con $281.8 millones y a la devolución de ingresos de años anteriores, por $244.9 millones.

El informe también detalla que las obligaciones generales del Estado ascendieron a $226.3 millones, de los cuales se destinaron $83 millones a organismos internacionales de la cual es miembro El Salvador; y a la compra de participaciones de capital en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) fue destinado $157.7 millones para el proyecto de desarrollo aeronáutico.

En menor cantidad también se orientaron $91.8 millones a la inversión en infraestructura dentro del ramo de Obras Públicas y de Transporte, así como $29.4 millones al registro y a la regulación de transporte o subsidio al transporte público de pasajeros.

Así mismo se asignaron $123 millones del aumento al ramo de Educación, $83.1 millones a la educación básica. Se reforzaron $7 millones a la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares.

En menor cantidad fueron asignados $72.8 millones del aumento a instituciones de salud, como el Hospital Nacional El Salvador, con $22.5 millones, la Gestión Técnico Normativa, con $14.7 millones, refuerzo de la resiliencia sanitaria multinivel, por $11 millones, entre otros.

El Seguridad Pública y Justicia, el mayor refuerzo fue dirigido a la Reclusión y Rehabilitación, con $20.4 millones; en Defensa Nacional, el refuerzo se destinó a operaciones del Ejército; y en Gobernación, $5.9 millones a la Dirección de Integración.

Un total de $1,532 millones se modificaron a través de decretos legislativos y $29.4 millones por acuerdos ejecutivos. La mayor parte de las modificaciones fueron fondos de financiamiento o títulos valores incorporados al presupuesto, $225.9 millones de impuestos.

Este lunes, los diputados recibirían a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, o un representante, para que explique el proyecto de normativa.

Según el proyecto de ley, los ingresos derivados del cobro de tarifas a los usuarios deben permitir al participante privado “obtener una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones del mercado”.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, subrayó la semana pasada que los sectores de salud, educación y agua referidos por la diputada Ortiz se excluyen de la nueva normativa. Por su parte, el diputado Edgardo Mulato aseguró que serán aplicados para servicios públicos y para infraestructura.

Mientras Vamos ha solicitado excluir los sectores de salud, educación y agua, diputados de Nuevas Ideas han aseverado que el Estado siempre tiene la responsabilidad de proveer los servicios de salud y educación, y que esa responsabilidad no se elimina con la participación de la empresa privada.

Mantienen modalidad de APP autosostenibles

La nueva propuesta de ley, en su artículo 8, considera que los contratos APP podrán ser autosostenibles, con ingresos del agente privado provenientes de “tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios durante la vigencia del contrato” y cofinanciados, es decir, que requieren erogaciones estatales.

En la ley actual, también se incluyen las APP autosostenibles de ingresos derivados de tarifas que cubran los costos del proyecto.

La normativa buscaría que el privado obtenga “una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones del mercado sin demandar recursos o garantías de ningún tipo proveniente del Estado”.

Según el artículo 6 del proyecto, los contratos de APP “deberán establecer en forma clara los riesgos que asumen” tanto las entidades estatales contratantes como el agente privado.

El artículo 5 indica que los contratos APP podrán ser “autosostenibles” y subraya que estos serán los que tengan “ingresos derivados de las tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios” para que cubran los costos del proyecto durante la vigencia del contrato sin demandar recursos al Estado.

Una alianza público privada o APP ser definiría como la vinculación a largo plazo entre el Estado y un agente privado para proveer servicios públicos y que “puede incluir mecanismos de pago sujetos a la disponibilidad y el estándar de calidad”.