Autor: Yolanda Magaña

Un estudio del Diu00e1logo Interamericano (DIA), tanque de pensamiento estadounidense sobre relaciones internacionales con sede en Washington, indica que no hay una relación directa entre la cantidad de «encuentros» fronterizos y la cantidad de deportaciones de migrantes que realizan las autoridades de Estados Unidos.nnEl estudio, firmado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diu00e1logo Interamericano, señala que entre ambas variables se da una relación que ha variado entre el 3 % y el 100 % en los últimos 20 años.nn»No hay una relación entre las deportaciones y los encuentros fronterizos, que es, un incremento en las deportaciones no se da cuando o después de que los encuentros fronterizos hayan aumentado también», indica la investigación. Un ejemplo son las cifras salvadoreñas [gru00e1fica abajo].nnLos encuentros fronterizos son las retenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) a las personas que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos o a migrantes indocumentados que encuentren dentro del territorio estadounidense.nnDe enero a noviembre de 2024, la CBP ha reportado mu00e1s de 40,000 salvadoreños migrantes encontrados, 31 % menos que los 61,255 detectados en todo 2023, una disminución que, según la investigación, no debería implicar una baja en las deportaciones.nnEfectivamente, durante los dos últimos años, Estados Unidos ha duplicado las deportaciones de salvadoreños, ya que pasó de deportar 7,231 en el año fiscal 2022 a deportar 15,284 en el año fiscal 2024, según un informe del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicado el 19 de diciembre pasado. En 2023, deportó 8,310 salvadoreños. Las cifras únicamente son superadas por las 18,981 deportaciones registradas en 2019.nnDurante los últimos siete años han sido deportados 80,713 salvadoreños. Orozco ha calculado que durante el gobierno de Donald Trump, que inicia su gestión el 20 de enero, habru00e1 un promedio anual de 14,000 deportaciones de salvadoreños.nn!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

Los 60 diputados de la Asamblea Legislativa exoneraron del pago de impuestos la donación de dos vehículos por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en San Salvador.

La exoneración, solicitada al pleno por el diputado Raúl Chamagua (Nuevas Ideas), eximirá a la alcaldía municipal de Sonsonate Este –conformado por los distritos de Izalco, Armenia, San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Caluco y Cuisnahuat– del pago de todo tipo de impuestos y bodegaje en la importación de dos pick ups Nissan Frontier, color blanco, del año 2025.

«La Embajada de los Estados Unidos, que apoya muchísimo a las alcaldías, le queremos dar las gracias por este importante donativo», dijo Samuel Martínez, diputado de Nuevas Ideas por Sonsonate.

Los vehículos servirán para el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), según el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

La exención incluye Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), impuestos municipales y costos de bodegaje.

Los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial, agradecieron a Estados Unidos. «Sin lugar a dudas se van a seguir fortaleciendo en los años o meses próximos», dijo Raúl Chamagua sobre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. «Esta amistad de larga data se va a seguir fortaleciendo con el paso del tiempo», exclamó el diputado cian.

«Estamos dispuestos a sumarnos y a ser ese puente de enlace entre las instituciones de gobierno y en este caso con la Embajada de EE.UU., que en muchas ocasiones ha demostrado su buena voluntad». Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, exhortó a la Embajada de Estados Unidos a ayudar a otras municipalidades y departamentos, por la pobreza que sufren. «De verdad, se lo digo, embajador», afirmó.

Quiero hacer el llamado al embajador… para que también pueda poner sus buenos oficios y colaborar con los demás departamentos, hay departamentos pobres pero hay otros que de verdad son más pobres y que no tienen cómo salir adelante». Reynaldo López Cardoza (PCN).

Los legisladores también felicitaron al alcalde de Sonsonate Este, Gabriel Serrano, por la gestión de esta ayuda.

En una sesión plenaria de una hora, el lunes la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el “Acuerdo sobre transporte aéreo” firmado por los cancilleres de El Salvador y Costa Rica durante la visita que realizó en noviembre pasado el presidente Nayib Bukele al vecino país.

La sesión plenaria se abrió con 49 diputados presentes y el pleno acordó, con 48 votos, llamar a diputados suplentes para sustituir a 10 diputados: Suecy Callejas, Caleb Navarro, Felipe Interiano, Eduardo Amaya, Estuardo Rodríguez, Mauricio Ortiz, Helen Jovel, Salvador Chacón, Maricela de Guardado y Johathan Hernández.

El “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito el 11 de noviembre de 2024, que consta de preámbulo, 29 artículos y un anexo, no fue leído en el pleno ni publicado en el sitio web de la legislatura.

Fue el primer punto de agenda: fue ratificado con 59 votos: 53 votos de Nuevas Ideas, 2 de Arena, 2 del PCN, 1 de Vamos y 1 del PDC, según el conteo público y oficial de la Asamblea Legislativa.

Según el dictamen, las partes se comprometen a respetar convenios sobre infracciones contra la seguridad de las aeronaves (Tokio, 1963; La Haya, 1970; Montreal, 1971 y 1988; Palermo, 2000) o cualquier otra convención multilateral o sus modificaciones ratificadas por ambas partes, así como deberán exigir que los operadores de aeropuertos en su territorio respeten las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El acuerdo pretende el más alto grado de seguridad y protección de los servicios aéreos internacionales y reafirmar la grave preocupación de ambos Estados por los actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves que ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes.

También, busca impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

«Los aspectos más importantes es cuidar la vida, la seguridad de todos los pasajeros, no permitir que ningún pasajero o una persona extraña pueda ingresar a abordar un avión con cualquier armamento o equipo, o se le ocurra documentar un equipaje con cargamento o municiones». Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.

Este es el décimo sexto acuerdo de transporte aéreo ratificado por El Salvador según Cancillería; sin embargo, Nuevas Ideas aseguró que los anteriores gobiernos engavetaban los acuerdos.

«Desde 2021 hemos venido ratificando acuerdos en beneficio de la población salvadoreña, muchas veces antes se quedaban literalmente engavetados». Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

Al referirse al acuerdo de transporte aéreo, la diputada Ana Figueroa, del partido oficial, se refirió a la seguridad interna de El Salvador: «En un mundo moderno, es vital que establezcamos marcos normativos que salvaguarden la seguridad de la población, nosotros ya sabemos cómo el presidente Nayib Bukele ha implementado estas políticas de seguridad nacional pero obviamente necesitamos cuidar adonde sea que ellos se encuentren».

Los trabajos de terracería en el lugar en donde se construiría el Estadio Nacional de El Salvador, cuya primera piedra se puso hace más de un año, continúan en enero de este año según pudo constatar Diario El Mundo en el terreno de la Escuela Capitán General Gerardo Barrios, ubicado sobre el kilómetro 5 y medio de la carretera a Santa Tecla, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

De acuerdo con los datos registrados en proceso de aprobación del permiso ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el área total del terreno incluido el parqueo es 175,960 metros cuadrados, de los cuales será construida una superficie de 57,500 metros cuadrados.

Según el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), la construcción del Estadio Nacional de El Salvador a cargo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) aún está «en proceso de evaluación», es decir, su proceso de solicitud de permiso ambiental no aparece finalizado ni aprobado. El gobierno no ha informado oficialmente de los avances en los procesos ambientales de la construcción.

Bajo el identificador «NFA965-2022» registrado el 12 de julio de 2022 a las 11:14 a.m., la construcción del Estadio, financiada por la República Popular China, aparece «en proceso de evaluación» en este sistema que divulga las fases de los procesos de estudios de impacto ambiental en El Salvador.

El sistema informa del estado o fase del proceso en la que se encuentra cada proyecto, obra o actividad que inicia la evaluación del Impacto Ambiental o formulario ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Estadio Nacional de El Salvador, según la descripción del proyecto citada por el MARN, incluiría:

• Un «campo profesional de fútbol» con una tribuna de 50,000 asientos.
• Salas de espectadores.
• Salas de deportistas.
• Salas de gestión.
• Salas de prensa.
• Medio de comunicación.
• Salas de VIP y VVIP.
• Salas de operación del estadio.
• Salas de equipamiento.
• Dos campos de baloncesto al aire libre.
• Una cancha de fútbol rápido para 5 personas.
• Parqueo para 2,000 vehículos.
• Pavimento de la plaza exterior.

Trabajos de terracería continúan en el terreno de 175,960 metros cuadrados en Antiguo Cuscatlán en el cual se construirá el Estadio Nacional El Salvador.

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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) January 8, 2025

La Sala de lo Constitucional «sobreseyó de una presunta inconstitucionalidad contra la elección de un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» por supuestamente violar las reglas de llamamientos a diputados suplentes en una sesión plenaria de abril de 2021, en la legislatura 2018-2021 presidida por el pecenista Mario Ponce.

Según la Sala, el periodo para el cual se eligió al «magistrado suplente David Omar Molina Zepeda» finalizó el 23 de septiembre de 2024, por lo que “el objeto de control ha perdido su vigencia”. La Sala explicó que el sobreseimiento “implica la existencia de vicios”, es decir, que el juzgador no se pronuncia sobre el fondo del asunto.

La resolución fue emitida el 16 de octubre de 2024 y remitida el 2 de diciembre pasado a la Asamblea Legislativa 2024-2027; y la demanda fue interpuesta contra el artículo 1 inciso 1 del decreto 857 aprobado el 9 de abril de 2021.

El abogado demandante, Fabricio Alvarenga Servellón, argumentó la supuesta violación del artículo 131 ordinal cuarto de la Constitución de la República, que «faculta a la Asamblea “llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso laboral o imposibilidad de concurrir de los propietarios”».

Alvarenga señaló que, en la sesión plenaria del 9 de abril de 2021, se procedió a la votación nominal y pública de un magistrado y, al no ser suficientes los votos, el presidente de la Asamblea “la dejó sin efecto” y, luego de un receso, se repitió la votación, y eligieron a David Omar Molina Zepeda, con 58 votos, como magistrado suplente de la CSJ. Durante esta elección «se desató una polémica y hubo reclamos incluso por parte del ya presidente de la República, Nayib Bukele».

En su demanda, el abogado arguyó que la elección de Molina Zepeda se dio «con el voto de 16 diputados suplentes, «sin que la Asamblea Legislativa haya justificado la ausencia de los propietarios y la necesidad de la suplencia».

La Asamblea Legislativa opinó que el acto no fue inconstitucional, ya que consideró que la reforma al artículo 186 inciso quinto letra “b” del Código Electoral que dio “legitimidad popular a los diputados suplentes”. Esta reforma permitió que los nombres de los candidatos a diputados suplentes aparecieran a la par de los candidatos a diputados propietarios. Según la Asamblea, una vez llamado un diputado suplente, este “posee las mismas facultades para deliberar y votar que un propietario”.

Por su parte, el fiscal general consideró que el demandante no argumentó la inconstitucionalidad y que la Constitución faculta a la Asamblea a “lograr el cuórum mediante el llamamiento de los suplentes”.

La resolución fue recibida en la sesión plenaria del 5 de diciembre de 2024 y pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, al expediente 2357-10-2020-1.

«El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aseguró este lunes que la Sala de lo Constitucional debería suspender y declarar inconstitucional la elección de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», «para efectos de credibilidad» del máximo tribunal de la República.

En abril de 2021, el entonces asesor de la Presidencia, abogado Javier Argueta, afirmó que «la elección de los magistrados suplentes no solo debía ser declarada inconstitucional por la Sala, sino investigada por la Fiscalía General de la República (FGR)»; en ese entonces, exhortó a la Asamblea a revisar si los magistrados electos cumplían requisitos, permitir el debate parlamentario y votar con diputados propietarios, no con suplentes.

El presidente de la república, Nayib Bukele, reformó el reglamento del Órgano Ejecutivo «para delegar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la dirección y la administración de la ‘Dirección de Reconstrucción de Tejido Social'», instancia que actualmente depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Según el considerando sexto del decreto ejecutivo aprobado en diciembre pasado, es necesario hacer «un reajuste en la organización administrativa del estado y sus dependencias» para promover «el desarrollo de la juventud de manera eficiente» para el bienestar y la paz social en los territorios.

Actualmente, la línea presupuestaria «0204 ‘Reconstrucción del Tejido Social 2024′» se encuentra dentro del «Ramo de Justicia y Seguridad Pública», dentro de la unidad presupuestaria «Programas especiales de prevención 2024». Para el año 2024, tuvo una asignación presupuestaria de $1.9 millones.

Para el año 2025, la ley de presupuesto incluye $2,486,300 para la línea de trabajo «04 ‘Reconstrucción del Tejido Social’, que se ubica dentro de la unidad «02 Programas especiales de prevención» del presupuesto del ramo de Justicia y Seguridad Pública»: $1.4 millones en bienes y servicios, $943,330 en remuneraciones, $11,000 en gastos financieros y otros.

El presupuesto de Justicia y Seguridad también incluye un presupuesto de $10 millones para el «Programa especial de combate a terroristas», un proyecto que tuvo $26 millones en 2024.

La Unidad de Reconstrucción del Tejido Social inició en el año 2020 con un presupuesto de $1 millón dentro del Ministerio de Gobernación, pero posteriormente pasó a Justicia y Seguridad.

La Dirección de Integración, que tiene una función similar, es una institución descentralizada, que tuvo un presupuesto de $23.3 millones durante 2024 y tendrá $16.2 millones para 2025. Según la ley de presupuesto, la Dirección de Integración busca implementar programas sociales para «la disminución de la violencia y la pobreza en El Salvador» para una «mayor integración en la sociedad».

El director de Reconstrucción del Tejido Social es «Carlos Marroquín Chica», quien labora desde el inicio de la gestión gubernamental actual; mientras el director de Integración es «Alejandro Gutman», quien inició sus labores en el actual gobierno el año pasado. Antes, Carlos Marroquín fue jefe de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social de la alcaldía de San Salvador de 2015 a 2019.

La reforma al reglamento fue aprobada el 2 de diciembre, publicada el 18 de diciembre en el Diario Oficial y está vigente desde el 26 de diciembre de 2024.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno acordó este lunes la ratificación del «Acuerdo sobre transporte aéreo» que aprobó con Costa Rica durante la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la vecina nación centroamericana en noviembre pasado.

El acuerdo sobre transporte aéreo entre El Salvador y Costa Rica, que aún no es público, busca «impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil».

La negociación del convenio de seguridad aérea con Costa Rica inició en octubre de 2022, según el director de relaciones económicas de Cancillería, Eduardo García, quien detalló que El Salvador ya tiene 15 acuerdos de este tipo, siete han sido firmados de 2021 a 2024.

Los diputados aprobaron el acuerdo, aunque este no fue leído en la Comisión. El acuerdo de seguridad aérea con Canadá, firmado en octubre de 2018, un documento público,

La directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Aguilera Bran, dijo a diputados de la Comisión que hubo un 10 % de aumento en atención de operaciones de vuelos de pasajeros en diciembre de 2024, con 44,100 vuelos de llegadas, salidas y conexiones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, que tiene 19 puertas y salas de espera.

«Solo en el Aeropuerto Internacional se han atendido a más de 5 millones de pasajeros, es decir que ha existido un incremento del 17 % más de viajeros en comparación con el año 2023.
Patricia Aguilera, directora jurídica de Cancillería.

A esto se suma un aumento del 21 % en la importación y exportación de carga, con 34.1 millones de kilogramos hasta el 15 de diciembre de 2024; y un 25 % de aumento de los servicios prestados en el aeropuerto internacional de Ilopango.

«A noviembre de 2024, El Salvador ha recibido más de 3.5 millones de turistas. Esperamos que en diciembre y pronto nuestro Ministerio de Turismo nos pueda dar cifras cerradas a finales de 2024».
Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

El director de relaciones económicas de Cancillería, quien recordó que este año se cumplen 180 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Costa Rica, señaló que «ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019», por lo que cree que hay que «trabajar para promocionar, divulgar, incentivar y generar condiciones que permitan que el flujo de turistas» se recupere a niveles de 2019 e incluso pueda superarse.

«Como el 2024 no han cerrado completamente las cifras, tenemos que tomar como base el 2023… Ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019. Todavía los países están siendo resentidos en materia de turismo y no hemos logrado tener la misma cifra que teníamos en 2019».
Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

Según el director, el acuerdo con Costa Rica permitirá una mayor llegada de turistas, con la promoción de rutas de conectividad, además de un impacto en la economía local en los sectores de hospedaje y transporte, paquetes turísticos regionales y multidestinos, generación de empleos en el sector turístico.

El acuerdo, según García, también puede reducir las barreras logísticas y de transporte de carga, incrementar la frecuencia de vuelos y expandir las redes de negocios.

«A nosotros nos ha quedado bastante claro todo el contexto de este acuerdo», respondió la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, luego de la intervención de ambos funcionarios de la Cancillería.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, se refirió a disposiciones de seguridad aérea que él conoce, aunque no se refirió o expuso dudas sobre el acuerdo bajo estudio. «Hablar del tema de aviación me gusta muchísimo», dijo.

La Asamblea Legislativa aprobó durante los 12 meses del año 2024 un total de $5,850.1 millones en préstamos, garantías de préstamos para instituciones autónomas y autorización de títulos valores.

En préstamos otorgados por instituciones financieras, el Congreso salvadoreño autorizó y aprobó un total de $2,350.1 millones en créditos o garantías soberanas crediticias con diferentes instituciones financieras, la mayoría otorgadas por la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 40 % de los acreedores, sin tomar en cuenta a los tenedores de los títulos valores que se hubieren colocado.

Los diputados autorizaron, durante el año pasado, al Ministerio de Hacienda a emitir hasta $3,500 millones en títulos valores: la primera autorización hasta por $1,000 millones fue aprobada el 28 de febrero para atender obligaciones generales y manejo de deudas o pasivos; la segunda hasta por $1,500 millones el 22 de mayo para operaciones de manejo de pasivos; y la tercera, más recientemente, el 12 de noviembre, para «atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado, incluyendo la realización de operaciones de manejo de pasivos, en una o varias transacciones».

La deuda o garantía aprobadas suman $5,850,183,357 durante un año. Los acreedores de la deuda aprobada son, en este orden, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo Saudita para el Desarrollo –financiera estatal de Arabia Saudita– y la empresa china Yutong Bus Co.

Sin embargo, la mayoría de los acreedores serán los tenedores del 51.5 % de la deuda autorizada durante este año.

No toda la deuda aprobada este año fue integrada al presupuesto general del Estado 2024; la mayoría de préstamos presentan desembolsos posteriores gradualmente según sus plazos correspondientes.

Pero, en concepto de títulos valores, fueron incorporados $2,200 millones colocados en el presupuesto estatal 2024, con dos reformas presupuestarias, una realizada el 31 de julio por $1,000 millones y la segunda, el 26 de septiembre, por $1,200 millones, correspondientes a las emisiones de títulos autorizadas el 28 de febrero y el 22 de mayo de 2024.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará $635,195.72 en medicamentos para las clínicas empresariales del Órgano Judicial que usarán durante el año 2025.

La oferta de compra fue publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros) con fecha 6 de enero de 2025.

La CSJ también adquirirá, para el año 2025, seguros de vida y hospitalarios para sus 15 magistrados por un costo de $120,000 con cobertura mundial, que cubre $100,000 de indemnización por muerte y gastos médico hospitalarios; también el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) adquirirá un seguro privado de vida y de salud por un costo de $500,000 para consejeros y personal de la institución.

Se realizará el mayor gasto en los siguientes medicamentos: Dexketoprofeno Trometamol 25 mg., Acebrofilina 5 mg./ml., Fosfomicina Trometamol 3 gr., Levocetirizina 5 mg, solución hipertónica de cloruro de sodio, dexketoprofeno-vitaminas neurotropas y vitamina D3.

El contrato deberá estar vigente hasta el 30 de mayo de 2025.

Puede leer: ¿Cuáles son las medidas de austeridad que el Estado debe cumplir en 2025?

Para la compra de los medicamentos, las empresas ofertantes deberán presentar las muestras de cada uno de los medicamentos solicitados a la Dirección de Compras Públicas Institucional de la CSJ, que exigirá una vigencia mínima de 18 meses para los medicamentos.

La Corte exigirá a las empresas, según la oferta, que les presenten constancias extendidas por el Comité de Farmacoterapia de hospitales de la red pública como Rosales, Bloom, Nacional de la Mujer, Psiquiátrico, Zacamil, San Rafael, entre otros. También podrán presentar constancias de hospitales privados.

En estas constancias los ofertantes deben detallar si el medicamento ha tenido una experiencia satisfactoria por lo menos durante un periodo continuo de 12 meses.

El Gobierno Central, que incluye los tres órganos de Estado, tiene programados $96.2 millones para financiar seguros, comisiones y gastos bancarios, monto que era $33.9 millones cuando el presupuesto fue aprobado un año atrás. La cuenta «556 Seguros, comisiones y gastos bancarios» no detalla cuánto se destina a seguros privados de vida y hospitalarios para los empleados y funcionarios del Estado.

La Sociedad Cooperativa Sacerdotal (Coopesa) pidió públicamente este viernes al presidente de la República, Nayib Bukele, que vete la Ley General de Minería Metálica que la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de diciembre pasado.

En un comunicado firmado por el presidente de Coopesa, el presbítero Juan Vicente Chopin, y el secretario, presbítero Rafael Ernesto Sánchez, la cooperativa hizo un “llamado” a todos los sacerdotes, pastores evangélicos, líderes religiosos y fieles que “se pronuncien enérgicamente para que el presidente de la república vete dicha Ley” y respaldaron la posición de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) que expresaron su “no rotundo” a la explotación minera.

Coopesa, una gremial de 600 sacerdotes de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, sostuvo en el escrito que los “diputados católicos no deben renunciar a su identidad cristiana”, por lo que podrían aplicar “la objeción de conciencia”.

La Ley General de Minería Metálica fue aprobada el 23 de diciembre de 2024. El decreto derogó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador que estuvo vigente durante siete años desde 2017.

En el comunicado, los sacerdotes recuerdan que el papa Francisco, ante el asesinato del ambientalista hondureño Juan López, pidió a las corporaciones mineras que dejen de contaminar ríos e intoxicar pueblos y alimentos.

El presidente de Coopesa expresó el jueves, en TVX, que los diputados podrían tener consecuencias canónicas con la aprobación de la Ley de Minería Metálica.

El gobierno defiende la minería metálica como una oportunidad para utilizar la riqueza “dada por Dios” que podría ser utilizadas para generar “miles de empleos” y financiar “infraestructura”, y mejorar el medio ambiente.

Silvio Aquino, consejero político de Nuevas Ideas, partido de gobierno, sostuvo el 2 de enero, que el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia indica que “las actividades económicas, como la minería, deben estar al servicio del hombre y del bien común”. “En ningún momento se prohíbe en su totalidad”.