El u003Cstrongu003EMinisterio de Haciendau003C/strongu003E ha solicitado a la Asamblea Legislativa que le apruebe garantías estatales para tres préstamos que u003Cstrongu003Esuman $240 millonesu003C/strongu003E y que servirían para apoyar a las u003Cstrongu003Emicro, pequeñas y medianas empresas (mipyme)u003C/strongu003E y u003Cstrongu003Eviviendas sociales financiadas por el Fondo Social para la Vivienda (FSV)u003C/strongu003E.nnEl Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) necesita que el Estado sea el garante para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le pueda prestar u003Cstrongu003E$130 millonesu003C/strongu003E para el transformación tecnológica y digital de las mipyme.nnEl programa se denomina «Programa de Apoyo a la u003Cstrongu003ETransformación Tecnológica y Digitalu003C/strongu003E de mipyme en El Salvador». La Asamblea Legislativa ya autorizó el contrato de garantía soberana, el 12 de febrero de 2025, por lo que la votación solicitada sería una ratificación o aprobación, por lo que el contrato de garantía fue firmado el 10 de abril pasado.nnBandesal también requiere la aprobación del contrato de garantía, firmado también el 10 de abril pasado con el BID, por u003Cstrongu003E$60 millonesu003C/strongu003E para el «Programa de financiamiento para la u003Cstrongu003Eeficiencia energética y energías renovablesu003C/strongu003E en las mipyme salvadoreñas», cuyo contrato de crédito fue firmado el 2 de abril. La autorización para suscribir el contrato de garantía crediticia fue aprobado el 12 de febrero pasado.nnEn tercer lugar, Hacienda estu00e1 solicitando la aprobación de un segundo contrato de garantía crediticia por un monto de $50 millones que seru00e1n utilizados para el «Programa de financiamiento para u003Cstrongu003Evivienda social, inclusiva y sostenibleu003C/strongu003E». El contrato de garantía fue suscrito el 2 de abril y su firma fue autorizada por la Asamblea Legislativa el pasado 12 de febrero. El financiamiento también seru00e1 proveído por el BID.nnCon estas aprobaciones, Bandesal tendría asegurados un financiamiento total de $190 millones que servirían para otorgar financiamiento a empresas micro, pequeñas y medianas, con el fin de ayudarles a la eficiencia energética y a su transformación digital. Las aprobaciones de los préstamos asumidos por Bandesal no pasan por la Asamblea Legislativa.nnDurante el año 2024, u003Ca href=»https://diario.elmundo.sv/politica/asamblea-aprobo-5850-millones-en-deuda-y-garantias-durante-2024″u003Ela Asamblea Legislativa aprobó un total de $5,850 millones préstamosu003C/au003E para el Gobierno, garantías estatales crediticias para instituciones autónomas y autorizaciones de títulos valores.
Autor: Yolanda Magaña
-
Incorporarán $30 millones para bandas de equipaje en el Aeropuerto Internacional
El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa la incorporación de $30 millones obtenidos a través de titularización para construir y equipar el área de bandas de equipaje en el edificio de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez».
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) diseña tres proyectos de ampliación en el Aeropuerto, entre las cuales se incluye una terminal de banda de equipaje y permitir un flujo más rápido de pasajeros que vayan llegando a El Salvador, ya que cada año la demanda aumenta un 30 %.
Los fondos serían incorporados en la Ley general de presupuesto del Estado 2025. La solicitud de reforma será estudiada por la Comisión de Hacienda, que se reunirá el próximo lunes 5 de mayo.
El gobierno argumentó que debido al incremento de la demanda en el Aeropuerto se generó la necesidad de ampliar su capacidad instalada en áreas de retiro de equipaje.
Según la solicitud, también se construirán «calles de acceso a la terminal», «bandas transportadoras que faciliten la fluidez y tiempos de espera en ese proceso», con el fin de «descongestionar» el área.
Con los fondos también atenderían «proyecciones futuras con nuevas ampliaciones de la terminal que implicará la construcción de seis nuevas salas de espera» y la «proyección del aumento de pasajeros» que arriban a El Salvador.
Los fondos provienen de deuda a través de la colocación de títulos según un plan presentado por Hencorp Valores Limitada, por $30 millones, dice el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, en su solicitud, que presenta una tasa de interés del 8.25 % anual, con un plazo de 7 años y 2 años de gracia.
Del total de fondos, un total de $2,825,628 servirá para pago de intereses de la deuda y $27,174,372 para activos fijos.
-
Gobierno pide prórroga de un año a ley de estabilización de precios del gas licuado
El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, envió el martes a la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto para prorrogar nuevamente la Ley especial y transitoria para la estabilización de los precios de gas licuado de petróleo, con la cual se busca implementar una especie de subsidio nacional por la compra de cada cilindro de gas.
La prórroga se aprobaría hasta el 31 de mayo de 2026.
El decreto fue aprobado originalmente el 13 de junio de 2023 para dar un subsidio temporal mediante transferencias a las empresas envasadoras del GLP que comercializan el producto en cilindros portátiles, para contrarrestar la fluctuación de precio internacional de hidrocarburos.
“Se ha advertido que los motivos y condiciones que originaron la emisión en su oportunidad siguen afectando e impactando negativamente a la economía de las familias salvadoreñas y agentes económicos en todo el territorio nacional”. Jerson Posada, ministro de Hacienda.
El decreto faculta al Ministerio de Hacienda para disponer de los recursos necesarios para transferir el subsidio a las envasadoras.
Además de este mecanismo de estabilización del precio del GLP, se aplica un subsidio focalizado que beneficia a un millón de hogares y negocios de subsistencia en preparación de alimentos. Para solicitar el subsidio focalizado, el interesado puede presentar su DUI vigente y legible, fotocopia del recibo de energía eléctrica del mes y número de DUI de los miembros del hogar.
La propuesta de prórroga pasó a estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, que se reunirá este viernes 2 de mayo a las 9:00 de la mañana.
-
Más de 85,900 capturas en régimen de excepción hasta abril registra el gobierno
Más de 85,900 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, todos señalados de ser “terroristas” por el Gobierno, manifestó el Ministerio de Justicia y Seguridad en una sesión del Consejo de Ministros desarrollada el pasado 25 de abril, al solicitar la 38ª prórroga del régimen de excepción.
Durante el régimen de excepción, iniciado el 27 de marzo de 2022, el gobierno cuenta 890 sin homicidios.
El Ministerio solicitó la prórroga de la suspensión de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República para “continuar las actividades operativas de seguridad”.
Los derechos suspendidos se refieren al derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
Para argumentar la necesidad de prorrogar el régimen de excepción, el Ministerio indicó al Consejo de Ministros que aún persisten “grupos terroristas” y que han detectado el “ingreso de menores de edad a las pandillas, a quienes se les ha dado lineamientos de reconfigurar esos grupos delictivos, adoptando niveles y mandos para dirigir los delitos de estos grupos en las calles y estableciendo misiones a sus miembros”.
A ello se suman las capturas de personas en Estados Unidos, México, Panamá y Guatemala con “operaciones articuladas” y trabajo de inteligencia según el Ministerio.
“Las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,900 terroristas, ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción… Es necesario contar con los medios que permitan mejorar la capacidad policial y de las instituciones que coadyuvan en las labores de seguridad pública a través del régimen de excepción”, indicó.
El gobierno ya no mencionó la detección de mujeres que habían “adoptado posiciones de mando” en las pandillas según la solicitud de la 37ª prórroga del régimen de excepción. “Es importante destacar que en la actualidad se desarrollan acciones a través de mujeres vinculadas a la organización, quienes han adoptado posiciones de mando, orientadas a darle continuidad al accionar criminal de estas estructuras”, indicaba el documento enviado por el Ministerio de Justicia y Seguridad a la Asamblea.
El régimen de excepción cumplió tres años el 27 de marzo de 2025. Las organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la asociación Cristosal registran más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la medida de seguridad, como la captura de personas inocentes o de manera arbitraria, la tortura en las cárceles y la muerte de detenidos bajo custodia estatal.
-
Esto dice la reforma que amplió el monto exento del Impuesto sobre la Renta
La Ley de Impuesto sobre la Renta de El Salvador tendrá una renta imponible exenta de hasta $6,600 anuales, equivalentes a ingresos o salarios de hasta $550 mensuales, luego de la reforma aprobada el 30 de abril de 2025 por la Asamblea Legislativa.
Según la lectura del decreto realizada por la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, «el presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial».
La tabla aprobada se aprobó mediante la reforma al inciso primero del artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que calcula dicho impuesto para las personas naturales, sucesiones y fideicomisos.
Según la tabla incluida en la reforma, así se aplicará el impuesto según las rentas, salarios o ingresos recibidos:
1. Si recibe de $0.01 hasta $6,600 anuales ($550 mensuales), queda exento del pago del Impuesto sobre la Renta.
2. Si recibe de $6,600.01 hasta $9,142.86 anuales, se aplicará un 10 % sobre el exceso de $6,600, más una cuota fija de $212.12.
3. De $9,142.87 hasta $22,857.14 anuales, se aplica un 20 % sobre el exceso de $9,142.86, más una cuota fija de $720. Este tramo no presenta un cambio.
4. De $22,857.15 anuales en adelante, se aplica un 30 % sobre el exceso de $22,857.14 más una cuota fija de $3,462.86. Este tramo no presenta un cambio.
En la ley anterior, se establecía una renta exenta de hasta $4,064 anuales en un primer tramo y un impuesto del 10 % sobre el exceso de $4,064 más una cuota fija de $212.12. En la ley anterior, los tramos tercero y cuarto son idénticos a los incluidos en la reforma.
Tablas de retención
En las tablas de retención del Impuesto sobre la Renta reguladas en el decreto ejecutivo 95 del 18 de diciembre de 2015 –vigente desde 2016– se establece que no se retendrá el impuesto a remuneraciones de hasta $472 mensuales.
El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, explicó que actualmente está exento un ingreso mensual de $472.
Según la tabla del decreto 95 no sufre retención la renta por hasta $5,664 anuales, pero sí las remuneraciones gravadas de $5,664.01 a $10,742.86, un 10 % sobre el exceso de $5,664 más cuota fija de $212.12. También, de $10,742.87 a $24,457.14, se aplica un 20 % sobre el exceso de $10,742.86 más $720. Y para rentas desde $24,457.15 en adelante, la retención es del 30 % sobre el exceso de $24,457.14 más una cuota fija de $3,462.86.
Las tablas de retención son reguladas por decreto ejecutivo según el artículo 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que las porciones a retenerse en dichas tablas deben guardar consonancia con lo dispuesto al artículo 37 de la ley.
-
Asamblea amplía exención de renta a ingresos por hasta $550 mensuales
La Asamblea Legislativa reformó este jueves el artículo 37 de la Ley de Impuesto sobre la Renta declarando exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los salarios de hasta $6,600 anuales, equivalentes a $550 mensuales.
La reforma fue aprobada con 57 votos a favor. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
El decreto facultó al Ministerio de Hacienda a emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones, guías o cualquier acto administrativa para «garantizar una correcta y adecuada aplicación de lo dispuesto en este decreto».
La propuesta fue enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, y recibida el martes 29 de abril a las 5:00 de la tarde por la Asamblea Legislativa.
Según la carta del ministro de Hacienda, el propósito de la reforma «está orientado a mantener el carácter directo y progresivo del referido tributo adecuando el contenido de la tabla del cálculo del impuesto sobre la renta» y «estableciendo una nueva base exenta».
El funcionario sostuvo que la reforma beneficiará a «aquel sector de personas cuyos ingresos se encuentran próximos a los montos que constituyen la actual base exenta del pago del impuesto».
En el decreto, el gobierno argumenta que la «actual base exenta» del ISR «se ha mantenido invariable desde el año 2011» pero que es necesario «beneficiar a aquel sector de personas cuyos ingresos se encuentran próximos a los montos que constituyen la actual base exenta del pago del impuesto».
El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, aseguró que actualmente está exento un ingreso de hasta $472 mensuales. La reforma, dijo, beneficiará a más de 100,000 familias. Agregó que su aplicación será obligatoria y quienes no apliquen la normativa serán sancionados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda. Se pretende, indicó, aumentar el poder adquisitivo de los salvadoreños.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que la reforma «no está pensada para este ejercicio fiscal» y cuestionó «la prisa» por aprobar la reforma. Propuso analizar si el techo propuesto de $550 es adecuado o podría ser mayor, disponiendo de los documentos técnicos que sustentan la propuesta.
Aunque la Ley del Impuesto sobre la Renta incluye una renta exenta de hasta $4,064 anuales ($338.67 mensuales) según la reforma del decreto 957 del 14 de diciembre de 2011 –mencionado en los considerandos de la aprobación realizada este miércoles– el Órgano Ejecutivo emitió el decreto 95 del 18 de diciembre de 2015, en el cual se establece un monto de hasta $472 mensuales exentos de retención o $5,664 anuales.
-
Incorporan $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): tendrá 90 plazas
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma presupuestaria para inyectarle $12 millones provenientes del Fondo General a la nueva Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), creada con la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, vigente desde el 23 de noviembre de 2024.
Del total de fondos, la mayoría servirá para invertir en activos fijos, un total de $9 millones, el resto será para remuneraciones y bienes y servicios.
La institución tendrá un total de 90 plazas: el director, 12 empleados como personal ejecutivo, 67 técnicos, 5 administrativos y 5 empleados del área de servicios. Para las plazas, habrá una erogación de $1,929,600.
La reforma presupuestaria fue aprobada con 57 votos a favor. Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, votaron en contra.
Plazas y planilla de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)
Personal de gobierno: 1 plaza. Erogación: $54,000
Ejecutivo: 12 plazas. Erogación: $486,000
Técnico: 67 plazas. Erogación: $1,299,600
Administrativo: 5 plazas. Erogación: $54,000.
Servicio: 5 plazas. Erogación: $36,000
Total: 90 plazas. Erogación para pago de personal: $1,929,600
Los $12 millones estarán distribuidos así:
1. Dirección y Administración: $714,410, todo para remuneraciones.
2. Regulación de la ciberseguridad de la nación: $11,285,590.
-Remuneraciones: $1,668,590
-Adquisiciones de bienes y servicios: $600,000
-Gastos financieros: $17,000
-Activos fijos: $9,000,000La agencia ACE dictará políticas de protección de datos personales y su director será nombrado por el presidente de la República; mientras, el director de la ACE nombrará a un director de Protección de Datos Personales, que podrá sancionar las infracciones a esta normativa.
La ACE está facultada a requerir información a las entidades del Estado de incidentes de ciberseguridad, sancionar a «sujetos obligados», tener un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad, sancionar a sujetos obligados –empleados o funcionarios de instituciones públicas– y calificar a “operadores de infraestructuras críticas” con el aval del presidente de la República.
Puede leer: Vigentes leyes de datos personales y ciberseguridad: organizaciones temen por libertad de expresión
La nueva ley contempla sanciones hasta la destitución e inhabilitación por 10 años, además de multas entre uno y 10 salarios mínimos para infracciones leves; 11 a 50 salarios mínimos para infracciones graves; y entre 51 y 100 salarios mínimos para infracciones muy graves.
Entre las infracciones posibles están incumplir lineamientos de ciberseguridad y seguridad de la información por negligencia, impedir labores de ciberseguridad o presentar información incompleta, inexacta o errónea a la ACE.
-
El Salvador elimina Tarjeta Migratoria para extranjeros, que podrán optar a residencias definitivas sin límite de ausencia si apoyan programas del gobierno
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma que permitirá a los extranjeros que apoyen o inviertan proyectos del Gobierno Central obtener la residencia definitiva en El Salvador sin necesidad de cumplir el plazo de dos años máximo para ausentarse del territorio nacional.
La reforma sobre esta facilidad de residencia definitiva, sin límite de ausencia temporal, agrega, en el artículo 325, una tasa por dicho servicio migratorio de $690 por año. El nuevo servicio será incluido en el numeral 13 del artículo 152.
La modificación, que se realizó a la «Ley especial de migración extranjería», también derogó la Tarjeta Migratoria de Ingreso (TMI) que se emitía a algunos extranjeros que ingresan al país, dependiendo de su nacionalidad a un costo de $12.
Finalmente, en un esfuerzo por abrir nuestro país al mundo, también estamos eliminando la tasa correspondiente a la Tarjeta Migratoria de Ingreso. Esta medida, respaldada por el director de Migración y Extranjería, busca eliminar barreras y fomentar el turismo, permitiendo que más visitantes disfruten de la belleza y hospitalidad de nuestro querido país.
Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, en la sesión plenaria.Luego de la opinión de la diputada Figueroa, quien preside la Comisión que emitió el dictamen con reformas, fue aprobado el decreto sin modificaciones, es decir, incluyendo la derogación del artículo 328, la supresión de la tasa de la Tarjeta Migratoria del Ingreso en el artículo 325, la supresión del numeral 3 del artículo 217 y la supresión del numeral 5 del artículo 13, todos referidos a la Tarjeta Migratoria del Ingreso.
Estos $12 eran cancelados en el punto de control migratorio a nacionalidades como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. También a ciudadanos de Arabia Saudita, Australia, Bahamas, Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Macedonia, Madagascar, Santa Lucía, República Dominicana, Singapur, entre otros.
El miércoles, el director general de Migración, Ricardo Cucalón, pidió la derogatoria del requisito en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, ya que argumentó que se realizaba únicamente a algunas nacionalidades y que era «incongruente» invitar a extranjeros a El Salvador y cobrarles por su ingreso.
«Un cobro mal hecho. No es congruente, no es justo, no es correcto, no se ve bien que le digamos a la gente 'usted tiene que pagar para entrar al país'…. Yo los invito a mi casa y le digo a Eleonora 'ponete ahí en la puerta y les empezás a cobrar', es ridículo, ¿no es cierto?», cuestionó.
La reforma fue aprobada con 56 votos a favor. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra de la reforma. Los diputados de Arena no votaron.
-
Disminuyen demandas de habeas corpus y se estiman un 0.02 % de casos
Las demandas de «habeas corpus» en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) disminuyeron de 3,071 casos presentados en el año 2023 a un total 969 durante el año 2024, lo que marca una reducción del 68.45 %, según el informe 2024 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Durante el año 2022, la Sala de lo Constitucional recibió 3,396 solicitudes de habeas corpus; respecto a 2022, la disminución sería de 71.46 %.
En El Salvador, las demandas de habeas corpus, que busca proteger el derecho de libertad física y de integridad de personas detenidas, han superado en cantidad las demandas de inconstitucionalidad y de amparo, también recibidas por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
El Observatorio señaló que las demandas de habeas corpus continúan predominando pese a esa «notable disminución en el número de habeas corpus presentados bajo el contexto de régimen de excepción», ya que fueron el 89.4 % de todas las demandas ante la Sala en 2022, el 88.4 % en 2023 y el 71.7 % en 2024.
Las demandas de inconstitucionalidad aumentaron levemente de 52 en 2002 a 73 casos en 2023 y a 89 casos en 2024, pero no predominan respecto al total de demandas. De la misma manera, las demandas de amparo disminuyeron levemente de 350 en 2022, a 331 en 2023 y a 294 en 2024, pero tampoco superan la cantidad de peticiones de habeas corpus.
Solo 0.2 % aceptadas
Solo ocho casos, un 0.2 %, de demandas de habeas corpus fueron estimados por la Sala de lo Constitucional, de un total de 4,226 casos que resolvió durante el año 2024.
Los casos resueltos, explica el informe, no necesariamente responden a las demandas recibidas.
El 93.6 % de las resoluciones de la Sala fueron respuestas a demandas de habeas corpus.
La mayoría de demandas de habeas corpus resueltas durante 2024 fueron declaradas improcedentes (3,124) y otra gran proporción fueron declaradas inadmisibles (694). Además de ello, hubo 66 sobreseimientos, 51 desestimaciones, 11 desistimientos, 8 estimaciones y 2 resoluciones administrativas.
«Se evidencia una tendencia de la Sala de lo Constitucional a aumentar el número de resoluciones desfavorables a los intereses de las personas peticionarias y a disminuir las favorables». OUDH, informe 2024.
Durante 2024, no hubo ningún caso favorable para el demandante en demandas de inconstitucionalidad.
-
Migración indagará a los extranjeros que soliciten beneficio de residencia definitiva a El Salvador
El director general de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, prometió ayer que investigarán a los extranjeros que soliciten el beneficio de residencia definitiva que podrán obtener si invierten o respaldan un programa impulsado por el Gobierno Central y con la cual podrán salir del país por «tiempo ilimitado».
La Asamblea Legislativa aprobará una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería para que «los extranjeros que se adhieran a los programas que promueva el Gobierno Central, de la clase que fueren» puedan someterse a un «procedimiento especial» para obtener la residencia definitiva «sin necesidad de obtener previamente la residencia temporal» y sin cumplir la exigencia de no estar fuera del país por más de dos años, regulada en el artículo 154.
La reforma establece una tasa de $690 anuales por la residencia definitiva para personas extranjeras.
El diputado Francisco García Villatoro, de Nuevas Ideas, preguntó si habrá coordinación policial para garantizar que vengan a El Salvador “personas de bien” y no personas que quieran venir “a lavar dinero y a esconderse” haciéndose pasar por “inversionista”.
«No podemos permitir que haya gente malandrines que vengan al país a quererse acuerpar, asombrillar, a ponerse de paraguas en una residencia definitiva y son pícaros, traficantes de personas, de drogas, de lo que sea, gente que tal vez tenga una sentencia condenatoria en otro país», respondió el funcionario.
«Nosotros tenemos toda la facultad y todas las herramientas legales para poder averiguar quién es quién, por eso nosotros en el procedimiento especial vamos a tener todas las herramientas jurídicas para poder averiguar quién es la persona que está solicitando esto».
Ricardo Cucalón, director general de Migración.Según el director general de Migración, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le recalca en que él tiene que estar informado sobre quién está dentro de El Salvador.
«El señor presidente me recalca a mí, cuando tengo la oportunidad de platicar con él, tenés que saber quién exactamente está en el país y por qué razón, quién merece estar y quién no, ustedes tienen que saberlo, puedo contarlo aquí, hay gente que inadmitimos en el Aeropuerto, es mínimo pero hay», relató a los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
El funcionario detalló que la Dirección General de Migración trabaja diariamente con las unidades de inteligencia a nivel internacional, específicamente poseen una unidad en San Salvador distinta a las oficinas de Migración que «chequea» y «desde donde manejamos el conocimiento (de) qué pasa por nuestro país y Centroamérica», dijo. Ejemplificó que, cuando iniciaron el gobierno de Bukele, se presentó un «conato de caravana y se detuvo» porque ellos trabajan junto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Estas reformas no es un sinónimo de inmunidad para todo el que quiera venir, no significa que alguien que se acoja a este programa va a tener la libertad de hacer y deshacer lo que se ronque la gana en nuestro país. No es que le vamos a abrir las puertas a que cualquiera venga a hacer lo que quiera.
Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.«Cuando uno invita a la casa de uno, uno espera que la gente que invita se porte bien, haya o no haya licor, pero cuando alguien se sale del huacal, entonces hay que pedirle que se salga, porque no es bienvenido… Si esta persona no está dentro de los parámetros de comportamiento que exigimos, vamos a tener la facultad para retirarle esa residencia», dijo el director, luego de la intervención del diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.
El beneficio aún no tiene un monto específico de inversión mínima que tendrán que realizar los extranjeros solicitantes de residencia definitiva en El Salvador.
Los requisitos para los extranjeros, según la gerente de Migración, Eleonora de Marroquín, será, además de presentar su pasaporte, no tener récord criminal y presentar la constancia del programa en el cual haya hecho la inversión o haya sido admitido.
Según el titular de Migración, el beneficio se aplicaría a la familia de la persona que respalde el programa impulsado por el Gobierno, aunque esto no está incluido en la propuesta de reforma.