Autor: Yolanda Magaña

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH de la UCA) concluyó este martes en su informe anual 2024 sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador que el país avanza a una “autocracia cerrada”, que define como el “cierre de espacios de diálogo y entendimiento, desinformación, intolerancia y criminalización de la protesta».

«En definitiva, el estado actual de los derechos humanos en El Salvador y la tendencia que observamos tanto en los datos como en las acciones, comunicaciones y discursos gubernamentales, nos indican que avanzamos hacia una autocratización cerrada, es decir, hacia el cierre de espacios de diálogo y entendimiento, hacia más formas de desinformación e intolerancia, hacia la criminalización de la protesta y de la defensa de los derechos humanos», indica el informe, en su página 146.

La directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), Gabriela Santos, reconoció que ha habido una disminución de homicidios en El Salvador pero aseveró al Estado que no puede convertirse en “victimario».

El informe indica que «en efecto los homicidios han bajado en El Salvador», pero manifiesta «preocupación» por una «tendencia del gobierno» para «invisibilizar o minimizar las violaciones generadas desde el Estado, difundiendo un discurso donde El Salvador se quiere mostrar como un país ejemplar en términos de políticas de seguridad y de recuperación de espacios y territorios».

“Sabemos que los homicidios han bajado, es un hecho y la percepción de seguridad también es distinta, pero no podemos permitir que el Estado se convierta en el victimario y el que vulnere el derecho a la vida sustituyendo a las pandillas”.
Gabriela Santos, directora del Idhuca.

Según el informe, el análisis de datos sobre la violación al derecho a la vida no pueden ser «concluyente» por la falta de información sobre osamentas, fallecidos en cárceles y enfrentamientos contra agentes de seguridad o militares.

El estudio contabiliza 243 muertes violentas durante el año 2024, tomando en cuenta los 114 homicidios intencionales reportados por la Fiscalía General de la República (FGR), las 114 muertes en centros penitenciarios reportadas por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), las 12 osamentas publicadas por medios de comunicación y tres personas fallecidas en enfrentamientos armados según la cuenta de X de la Policía Nacional Civil (PNC).

Con estas cifras, señala una disminución continua de los homicidios de 1,341 en el año 2020 con una tasa de 22.2 por cada 100,000 habitantes, a 1,077 o una tasa de 17.8 en 2021, 659 o una tasa de 10.9 en el año 2022, 309 o una tasa de 5.1 en el año 2023 hasta llegar a 243 o una tasa de 4 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024.

Ante una pregunta sobre las tendencias, el coordinador del OUDH, Roberto López, aseveró durante la presentación del informe que la sociedad «va profundizando en autoritarismo, en intolerancias y sobre todo se van reforzando algunas formas de violencia que llevan a ver con urgencia el trabajar en cambios culturales institucionales para que puedan cambiar».

“Hay una grave tendencia a la deshumanización e insensibilización con la complicidad de la negligencia y el silencio que muchas veces se encuentra ante estos problemas, que degrada la condición humano junto al riesgo de convertirnos en una sociedad en la que prevalezca la desconfianza y la insolidaridad”. Roberto López, coordinador de la OUDH.

El OUDH asevera que «no es una exageración» afirmar que el derecho a la libertad de expresión está amenazado en El Salvador y menciona casos de encarcelamiento de personas defensoras de derechos humanos, autoexilio de periodistas, desmantelamiento de la institucionalidad de acceso a información pública, mensajes de desprestigio, criminalización, violencia digital, entre otros.

El informe contiene datos sobre homicidios, muertes violentas de mujeres, desapariciones, detenciones arbitrarias, detenciones durante el régimen de excepción, denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), violaciones de derechos a personas LGBTIQ+, desplazamiento forzado, delitos sexuales, procesos constitucionales, acceso a la justicia, acceso a la información pública, entre otros, registrados en El Salvador durante 2024.

Una reforma a la Ley general de migración creará un procedimiento especial para que extranjeros y sus familias que respalden o inviertan en programas que promueva el Gobierno Central tengan una residencia definitiva sin necesidad de tener previamente una residencia temporal y sin necesidad de cumplir el máximo de dos años para ausentarse del territorio salvadoreño.

Así lo explicó la gerente de Extranjería, Eleonora de Marroquín, quien detalló que los extranjeros beneficiados con esta reforma «estarían exentos de cumplir con lo regulado en el artículo 154«, que establece que un residente definitivo podrá ausentarse del país hasta por dos años y debe solicitar permiso para extender dicho tiempo hasta un año adicional.

Ese artículo 154 no aplicará para ellos, según Marroquín.

«El (artículo) 154 habla de la ausencia transitoria para este tipo de personas. No se les va a aplicar lo que es el estar dos años fuera del país, sino que ellos van a tener un tiempo ilimitado para estar fuera del país sin ningún inconveniente», fueron las palabras de la funcionaria, este martes, en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

El director general de Migración y Extranjería, Ricardo Ernesto Cucalón, detalló que el beneficio «incluye a todo el grupo familiar» y que aún no han pensado en beneficiar a «personas de confianza» de los extranjeros que apliquen, ante una pregunta de la diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas.

Cucalón agregó que investigarán quiénes son los extranjeros a quienes se les otorgará residencia definitiva, luego de que el diputado Francisco García Villatoro, de Nuevas Ideas, dijera que se garantizará que vengan personas «a lavar dinero y a esconderse» haciéndose pasar por «inversionista».

Sin montos mínimos de inversión

El Gobierno ha presentado esta reforma como un beneficio que se otorgará a los extranjeros que inviertan en El Salvador pero la propuesta de reforma a la Ley de Migración detalla que los beneficiados serán quienes se «adhieran» a programas «promovidos» por el Gobierno Central, sin incluir la palabra «inversión».

La propuesta reforma tampoco detalla montos de inversión mínima.

El director general de Migración explicó que «el programa va a determinar los montos». «Yo no le puedo dar un monto exacto», respondió al diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas. El funcionario explicó que, si el programa es la creación de escuelas, «habrá personas capacitadas que van a determinar qué montos se necesitan».

Luego, detalló que dentro del procedimiento que será determinado por la Dirección General de Migración y Extranjería, dirán «para este programa energético, educacional, tecnológico, para este programa el monto mínimo de inversión es tanto y la gente va a poder optar a eso».

Eliminarán Tarjeta Migratoria de Ingreso

A la reforma fueron agregados otros cambios solicitados por el director de Migración, Ricardo Cucalón, con el fin de eliminar la Tarjeta Migratoria de Ingreso (TMI) que es emitida por el director general de Migración y tiene un tasa actual de $12. La ley de migración indica que algunos extranjeros están exentos de esta tarjeta, según tratados y convenios internacionales o por reciprocidad con otras naciones.

El director Cucalón explicó que «hay países que pagan y otros que no», algo que consideró «incongruente», por lo cual pidió su derogatoria.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó si esa tasa se integraría a los boletos aéreos como se hace en otros países. «Lo seguís pagando, solamente que ya no lo ves», comentó. Después dijo que les queda claro que «esto no tiene que ver con un trámite de una visa» y que muchos extranjeros pasan por un «quiosquito» y si eso «sería el paso» que estarían quitando. El director de Migración respondió afirmativamente sin tomar la palabra. «Excelente», respondió la diputada.

La presidenta de la Comisión, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, sometió a votación la reforma solicitada por el director general de Migración. Todos votaron.

Los diputados de la Comisión de Salud y Agricultura acordaron el lunes llamar al ministro de Salud, Francisco Alabi, para que explique los cambios que el funcionario ha solicitado a la «Ley de trasplante de células, tejidos y órganos humanos».

En una solicitud enviada el jueves 24 de abril, el ministro Alabi explicó que la reforma pretende «optimizar el sistema de donación y trasplante de células, tejidos y órganos» y «garantizar el acceso y cobertura a los trasplantes» a la población.

Los diputados leyeron el proyecto de reformas y, sin emitir opinión sobre el mismo, acordaron citar al ministro de Salud para la próxima reunión.

Gobierno dice busca «mayor equidad»

La ley actual fue aprobada el 5 de abril de 2022, pero el gobierno plantea que tiene «desafíos» para «mejorar la eficiencia del sistema» y garantizar «una mayor equidad en el acceso a trasplantes a través de un registro adecuado con criterios de inclusión y exclusión», según la carta recibida el pasado jueves por la Asamblea Legislativa.

Eliminan criterio de «urgencia clínica»

La reforma deroga el artículo 30 de la normativa actual, que legisla «los criterios de priorización» de selección y asignación de tejidos y órganos, además reduce el artículo 29, que regula las condiciones para incluir a los pacientes para recibir órganos en el Registro Único de Compatibilidad para Trasplantes, de cuatro a un solo inciso.

Del artículo 29, se dejan los criterios «territoriales, clínicos y de histocompatibilidad», y se eliminan «gravedad del paciente», «urgencia clínica como prioridad absoluta» y «características antropométricas» (mediciones del cuerpo humano).

Con la derogación del artículo 30, se eliminarían los siguientes criterios: «el respeto al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes», «la urgencia clínica», «los pacientes que presenten anticuerpos citotóxicos y cumplan con el perfil del órgano a donar» y «la persona que haya donado órganos».

La urgencia clínica es definida por la ley como la condición del paciente «médicamente tiene como única alternativa de vida el trasplante y se encuentra apto para recibirlo.

El gobierno envió la propuesta de reforma sin dar una explicación pública sobre la misma.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de siempre «saltar a defender» al delincuente y no a las víctimas, poco después de la visita de la activista de derechos humanos, Kerry Kennedy, quien luego de recibir testimonios de familiares de detenidos durante el régimen de excepción en El Salvador anunció que denunciará las violaciones a derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas.

El presidente reaccionó así a un comentario del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en el cual el funcionario compartió un video en el cual un hombre con camisa amarilla agrede a una mujer para robarle sus pertenencias, afirmó.

«La ley y el pueblo salvadoreño se respetan. Este sujeto se equivocó al creer que podría robar pertenencias de otros sin consecuencias. Contamos con todas las herramientas necesarias para encontrarlos y llevarlos ante la justicia», escribió el ministro en su cuenta @Vi11atoro.

«Lo que me sorprende es que ninguna ONG, ni políticos, ni organismos internacionales se preocupen jamás por los derechos humanos de la mujer a la que asalta, pero siempre salten a defender los del delincuente: que si no se le da pollo y carne en prisión, que si no se le da oportunidad de salir libre a asaltar de nuevo, que por qué no se le permite estar libre durante el juicio. ¿Para qué? ¿Para que haga más daño a mujeres inocentes? ¿Por qué defienden los derechos humanos del delincuente y no los de las víctimas?», cuestionó Bukele a las oenegés.

En su visita, Kennedy dijo que están representando a 10 venezolanos que asegura «fueron secuestrados por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y trasladados aquí a El Salvador junto con otros 250» venezolanos, pero que el gobierno no les permitió reunirse con ellos a pesar del derecho de defensa que tienen. Además, las representantes de la Fundación Robert F. Kennedy señalaron violaciones a derechos humanos dentro de las prisiones, como: 250 personas «enjauladas» en una celda con 50 «catres» y un inodoro, comida con yodo para los prisioneros hombres, falta de agua y comida para los prisioneros, no acceso a sus familias y a sus abogados.

Nadie discute que este delincuente tiene derechos humanos, claro que los tiene.⁰
Lo que me sorprende es que ninguna ONG, ni políticos, ni organismos internacionales se preocupen jamás por los derechos humanos de la mujer a la que asalta, pero siempre salten a defender los del… https://t.co/9SF2sgqKqX

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 28, 2025

La presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, la activista de derechos humanos Kerry Kennedy, informó este lunes que el Gobierno salvadoreño no les permitió reunirse con sus clientes, 10 ciudadanos venezolanos deportados de Estados Unidos y que ahora están recluidos en El Salvador, en el Centro del Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«Representamos a un grupo de 10 venezolanos que fueron secuestrados por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y trasladados aquí a El Salvador junto con otros 250 migrantes venezolanos, hemos venido aquí para reunirnos con nuestros clientes y comprobar cómo se encuentra el residente estadounidense Kilmar Ábrego García y para documentar la situación de derechos humanos. A pesar del derecho que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente Nayib Bukele, no respetó estos derechos, y nos negó a nosotras, sus abogadas, acceso a sus clientes», expresó.

Las representantes de la Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos también visitaron El Salvador para conocer la situación de derechos humanos especialmente relacionados al régimen de excepción vigente durante la presidencia de Nayib Bukele. La titular de la fundación informó que regresarán a los Estados Unidos, Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para «denunciar todo lo que hemos documentado».

Por su parte, Isabel Carlota Roby, abogada senior para América Latina de la fundación, dijo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no se ha pronunciado de graves violaciones de derechos en los últimos tres años y que conocen que estos también se cometen en los penales de Mariona (La Esperanza), Izalco y Apanteos.

«Un inodoro para 250 personas, poniendo yodo en la comida de los hombres, no hay atención de salud adecuada, han capturado gente por tener un tatuaje de autismo, un maquillista venezolano capturado por su corona de competencia de belleza, un joven por un tatuaje de una rosa y el nombre de su madre», indicó Roby.

Por ello, la administración Trump decidió pactar con el presidente Bukele donde pueden ser enviados al margen de la protección de la ley».
Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy, en El Salvador.

Las representantes de la Fundación se reunieron con familiares de los detenidos durante el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, que para el gobierno ha implicado una disminución de homicidios y más de 85,000 capturas, pero que para las organizaciones ha implicado más de 6,500 denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas detenidas.

«Nos contaron que les dieron una dieta de hambre, les negaban el agua, la comida, les negaban el acceso a una atención médica que necesitaban desesperadamente, les negaban el acceso a una atención médica que necesitaban desesperadamente, les negaron el acceso a las familias y les negaron el acceso a abogados. Varios de ellos nos contaron que estuvieron enjaulados en celdas minúsculas equipadas con apenas 50 catres pero con prisioneros hasta 250 hombres», relató, en la conferencia de prensa.

Según la representante, los familiares también han denunciado malos tratos y torturas, golpes, y muertes en los centros penales. «Sin duda no podemos permanecer callados y nos aseguraremos estas historias con nosotros y mostrar al mundo lo que hemos presenciado aquí. Enfrentamos, como dijo una mujer, un monstruo que no le importa rompernos el corazón en mil pedazos. Mis oraciones especiales van dirigidos para aquellos detenidos que no les apoyan y que les apodan 'los rusos», expresó. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico, quien estaba presente en la conferencia de prensa aseguró que ya contabilizan 393 muertes en centros penales.

«Rol ejecutor» en «campaña de terror» dice Cristosal

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, aseguró que están preocupados después de haber tenido conversaciones con familias de migrantes en los Estados Unidos. «Sabemos que la amenaza más fuerte en esa campaña de terror es la amenaza de terminar desaparecido en el Cecot en El Salvador. Nos da mucha tristeza que el presidente Bukele ha buscado construir una relación de confianza y cercanía con el gobierno de Estados Unidos, no para defender derechos de la población migración migrante, de todos en América Latina», dijo.

«El gobierno de El Salvador ha asumido un rol de ejecutor de la parte coercitiva de una campaña de terror en contra de la población migrante en los Estados Unidos. Lo que ofrece El Salvador es la posibilidad de detener personas de manera indefinida, libre de algún tipo de restricción como el Estado de Derecho u órdenes de cortes sin el más mínimo respeto a derechos humanos».
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Recordó que recibieron denuncias de 139 de familiares de venezolanos y un caso salvadoreño, de los cuales 40 % tenía algún tipo de protección migratoria y el 90 % no tenía antecedentes penales. «Se encuentran en un agujero negro judicial», opinó. Reveló que Cristosal ya presentó 39 recursos de hábeas corpus pero que saben que solo hay resuelto un 1 % de 7,200 habeas corpus.

Tres años después de aprobada la Ley de trasplante de células, tejidos y órganos humanos, el ministro de Salud, Francisco Alabi, pidió a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas para, argumentó, «optimizar el sistema de donación y trasplante» y garantizar su acceso.

El Ministerio de Salud pide derogar el artículo 30, que establecía los «criterios de priorización» para seleccionar y asignar específicamente los tejidos u órganos a trasplantar. Este artículo que se derogaría establecía como criterios el respeto al principio del interés superior de los menores y adolescentes, la urgencia clínica, la persona que haya donado órganos, entre otros.

Según la propuesta de reforma, en el artículo 29, se simplificarían las condiciones para incluir a una persona al Registro Único para Trasplantes.

En la ley actual, se detalla como criterios aspectos territoriales y clínicos, la gravedad del paciente, la urgencia clínica como «prioridad absoluta en todo el territorio nacional» y la decisión de la Junta de Delegados del CST (Consejo Salvadoreño de Trasplantes) sobre «qué paciente es el más indicado para recibir el órgano, basándose en los criterios clínicos de compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la gravedad del paciente, compatibilidad» y otras condiciones incluidas en el reglamento.

En la propuesta de reforma del artículo 29, se establece únicamente que serán avalados por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante del establecimiento de salud y que los criterios tomarán en cuenta «aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad».

La propuesta derogaría el númeral 21 del artículo 4, que define la «reacción adversa grave», como respuesta no intencionada en el donante vivo o en el receptor, incluyendo una enfermedad transmisible que pueda asociarse a cualquier etapa desde la donación.

También, se modificaría el concepto de la muerte encefálica, que estará basada en estudio de imágenes especiales y criterio clínico de ausencia de reflejos del tallo encefálico, dejando fuera la «ausencia de respiración espontánea», «ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia de forma irreversible» y «ausencia de reflejos cefálicos, con hipotonía muscular y midriasis», así como «electroencefalograma plano».

La propuesta de reforma será recibida esta tarde por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa.

La nnComisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para la incorporación de fondos de endeudamiento público por $105,981.57 para auditar fondos destinados a un préstamo de $400 millones para emergencias.nnMarlon Herrera, director general de Crédito Público e Inversión del Ministerio de Hacienda, explicó que incorporarán recursos del préstamo contingente por desastres naturales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para servicios de auditoría externa.nnEl diputado Reynaldo López Cardoza preguntó si ya se utilizaron todos los fondos del préstamo del BID. Herrera respondió que “la mayor parte está disponible” ya que se utilizaron para las tormentas Julia y Alberto, y que el año pasado se autorizó “un aproximado de $17-18 millones”.nnLos recursos se activan ante una declaratoria de emergencia luego de una verificación de los equipos técnicos del Banco.nnAsí, con estos fondos, se han realizado obras o rehabilitación de taludes en Autopista Comalapa, rehabilitación de muro de protección en el puesto fronterizo de El Poy, en la cárcava de Autopista Comalapa y taludes en tramos del bypass a Surf City, con fondos del BID.nnEl 16 de junio de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó el estado de emergencia por la Zona de Convergencia Tropical y Campo Depresionario sobre Centroamérica, por lo que se aprobó el contrato de “Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública” por un monto de $400 millones, recordó Hacienda.nn

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“Para garantizar el buen uso de los recursos y verificar el cumplimiento tanto en la ejecución de las obras y que corresponde también a los propósitos del contrato de préstamo, es necesario contratar una auditoría”.nMarlon Herrera, director general de Crédito Público e Inversión del Ministerio de Hacienda a los diputados.

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nnEn la iniciativa el Gobierno explicó que Hacienda se comprometió con el BID a contratar una firma auditora para verificar los recursos desembolsados, pero posteriormente se incorporaron más de $21.5 millones, de los cuales se destinaron $21.4 millones para financiar ocho proyectos y $70,000 para una auditoría externa, pero «este último monto no fue ejecutado» el ejercicio fiscal (2024) puesto que la auditoría debía ser realizada sobre el uso total de los recursos y no resultaba factible llevarla a cabo debido a que cuatro proyectos continuaban en ejecución.nnPor ello, Hacienda pidió al BID «la no objeción» a una lista de «gastos priorizados actualizada» incluyendo la auditoría por $105,981.57.

El Ministerio de Hacienda reportó un patrimonio estatal, en negativo, de -$10,089.3 millones, de acuerdo con el informe sobre “Liquidación del último presupuesto aprobado y del estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal del ejercicio fiscal 2024” entregado a la Asamblea Legislativa.

Se trata de los activos (los bienes) y los pasivos (las deudas) que tienen todas las instituciones del Gobierno Central, además de las instituciones descentralizadas no empresariales y las empresas públicas.

Según el informe, publicado en el Diario Oficial del 4 de abril, los activos del Estado suman 25,056.2 millones y los pasivos suman $35,145.5 millones, por lo que resulta un patrimonio negativo de -$10,089.3 millones.

“Las administraciones y las entidades no se preocupaban por darle de alta a los activos que se construían de obra gris, entonces, eso falta incorporar”.
Joaquín Montano, director de Contabilidad Pública.

El informe incluye 140 entidades del sector público: 32 entidades del Gobierno, 41 instituciones descentralizadas, entre estas 31 hospitales nacionales, 54 instituciones descentralizadas no empresariales, 4 empresas públicas y 9 instituciones descentralizadas con presupuestos aprobados por sus consejos directivos.

Entre los activos, incluye $9,618.4 millones de deudores, $3,517.9 millones de inversiones financieras y $4,772.5 millones en inversiones de uso. Entre los pasivos, se registra el endeudamiento interno y externo de corto y largo plazo, por $28,649.9 millones, además de financiamiento de terceros por $4,123.1 millones y $2,372.5 millones de deuda corriente.

Al cierre de 2024, solo las instituciones del Gobierno Central registraron activos por $5,844.6 y pasivos por $22,056.9 millones, por lo que registran un patrimonio oficial, en negativo, de -$16,212.3 millones.

El Ministerio de Hacienda aún está trabajando por registrar todos los activos del Estado, un trabajo que intentan realizar al menos desde el año 2022, lo que haría aumentar el patrimonio estatal.

En marzo pasado, el director general de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, Joaquín Montano, que dijo a los diputados que el Estado presentaba activos por más de $25,056.2 millones, advirtió que falta que las instituciones del Estado “depuren, analicen y que incorporen todos los bienes de uso público para que este total de activos, el pasivo y los patrimonios del Estado se vean incrementados”.

Según Montano, es necesario registrar carreteras y otra infraestructura, así como consideró importante reconocer como activos el patrimonio histórico, cultural y ambiental, para incluirlos en los estados financieros del Estado.

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En abril de 2022, Hacienda manifestó a la Asamblea Legislativa el mismo problema de falta de registro de infraestructura como activos, basándose en los estados financieros del año 2021. “Las entidades del sector público están efectuando los gastos para llevar a cabo las construcciones de bienes de uso público pero no se están incorporando a los estados financieros ya los activos terminados”, dijo en esa ocasión el director de Contabilidad Gubernamental.

Hacienda anunció en enero de 2022 que adoptaría a partir de ese año normas internacionales para manejar los estados financieros y contabilidad del sector público.

El Informe de gestión financiera del Estado se entrega a la Asamblea Legislativa por orden del artículo 168 de la Constitución de la República. Hacienda entregó el informe el 25 de marzo de 2025.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró, en una resolución del 11 de abril de 2025,

notificada a la Asamblea Legislativa, una sentencia sobre la prohibición que hace el artículo 149 del Código Penal de otorgar libertad condicional o libertad condicional anticipada a los condenados por el delito de secuestro.

En su resolución de abril de 2025, la Sala se refiere a una resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Usulután, que en audiencia del 15 de enero de 2025, a las 12:38, que concedió la libertad condicional a Yanira Isabel Jiménez Coreas, condenada a 35 años de prisión por el delito de secuestro agravado (artículos 149 y 150 del Código Penal).

La Cámara, que recibió un recurso de apelación, pidió una aclaración de una sentencia de la Sala de lo Constitucional dictada el 13 de mayo de 2022, la inconstitucionalidad 119-2016AC.

La sentencia de 2022

Esa sentencia de mayo de 2022, firmada por los magistrados Alberto López Jerez, Elsy Dueñas, José Ángel Pérez (fallecido), Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahun Martínez, declaró que no existe constitucional en el artículo 149 del Código Penal, pero argumentó que este “no prevé una prohibición aplicable de manera automática, sino que debe ser analizada en relación con el derecho a la resocialización de las personas privadas de libertad”.

“La prohibición prevista (del artículo 149) solo será aplicable cuando el juez de vigilancia penitenciaria… no advierta el cumplimiento del fin (objetivo) de la pena en el condenado, los requisitos previstos en la legalidad vigente y no existan medios que acrediten la evolución favorable del condenado en el tratamiento penitenciario”, señaló la Sala en ese entonces.

¿Qué dice la aclaración?

Así, en la resolución de abril de 2025, la Sala actual explicó que los jueces o cámaras de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena “están obligados a dar razones de hecho y de derecho por las cuales conceden o deniegan la libertad condicional o libertad condicional anticipada en casos de personas condenadas por el delito de secuestro”.

La Sala cita que la sentencia de mayo de 2022 concluyó que el artículo 149 del Código Penal “no existe la inconstitucionalidad alegada por la supuesta vulneración al principio de resocialización”, contemplado en el artículo 27 inciso tercero de la Constitución.

Sin embargo, cita que el fallo “descarta que la prohibición del artículo 149 pueda operar de manera automática y que no haya supuestos en que sí puedan concederse los beneficios penitenciarios a que alude tal disposición”, por lo que “solo es aplicable si el juez… no advierte el cumplimiento del fin de la pena del condenado”, en referencia al objetivo de la pena.

Además, se refiere a que la sentencia de 2022 indicó que “más allá de las prohibiciones legales, los aspectos relevantes que deben valorarse para conceder la libertad condicional son los que se fundan en la conducta del interno, como la participación en diferentes programas de tratamiento penitenciario, la conducta mostrada”.

La Sala aclaró que la conclusión de esa sentencia fue que “los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena deben valorar criterios y justificar con base en ellos, y lo establecido en la ley y la jurisprudencia, el cumplimiento de los requisitos para conceder o denegar los beneficios penitenciarios”.

“Este tribunal considera que la prohibición legal contenida en el artículo 149 del Código Penal no puede ser analizada de forma aislada por los jueces de vigilancia penitenciaria sino de manera sistemática con los requisitos contenidos en los artículos 85 y 86 del Código Penal o aquellos regulados en los artículos 39-A y siguientes de la ley Penitenciaria en su defecto, a efectos de determinar si a partir de las circunstancias particulares del caso resulta indispensable aplicar la prohibición prescrita para las personas condenadas por el delito de secuestro o si, por el contrario, este puede gozar de la libertad condicional, en cuyo caso deberán argumentar los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada”, citan la sentencia emitida hace tres años.

La nueva

Ley de sanidad vegetal y salud animal

faculta al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a que impondrá una multa

que oscilará entre 10,001 y 20,000 salarios mínimos diarios

del sector comercio a quienes ocultan plagas en vegetales o enfermedades endémicas en animales aunque no haya sido de manera premeditada como establecía la ley anterior.

La nueva normativa fue aprobada el jueves pasado por la Asamblea Legislativa e iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

La normativa anterior castigaba

con una «multa de 100 a 20.000 salarios»
el ocultamiento u omisión de información «premeditadamente» sobre plagas o enfermedades exóticas o no reconocidas, ya sea en vegetales, animales o establecimientos agropecuarios. La normativa especificaba que se refería a «salarios mínimos», por lo que una multa podría haber llegado hasta $7,3 millones.

La nueva normativa ajusta las multas y castiga el ocultamiento de información «sobre la sospecha o presencia» de plagas en vegetales, enfermedades exóticas, «endémicas o zoonóticas» en animales según una lista de notificación obligatoria, pero la infracción se cometerá aunque no sea de manera «premeditada».

Por esa infracción considerada grave, el nuevo artículo 61 establece una multa de 10,001 salarios mínimos diarios,
equivalente a $121,678,
hasta un máximo de 20,000 salarios mínimos diarios,
un equivalente de $243,333.

La institución encargada de imponer las sanciones será el MAG, que seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos.

La multa máxima en la nueva ley será de 30,000 salarios mínimos diarios del sector comercio, es decir, un máximo de $365,000.

El MAG tendrá un «Sistema de vigilancia de plagas», mantendrá un registro nacional de plagas, deberá notificar el brote y la dispersión de plagas y podrá declarar estado de alerta fitosanitaria o sanitaria o estado de emergencia fitosanitaria o sanitaria.

El Ministerio deberá «ejecutar medidas» si las plagas son una «amenaza para la productividad nacional, la seguridad alimentaria, el ambiente, la flora silvestre o los ecosistemas.»