Autor: Yolanda Magaña

El presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), Luis Treminio, calificó la recién aprobada «Ley de proyección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal» como «más lo mismo» y sugirió al Gobierno apoyar al productor nacional para adaptarse a la nueva normativa.

«El gobierno debe apoyar al productor nacional para que se adapte a la nueva ley», sugirió.

Treminio aseguró que los productores agropecuarios ya están «colmados de leyes» que solo aplican a productores nacionales «y se exonera a las trasnacionales» de su cumplimiento.

Destacó, sin embargo, como positivas las normas para lograr un «alimento más idóneo, con inocuidad» pero advirtió que frecuentemente «no hacen reglamentos» y «no se puede aplicar».

El líder de productores agropecuarios teme que el argumento de un alimento de mejor calidad termine impulsando las importaciones de productos agropecuarios y que ello afecte al productor nacional.

«Y después van a argumentar que por eso hay importaciones porque viene de mejor calidad viene el Registro, me entiende, entonces, así van a mermar más la producción nacional», expresó. Por ello, prevé que las importaciones van a pasar por la frontera «y dirán ‘todo está bien, traen todos los documentos en orden, todos los permisos pueden ingresar sin ninguna restricción».

«Estas normas han estado siempre, lo único que ahora la sacan las desempolvan y dicen hemos hecho esto y lo vamos a poner en práctica Entonces, ahí les están dando el jaque mate a la agricultura salvadoreña para que las importaciones sigan entrando al país».
Luis Treminio, presidente de Campo.

Sin embargo, el líder de Campo cree que si hay asistencia técnica puede haber «un cambio radical en productos de Insumos agrícolas» y podría haber una muestra de cambiar la situación de la agricultura.

Por su parte, el coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Mateo Rendón, calificó de positiva la nueva ley pero puso en duda de la capacidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para aplicarla.

La nueva normativa amplía las atribuciones del MAG en la prevención, control y vigilancia de plagas en vegetales y enfermedades de animales, ingreso de animales, productos biotecnológicos de uso animal, alimentos no procesados de origen vegetal o animal, insumos agrícolas, alimentos para animales, establecimientos agrícolas, alimentos para animales, insumos biológicos de uso agrícola o animal, entre otros.

El coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Mateo Rendón, calificó este viernes de positiva la “Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal”, aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, pero duda de la capacidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para aplicarla.

“Lo positivo es que es una ley con bastante alcance. Es una ley muy amplia, hay muchos vacíos en la ley actual. La pregunta es si lo van a cumplir o no”, afirmó.

El representante resumió que la ley busca garantizar la sanidad vegetal y la salud animal, la inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal y animal, la protección de los los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.

“Claro, es positivo, tiene unos objetivos bastante grandes que a uno le cabe la duda de si lo irán a cumplir o no lo irán a publicar, por eso el objetivo de regular, controlar, supervisar el diagnóstico y manejo, prevención, vigilancia, verificación, certificación, registro, fiscalización, autorización, con todo lo que tiene que ver con las importaciones y exportaciones, bueno, ¿no será que vamos a caer en una gran burocracia con todo esto?”, cuestionó. A este listado de atribuciones, el representante del sector agropecuario agregó la verificación de las importaciones, exportaciones, empaque, transporte, distribución, entre otros.

“¿Cómo lo van a cumplir?, si por un lado el Ministerio está debilitado. Hoy en diciembre despidieron a más de 100 empleados. Hay una directiva de Sanidad Animal y Vegetal, hay una Dirección de Ganadería diezmada. Esto requiere de recurso humano, equipo y es lo que menos tiene el Ministerio”.
Mateo Rendón, coordinador Mesa Agropecuaria.

Cercos sanitarios contra las plagas

Una de las nuevas facultades que la Mesa Agropecuaria ve positiva es la introducción de medidas contra las plagas en vegetales y enfermedades en animales. “Como el gusano barrenador, una plaga que debió prevenirse como dice esta ley”, ejemplificó.

Hizo referencia a que la normativa establece medidas fitosanitarias y vigilancia en todo el territorio. «El MAG planificará, coordinará y desarrollará campañas, programas fitosanitarios y otras actividades para prevención y el control de plagas», dice el artículo 17.

Rendón reveló que él sugirió al viceministro de Agricultura el establecimiento de puntos de control para que el gusano no se expanda, como un cerco sanitario en la región oriental, donde había surgido el gusano barrenador, pero “el MAG carecía de esas facultades”.

“Esta ley le da la facultad de establecer medidas territoriales, así como hace la Policía que pone controles de vigilancia. Tú puedes hablar con la Policía y establecer por ejemplo que ganado de Morazán no salga a los tiangues y si salen que sea revisado o supervisado para que no lleve el gusano y le dije ‘poner un punto de control en el puente Cuscatlán para que todo animal fuera revisado, para que la plaga no se expandiera’, lastimosamente no se hizo y lo otro es que la mosca tiene capacidad de volar 200 kilómetros, pero bien se pudo hacer estas acciones que hoy las contempla la ley”, relató.

La nueva normativa amplía las atribuciones del MAG en la prevención, control y vigilancia de plagas en vegetales y enfermedades de animales, ingreso de animales, productos biotecnológicos de uso animal, alimentos no procesados de origen vegetal o animal, insumos agrícolas, alimentos para animales, establecimientos agrícolas, alimentos para animales, insumos biológicos de uso agrícola o animal, entre otros.

El artículo 71 obliga a las autoridades administrativas, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a prestar al MAG su colaboración y auxilio para cumplir con la normativa.

Protección a los agricultores nacionales

El jueves, Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores (Campo), sugirió analizar si habrá «participación de los productores nacionales» y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) en la aplicación de la ley.

«Nosotros no estamos en contra, pero sí hay que buscar que se permitan otras variedades de cultivos, incluso el transgénico está bien que lo autoricen, pero que dejen participación de los productores nacionales. Estamos a favor de fomentar la agricultura nacional», insistió, al ser cuestionado sobre la regulación de la normativa a los productos biotecnológicos.

Treminio indicó que la producción de plantas genéticamente modificadas está prohibida en el país pero no el consumo, por lo cual se permite su importación, lo que afecta a los produtores nacionales.

El MAG deberá elaborar reglamentos técnicos en un plazo no mayor a seis meses desde la vigencia, que iniciará ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

El u003Cstrongu003EMinisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) u003C/strongu003Edeberu00e1 regular, fiscalizar y controlar los productos biotecnológicos de origen vegetal y de origen animal según la «Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal», aprobada el jueves.nnCon la nueva ley, el MAG autorizaru00e1, registraru00e1 y supervisaru00e1 las actividades de productos de biotecnología relacionados a sanidad vegetal y salud animal, y verificaru00e1 los establecimientos de este tipo de productos, así como de alimentos para animales.nnTambién, tendru00e1 la competencia de interceptar animales, productos y subproductos de origen animal, alimentos para animales y productos biotecnológicos de origen animal ante condiciones potencialmente peligrosas para la salud humana y salud animal.nnu003Cstrongu003EEn la ley, los productos biotecnológicos son definidos como los derivados de la u0022biotecnologíau0022 aplicada a la agricultura, ganadería, acuicultura y agroindustria, incluyendo u0022organismos modificados genéticamente, bioinsumos y herramientas para la mejora genética y la sanidadu0022.u003C/strongu003EnnLa nueva normativa crea el nuevo Capítulo V u0022De la protección sanitaria en el intercambio comercial internacional de mercancías y productos biotecnológicosu0022 y el nuevo Capítulo VII u0022Del registro y fiscalización de establecimientos, alimentos para animales y productos biotecnológicos de origen animalu0022.nnEn una opinión preliminar, u003Cstrongu003ELuis Treminio, presidente de la Cu00e1mara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores (Campou003C/strongu003E), aseguró que siempre el problema es que ponen a competir a los agricultores nacionales con los transnacionales.nn»Ese es el problema principal, van a decir vamos a crear empresas que se encarguen de eso pero los productores nacionales no van a poder uso de esta herramienta», dijo, aunque advirtió que la normativa actual ya estu00e1 desfasada.nnTreminio indicó que la producción de plantas genéticamente modificadas estu00e1 prohibida en el país. «Hace como unos 10-15 años se intentó comenzar a traer semillas genéticamente modificadas y el Marn (Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales) no lo permitió, es prohibido producir genéticamente modificadas pero no es prohibido consumirla», señaló.nnSin embargo, el representante de Campo observó que es necesario analizar si habru00e1 «participación de los productores nacionales» y del Marn para verificar si no perjudicaría el medio ambiente.nn»Nosotros no estamos en contra, pero sí hay que buscar que se permitan otras variedades de cultivos, incluso el transgénico estu00e1 bien que lo autoricen, pero que dejen participación de los productores nacionales», señaló. «Estamos a favor de fomentar la agricultura nacional», insistió.nnEl MAG deberu00e1 elaborar u003Cstrongu003Ereglamentos técnicosu003C/strongu003E en un plazo no mayor a seis meses desde la vigencia, que iniciaru00e1 ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. La normativa establece multas por infracciones desde cien hasta 30,000 salarios mínimos diarios del sector comercio.

Mientras la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, asevera que se garantizará la protección de la información crediticia de los salvadoreños al almacenarnos en la nube y que esto será opcional, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señala que será obligatorio para las agencias y cuestiona qué pasará si los estándares de protección de datos que tenga el país extranjero donde estén los servidores son distintos a los que hay en El Salvador.

La polémica o el contrapunto entre ambas legisladoras se desata por la reforma a la Ley del historial crediticio aprobada el jueves que incluye entre los «deberes» de las agencias el uso de la nube para almacenar información crediticia y que exceptúa la prohibición de compartir información para este fin.

González dice que los salvadoreños no tienen de qué preocuparse porque tendrán «todas las garantías de seguridad y protección de datos». «Eso no se está modificando», dijo.

«Esto no abre ninguna puerta al uso indebido de la información de los ciudadanos, todo lo contrario, nosotros hemos estipulado en el artículo 19 que seguimos protegiendo a los salvadoreños y no se podrá utilizar y compartir datos sin el consentimiento de los salvadoreños. Esto es algo opcional que van a poder tener los burós de créditos».
Dania González, Nuevas Ideas.

La diputada de Nuevas Ideas aseveró que «siempre» están respetando la naturaleza de las reformas de 2022 cuando se refirió al cambio a la prohibición regulada en el literal «h» del artículo 19, en donde, ayer, agregaron una salvedad.

El jueves, se aprobaron estas dos modificaciones a la Ley del historial crediticio:

1. En el artículo 17, que se titula «Deberes de las Agencias de Información de Datos», se agregó el literal «n»: «Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo, también será permitido el almacenamiento en el territorio nacional». La oración inicial de este artículo dice: «Las personas jurídicas que operen como agencias de información de datos tienen los siguientes deberes».

Además, esta primera reforma detalla que se dará «acceso irrestricto al BCR y a la SSF» y que el BCR emitirá normas técnicas.

2. En el artículo 19, que se titula las «Prohibiciones a las Agencias de Información con Relación a sus Bases de Datos», se agrega la frase «salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n». El actual literal «h», vigente desde el año 2015, prohíbe «utilizar, transferir, compartir y comercializar» la información «sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades».

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, manifestó que aún hay preguntas no respondidas. Dijo que una es que la reforma al artículo 17 establece el uso de la nube «como obligación», es decir, no tendría carácter voluntario.

«Deben» utilizar el servicio de almacenamiento. En la comisión preguntamos si esto iba a ser un deber o una opción, ya que el artículo dice que son obligaciones, en la comisión se dijo que iba a ser opcional. Sin embargo, no se ha cambiado la redacción», observó.

La segunda observación de Ortiz fue que no se discutió «el principio de soberanía de los datos«. Y preguntó qué pasaría si los servidores están en otro país con distintas leyes de protección de datos personales o de ciberseguridad de El Salvador.

«En otros países se autoriza el uso de servidores pero se da la obligación de que los datos de los nacionales estén sujetos a la legislación nacional, sin embargo, esto no está establecido en la ley», cuestionó.

Si los datos de los salvadoreños están en un país con un estándar diferente de protección, ¿ a qué debe hacerle caso el dueño del servidor o el que está administrando estos datos?.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Dania González respondió que la protección de datos es «una de las prioridades» de los diputados de Nuevas Ideas.

«Yo sé que en ChatGpt no podemos encontrar todas o formular todas las preguntas que queremos o esas respuestas, habría que estudiar bien y tener claro que existe un comité de normas dentro del BCR que ellos ven cada uno de estos detalles para que las instituciones del Estado hagan su trabajo», respondió.

González reiteró que mantienen la prohibición del artículo 19 literal h, aunque la diputada no explicó la salvedad que fue agregada el jueves a esta prohibición aprobada en una reforma del 26 de noviembre de 2015.

El Comité de Normas del «Banco Central de Reserva (BCR)» deberá emitir las normas técnicas que garanticen «estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos» crediticios almacenados en la nube, luego de la reforma aprobada el jueves a la Ley de historial de crédito de las personas.

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma que establece como «deber» de las agencias de información crediticia en El Salvador –actualmente son «Equifax, TransUnión y Infored»– el uso de un servicio de almacenamiento de datos en la nube para guardar datos crediticios de los usuarios del sistema financiero en El Salvador.

La reforma se realizó al artículo 17 de la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el «historial de crédito de las personas», agregando ese nuevo deber de las agencias el uso del almacenamiento en la nube.

El almacenamiento podrá darse tanto en el extranjero como «en el territorio nacional», pero en cualquier escenario habrá un «acceso irrestricto» para el BCR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), según la reforma al artículo 17, que regula los deberes de las agencias o burós de crédito.

«El Comité de Normas del BCR emitirá las Normas Técnicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos», reza el nuevo literal «n» del artículo 17.

La reforma reitera que es prohibido compartir o comercializar la información de las personas sin el consentimiento expreso de sus titulares, pero introduce una salvedad o excepción: «Salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n», es decir, salvo cuando se comparta información crediticia de los salvadoreños para almacenar los datos en la nube.

Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la nueva «Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal», que busca garantizar la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de alimentos no procesados de origen vegetal o animal en el país.

La nueva normativa crea atribuciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como ejercer la vigilancia y realizar el diagnóstico de plagas en vegetales, infecciones, infestaciones y enfermedades, así como regular el ingreso y la movilización de vegetales y productos vegetales, productos biotecnológicos.

El diputado Saúl Mancía, de Nuevas Ideas, aseguró que se busca «estandarizar procesos y garantizar que los productos que se importan, exportan, que se comercializan en el país cumplan con esas normativas para evitar los riesgos sanitarios».

«La ley ha sido ineficiente porque no se establecen mecanismos de trazabilidad. Cuando se importa un producto de origen animal, genética de ganado, hay tres formas de exportarlo, animales vivos, espermas o embriones. Por no tener una normativa clara que agilice el proceso, muchos ganaderos han tenido para mejorar la genética lo han hecho a través de puntos ciegos», dijo el diputado Mancía.

«Ahora no se puede decir que no se cuenta con la normativa legal», agregó.

Añadió que en este momento «ya se tienen las primeras cosechas de papa de semilla importada de Estados Unidos».

El MAG deberá autorizar, registrar, regular y vigilar la actividad de establecimientos de productos biotecnológicos de origen vegetal o animal.

El diputado Ricardo Rivas, también de Nuevas Ideas, aseguró que la ley busca establecer un «marco robusto que garantice la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los alimentos no procesados» tanto de origen vegetal como de animal.

Rivas sostuvo que el MAG podrá agilizar los trámites para las importaciones y exportaciones. «La ley actual fue creada en 1995 y no se adapta a la realidad que estamos viviendo, todos los países de la región tienen sus nuevas normativas», afirmó.

El diputado Ricardo Rivas dijo que él, hace 10 años quería sacar un permiso para exportar y «se tiraban la bola», y ahora se deja claro que el MAG es la institución competente.

«Les voy a hablar como productor de tilapia. Los viene a ordenar y darle a la ciudadanía para que puedan consumir producto de buena calidad», dijo.

El MAG tendrá la facultad de establecer regulaciones referidas a la introducción de productos biotecnológicos de origen vegetal o animal, microorganismos para uso vegetal o animal, para prevenir o controlar plagas y enfermedades, entre otras.

Con 57 votos a favor y 1 voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves dos reformas a la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas» para incluir como «deber» de las agencias de información crediticia el almacenamiento de los datos crediticios de los salvadoreños en la nube.

La reforma obligaría a Equifax, TransUnion e Infored a que utilicen el servicio de almacenamiento tanto en El Salvador como fuera del país, cumpliendo las normas técnicas que serán emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR) para garantizar que se cumplan estándares de ciberseguridad y protección de datos.

La primera reforma incluye «utilizar el servicio de almacenamiento» en la nube se estableció en el artículo 17 literal «n», que establece los «deberes» de los burós de crédito.

Al literal «h» del artículo 19, que actualmente prohíbe a las agencias de datos usar, transferir, compartir y comercializar información sin el consentimiento expreso de los dueños de la información, se agregó una «salvedad» o excepción: «Salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal «n», es decir, para almacenar los datos en la nube.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que esta reforma «va a permitir que la base de datos de el historial crediticio de los salvadoreños pueda almacenarse no únicamente a nivel nacional o en el territorio de El Salvador y que su respaldo no sea únicamente limitado a este territorio sino que también puedan almacenarse en la nube».

«Y esta información, pues, los salvadoreños no tienen de qué preocupar, porque siempre va a contar con todas las garantías, de seguridad y de protección de datos tal cual nosotros lo habíamos estipulado anteriormente, eso no se está modificando porque sí, hay cierta información que ha circulado», afirmó la diputada de Nuevas Ideas. «Nosotros estamos protegiendo esa información tan sensible, que es el historial de crédito de los salvadoreños», prometió.

Queremos dejar altamente claro que esto no abre ninguna puerta al uso indebido de la información de los ciudadanos, todo lo contrario, hemos estipulado en el artículo 19 que seguimos protegiendo a los salvadoreños y no se podrá utilizar ni comercializar ni compartir datos sin el consentimiento de los salvadoreños.
Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, que votó contra la reforma, aseguró que se mantienen dudas sobre el carácter obligatorio u opcional del uso de la nube para los datos crediticios de los salvadoreños.

¿Qué pasa cuando los servidores estén en otro país y en ese país no exista el mismo estándar de protección de datos personales o de ciberseguridad que tenemos en El Salvador?», preguntó Ortiz a los diputados de Nuevas Ideas. «¿A quién debe hacerle caso el dueño del servidor o el que está administrando estos datos?».
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Dania González respondió que le hubiera gustado que todos los diputados pudieran haber asistido a la Comisión que estudió la reforma para «preguntar estas cosas». «Ya estamos aprobando… Hemos hecho múltiples reformas y hemos garantizado en cada uno de estos artículos que la información y protección de datos es una de las prioridades que nosotros quisimos enfocar», le respondió.

El almacenamiento en nube es un servicio ofrecido por algunas empresas o «data centers» que permite almacenar datos en grandes servidores. En El Salvador, el primer centro de datos con certificación en el país, DataTrust, fue inaugurado en julio de 2024, con una inversión de $30 millones.

La Asamblea Legislativa presupuestó los primeros $24 millones de los $350 millones que el Estado salvadoreño debe erogar durante 20 años para el proyecto de «conservación, la seguridad hídrica y restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa» como compromiso que adoptó para alcanzar un financiamiento y canje de deuda.

El gobierno de El Salvador se comprometió con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos, institución financiera de desarrollo y agencia del gobierno federal de los Estados Unidos, para el proyecto ambiental, para que el banco JPMorgan Chase & Co. le otorgara un financiamiento de $1,000 millones con garantía de la Corporación.

Este jueves, con 60 votos de todos los partidos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la primera reforma al presupuesto 2025 para incluir los fondos destinados al compromiso ambiental.

Compromiso de desembolsos para el río Lempa

Año 2025: $24 millones, $12 millones en abril y $12 millones en octubre.
Entre los años 2026 y 2044: desembolsos anuales de $17.5 millones.

El dinero del préstamo sirvió para la recompra de una deuda por $1,031 millones en títulos con vencimientos entre 2027 y 2052, con lo que el gobierno se ahorraría $352 millones.

«El 22 de mayo de 2024 se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que gestionara recursos por $1,500 millones a través de la emisión de títulos valores y recordemos que se realizó el Fideicomiso en el río Lempa. El Ministerio de Hacienda nos llegó a explicar la modificación que se solicitaba en el presupuesto para poder apoyar o incorporar lo que le corresponde al país al financiamiento del Programa Integral de Seguridad Hídrica», explicó el diputado Caleb Navarro, subjefe de Nuevas Ideas.

Navarro detalló que los fondos serían tomados de las asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda, con fuente de financiamiento de Fondo General, es decir, no de préstamos ni de donaciones.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, afirmó que, cuando se anunció el canje de deuda por naturaleza todos se sintieron «muy contentos», pero que, cuando se anunció, no sabían que se aprobaría la Ley general de minería metálica.

«Pongámonos en algo. Si vamos a darle recursos a la protección del río Lempa, que eso está bien, también es importante que se derogue la Ley de minería porque pone en riesgo al río Lempa puesto que las vertientes y las cuencas hidrográficas que conectan con el río Lempa están demasiado cerca de los distritos con potencial minero en el país», pidió la diputada Ortiz, quien es dijo: «Cuenten con mi voto».

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que es una reforma a la ley del presupuesto para financiar el Programa de Seguridad Hídrica como parte de un «logro histórico», el «primer canje de deuda por naturaleza». Guevara aseguró que esto «viene acompañado de otros proyectos» como el aporte de Arabia Saudita para hacer plantas de tratamiento en el río Acelhuate.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley Orgánica Judicial para convertir juzgados de lo Civil y Mercantil de Sonsonate y de Primera Instancia de Armenia, así como ampliar la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco y el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate.

La reforma iniciará su vigencia el 1 de julio de 2025.

que los tres juzgados de lo Civil y Mercantil de Sonsonate conozcan los casos de Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo, distritos de La Libertad Oeste.

La reforma también amplía la competencia del Juzgado de Instrucción de Izalco, en Sonsonate, para que asuma la carga laboral en trámite, incluyendo procesos inactivos, y la competencia en materia penal que tenía el Juzgado de Primera Instancia de Armenia, Sonsonate.

1- Conversión del despacho judicial del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro, en el Juzgado primero de lo civil y mercantil de Sonsonate Centro, con residencia en esa ciudad.
2- Conversión de Juzgado de lo civil y mercantil de Sonsonate Centro en Juzgado segundo de lo civil y mercantil de Sonsonate Centro con residencia en esa ciudad.
3- Conversión del Juzgado de Primera Instancia de Armenia en Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate conservando su residencia en Armenia.
4- Se amplía la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco, que asumirá los procesos penales del Juzgado de Primera Instancia de Armenia.
5- El Juzgado de lo laboral de Sonsonate asumirá la carga laboral en materia laboral del Juzgado de Primera Instancia de Armenia.
6- Las constancias de expedientes fenecidos de Armenia podrán solicitarse al Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate.
7- Los juzgados tercero de lo civil y mercantil podrán conocer los procesos de Sonsonate y de lo distritos de Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo, La Libertad Oeste, departamento de La Libertad.
8- La Cámara Segunda de Occidente con sede en Sonsonate conocerá en segunda instancia de los procesos sustanciados por los juzgados de lo civil y mercantil de Sonsonate.

Los jueces se integrarán a las sedes de destino.

El dictamen fue aprobado el 3 de abril y aún no había sido aprobado en el pleno.

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, la Corte determinó que los Juzgados de lo Civil y Mercantil de Sonsonate tiene «un poco más de 500 casos en materia civil y mercantil por cada despacho», unos 1,000 en total, lo que incide en los tiempos de respuesta.

Detalló que esta conversión no implica una erogación de fondos ni supresión de plazas. La CSJ tiene un plan estratégico institucional en el cual también se plantea convertir los juzgados de Tejutla y Dulce Nombre de María, en Chalatenango.

Los mercados municipales remodelados o construidos por instituciones del Órgano Ejecutivo deberán ser entregados en comodato a la nueva Dirección de Mercados Municipales por 50 años renovables.

Así lo dictar el proyecto de nueva «Ley de creación de la Dirección de Mercados Municipales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», que podría ser aprobada en sesión plenaria de este jueves y cuyo dictamen fue aprobado en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa el miércoles.

«El plazo de duración del comodato deberá ser 50 años prorrogables por periodos según acuerdo entre las partes», indica el tercer requisito del comodato, que se regularía en el artículo 23.

Según la normativa, la Dirección de Mercados asumirá la administración de los mercados, tendría la facultad para emitir reglamentos sobre el orden en los mercados y de realizar los cobros de tasas y contribuciones a los arrendatarios de los puestos de venta.

A las municipalidades, según los cambios realizados al dictamen este miércoles, se eliminaría la facultad de establecer tasas o contribuciones relacionadas a los puestos de venta o los locales comerciales, una facultad que sería exclusiva de la nueva Dirección de Mercados Nacionales.

El nuevo proyecto establece expresamente, en el artículo 23, que «la municipalidad no realizará ningún tipo de cobro en concepto de tasas o contribuciones a los arrendatarios de los puestos de venta o de los locales comerciales por la utilización de los mismos, siendo potestad exclusiva de la Dirección Nacional de Mercados el cobro del arrendamiento producto de su adjudicación».

Según los cambios que le realizaron al proyecto de ley, la nueva Dirección de Mercados Nacionales estará obligada a identificar el mercado municipal o los locales comerciales de plazas, parques o espacios públicos en los cuales «se esté solicitando o ya se haya realizado una intervención del Órgano Ejecutivo a través de cualquiera de sus dependencias a nivel nacional».

Además, se determina que la Dirección «será la única responsable del pago de los impuestos municipales, tasas o contribuciones relacionados a la infraestructura del mercado objeto del comodato».

La falta de algunos de estos requisitos «provocará la nulidad e invalidez del comodato más la deducción de las consecuentes responsabilidades patrimoniales para las autoridades de la Dirección de Mercados Nacionales y de los concejos municipales correspondientes.