Redacción DEM ADMIN

Autor: Yolanda Magaña

  • EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    Sin aún detallar la tarifa de la nueva «Visa de Integridad», el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó una notificación en el Registro Federal sobre algunas tarifas de inmigración que estableció la Ley de Reconciliación HR-1, conocida como «The One Big Beatiful Bill”, promulgada el 4 de julio de 2025.

    En la publicación, del 22 de julio de 2025, el DHS todavía no oficializó la “tarifa de Visa de Integridad (Visa Integrity Fee), exigida por la ley HR-1 para cualquier extranjero a quien se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión.

    Informó dicha tarifa “requiere coordinación interinstitucional antes de su implementación” y “se implementará en una próxima publicación”, indica la publicación del DHS en el Registro Federal.

    La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aún no dio información al respecto y pidió estar atentos a anuncios oficiales.

    Un vocero de la Embajada aseguró que efectivamente el 4 de julio el presidente Donald Trump promulgó la ley “The One Big Beautiful Bill” y pidió a la población estar pendientes información oficial.

    “Proporcionaremos más información sobre la implementación y el impacto de esta ley para el Departamento de Estado tan pronto como sea posible. Recomendamos a los solicitantes que estén pendientes únicamente de la información oficial publicada por la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador y del Departamento de Estado”, respondió la oficina diplomática.

    No menor a $250 y reembolsable

    La nueva ley HR-1, sancionada por Trump el 4 de julio, establece una tarifa de $250 para quienes obtengan una visa no inmigrante denominada “Visa Integrity Fee” o la “Visa de Integridad”.

    Según la ley, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos impondrá una tarifa a cada extranjero al que se le emita una visa no inmigrante “al momento de la emisión de dicha visa”. Una visa no inmigrante puede ser visa de turista, negocios, estudios o trabajo temporal.

    La normativa indica que el monto será el que disponga “mediante reglamento, pero en ningún caso menos de $250”.

    Sin embargo, la ley permite al secretario de Seguridad Nacional “reembolsar a un extranjero una tarifa impuesta” después del vencimiento del periodo de validez de la visa si demuestra que no ha solicitado la admisión durante dicho periodo de validez o si cumplió todas las condiciones de dicha visa, incluida no aceptar empleo no autorizado y que el extranjero “salió de Estados Unidos a más tardar 5 días después de la fecha en que se le autorizó a permanecer nuevamente en los Estados Unidos”, o si el extranjero solicitó ajustar el estatus dentro del periodo de validez de la visa de no inmigrante.

    Las tarifas que no se reembolsen irían al Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.

    Las únicas tarifas publicadas por DHS

    Según la notificación del 22 de julio de DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus tarifas de acuerdo con la nueva ley HR-1 a partir del 22 de julio y aclaró que todas las tarifas no sustituyen las actuales, ya que son “adicionales”.

    “Cualquier formulario con sello del 21 de agosto de 2025 o posterior que no incluye la tarifa correspondiente será rechazado”, indicó.

    Las nuevas tarifas requeridas por la ley HR-1 y que fueron publicadas por DHS son:

    Solicitud de asilo: $100. La tarifa aplicó para solicitud de asilo inicial y solicitud pendiente anual: $100. Es el formulario: I-589. Actualmente no tiene un cargo. La tarifa no tiene posibilidad de exención.

    TPS, registro inicial (I-821): $500. La tarifa actual según la publicación es $30, por lo que el total sería $530. No ofrece exención de pago.

    Jóvenes inmigrantes o SIJs (I-360): $250. Actual: $0. Total $250.

    Documentos de Autorización de Empleo (EAD): de $275 a $550. El cobro total oscila entre $275 y $1,425, dependiendo de las tarifas actuales que se suman a la adicional establecida por la nueva ley:
    (Formulario I-765)
    -$550 para solicitante de asilo inicial o aplicante de EAD
    -$275 para renovación o extensión del EAD de aplicante de asilo
    -$550 EAD para refugiado en libertad condicional por un año
    -$550 EAD para cónyuge en libertad de condicional de empresario
    -$275 para renovación de EAD de refugiado en libertad condicional por un año
    -$275 para renovación de EAD de cónyuge de empresario en libertad condicional
    -$550 para EAD TPS inicial válido por un año
    -$275 para renovación o extensión de EAD TPS, válido por un año
    -$275 para Autorización de empleo tras la emisión de un nuevo período de libertad condicional

  • Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, solicitó ayer a la Asamblea Legislativa nuevas reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, a pocos días del vencimiento, el próximo 25 de agosto, del decreto 803, que otorgó hasta 24 meses para acusar a miembros del crimen organizado o pandillas en una sola causa o proceso penal.

    Tienen por objeto lograr mayor eficiencia y eficacia en la determinación de responsabilidades de quienes sean sometidos a juzgamiento en esta competencia. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    La reforma establecería un plazo de instrucción de hasta dos años a partir de una solicitud de la Fiscalía General de la República de asignación de número de cada causa para cada estructura criminal, independientemente de la fecha de captura de los imputados.

    «Finalizado el plazo transicional del decreto legislativo 803, de fecha 26 de julio de 2023 (publicado el 25 de agosto de 2023), el juez a solicitud del fiscal deberá asignar un número de causa en contra de la estructura criminal y en consecuencia de sus miembros para su procesamiento de acuerdo con los agrupamientos solicitados por la Fiscalía en aplicación del referido decreto (803)», reza el artículo 6 de la propuesta de reforma.

    «Una vez presentada la solicitud para la asignación de causa, el plazo de instrucción aplicable será el dispuesto en el artículo 17 de esta ley (24 meses) contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados», continúa la redacción del artículo 6.

    >> Por vencer decreto 803 que prolongó tiempo para acusar a detenidos en el régimen, Movir pide su derogación

    La propuesta indica que la Dirección General de Centros Penales recibirá el oficio del juez de crimen organizado y cumplirá inmediatamente su orden «eliminando el registro efectuado con base en el referido decreto» (803).

    La propuesta también establece la celebración de una «Audiencia Única Abierta» luego de la acusación fiscal, que se llevará a cabo en un plazo no mayor a 60 días y que permanecerá abierta «mientras existan miembros de la estructura criminal sin juzgar» hasta un periodo de dos años.

    «El juez, previa consulta al fiscal, podrá declarar el cierre de la audiencia, sin perjuicio de reabrir el proceso si se identifican nuevos miembros o actividad de la estructura criminal», indica la reforma al artículo 18.

  • Gobierno pide extender vigencia de placas vehiculares hasta el 31 de agosto de 2026

    Gobierno pide extender vigencia de placas vehiculares hasta el 31 de agosto de 2026

    La Asamblea Legislativa recibió este miércoles la solicitud formal del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, de prorrogar la validez de las placas de los vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2026.

    En su solicitud entregada este miércoles a las 9:22 de la mañana a la Asamblea Legislativa, el ministro de Obras Públicas indicó que buscan «contribuir con la economía de los salvadoreños» y pidió aprobar el decreto de «Prórroga a la disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos».

    La prórroga más reciente, aprobada el 22 de abril de 2024, vence el 31 de agosto de 2025.

    La solicitud será estudiada en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa, la cual aún no está convocada para reunirse. El presidente legislativo, Ernesto Castro, convocó a una nueva sesión plenaria para el viernes 15 de agosto.

    La “Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos” establece circular que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas, previo al pago de precio y que la vigencia de las placas es cinco años.

  • Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Con 57 votos y dos en contra, la Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Ministerio de Hacienda para que suscriba un préstamo de $250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fondos que podrán ser utilizados “igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado” que “requieran fuente de liquidez y transferencias varias”.

    El préstamo “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” fue solicitado por el gobierno salvadoreño al Banco Mundial.

    Los fondos, según el decreto, buscan apoyar “las medidas que el Gobierno ha adoptado en el marco de responsabilidad fiscal y para el mantenimiento y continuidad de una política macroenómica adecuada”.

    No tienen un destino específico. “Los recursos del contrato de préstamo podrán utilizarse igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”, indica el artículo 2 del decreto de autorización aprobado este miércoles.

    Por el crédito se pagará una comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo, un 0.25 % de comisión de compromiso anual sobre saldo no desembolsado del préstamo, se pagará a 25 años de plazo, incluyendo cinco años de gracia, en cuotas semestrales.

    Este miércoles, la Asamblea Legislativa también autorizó un segundo préstamo con el BIRF por $100 millones que se desembolsaría si el gobierno salvadoreño lo solicita ante cualquier emergencia, el préstamo se denomina “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes”.

    La Asamblea también ratificó hoy un préstamo por $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $100 millones para “Proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador”; y $120 millones del BIRF de “Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”, un préstamo adicional para las obras del bypass de Apopa, cuya firma fue autorizada el 10 de julio de 2025.

    Para el proyecto del bypass de Apopa, la Asamblea Legislativa aprobó un primer préstamo de $150 millones el 9 de abril de 2024. Para este año se han ejecutado $39 millones, de los cuales se han ejecutado $14 millones según Hacienda.

  • Diputados aprueban informe de Seguridad que reportó 32,917 capturas y baja de 37 % en incidencia delictiva

    Diputados aprueban informe de Seguridad que reportó 32,917 capturas y baja de 37 % en incidencia delictiva

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un informe de labores que reporta 32,917 detenciones desde junio de 2024 hasta mayo de 2025, presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra, tanto de este informe, como del presentado por el Ministerio de la Defensa Nacional.

    Según los dictámenes, Seguridad reportó una reducción del 99 % de homicidios, una disminución del 37 % en incidencia delictiva y de un 50 % en los homicidios en menores de edad respecto al año anterior.

    Los informes corresponden al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025.

    El Ministerio de Seguridad reporta que se desarticularon 71 estructuras de pandillas, 64 bandas criminales, tres estructuras vinculadas al narcotráfico y 23 bandas de narcotraficantes con la detención de 4,312 de sus miembros.

    También, reportaron 98 bienes sujetos a medidas cautelares por parte del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), que vendió o subastó 65 inmuebles, y arrendó otros 60 inmuebles y 10 vehículos.

    “Por medio de datos y estadísticas, el informe respalda los logros obtenidos”, indicaron los diputados en su dictamen.

    Por su parte, el dictamen favorable del informe del Ministerio de la Defensa Nacional indica que la Fuerza Armada “desempeña su función militar de seguridad”.

    Según el Ministerio de la Defensa, el Comando Sumpul de la Fuerza Armada ha evitado, en la frontera «el paso de armamento, contrabando y tráfico de personas y drogas” y también “se impide que terroristas ingresen o salgan del país con la finalidad de evadir la justicia”. Los diputados también aprobaron este informe, aún no publicado, con 57 votos.

  • Educación aprueba planes de estudio de cuatro carreras de software a escuela superior de Presidencia

    Educación aprueba planes de estudio de cuatro carreras de software a escuela superior de Presidencia

    El Ministerio de Educación autorizó los planes de estudio de carreras relacionadas a desarrollo de software, servicios en la nube, ciberseguridad y operación de centros de datos a la Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT), dependiente de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Innovación.

    Esta escuela se especializa en la formación virtual de ciudadanos en áreas de innovación y tecnología y fue creada mediante decreto ejecutivo 29 del 30 de agosto de 2021 y publicado el 3 de septiembre de 2021.

    La Dirección Nacional de Educación Superior resolvió una solicitud de planes de estudio de carreras nuevas el 26 de mayo de 2025. Las carreras nuevas serán:
    1. Técnico superior universitario en desarrollo de software en código abierto.
    2. Técnico superior universitario en servicios en la nube.
    3. Técnico superior universitario en ciberseguridad.
    4. Técnico superior universitario en operación de centros de datos.

    Las carreras serán impartidas, según el decreto, en modalidad no presencial, y la aprobación comprende “a partir del ciclo 03-2023 al 02-2025”.

    El acuerdo 15-1182/2025 fue aprobado el 10 de julio de 2025 y publicado en el Diario Oficial del 30 de julio de 2025.

    La Escuela esit.gob.sv ofrece en su sitio web un título de técnico superior avalado por el Ministerio de Educación y programas educativos virtuales sobre el mundo digital.

    Entre los técnicos ofrecidos están en operación de centros de datos, servicio en la nube, desarrollo de software en código abierto y ciberseguridad, todos disponibles de modalidad virtual y con una duración de 24 meses.

    El técnico de centro de datos tiene seis ciclos de estudio, 31 asignaturas y es impartido por más de 10 docentes según el sitio.

    Los requisitos son, entre otros: disciplina, creatividad, lectura comprensiva y búsqueda de información. Para la inscripción, presentar documentación de identificación, título de bachiller, resultado global de prueba AVANZO con nivel intermedio o superior, o con nota mayor a 7.0 si es PAES, carta de compromiso, certificados de notas y realizar una prueba de admisión.

  • Ministra de Vivienda aprueba lineamientos para calificar viviendas “de interés social”

    Ministra de Vivienda aprueba lineamientos para calificar viviendas “de interés social”

    El Ministerio de Vivienda emitió el decreto 1 “Lineamientos para calificar proyectos habitacionales de interés social y aprobar su desarrollo y construcción” como siguiente paso a la aprobación del decreto que entregó a Vivienda la atribución de entregar los permisos de construcción de torres de telecomunicaciones y de proyectos calificados de interés social.

    La Asamblea Legislativa aprobó en julio las «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda». Vivienda ha emitido lineamientos para aplicar estas disposiciones.

    Criterios para definir una vivienda de interés social según nuevos lineamientos

    1. Proyectos habitacionales en altura o unifamiliar y las notificaciones o parcelaciones habitacionales de asta 245 salarios mínimos mensuales ($100,156) para el sector industria y lotificaciones o parcelaciones habitacionales de hasta 123 salarios mínimos ($50,282.40).

    2. El área mínimo de lote será de 50 metros cuadrados y de construcción, 36 metros cuadrados, con sala-comedor-cocina, al menos un dormitorio, servicio sanitario y ducha, lavadero-tendedero. Los apartamentos deberán tener un área mínima de construcción de 36 metros cuadrados.

    3. Deberán tener agua potable, energía eléctrica, aguas negras y residuales.

    Los lineamientos fueron aprobados el 23 de julio y están vigentes desde “la fecha de su firma”. Fueron publicados en la edición del 30 de julio del Diario Oficial.

    Competencias en permisos de construcción

    Mediante recientes reformas, el gobierno busca ordenar las atribuciones de los permisos de construcción que se dan en El Salvador.

    El Ministerio de Vivienda será la instancia encargada de proyectos de interés social y de obras de infraestructura pasiva para el servicio público de las telecomunicaciones, por lo que está excluida de la competencia de la nueva Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

    Una reforma a la Ley de la DOT que ha recibido la primera votación en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa aclara que las municipalidades tienen la atribución de dar permisos de construcción en áreas menores a 250 metros cuadrados, pero las disposiciones aprobadas en julio otorgan esta atribución al Ministerio de Vivienda si este considera que la municipalidad respectiva no tiene capacidad técnica para otorgar el permiso respectivo. La directora ejecutiva de la DOT, María Paola Bardi de Acosta, dijo el martes a los diputados que la finalidad de la reforma a la Ley de la DOT es agilizar los permisos de construcción.

    Esta reforma también busca que la DOT, una institución creada para tramitar los permisos en áreas mayores a 250 metros cuadrados, pueda aprobar cambios de uso de suelo y talas de árboles por la construcción.

    Además en el Centro Histórico de San Salvador la competencia recae sobre la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y en el área metropolitana de San Salvador, la institución encargada es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss).

  • Ministro de Seguridad ejercerá funciones en la PNC en ausencia de director según reglamento

    Ministro de Seguridad ejercerá funciones en la PNC en ausencia de director según reglamento

    Una reforma al reglamento interior del órgano Ejecutivo atribuye al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia funciones administrativas de la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de ausencia o vacancia del director de la corporación policial.

    La reforma también modifica el nombre del Ministerio de “Ministerio de Seguridad Pública y Justicia”, en lugar de “Justicia y Seguridad Pública” como se había aprobado en la reforma del 2 de junio de 2019.

    Mediante el decreto número 22 del Órgano Ejecutivo, el Consejo de Ministros estableció que dentro de las tareas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública están «las tareas relacionadas con la seguridad pública» y que «es necesario un reajuste» para «incorporar una nueva atribución al titular del referido Ministerio».

    Así, al «Ministerio de Seguridad Pública y Justicia» se estableció la función número 13 como: «Ejercer las funciones administrativas necesarias para la gestión y funcionamiento de la Policía Nacional Civil, así como la representación legal de la misma, en casos de ausencia o vacancia del director general de la Policía Nacional Civil, mientras no exista nombramiento».

    Además, en el mismo decreto, el Consejo de Ministro creó la nueva Secretaría de Valores, que estará a cargo de un secretario que será nombrado por el presidente de la República y que será la autoridad «de consejería ética, moral o espiritual de la Presidencia de la República».

    La reforma al reglamento fue aprobada el 29 de julio y publicada el mismo día en el Diario Oficial, fue suscrita, según la publicación, por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y la ministra de Turismo, Morena Valdez, encargada del Despacho del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

    En enero pasado, el ministro Gustavo Villatoro confirmó que es él quien dirige la PNC mientras el presidente Bukele decidía a quien nombraría como director policial «Lo que a nosotros nos corresponde, como la cabeza del ramo, es asumir las responsabilidades en lo que se nombra un director», indicó el 7 de enero.

    Hace casi un año, el 8 de septiembre de 2024, falleció el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, quien era director de la PNC, junto a otros jefes policiales mientras trasladaban al exgerente de la Cooperativa Santa Victoria, Manuel Coto Barrientos, también fallecido.

  • Nuevo préstamo del BIRF por $100 millones se usaría en emergencias incluso sanitarias

    Nuevo préstamo del BIRF por $100 millones se usaría en emergencias incluso sanitarias

    Un nuevo préstamo de $100 millones cuya autorización sería aprobada en la plenaria del miércoles se utilizaría en caso de emergencias por desastres causados por fenómenos naturales o por emergencias de salud, explicó el director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera.

    El «Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desembolso diferido ante catástrofes” con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) fue votado el lunes como dictamen favorable en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

    Según el funcionario, es un financiamiento que otorga el Banco Mundial que «permite estar preparados para atender emergencias, por desastres (fenómenos naturales) o de salud pública».

    “Creo que quedó demostrado que en el 2019-2020, somos países vulnerables ante casos de epidemias, esto nos permite contar con mejores herramientas para la atención de dichas emergencias”. Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público.

    Según el representante del Ministerio de Hacienda, este préstamo permitirá «mejorar la capacidad del país en la planificación y gestión de crisis, garantizando el acceso a financiamiento de manera inmediata con condiciones concesionales antes de que se produzca un desastre”.

    El empréstito se activaría únicamente si el gobierno lo solicita para responder a una emergencia. “Únicamente se activaría en caso de que la República lo requiera”, dijo.

    La deuda tendrá una tasa variable y un margen variable definido por el Banco Mundial a un plazo de 30 años incluidos 5 años de gracia y se pagará en pagos semestrales si es posible iguales. La comisión inicial es el 0.50 % del monto.

    El Salvador también tiene un préstamo similar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como préstamo contingente por hasta $400 millones. Según el director, la diferencia es que este préstamo no solo “se destina a actividades de reconstrucción sino también a la prevención”, ya que se destina a desastres naturales sino a la salud pública como covid-19.

  • Presidencia de El Salvador creará una Secretaría de Valores

    Presidencia de El Salvador creará una Secretaría de Valores

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, creó la Secretaría de Valores mediante una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, entidad que será dirigida por un secretario nombrado por el mandatario.

    La reforma está vigente desde el 29 de julio y fue publicada en el Diario Oficial del mismo día. Fue suscrita, además del presidente Bukele, por la ministra de Turismo, Morena Valdez.

    La Secretaría de Valores de la Presidencia sería la «autoridad en materia de consejería ética, moral o espiritual» encargada de asistir a la administración pública en valores e integridad, así como promover en el país «los más altos estándares de respeto al prójimo».

    La nueva Secretaría de Valores tendría 12 atribuciones y tendría un «presupuesto o personal suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones».

    Entre los valores que la Presidencia buscaría promover, según la reforma al reglamento, están la «solidaridad, convivencia, tolerancia, honestidad, participación, fe y armonía social».

    También, tendrá como función «asistir y colaborar» «con las distintas religiones, expresiones de fe y filosofías» con el objetivo de «fortalecer los valores y comportamiento ético de los habitantes de la República sin más límite que el trazado por la moral y el orden público».

    Les daría atención y apoyo con programas de becas, insumos materiales y proyectos, y apoyo a iniciativas de desarrollo integral del ser humano, y crearía dependencias a nivel nacional.