La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pedirá que se mantenga la prohibición de que asocios o alianzas entre públicos y privados puedan prestar servicios de salud, educación o de agua a la población, posibilidad que se abre con el nuevo proyecto de Ley de alianzas público-privadas presentado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, a la Asamblea Legislativa.
«El riesgo no es solo económico, es institucional y político: ¿quién define tarifas o condiciones?, ¿quién controla la calidad?, ¿qué pasa si el privado incumple en un servicio esencial? El Estado que dejaría de ser proveedor directo de derechos y pasa a ser regulador de servicios prestados por privados. Ese es el verdadero debate de fondo. No me opongo a la inversión privada, me opongo a privatizar derechos», resumió su posición.
Villatoro aseguró que las alianzas público privadas «no son malas» pero consideró que es “un riesgo” cuando son creadas para dar servicios públicos de derechos fundamentales como de salud, educación y agua.
La Ley especial de asocios públicos privados (APP) actual excluye de la posibilidad de crear una APP para dar servicios de salud, incluido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en la educación, incluida la Universidad de El Salvadr (UES) y en recursos hídricos. Esas exclusiones son eliminadas según el nuevo proyecto de Ley de alianzas público privadas en manos de la Asamblea Legislativa.
“Cuando se mete la lógica privada, inevitablemente aparece cobro directo o indirecto, segmentación del acceso, incentivos a reducir costos”, sostuvo, en un mensaje, cuando se le preguntó su opinión sobre la posible eliminación de las prohibiciones actuales de las APP para prestar los servicios de salud, educación y recursos hídricos. “No son bienes de mercado son derechos, el Estado tiene una obligación constitucional directa, no subsidiaria”, razonó.
“Las APP no son malas per se. Bien diseñadas, sirven para infraestructura (carreteras, puertos, energía), proyectos donde hay retorno económico claro, y transferencia de riesgo al privado El problema se da cuando se trasladan a derechos fundamentales, salud, educación y agua”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.
Según la legisladora, cuando hay participación privada en un servicio “inevitablemente aparece” un «cobro» directo o indirecto y se busca «reducir los costos del servicio» o la rentabilidad, por lo que se arriesga la calidad. “Incluso críticas históricas en El Salvador han advertido que esto puede llevar a trasladar el costo al usuario y favorecer intereses privados”, argumentó.
Además, agregó que las APP genera una deuda «disfrazada o diferida», porque el Estado deberá pagar si el proyecto falla o deberá garantizar ingresos mínimos.
Diario El Mundo consultó la opinión de la diputada Cesia Rivas, de Vamos, pero al cierre de esta nota aún no había respondido.
El proyecto de ley será analizado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que se reunirá el martes 14 de abril.
La nueva «Ley de alianzas público privadas» derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, los contratos del Estado con empresas privadas podrían durar hasta 50 años y ya no 40, y se inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación.
El proyecto crearía la nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda, que podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la admisibilidad de las iniciativas. Actualmente, el Consejo Directivo del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa, hoy Invest) tiene la competencia de aprobar los proyectos de asocio público privado, sus bases de licitación y sus proyectos de contrato.
