El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos.
La propuesta mantiene la prohibición de realizar alianzas público privados para la seguridad nacional, inteligencia del Estado, servicios de seguridad pública y justicia, en contratos regidos por leyes especiales o en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.
Sin embargo, eliminaría las exclusiones que contiene la actual ley en el artículo 3: «prestación pública de los servicios de salud, incluso los prestados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social» (ISSS), «la prestación de servicios de educación pública, tal como se definen en la Ley General de Educación», «la Universidad de El Salvador» –la única estatal–, «los recursos hídricos, excepto el diseño, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana».
Según la solicitud enviada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, buscan «regular los procedimientos» para crear las alianzas entre públicos y privados «para la provisión de infraestructura y servicios públicos».
Con la nueva propuesta, los contratos del Estado con empresas privadas para prestar servicios públicos podrían durar hasta 50 años, según el artículo 11, incluyendo sus prórrogas. Actualmente, el artículo 8 establece un plazo máximo es 40 años.
«El país ha experimentado avances significativos en materia institucional, jurídica y económica, lo cual ha fortalecido la seguridad y previsibilidad necesarias para fomentar la participación del sector privado en proyectos estratégicos», argumenta el gobierno en el proyecto de decreto, entregado el 9 de abril a la Asamblea.
La propuesta, que inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación de obras o servicios bajo la modalidad de alianzas público-privadas, establecería tres modalidades de contratos: para la provisión de infraestructura pública, para la provisión de servicios públicos, y para la provisión de infraestructura y servicios públicos.
El proyecto plantea la creación de una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.
La DAPP podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la «admisibilidad de las iniciativas presentadas por las entidades contratantes», y la entidad contratante elaborará las bases de licitación, una Comisión de Evaluación de Ofertas –integrada por la entidad contratante y la DAPP– evaluará las propuestas y la entidad contratante aprobará o rechazará su recomendación.
Actualmente, el Consejo Directivo del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa, hoy Invest) tiene la competencia de aprobar los proyectos de asocio público privado, sus bases de licitación y sus proyectos de contrato.
La iniciativa ingresó ayer en el pleno legislativo y fue trasladada a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la cual se reúne el martes próximo.
