Autor: Yolanda Magaña

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes el dictamen favorable 103 para autorizar al Ministerio de Hacienda a que suscriba un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Mundial para financiar obras relacionadas al bypass de Apopa para el cual ya se aprobó un primer crédito.

El proyecto de este préstamo por $120 millones se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» y es adicional al préstamo de $150 millones aprobado el 9 de abril de 2024. De estos $150 millones, ya se han ejecutado unos $15 millones dijo hoy el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera.

Según Hacienda, los nuevos fondos buscan mejorar la «conectividad» en la construcción del bypass de Apopa e incluye «la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos subterráneos y elevados».

También, estos fondos se usarían en el «diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias en la infraestructura existente», en iluminación, señalización, control de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal; y un «puente con una estructura atirantada».

El puente «atirantado» del bypass de Apopa tendría una longitud de 320 metros con dos pilones que sostendrían los cables, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros, y cuatro carriles de circulación.Aumenta presupuestoEl director de Crédito Público detalló que hay aumentos en el presupuesto en algunas obras.

«Algunas consideraciones que es necesario señalar en este financiamiento adicional es que cuenta entre otros con estudios de ingeniería relativos diseños detallados del proyecto. Por ejemplo, incluye la ampliación del alcance del puente, con un diseño atirantado; aumento en el presupuesto asignado a obras complementarias a vías de acceso en la circunvalación y sus alrededores; y aumento en el presupuesto asignado a actividades de fortalecimiento institucional», fueron las palabras de Herrera en la Comisión de Hacienda.

Explicó que el crédito incluirá «estudios de diseño de proyectos futuros», como parte del fortalecimiento institucional, y «asistencia técnica» en la evaluación de impacto y auditorías.
¿Cómo la ejecución del primer crédito?El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quien relató que hay que estar «como mínimo una hora» en Apopa para ir a Chalatenango, preguntó dónde se ha iniciado la ejecución del primer préstamo. «No lo hemos visto», observó.

El representante de Hacienda respondió que, de $39 millones programados para este año 2025, se han ejecutado «aproximadamente $14 o $15 millones».

«Solamente en este año lleva asignado $39 millones de los cuales de los cuales ya se ejecutó casi el 50 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas. Ese financiamiento que ya fue contratado está cubriendo digamos la infraestructura vial excepto el bypass, la obra del puente, este financiamiento adicional viene a complementar… Corresponde (la ejecución) posiblemente a anticipos que se entregan a las empresas proveedoras, estudios, diseños, así como la contratación de la unidad ejecutora responsable del proyecto».
Marlon Herrera, director de Crédito Público.

El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, había dicho un poco antes que la construcción beneficiará a la población de Apopa, Guazapa, Aguilares y Tonacatepeque, así como a Chalatenango ya que solo cruzar ese tramo es «una o dos horas». El gobierno promete que el proyecto beneficiará a 500,000 habitantes. La infraestructura estará entre Apopa (San Salvador Oeste), Tonacatepeque (San Salvador Este) y Ciudad Delgado (San Salvador Centro).

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 99, que contiene una reforma al presupuesto general del Estado de 2025 para transferir $53.9 millones de Hacienda a ocho instituciones, la mayor parte a la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.

Laura Arce de Aguilar, subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, llegó este lunes a la Comisión de Hacienda a detallar brevemente los destinos.

Arce de Aguilar dijo que $16.7 millones serán destinados a la Presidencia de la República para «seguir promoviendo y participando en el diseño de políticas públicas, planes y programas que permitan el desarrollo económico del país y que genere bienestar a la familia salvadoreña».

Así mismo, detalló que los $16 millones para el Ministerio de Economía será destinado para fomentar la «innovación y la manufactura de tecnología nacional», «generar más y mejores empleos».

Un total de $8 millones para el Ministerio de Salud: $8 millones servirán «para ampliar la cobertura».

En menor cantidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibirá $4 millones para «representaciones diplomáticas y consulares del país».

También, aseveró que el Ministerio de Justicia y Seguridad será reforzado con $4 millones para «garantizar la seguridad, la prevención de delitos, el combate a la delincuencia»; el Ministerio de Turismo recibirá $3 millones para «inversión turística» y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte recibirá $2.2 millones para «infraestructura vial y social».Aprueban siete dictámenesDespués de la explicación de Hacienda de este y otros proyectos de ley, los diputados aprobaron de manera unánime el dictamen favorable de reforma presupuestaria, así como otros dictámenes para transferir, también de Hacienda, $1.1 millones al Consejo de Especialidades Médicas (Conadem) y $2.3 millones a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (Andres).

Los diputados también aprobaron otros dictámenes para incorporar fondos de préstamo para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), autorizar un nuevo préstamo de $120 millones del Banco Mundial para el proyecto del bypass de Apopa y para ratificar un préstamo de $71.8 millones del Deutsche Bank para construir una planta de tratamiento de agua en La Libertad.

También, aprobó otro dictamen para ratificar una garantía soberana para un préstamo de $150 millones que adquirirá la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) del Banco Mundial; esta garantía fue autorizada en mayo.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, aseguró que en el gremio médico existe un régimen de «ver, oír y callar», mientras explicaba que muchos médicos del sistema público presentarían su renuncia al concluir en junio.

«En estos tiempos la situación se ha vuelto mucho más difícil para los colegas, en primer lugar, porque viven bajo un régimen de ver, oír y callar, no pueden mencionar nada», fueron las palabras del titular de la gremial que reúne a 43 asociaciones y unos 2,800 médicos afiliados en El Salvador, este lunes en Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Solano ejemplificó que si el médico le dice al paciente «el medicamento que usted necesita en este momento no lo tenemos, pero yo le voy a dar una receta» o se la entrega a solicitud del paciente, «como estamos rodeados por cámaras, llaman al médico y ese médico puede ser despedido». Explicó que «ellos» lo ven como que el médico «está demostrando al paciente una falencia del sistema».

El presidente del Colegio Médico opinó que el sistema de salud actual «impide que uno brinde atención con calidad y calidez», ya que la calidad no solo consiste en amabilidad sino en existencia de medicamento y de exámenes oportunos. Explicó que la problemática de falta de medicamentos «se mantiene» independientemente de quién esté en el poder.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos Hinds, aseguró que dentro de los hospitales «hay cámaras y micrófonos que están registrando todas las conversaciones» y «dentro de los quirófanos están en todo momento monitoreando» todo lo que hacen los médicos, con quiénes se reúnen y con quiénes platican. Ambos líderes rechazaron que sean «activistas» y que basta ver el historial del papel que ha tenido el Colegio Médico durante los diferentes gobiernos para entenderlo.

Solano aseguró, por otra parte, que en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) nunca ha tenido una crisis como la actual, ejemplificó que no hay un gel que se utiliza para colocar sondas.

Según la encuesta realizada en mayo por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, casi la mitad de los salvadoreños, un 47.1 %, opina que la calidad de la atención en el sistema de salud pública «ha mejorado»; un 17.5 % dice que «sigue igual», pero un 34 % sostiene que «está peor».

El nuevo Consejo Nacional de la Especialidades Médicas (Conadem), que será la competente de certificar las especialidades médicas en El Salvador, tendrá un presupuesto de $1,112,350 para lo que resta del año 2025, según una solicitud de reforma realizada por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Los fondos solicitados serán tomados de «asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda y que no serán utilizadas en lo que resta del presente ejercicio hasta por el mismo monto».

Un total de $800,064 serán asignados a la unidad «Dirección y Administración Institucional» del Conadem y $312,286 serán destinados a la unidad «Regulación y autorización de especialidades médicas» del Conadem.

Un total de $463,575 será destinado a remuneraciones de 45 empleados, incluyendo salarios, aportaciones patronales y aguinaldos. Del monto, $396,980 de la partida de remuneraciones estarán bajo la Dirección Superior y Administración de la institución, y $66,595 estará bajo la línea de trabajo «Autorización y seguimiento de las especialidades médicas».

El Conadem tendrá 45 empleados según el proyecto de reforma: el presidente, 4 ejecutivos, 26 técnicos, 7 administrativos y 7 de servicio.

De los $1.1 millón, se destinarán $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para gastos en seguros de personas y bienes, $50,000 para muebles, equipos informáticos y software, según la solicitud.El ConademEl 4 de abril de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Especialidades de Profesiones Médicas, que creó el Consejo Nacional de la Especialidades Médicas (Conadem), la única que podrá certificar y recertificar las especialidades y subespecialidades de los médicos y los técnicos de salud en El Salvador.

Los profesionales de salud, médicos y técnicos, enfrentarán multas de 51 a 150 salarios mínimos si ejerce la especialidad sin estar certificado por el Conadem. Más de 5,500 profesionales se han acreditado según el sitio web del Consejo.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo actualizado es $408.80, las multas oscilarían entre $20,848.8 y $61,320.

El artículo 4 de los estatutos del Colegio Médico, gremial que reúne a 43 asociaciones de médicos con 2,800 afiliados, faculta a los especialistas de las diferentes ramas médicas a emitir certificaciones de especialidades; en 2023, el Colegio Médico emitió 20 certificaciones. Sin embargo, la nueva ley facultó al Conadem a emitir las certificaciones de las especialidades médicas.

El gobierno está gestionando otros $120 millones con el Banco Mundial para el proyecto de transporte de personas y de carga con mejoras en la red vial e infraestructura en el área metropolitana de San Salvador, adicionales a un crédito de $150 millones suscrito y ratificado el año pasado.

El nuevo proyecto se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador«.

El financiamiento adicional de proyecto de transporte e infraestructura resiliente se sumaría al préstamo aprobado por $150 millones para el mismo objetivo el 9 de abril de 2024, y autorizado en enero de ese año.

En esta ocasión, el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez Castro, a solicitud del secretario jurídico presidencial, Adolfo Muñoz, y del vicepresidente Félix Ulloa, actuando como encargado del despacho presidencial.

El nuevo préstamo tendría un plazo de 25 años con cuatro años y medio de gracia, con comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo y 0.25 % anual sobre saldo no desembolsado.

El primer préstamo con la misma finalidad ascendió a $150 millones, que tiene un periodo de ejecución de seis años e incluye la construcción de un bypass en Apopa de cuatro carriles y 10,655.12 metros de construcción, a un costo de $102.64 millones según el borrador de estudio de impacto ambiental.

El bypass iniciará sobre la carretera de Oro entre las comunidades San Pablo y Los Elías y finalizará sobre el kilómetro 16 de la carrretera Troncal del Norte, incluye 12 «obras de paso a desnivel» para la incorporación de la Troncal del Norte y la Panamericana Este o carretera a Quezaltepeque y un puente sobre río Las Cañas.

Este primer proyecto promete reducir la congestión en el área metropolitana del norte de San Salvador, con la construcción de carreteras y puentes, y financiamiento para respuestas a emergencias ante crisis por fenómenos naturales y cambio climático. El proyecto de decreto del segundo préstamo no tiene mayores detalles.

La abogada de inmigración Cynthia Grande, hija de padres salvadoreños y fundadora de The Grande Law Firm en Los Ángeles, California, detectó que solo en su firma las consultas legales de migrantes que sienten temor por las nuevas políticas de la administración Trump tuvieron un alza del 64 % desde febrero hasta antes de las redadas antimigrantes.

Tras los operativos migratorios recientes, dice que las consultas aumentaron un 40 % adicional.

«Recibimos llamadas de madres con miedo, padres que no saben si ir a trabajar o quedarse en casa. Nuestro rol como abogados no es solo técnico, es profundamente humano. Queremos que la comunidad sepa que no están solos, que hay caminos legales y personas comprometidas en orientarlos correctamente», expresó Grande, quien también es presidenta de Latina Lawyers Bar Association.
¿Qué recomendaciones generales hace esta firma legal a los migrantes en EE.UU.?1. No abrir la puerta a autoridades si no presentan una orden firmada por un juez.
2. No firmar documentos sin entender su contenido o sin la presencia de un abogado.
3. Tener preparada una carpeta con documentos importantes y un plan familiar.
4. Evitar fuentes no oficiales y redes sociales como única fuente de información.
5. Consultar siempre con abogados acreditados antes de tomar decisiones migratorias.

En una entrevista con Diario El Mundo, la abogada sugirió a los migrantes conocer sus derechos para protegerse e incluso evitar que los arresten.

«Se han visto casos que Inmigración no ha detenido a personas porque esas personas sí conocían sus derechos y uno es mantener silencio; si está dentro de su carro no abrir la ventana a menos que haya una orden judicial; no abrir la puerta de la casa a menos que haya una orden judicial», recomendó.

¿Qué debe hacer un migrante si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le quiebran los vidrios de su vehículo?

Según la abogada, en estos casos los migrantes pueden intentar grabar o pedirle a un acompañante en el vehículo que grabe un video de lo que está pasando, ya que en ocasiones se puede iniciar una moción que argumente que la detención fue ilegal.

¿Recomienda al migrante acudir a una cita si tiene un trámite pendiente para otro estatus migratorio?

«Depende de qué tipo de cita es, lo que recomiendo es que tengan abogados, consulten con abogados de inmigración. Las noticias donde se ven que personas han sido detenidas más que todo han sido en audiencias de corte de deportación… Cada tipo de entrevista tiene diferentes riesgos y beneficios», fue la respuesta de la abogada.

Una de las situaciones más comunes de los migrantes, según Grande, es que ingresan sin permiso a los Estados Unidos, tienen un hijo ciudadano estadounidense y un empleador que los quiere patrocinar en la búsqueda de opciones para quedarse pero la situación se complica si la permanencia irregular supera un año.

«Cuando alguien entra a los Estados Unidos sin permiso y está aquí por más de un año sin permiso, hay leyes migratorias que evita que pueda legalizar su estatus a menos que califique para un perdón».
Cinthya Grande, abogada de inmigración.

¿Qué debe hacer un inmigrante o familiar de migrante si es capturado en una redada?

Explicó que la situación es mucho más difícil para un migrante que ingresó a EEUU en los últimos dos años que para una persona que ya tiene 15 años de haber migrado y además tiene hijos estadounidenses.

Esto ocurre, detalló, porque el gobierno de EEUU determinó que las personas que han ingresado en los últimos dos años no tienen derecho a tener una audiencia en un tribunal de migración y pueden ser deportados inmediatamente.

Si es una persona que ha vivido en los Estados Unidos por muchos años, se incluye en la moción «toda la evidencia para demostrar que uno tiene su comunidad aquí en los Estados Unidos, que no va a huir en caso que le den la fianza» para que el juez determine y se le da seguimiento al caso, ya que dicha persona tendría procedimientos de deportación pendiente.

«Primero se tuviera que analizar si pueden calificar para una fianza, después se tiene que meter la moción para pedir una audiencia para que le den la fianza», sugirió.

¿Qué documentación debe tener lista un migrante en situación irregular que pueda ser objetivo de estas redadas contra migrantes o incluso con estatus de protección migratoria como TPS?

Si no tienen familiares ciudadanos o residentes en EE.UU., debe tener comprobantes o evidencias de que ha vivido en los Estados Unidos por más de dos años, como pago de impuestos, estados de cuenta y recibos de impuestos sobre la renta. La abogada también recomienda tener fondos disponibles para pagar una fianza.

¿Qué deben hacer los empleadores si Inmigración no tiene una orden judicial pero quiere ingresar?

«Es un poquito diferente con los empleadores, porque Inmigración puede entrar en lugares públicos, pero no pueden entrar en lugares que normalmente son solo para los empleados. Con los lugares privados, si Inmigración no tiene una orden judicial, no pueden entrar y eso puede ser un cuarto donde los empleados guardan sus cosas», explicó la representante de la firma legal.

La municipalidad de Santa Ana Centro contrató a la empresa Cinco Siete, S.A. de C.V., para realizar servicios de barrido, recolección y transporte de desechos sólidos hasta el sitio de disposición final en el municipio por hasta un valor de $470,640.

El servicio de barrido, recolección y disposición final finalizaré el 12 de agosto de 2025 de acuerdo con el contrato, pero el paso puede prorrogarse o ser modificado según la Ley de Compras Públicas.

Según el contrato, correspondiente a la licitación competitiva LC-01-AMSAC-2025, el costo de la recolección y transporte de desechos sólidos es de $29.50 por tonelada métrica.

La municipalidad paga el costo del contrato de manera mensual según el servicio prestado en un plazo de 30 días calendario luego de la emisión de un quedan por el Departamento de Tesorería de la alcaldía.

El contrato fue suscrito el 7 de marzo de 2025 por el alcalde Gustavo Acevedo y el apoderado de la empresa; y puede encontrarse en el Portal de Transparencia de la municipalidad.

Cinco Siete, S.A. de C.V., es una empresa salvadoreña inscrita el 25 de abril de 2017 con la finalidad de toda clase de actividades lícitas para importar, exportar, distribuir y vender toda clase de armas, municiones y repuestos, vehículos, accesorios y repuestos, brindar servicios de seguridad y protección, a personas naturales y jurídicas, en el sector público o privado, seguridad electrónica, custodia e investigaciones privadas, asesoría y planificación de seguridad privada nacional e internacional, etcétera.

Para resolver la recolección de basura en el país, el gobierno creó la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que funcionará con un presupuesto de $2,316,483 bajo estudio por la Asamblea Legislativa. Tendrá una estructura de 171 empleados, incluido el director, según la nueva Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos.

César Marín, encargado senior de campañas y crisis de Amnistía Internacional, aseguró que la declaración que ha realizado esta organización internacional para considerar como «prisioneros de conciencia» a Ruth López, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez no se limita a estas tres personas.

El 1 de julio, Amnistía Internacional declaró a Pérez, López y Henríquez como prisioneros de conciencia.

El representante de la organización de derechos humanos explicó que esta declaratoria es única de Amnistía Internacional y no tiene una implicación legal, sino que es una herramienta que marca un punto de inflexión para movilizar acciones nacionales e internacionales en torno a lo que está pasando en El Salvador.

«Esta declaración no es limitada a estas tres personas, en el sentido que también aprovechamos con esta declaración de extender la preocupación sobre decenas de otras personas detenidas en El Salvador y expresamos toda la solidaridad con todas ellas».
César Marín, Amnistía Internacional.

Marín indicó que la declaratoria de prisioneros de conciencia «es una herramienta» que hace que Amnistía Internacional llame la atención «sobre las circunstancias específicas que se están viviendo en El Salvador en este momento», que consideran que viene materializándose desde hace varios años y que uno de sus ingredientes es la «puesta en prisión de personas que le resultan incómodas a las autoridades».

«Es importante que resaltemos que, cuando hablamos de personas presas de conciencia, no estamos diciendo que son las únicas con las cuales Amnistía y todo el movimiento internacional que representamos en más de 90 territorios vaya a dirigirse solo a tres personas, estamos hablando de la generalidad de lo que esá ocurriendo en El Salvador y sobre todo las personas que están padeciendo estas violaciones a derechos humanos. No estamos dejando de lado a alguien, simplemente estamos poniendo el foco en estos tres casos para poder aumentar la exposición de lo que ocurre en El Salvador y esto de alguna manera engloba la situación de todas las personas que están padeciendo circunstancias similares», indicó el activista de derechos a nivel internacional, ante la pregunta si la declaratoria no incluiría al abogado Salvador Enrique Anaya, capturado el sábado 7 de junio.

El representante da la organización indicó que la «categoría de prisionero de conciencia es única de Amnistía Internacional» y no existe legalmente ni tiene vinculación legal, pero que es «atesorada en el sistema internacional de justicia y de derechos humanos» especialmente en campañas y movilización.

«Genera un punto de inflexión y de atención muy importante hacia las circunstancias que se viven en el país y hacia las circunstancias que viven las personas detenidas. Si bien no es vinculante, es una categoría que genera bastante interés y preocupación y moviliza la acción de distintas instancias internacionales al respecto, instancias que se van a mover ahora a partir de la declaración», subrayó.

Detalló que la atención también se genera sobre otros contextos de violaciones a derechos humanos y mencionó casos de desapariciones señaladas en las deportaciones de extranjeros y su posterior reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) o detenciones sin juicios bajo el régimen de excepción, así como arrestos de activistas con acusaciones infundadas.

Luego de la protesta cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, por parte de miembros de la comunidad El Bosque, las autoridades capturaron el 12 de mayo al pastor José Ángel Pérez, coordinador de la cooperativa El Bosque, el 13 de mayo, al abogado, líder comunitario y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. El 18 de mayo, fue arrestada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal; y el 7 de junio, a Enrique Anaya, el abogado que pidió anular la inscripción de la candidatura a la reelección presidencial de Nayib Bukele. Mientras Pérez y Henríquez son acusados de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores, López es acusada de enriquecimiento ilícito y Anaya es acusado de lavado de dinero. Los casos de López y Anaya fueron declarados en reserva total.

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa un presupuesto de $2,316,483 para que la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) inicie su funcionamiento en el ejercicio fiscal de 2025.

Del total del presupuesto de la nueva entidad que se encargará de la recolección de desechos en distintos municipios, incluido San Salvador Centro, un total de $1,641,483 se destinaría a remuneraciones y $513,000 a bienes y servicios.

También se asignan $92,000 en gastos financieros y $70,000 en inversiones en activos fijos, que puede ser infraestructura.

El proyecto detalla un total de 171 empleados, con salarios desde los $450 y un máximo no detallado. Seis empleados tendrán un salario superior a los $2,301. La mayoría de los empleados, un total de 157, están clasificados como técnicos. El titular de ANDRES tendrá ingresos anuales de $40,000.

La solicitud fue recibida el 2 de julio por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa y fue enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, quien el 30 de junio recibió las instrucciones del vicepresidente Félix Ulloa, como encargado del despacho presidencial.

La solicitud fue enviada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que la recibirá el lunes para su estudio y posterior aprobación.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el jueves una nueva «Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo«, que establece multas de $500 a $100,000 a los distribuidores por cometer abusos en la venta de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y combustibles.

La nueva ley fue aprobada tres días después del vencimiento de la anterior y estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

La normativa establece multas desde $500 hasta $10,000 si las estaciones de servicio no permiten inspecciones o si las distribuidoras de gas incumplen el precio máximo de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Además, establecen multas desde $10,001 hasta $100,000 a los distribuidores que incumplan la legislación o la reglamentación, no atiendan la instrucción de interrumpir la salida de vehículos durante una inspección o no envasan el contenido exacto de gas en los cilindros.

La nueva ley castiga expresamente con multas de $10,001 hasta $100,000 a las empresas si cobran los cargos de FEFE ($0.16 por galón de combustible) y Cotrans ($0.10 por galón de combustible), los cuales fueron restablecidos el 27 de septiembre de 2022, en aquel entonces, debido al «comportamiento hacia la baja» del precio del petróleo.

Los diputados no se refirieron a estas sanciones aprobadas para los establecimientos que cobren el FEFE y Cotrans, impuestos que actualmente están vigentes y que son recaudados por el Ministerio de Hacienda. Tampoco explicaron esta modificación en la solicitud del proyecto de ley.

Este año, la recaudación en ambos cargos ya suma $47.9 millones, $1.7 millones más de la alcanzada durante el mismo periodo del año 2024. En detalle, el gobierno ha recaudado $22.4 millones en FEFE y $25.5 millones en la Contribución especial para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo (Cotrans) en los primeros cinco meses de 2025 según el Portal de Transparencia de Hacienda.Por la guerra Israel-IránLa ley original que castiga abusos en las ventas de GLP y combustibles fue aprobada en 2022 con el argumento de los efectos que causaría en los precios la guerra entre Ucrania y Rusia, pero la última prórroga de esta normativa venció el 30 de junio de 2025.

Dicho decreto legislativo 311 fue aprobado el 13 de marzo de 2022. En la última prórroga, el 11 de diciembre de 2024, el gobierno argumentó que «la coyuntura mundial descrita se mantiene vigente», referida al «conflicto bélico Ucrania-Rusia y la OTAN». En la nueva ley aprobada ayer el gobierno expuso que la guerra entre Israel e Irán ha provocado aumento de precios.

«Dada la coyuntura mundial por el conflicto bélico que se ha agudizado entre los Estados de Israel e Irán, ha generado alzas en los precios del petróleo a nivel internacional, por lo que es necesario emitir el presente decreto, con la finalidad de evitar abusos en la distribución y comercialización de productos de petróleo», argumentó el gobierno en uno de los considerandos del decreto.