Autor: Yolanda Magaña

  • Hacienda pide transferir $53.9 millones a Presidencia, Economía, Salud y otras carteras

    Hacienda pide transferir $53.9 millones a Presidencia, Economía, Salud y otras carteras

    El viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, envió a la Asamblea Legislativa una solicitud para reformar la Ley general de presupuesto del Estado del año 2025 para transferir $53.9 millones a diferentes carteras de Estado, de fondos provenientes de Hacienda.

    En una carta, con fecha 30 de junio de 2025, dirigida a los secretarios de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, es decir, a Elisa Rosales, Reynaldo López Cardoza y Reinaldo Carballo, el viceministro Sánchez les explicó que, «cumpliendo instrucciones del señor vicepresidente de la República, encargado del Despacho», pide su aprobación «conforme a derecho».

    En su solicitud, detalló que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de junio de 2025 una reforma con fondos disponibles del presupuesto «con cargo al Fondo General» y detalló su distribución.

    «Y es que en la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en lo que resta del presente año 2025».
    Luis Enrique Sánchez, viceministro de Hacienda, en carta a diputados.

    Los fondos se distribuirían así:
    -Presidencia de la República: $16.7 millones.
    -Ministerio de Economía, específicamente para la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), dentro de «Apoyo a instituciones adscritas»: $16 millones.
    -Ministerio de Salud: $8 millones.
    -Ministerio de Relaciones Exteriores: $4 millones.
    -Ministerio de Justicia y Seguridad: $4 millones
    -Ministerio de Turismo: $3 millones.
    -Ministerio de Obras Públicas y Transporte: $2.2 millones.

    Según Sánchez, el Ministerio «identificó asignaciones disponibles dentro de su presupuesto vigente hasta el monto de los $53,900,000 que no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal y podrán ser utilizados para reforzar a las instituciones antes referidas». La solicitud fue enviada el 30 de junio al ministro por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz.

    «cumplimiento de los objetivos y metas institucionales» durante el ejercicio 2025.

  • Crean Fondo de Mitigación y concentran en Hacienda administración de subsidios a la energía

    Crean Fondo de Mitigación y concentran en Hacienda administración de subsidios a la energía

    La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma a la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) para que dicho Fondo encargado de subsidiar el consumo de energía eléctrica pase formalmente a la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda, que además administrará un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE).

    «Se vuelve necesario concentrar en el Ministerio de Hacienda la administración, gestión y operación de todos los subsidios que se otorgan a la población, entre los que tenemos el subsidio al consumo de energía eléctrica y telefonía», explica el decreto de reforma aprobado con 57 votos.

    La reforma faculta al FINET a «otorgar cualquier otro subsidio que al efecto se determine» por acuerdo de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, en el artículo que le faculta a otorgar el subsidio al consumo de energía y a servicios de telefonía en áreas rurales de bajos ingresos o consumo residencial.Un nuevo Fondo de MitigaciónLa reforma crea un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía, el cual se constituirá con $80 millones que serán emitidos en títulos valores por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y que esperan ser colocados en mercado nacional o internacional. La emisión de los títulos por $580 millones fue aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa incluidos $500 millones para consolidación de deudas de CEL.

    El nuevo FMSE que será administrado por el FINET, ahora bajo Hacienda, apoyará «el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico» según los lineamientos que le emitirá la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, la cual le establecerá las condiciones para el uso del FMSE.

    «Los montos por pagar con recursos del FMSE incluirán todos y cada uno de los conceptos que se encuentren dentro de los parámetros y lineamientos emitidos por la Dirección», indica el proyecto de decreto. El artículo 7 también menciona que el FMSE será «recuperado progresivamente por medio de los pagos realizados por los usuarios beneficiados».

    Será la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas la que autorizará los desembolsos al FINET, que a su vez le informará a la Dirección de Energía sobre los saldos y proyecciones del uso del FMSE.

    El decreto no detalla qué otro subsidio a la energía será autorizado por el FINET, además de los otorgados al consumo en áreas rurales de bajos ingresos o consumo de energía eléctrica residencial.

    La ley del FINET establecía que el FINET era administrado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), entidad disuelta a través de la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), normativa que facultaba a la DOM a suscribir convenios que le competían al FISDL.

    Las funciones del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) del Ministerio de Economía pasaron a Hacienda mediante una reforma del 20 de octubre de 2022 a la Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

  • Diputados no agendan propuestas de Arena y Vamos sobre salud mental y megaescuelas

    Diputados no agendan propuestas de Arena y Vamos sobre salud mental y megaescuelas

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso este jueves en sesión plenaria una reforma a la Ley General de Educación para incorporar la asignatura de salud mental en todas las escuelas y que se obligue la contratación de un psicólogo o psiquiatra en todos los centros escolares, públicos y privados para la atención de los estudiantes.

    «El Ministerio de Educación exigirá en cada centro educativo nacional y privado, así como a instituciones de educación superior la contratación de personal especializado en psicología o psiquiatría para administrar atención de salud mental a los estudiantes… Será obligatorio impartir la currícula de Salud Mental, como una materia más en todas las instituciones», reza la propuesta de reforma firmada por Villatoro y el diputado Francisco Lira, ambos de Arena.

    Villatoro planteó que muchos padres han sido llevados por el régimen de excepción, otros padres padecen de alcoholismo o drogadicción y no atienden a sus hijos, y otros han migrado. «No existe ese núcleo familiar que permita que ellos se desenvuelvan como una familia normal», dijo.

    Citó la encuesta de salud mental realizada por el Instituto Nacional de Salud a estudiantes y reiteró que el 13 % presenta conductas de ira, el 70 % tiene hiperactividad elevada, el 23 % sufre bullying escolar, un 56 % sufre de transtorno de pánico, un 42 % tiene síntomas de depresión y más del 3 % ha tenido pensamientos suicidas.

    La propuesta no tuvo apoyo de Nuevas Ideas ni de sus aliados el Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Solo tuvo tres votos, de Arena y Vamos.

    Luego de la votación, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó introducir su propuesta de Ley de megaescuelas. «La idea es que estas megaescuelas estén totalmente equipadas», reiteró. Aseguró que «no se trata de fusionar escuelas y dejarlas más lejos de los niños de las comunidades» sino de acercarlas y establecer un sistema de transporte gratuito y destinar el 8 % del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a la red vial escolar.

    Ortiz propuso que, según el artículo 143 de la Ley Crecer Juntos, se incorporen los Centros de atención a la primera infancia o Capis, ya que actualmente, dijo, «todos son privados».

    «Solicito que esta pieza de correspondencia y pase a la comisión correspondencia, así como pido que las otras 30 iniciativas de ley que esta servidora ha presentado también sean tomadas en cuenta por esta Asamblea Legislativa», dijo.

    El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió a votación la modificación. «Con tres votos a favor, no hay resolución», dijo.

    Ortiz aseguró que el proyecto de ley también fue presentado el 30 de junio. «Queda en manos de usted, señor presidente, como obligado legalmente a darle trámite de ley a cada una de las propuestas legislativas que se someten a que pase a la comisión respectiva», le dijo la diputada. El presidente legislativo no le respondió y continuó con la sesión plenaria.

  • Asamblea aprueba Ley de tecnologías robóticas que regulará a sus fabricantes y desarrolladores

    Asamblea aprueba Ley de tecnologías robóticas que regulará a sus fabricantes y desarrolladores

    La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de tecnologías robóticas» que promete incentivos para fomentar la fabricación en El Salvador de tecnologías robóticas «únicamente» las utilizadas en espacios públicos o para actividades comerciales o de servicios, o bien para transporte, cuido de personas vulnerables o para el área de salud.

    La ley no será aplicable a actividades de aficionados sin fines comerciales o dispositivos que tengan permisos previamente obtenidos, sensores de edificios ni a drones.

    Será la «Agencia Nacional de Inteligencia Artificial» la que aplicará la normativa, tendrá un catálogo y códigos de conducta de la industria robótica, y reconoce la ISO/TS 15066 (robots colaborativos), ISO 10218 (robots industriales), ISO 13482 (robots de cuidado personal), IEC 611508 (seguridad funcional) y versiones posteriores.

    La nueva normativa distingue entre diseñadores, desarrolladores y fabricantes, integradores, desplegadores, operadores y usuarios finales, roles que «se tomarán en cuenta» para «determinar el responsable ante un incidente con una tecnología robótica que provocó daños a propiedad ajena o lesiones o percances a personas».

    La ANIA clasificará las operaciones de estos roles en riesgo básico, intermedio o alto, según el potencial de cada tecnología robótica de provocar daños físicos o incluso «irreversibles» si las medidas fallan o no son atacadas, y también emitirá directrices.

    Los diferentes roles o actores tendrán la obligación «de acatar las normas técnicas de seguridad» establecidas por la ANIA, como medidas de seguridad si integran elementos de inteligencia artificial, características de lugares utilizados para pruebas, procedimientos para pruebas, requisitos de supervisión.

    El gobierno estará obligado a promover la creación de laboratorios, crear incentivos fiscales, promover la enseñanza de robótica y generar oportunidades de prueba piloto para impulsar la innovación.

  • Aprobada 40ª prórroga del régimen de excepción, capturas suben a 87,100 según el gobierno

    Aprobada 40ª prórroga del régimen de excepción, capturas suben a 87,100 según el gobierno

    La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la 40ª prórroga al régimen de excepción que cumple este jueves 1,195 días y que mantiene suspendidos tres derechos constitucionales relacionados a la defensa, tiempo máximo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia para facilitar las detenciones en El Salvador. La prórroga cubre la vigencia del régimen hasta el 3 de agosto.

    Las autoridades argumentan que han identificado «intentos de reorganización» de pandillas, tráfico de drogas, extorsión, utilización de plataformas digitales para la «planificación de crímenes». El decreto fue aprobado con 57 votos a favor; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó el contra. Los diputados de Arena estaban ausentes.

    En la solicitud con fecha 27 de junio de 2025, el gobierno reporta 87,100 personas capturadas bajo el régimen, 700 más en comparación con los 86,400 detenidos reportados por el gobierno en la solicitud de prórroga 39, hace un mes.

    La solicitud es firmada por Adolfo Muñoz Cisneros, secretario jurídico del presidente Nayib Bukele, y fue recibida por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea el 2 de julio a las 2:33 p.m.

    «Estas estructuras aún tratan de resistir», dijo el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, en el debate de la propuesta durante la sesión plenaria semanal desarrollada este jueves. «Llevamos 948 días sin homicidios, de los cuales 934 han sido bajo el régimen de excepción», indicó el legislador cian.

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, aseguró que «es la única receta que ha funcionado». Mencionó que una persona que había andado «con cachucha roja» le preguntó por qué continúan con el régimen si ya no es necesario. Relató que les dijo que «el país lo tuvieron de rodillas por más de 30 años».

    Por su parte, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, aseguró que «el fenómeno de los terroristas pandilleros había llegado a todas las hebras del tejido social» porque «poco a poco» «había familias completas, hijos, padres, madres, involucrados con las pandillas» que «a simple vista no parecían pandilleros», incluso «algunos defensores».

    Castro cuestionó a las personas que preguntan para qué quieren el régimen de excepción. «¿De verdad se lo tenemos que explicar?, ¿en qué realidad viven, pues?», preguntó. «Preséntenme un modelo mejor, el régimen de excepción es una de las medidas que debería tener más reconocimiento, incluso de manera internacional sobre derechos humanos», opinó antes. También, el político dijo que estarán «atentos de tomar las acciones que se tengan que tomar» e instó a realizar «denuncias anónimas» para evitar que las pandillas resurjan.

    Durante el régimen de excepción el promedio diario de homicidios ha disminuido a un promedio menor a la unidad, sin embargo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Cristosal y el Socorro Jurídico Humanitario reportan detenciones arbitrarias, torturas y muertes de unos 400 privados de libertad a lo largo de la medida.

  • Diputados autorizan a CEL a emitir $580 millones en títulos valores para deuda y Fondo de Mitigación

    Diputados autorizan a CEL a emitir $580 millones en títulos valores para deuda y Fondo de Mitigación

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este jueves a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a gestionar una deuda por hasta $580 millones a través de la emisión de títulos valores de crédito a ser colocados en el mercado nacional o internacional.

    La dispensa de trámite tuvo dos votos en contra, de Claudia Ortiz (Vamos) y Marcela Villatoro (Arena); y 57 votos a favor. El contenido del decreto tuvo tres votos en contra y 56 votos a favor.

    Un total de $500 millones de los fondos, según el artículo 2 del decreto, serían destinados para la consolidación de la deuda contraída por la CEL. El decreto iniciará su vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

    El resto de los títulos emitidos por la CEL, un total de $80 millones, se destinarían según el decreto al Fondo de Mitigación del Sector de Energía, para apoyar el cumplimiento de obligaciones vinculadas con usuarios de categoría «Residencial» y hacer «transferencias de recursos del Fondo de las entidades que brindaron el servicio de energía eléctrica» de la creación del Fondo.

    La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que este Fondo busca «beneficiar a la población en general» y mencionó que la CEL ha realizado una inversión de $18 o $19 millones. «Debemos dar las herramientas necesarias para que cuenten con los insumos financieros que ellos necesitan para seguir operando y llevando beneficios a la población salvadoreña», indicó.

    Los títulos valores podrán tener una tasa de interés fija, variable o cualquier otra modalidad permitida en os mercados, podrán colocarse a un plazo no menor a cinco años y su valor nominal podrá amortizarse mediante cuotas periódicas o un único pago al final del plazo o en una fecha prestablecida. Podrán ser redimidos anticipadamente a opción de CEL.

    Desde enero de 2025, la Asamblea ha autorizado y aprobado garantías soberanas del Estado a la CEL por un total de $580.98 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) relacionadas a deudas de 2008, 2017 y 2022.

  • Mario Vega sobre situación de salud de pastor capturado: «No lo sabemos porque no hay absolutamente ninguna comunicación»

    Mario Vega sobre situación de salud de pastor capturado: «No lo sabemos porque no hay absolutamente ninguna comunicación»

    Miembros de la Iglesia Elim, y de las asociaciones Reverdes y Cristosal manifestaron esta mañana dudas sobre las condiciones físicas del pastor José Ángel Pérez, el ambientalista Alejandro Henríquez, y de la abogada Ruth Eleonora Cruz, y aseguran que la condición de incomunicación con sus familias es un patrón en estos casos.

    Los representantes de las organizaciones participaron hoy en el webinar «De defensores a personas presas de conciencia: el sistemático cierre del espacio cívico en El Salvador», desarrollado la mañana de este jueves, en el cual el representante de Cristosal, Noah Bullock, dijo que, para él, también «forma parte del grupo» de prisioneros de conciencia declarados así por la Amnistía Internacional.

    El pastor general de la Iglesia Elim, Mario Vega, expresó que no tienen por el momento «ninguna comunicación» con el pastor José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque, capturado desde el 12 de mayo de 2025, cuando residentes de la cooperativa protestaron frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, para pedir ayuda para cancelar una orden de desalojo contra 300 habitantes de la comunidad.

    Ante la pregunta sobre el estado de salud del pastor, el pastor Vega respondió: «En el caso particular del pastor Ángel, no lo sabemos porque no hay absolutamente ninguna comunicación».

    Agregó que la única vez que lo vieron «fue durante la audiencia preliminar» y que incluso no tienen la certeza del lugar en el que se encuentra detenido. «No tenemos una constancia absoluta de dónde se encuentra detenido», fueron sus palabras.

    Por su parte, Dalia González, de Reverdes, aseguró que es la misma situación con el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua, también capturado después de la misma protesta. «Hasta el momento la familia, los abogados, no han tenido comunicación» con Henríquez, dijo.

    Por su parte, Noah Bullock, de la asociación Cristosal, enumeró patrones en estas dos capturas y también en referencia a las detenciones de Ruth Eleonora López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno.

    «Vemos patrones de violaciones al debido proceso. Esa norma nueva de detener primero y luego investigan. Cortar su vínculo con su familia, surte un efecto de terror en las personas, lo exponen a vulnerabilidades de abusos. Falta a la protección judicial. La reserva», enumeró como patrones comunes en las capturas, sin entrar a responder específicamente sobre el estado de salud de Ruth López, su comunicación con familiares y abogados, o su lugar de detención.

    En el webinar, César Marín, de Amnistía Internacional, aseguró que el nombramiento de prisioneros de conciencia para Ruth López, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez busca ser una herramienta para llamar la atención de lo que está pasando en El Salvador pero no quiere decir que la declaración esté «limitada a estas tres personas».

  • El Salvador ha aumentado en 279 % las nacionalizaciones de extranjeros en una década

    El Salvador ha aumentado en 279 % las nacionalizaciones de extranjeros en una década

    La Dirección de Migración y Extranjería de El Salvador casi ha cuadruplicado el otorgamiento de nacionalidades salvadoreñas en una década, ya sea por nacionalización o naturalización, desde 132 que aprobó en el año 2014 hasta 500 durante el año 2024, un aumento del 279 %.

    Desde enero de 2014 a marzo de 2025, El Salvador ha otorgado la nacionalidad salvadoreña a un total de 2,886 extranjeros, un promedio de 240 cada mes. Del total, un 79.4 % de los casos fue otorgada a través de nacionalizaciones y un 20.6 % se realizó a través de naturalizaciones.

    La tendencia es un alza [gráfica abajo].

    Durante los años 2015, 2016 y 2017, El Salvador otorgó 30, 66 y 51 nacionalizaciones y naturalizaciones, respectivamente; en 2018 se otorgaron 136 nacionalidades, una cantidad similar a la otorgada en el año 2014.

    En 2019 se otorgó la nacionalidad salvadoreña a 206 extranjeros, en el año de la pandemia la cantidad de nacionalidades otorgadas subió a 316; y a partir de 2021 la cantidad de extranjeros que se convirtieron en salvadoreños superó los 400 hasta llegar a 500 en 2025.

    Esta tendencia de incremento sigue en el año 2025, ya que en los primeros tres meses se ha otorgado la nacionalidad a 131 extranjeros, 105 nacionalizaciones y 26 naturalizaciones. Si esta tendencia continúa, el año concluirá con más de 500 nacionalidades salvadoreñas otorgadas.

    Una vez tengan la nacionalidad salvadoreña, pueden ejercer el sufragio, asociarse en partidos políticos, optar a cargos públicos, y tienen la obligación de cumplir la Constitución de la República.

    Migración informó el 3 de junio de la entrega de 35 nuevas nacionalidades salvadoreñas a personas extranjeras. / Migración y Extranjería.

    La nacionalización es válida únicamente para ciudadanos de origen centroamericano, mientras que la naturalización implica cumplir ciertos requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

    Según la Constitución de la República, la nacionalidad salvadoreña por naturalización puede ser solicitada por personas originarias de un país hispanoamericano que tengan un año de residencia en el país, los extranjeros de cualquier origen que tengan cinco años de residencia, los que obtengan esa calidad del Órgano Legislativo y las personas extranjeras casadas con salvadoreños que tengan dos años de residencia en el país antes o después del matrimonio.

    La calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por residir más de dos años en el país de origen o ausencia por más de cinco años; y por sentencia ejecutoriada.

    Los requisitos para las naturalizaciones son certificación de partida de nacimiento, solvencia policial y penal, fotocopia de pasaporte, de documento único de identidad del cónyuge si está casado con un salvadoreño, certificación de partida de matrimonio, certificación de la Embajada de su país en la que se indique que se permite la doble nacionalidad y copia de carnet de residente definitivo.

  • FMI insta a reducir la dependencia de los fondos de pensiones, deuda sube a $10,789 millones

    FMI insta a reducir la dependencia de los fondos de pensiones, deuda sube a $10,789 millones

    Mientras la nueva deuda de pensiones casi alcanza los $2,400 millones para hacer un total de $10,789.19 millones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Estado de El Salvador debe reducir su «dependencia de los fondos de pensiones» como parte del acuerdo de $1,400 en busca de la estabilidad financiera del país.

    El organismo internacional advirtió que «los esfuerzos para movilizar el apoyo oficial deben continuar, con el objetivo de reducir la dependencia del financiamiento bancario y de los fondos de pensiones, y respaldar el crédito del sector privado».

    El acuerdo de Servicio Ampliado que el FMI ejecuta con el gobierno de El Salvador incluye un financiamiento de $1,400 millones en 40 meses de los cuales ya aprobó desembolsos por $231 millones pero exige el cumplimiento de medidas financieras, de gobernanza y transparencia, entre estas una reforma de pensiones.

    «Más allá de este año, se necesitan reformas integrales del servicio civil y de las pensiones para salvaguardar la consolidación fiscal y proteger el gasto social prioritario y en infraestructura», reiteró el FMI en su comunicado publicado del 27 de junio y replicado ayer por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Los directores del FMI han calificado estas medidas, incluso la reforma de pensiones, de «fundamentales».

    El Fondo ya había anunciado la inclusión de una nueva reforma de pensiones como uno de los compromisos del acuerdo SAF, que se otorga a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales.

    El 27 de mayo, en el anuncio del acuerdo a nivel de personal, el FMI reiteró el compromiso de una reforma a «los sistemas de pensiones» para «respaldar» el ajuste fiscal después de 2025, además de la reducción en el gasto o factura salarial, una reforma al servicio civil (regulación en la contratación de empleados públicos) y la contención de gastos corrientes.

    En el acuerdo, que busca un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2027, el gobierno salvadoreño se ha comprometido a publicar una evaluación actuarial independiente a finales de julio de 2025, diseñar una propuesta de reforma de pensiones y publicarla el 10 de febrero de 2026, y adoptarla en 2026.

    La reforma aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde 2023 facultó al nuevo Instituto de Salvadoreño de Pensiones (ISP) a emitir certificados de obligaciones previsionales que son adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con los fondos de los trabajadores cotizantes, para pagar pensiones del sistema público u otros beneficios previsionales. Si bien la nueva estableció una mejor rentabilidad a este préstamo, las AFP y el gobierno acordaron un periodo de gracia de cuatro años que permitió al gobierno dejar de pagar intereses y capital de la deuda acumulada antes de la reforma, $8,394 millones.

  • «Viene la gran batalla» en tribunales de EEUU sobre ciudadanía por nacimiento: líder de organización migrante

    «Viene la gran batalla» en tribunales de EEUU sobre ciudadanía por nacimiento: líder de organización migrante

    El líder salvadoreño de dos organizaciones defensoras de migrantes, Salvador Sanabria, augura que llegará una ola de demandas a los tribunales ante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento.

    Como director ejecutivo de El Rescate de Los Ángeles y presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), explicó que ahora cada Estado tendrá una interpretación diferente sobre la orden ejecutiva de Trump y sugiere a los migrantes dejar «la batalla legal» a las organizaciones.

    Por otra parte, Sanabria no se atreve a asegurar la posibilidad de que la administración Trump prolongue el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 200,000 salvadoreños en Estados Unidos y advierte: «Trump no tiene amigos, Trump tiene intereses».

    ¿Cuál es su opinión sobre la resolución de la Corte Suprema sobre las ciudadanías por nacimiento?

    Bueno, primero hay una confusión, la resolución de la Corte fue sobre los poderes del Ejecutivo y la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, especialmente en los tribunales distritales, que son los que ventilan casos a nivel de los estados para oponerse a las decisiones de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, que es la cabeza del Ejecutivo.

    El caso en cuestión fue la orden ejecutiva de querer cesar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que estaban de manera irregular migratoriamente hablando en los Estados Unidos o gente que viene de turistas acá solo para tener el nacimiento para que los hijos sean ciudadanos.

    Hoy esos casos que él (presidente Trump) pretende clasificarlos como ciudadanos de segunda o tercera categoría, ya nacidos en Estados Unidos, o futuros nacimientos, de esa clase, van a ser desafiados, por supuesto, en los tribunales y cada caso de esos o un grupo clase va a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para interpretar correctamente la Constitución, porque la enmienda que regula la ciudadanía por nacimiento está correctamente redactada.

    O sea, él lo que está haciendo es, en su aventura autoritaria en Estados Unidos, querer imponer el poder presidencial como que si fuera un rey encima de todos los poderes de Estados Unidos, Legislativo y Judicial, y los poderes de la ciudadanía, donde reside verdaderamente el fundamento de la democracia americana, con el falso argumento de que él fue elegido por mandato; es falso totalmente cuando uno hace la matemática de los números que participaron en la última elección presidencial pero eso es arroz para otra sopa.

    ¿Y cuál sería la consecuencia de esta resolución para un salvadoreño o salvadoreña que tenga hijos nacidos en Estados Unidos?

    Si nace en Texas ese bebé, posiblemente y la mayoría republicana en el Senado y la legislatura tejana decidan no darle la ciudadanía por nacimiento a ese bebé. Pero, si es bebé se viene a California, California sí se la va a dar, pero todo eso se va a ir acumulando para un gran caso a nivel de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

    Porque él, con su poder autoritario en este momento, no puede interpretar a su gusto o cambiar a su placer la Constitución de los Estados Unidos. Lo que viene es un sin fin de litigaciones, los abogados han de estar muy contentos.

    La Corte Suprema falló el viernes a favor de Donald Trump al dejar sin efecto las órdenes de tres jueces federales de Maryland, Washington y Massachusetts que habían bloqueado la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas. La Corte indicó que la orden ejecutiva iniciará en un plazo de 30 días si no se interponen demandas.

    ¿Para qué estados aplica esta resolución?

    Cada estado va a tener una interpretación diferente. No, la orden ejecutiva es para todos los Estados Unidos, Se aplica los 50 estados.

    ¿Y qué debería hacer una persona sin papeles con hijos nacidos en Estados Unidos?

    Bueno, primero preocuparse por su situación de salud, tener acceso a servicios médicos para el embarazo, tener asegurado un servicio médico para el nacimiento, que el bebé tenga todos los servicios posnacimiento, y la batalla legal que la deje a las organizaciones que van a batallar para los derechos de ese recién nacido ciudadano de los Estados Unidos y mantenerse informado a través de las organizaciones que defienden los derechos civiles, humanos y de los inmigrantes en esta nación.

    ¿La resolución de la Corte Suprema no implica que el gobierno de Estados Unidos pueda deportar expeditamente a niños nacidos en Estados Unidos?

    Él dice que quiere mantener la unidad familiar y esto le permite deportar a la familia en conjunto, claro que lleva esa intención, pues; que la pueda cumplir, ya verán las cortes (tribunales) si se la dejan pasar.

    ¿Todavía tiene tienen opción las personas migrantes de presentar demandas?

    Claro, aquí se abre una multiplicidad de litigaciones, o sea, viene la gran batalla de la interpretación del fallo de la Corte sobre los poderes presidenciales y sus límites impuestos por las cortes distritales.

    ¿Tiene alguna idea de cuántos salvadoreños han sido detenidos en las redadas más recientes?

    No, el gobierno está ocultando toda esa información. La fiscal general Pam Bondi celebró (el viernes) con bombo y platillos el número de detenidos, que la mayoría de los detenidos son criminales dijo, miembros de pandillas, de grupos de narcotráfico, lo que es mentira, en California hay estadísticas que casi más del 90 % de los detenidos no tienen antecedentes criminales, han sido arrestados por medio de secuestros por hombres enmascarados de las calles, ni sabían cómo se llamaba la persona, sino que pasaron el test del perfil racial, que es xenofóbico, racista y antimigrante, y los secuestraron de las calles, incluyendo ciudadanos nativos en esta nación.

    ¿Cuáles son las alternativas en el caso de los protegidos bajo TPS?

    Para comenzar el TPS de los salvadoreños sigue vigente hasta el 2026. Si un miembro del TPS es víctima o testigo de un crimen violento cometido en Estados Unidos contra él, un familiar o ser testigo de ese crimen y colabora con la policía local que investiga ese crimen, esa persona puede optar para una visa, que al final del proceso de ser aprobada uno tiene un estatus de residencia legal en Estados Unidos. Si esa persona también con TPS ha sido víctima de violencia doméstica, puede puede aplicar para un proceso de visa que al final del proceso al ser aprobado obtiene la residencia permanente.

    Y la otra forma es si esa persona tuvo un parol para viajar fuera del país y regresó a Estados Unidos, fue readmitido con el TPS y ese parole, esa persona puede ajustar para su residencia permanente peticionado por un cónyuge ciudadano de Estados Unidos o un hijo o hija mayor de 21 años ciudadano de esta nación.

    ¿Qué tan probable ve usted que se cancele el TPS para los salvadoreños?

    No tengo ninguna idea qué va a suceder, pero viendo cómo están las cosas hoy y después de este fallo, cualquier escenario negativo puede suceder para los TPS. Esa pregunta, pues, solo el secretario de Estado, Marco Rubio, o Kristi Noem, la secretaria de seguridad interna, que son los dos secretarios que recomiendan al presidente de Estados Unidos darle un TPS a alguna nación, o renovar y extender un TPS para los que ya lo tienen, de acuerdo a las condiciones del país de origen, son los únicos que podrían responder.

    ¿Y qué tanto pesa la amistad que hay o los acuerdos que hay con El Salvador?

    Trump no tiene amigos, Trump tiene intereses. Primero es Trump, segundo es Trump, tercero es Trump, cuarto tal vez su familia y por último tal vez los Estados Unidos, pero él no tiene amigos, él tiene intereses.

    ¿Cuál es el rol que están desempeñando las organizaciones de migración?

    Nuestro rol principal es proveer el servicio crítico que la gente necesita en este momento, que es la asesoría sobre las opciones con las que cuenta o representarnos en el proceso de remoción de Estados Unidos, de deportación. En el caso nuestro, solo aquellos que lo están litigando en libertad porque no tenemos la capacidad para atender gente que está detenida, pero sí lo podemos referir a organizaciones que tienen los recursos para litigar y representar a personas que están detenidas en California.

    ¿Cuáles son sus recomendaciones para un salvadoreño o persona migrante sin documentos ante el riesgo de las redadas?

    Es la gente más vulnerable, la gente tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que tener un techo, es muy difícil dar una recomendación. Lo único lo que puedo recomendarles, porque algo en lo que nosotros lo podemos asistir, es de que venga y haga una consulta con nuestros abogados para establecer si existe un potencial remedio migratorio al cual pueda acceder y no lo ha hecho porque no tenía la debida información y la asesoría con experticia como la que tenemos nosotros y otras organizaciones que proveen servicios de consejería, representación en ley federal de inmigración.