Autor: Yolanda Magaña

  • Aumenta al 75.8 % la población que ve la economía como principal problema del país

    Aumenta al 75.8 % la población que ve la economía como principal problema del país

    La economía, desempleo, pobreza, alto costo de la vida y el alza de los productos de la canasta básica son los principales problemas de El Salvador para un 75.8 % de los salvadoreños, según la encuesta presentada este jueves por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

    El 40.7 % de los salvadoreños percibe, incluso, que el desempleo en El Salvador aumentó; el resto sostiene que no varió (38.3 %) o que disminuyó (18.3 %).

    La población que identifica los problemas económicos como el principal desafío del país aumentó sensiblemente del 43.8 % en agosto de 2021 al 58.4 % en septiembre de 2022. Desde entonces, subió gradualmente al 63.4 % en diciembre de 2022, al 69.9 % en diciembre de 2023 hasta llegar al 75.8 % en diciembre de 2024.

    Los problemas que más afectan los salvadoreños también son los económicos para seis de cada diez habitantes. La encuesta fue realizada del 5 al 7 de diciembre de 2024 a 1,266 personas y tiene un error muestral de 2.75 % y un 95 % de confianza.

    El país está mejor. La economía, peor.

    Siete de cada salvadoreños creen que el país está mejor en comparación con el año pasado, debido principalmente a la seguridad; y quienes creen que está peor (10.9 %) lo atribuyen a la economía.

    Sin embargo, según el 28.1 % de la población salvadoreña cree que la situación económica del país empeoró al cierre del año, mientras que solo el 27.8 % dice que ha mejorado. El resto, dice, sigue igual.

    En octubre pasado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que en El Salvador “no hay desempleo en agricultura, no hay desempleo en construcción, no hay desempleo en turismo”. “Tenemos que importar trabajadores de Honduras y de Nicaragua porque ya no hay albañiles, soldadores, trabajadores de la construcción salvadoreña, todos los que existen ya están contratados”, sostuvo el gobernante en una reunión con senadores argentinos.

    Al menos 10,048 salvadoreños cayeron en desempleo de 2023 a 2024 según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec), ya que en 2022 había 151,352 salvadoreños desocupados y en 2023 crecieron a 161,400.

    Sin embargo, según el Ministerio de Trabajo, la cantidad de cotizantes en planilla aumentó de 989,663 a 1,103,167 de agosto de 2023 a agosto de 2024.

    La encuesta de la UCA realizada en diciembre de 2024 fue presentada este 16 de enero.

  • Detenciones de migrantes salvadoreños en EEUU bajaron 33.2 % en 2024

    Detenciones de migrantes salvadoreños en EEUU bajaron 33.2 % en 2024

    El año 2024 cerró con 45,362 retenciones de salvadoreños con estatus migratorio irregular en todo el territorio estadounidense, un 33.2 % menos de las 67,905 reportadas en el año 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

    Durante 2024 Estados Unidos ha realizado el doble de retenciones de salvadoreños que hizo en el año pandémico 2020 pero la mitad de las que ejecutó en 2021.

    La tendencia a la baja inició en 2022, año en el cual la detección de migrantes salvadoreños disminuyó un 26.6 %, con 86,018 encuentros de salvadoreños; y continuó en 2023, con una baja del 21.1 %, a los 67,905 encuentros.

    Un año atrás se registró una alza de más del 400 % con más de 117,000 retenciones de salvadoreños respecto a las escasos 21,000 realizados durante 2020.

    Solo en la frontera sur estadounidense, si cada retención corresponde a un solo salvadoreño, esto implicaría que en un quinquenio han sido detenidos 330,786 salvadoreños.

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    Un total de 42,047 retenciones fueron reportadas al cierre de 2024 por la CBP, un promedio de 3,500 encuentros mensuales. Es decir, un 93 % de las detenciones de salvadoreños se realizaron en la frontera sur de los Estados Unidos.

    A diferencia del año 2023, cuando aumentaron las detenciones de migrantes de todas las nacionalidades respecto al año 2022, el año 2024 marcó una baja.

    En 2024, las retenciones de migrantes de todas las nacionalidades fueron 895,691 menos que 2023, un 35.2 %. En 2023, aunque los encuentros de salvadoreños bajaron en un 21 % no ocurrió una disminución de detecciones del resto de migrantes, ya que incluso subieron los encuentros en 113,775 o un 5 %.

  • A 33 años de la firma del Acuerdo de Paz: «Ni enfrentamientos, ni riesgo de ser capturado por ser joven»

    A 33 años de la firma del Acuerdo de Paz: «Ni enfrentamientos, ni riesgo de ser capturado por ser joven»

    Hace exactamente 33 años, un 16 de enero de 1992, la población salvadoreña daba testimonio del fin de una guerra que por más de una década sometió a miles de salvadoreños a enfrentamientos, persecuciones, asesinatos, torturas, secuestros y masacres.

    Tras una larga negociación, la noticia de la paz llegó a las familias salvadoreñas la noche del 31 de diciembre de 1991 desde Nueva York, un día de fiesta que terminó con abrazos de paz dentro de las familias y que se selló con la firma dieciséis días después. Ahora, un grupo de miembros de organizaciones, representantes de víctimas del conflicto o de crímenes cometidos en esa época, subrayan la importancia del fin del conflicto aunque aún ven desafíos.

    María Luz Rivas, representante legal de Comadres, quien nunca más volvió a ver a su padre desde que fue detenido y desaparecido en 1987, cuenta que, cuando se firmó la paz, sintió «alegría», pero que hoy ve «una gran deuda histórica» con las víctimas del conflicto armado como una Ley de Justicia Transicional que garantice justicia, verdad y no repetición.

    «Lo peor que me ha pasado durante la guerra es ese vacío que no se llena con nada, que es la pérdida de un padre, fue detenido y desaparecido justo en los años que una hija más lo necesita, cuando estaba sufriendo violencia de personas cercanas». María Luz Rivas (Comadres).

    «La firma de los Acuerdos de Paz significó paz y esperanza. Es importante que conozcamos la verdadera historia, que nos empaticemos con ella, que la reconozcan y que empaticen con las víctimas del conflicto armado». María Luz Rivas, Comadres.

    Dos militares pintan carteles sobre la paz en el cerro de Guazapa, el 15 de enero de 1992. / AFP.

    «Ni el riesgo de ser capturado por ser joven»

    Ramón Arita, sobreviviente de tortura, ahora miembro del Comité de Expresos Políticos (Coppes), fue capturado en septiembre de 1985 y sufrió torturas durante más de 10 días en la entonces sede la Policía Nacional (PN). «Nada justifica la tortura, ni el disentimiento político», dice. Pero en la época del conflicto, cuenta, «por el mero hecho de disentir» una persona «corría el riesgo de que alguien fuera capturado, torturado, asesinado o desaparecido».

    «En los acuerdos de Chapultepec se logró silenciar las armas. Era muy angustiante para la población saber que en cualquier momento podría ser víctima de fuego cruzado, la captura de gente inocente por mera sospecha o vendettas personales. Muchas veces se utilizaba la delación falsa sobre gente que no tenía ninguna participación».

    No creíamos que se debía negociar y llegar a un acuerdo de paz, pero el hecho llevó tranquilidad a la población, ya no iba a haber enfrentamientos y, en las ciudades, el correr riesgo de ser capturado sencillamente por ir pasando, por ser joven, había una persecución sobre la población civil tremenda. No digamos alguien que fuera señalado por ser líder de un gremio. Ramón Arita, sobreviviente de tortura.

    Él no creía en la firma de la paz, pero la aceptó. Ahora la define como «una paz aceptable» y advierte que «los crímenes no deben ser repetidos». La garantía de «no repetición» es una de las exigencias de la sentencia de la Sala de lo Constitucional –del año 2016– que anuló la amnistía absoluta decretada en 1993.

    Según Humberto Sánchez, presidente de Coppes, fueron más de 20 años de momentos difíciles en el país que se manifestaban contra «el libre tránsito, el libre pensamiento o la libre expresión individual o colectiva». Por eso, no cree la firma de la paz sea una farsa. «Represión, desapariciones, capturas, desplazamientos y una serie de otras condiciones, no se puede decir que los Acuerdos de Paz fueron una farsa», dice.

    «Es un tema que no se desarrolla en los colegios»

    Luis V. Villaherrera, un líder juvenil salvadoreño que no había nacido cuando se firmó la paz, cree que hablar de lo que sucedió en la guerra es una forma de no repetir la experiencia de la guerra, pero no ve una conciencia suficiente en los jóvenes.

    «Si yo lo hablo con amigos con diferentes partes del país, hay poco conocimiento. Si nos vamos a jóvenes y niños, hay casi nulo conocimiento de lo que sucedió y la lucha que se creó durante ese momento», reconoce.

    Luis es un promotor de la democracia de 29 años y finalista del Premio de la Democracia Kofi Annan por su trabajo como presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).

    Históricamente yo no oía sobre este conflicto armado. Lo poco que escuché era que la gente se escondía, que eran dos bandos y eso era todo. En el colegio lo conocí muy brevemente. Es un tema que no se desarrolla en los colegios y es algo que debería marcar la historia salvadoreña. Contar el relato es muy importante y redignificar a las víctimas. Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

    Para las mujeres que sufrieron persecución de sus familiares durante la guerra fue imprescindible terminar con esa época.

    Antes de que iniciara oficialmente la guerra ya existía una persecución contra personas civiles. Comadres, como se conoce el Comité de Madres y Parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador, fue precisamente una organización creada en diciembre de 1975 por madres de víctimas de la masacre estudiantil ocurrida 30 de julio de 1975. ​​​​​​Este miércoles, otra de las integrantes de Comadres relató cómo a su hermano se lo llevaron y lo torturaron porque estudiaba en la Universidad de El Salvador (UES) en una época en que, recuerda, estudiar en una universidad o pertenecer a una organización era motivo de amenazas, capturas o torturas.

    Sin embargo, ahora las organizaciones señalan deudas con las víctimas del conflicto armado y no creen que la paz en El Salvador sea plena. Una de estas tiene que ver con tener un Estado de Derecho que vele por los inocentes que están pagando penas injustas pese a que ahora hay seguridad.

    Puede ser una paz simulada. La paz debe tener cimientos de justicia, igualdad y equidad. Sí creo que a este país le hace falta mucho para que sea un país justo, inclusivo y democrático. Hablar de paz yo creo que es hablar de una paz simulada. Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos.

    El acuerdo de paz que tuvimos fue lo mejor que se pudo tener en ese momento y los gobiernos que le siguieron, pues, tuvieron que haber construido país. Es algo que no se hizo porque se sembró esta polarización». Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

    Una guerrilla salvadoreña (izq.) observa una ambulancia en Mejicanos, el 12 de noviembre de 1989. / Francisco Campos-AFP.

    El presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (izq.) estrecha la mano de los líderes guerrilleros salvadoreños (de izquierda a derecha): Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez y Francisco Jovel tras la firma de un acuerdo de paz en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el 16 de enero de 1992. El tratado pone fin a 12 años de guerra civil. (Foto de DAVID HERNÁNDEZ / AFP)

    El entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (izq.) estrecha la mano de líderes guerrilleros Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez y Francisco Jovel, tras la firma del acuerdo de paz en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. / David Hernández-AFP.

  • Mesa contra la Impunidad exige estudio de ley de justicia transicional y acusa a Asamblea de obstrucción

    Mesa contra la Impunidad exige estudio de ley de justicia transicional y acusa a Asamblea de obstrucción

    Organizaciones aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad de El Salvador (Mecies) consideró este miércoles que la Asamblea Legislativa realiza acciones de «obstrucción» y que viola su propio reglamento interior, al no estudiar el tercer proyecto de ley de justicia transicional presentado el 29 de octubre de 2024 por víctimas de crímenes de lesa humanidad.

    Las organizaciones aseguran que la Asamblea Legislativa transgrede la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 13 de julio 2016, que declaró inconstitucional la «amnistía amplia, absoluta e incondicional» declarada en la «Ley de amnistía general para la consolidación de la paz» aprobada en 1993.

    Esta sentencia fue la que ordenó una «reparación integral a las víctimas de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes» con ocho requisitos: 1. Establecimiento de los derechos, 2. Resarcimiento, 3. Compensación de daños, 4. Indemnización de daños y perjuicios, 5. Rehabilitación y readaptación de la víctima, 6. Satisfacción y reivindicación de las víctimas, 7. Garantías de no repetición y 8. Conocimiento público de la verdad.

    Las organizaciones calificaron de paradójico que los diputados «exaltan el decreto que designó cada 16 de enero como ‘Día nacional de las víctimas del conflicto armado’ aprobado en 2022» porque consideran que «busca tergiversar y negar la historia de los Acuerdos de Paz con fines políticos partidarios».

    Recriminaron que la Asamblea Legislativa haya archivado el proyecto presentado en 2021.

    La Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, que en el periodo 2021-2024 fue presidida por la diputada Rebeca Santos, inició el 20 de septiembre un proceso de consulta para elaborar una ley de justicia transicional, en el que fueron citados el exprocurador Apolonio Tobar, Benjamín Cuéllar como representante de VIDAS, Geovanni Galeas, pero en mayo de 2024 la Asamblea Legislativa archivó los proyectos de ley impulsados por las organizaciones y partidos de oposición. «Ya perdieron su vigencia», argumentó en ese entonces el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.

    En enero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó, a iniciativa del presidente Nayib Bukele, el «Día nacional de las víctimas del conflicto armado«, el cual se expresó que «el conflicto armado en El Salvador fue una larga historia de abusos de poder e irrespeto a la democracia» y se reconoce los esfuerzos del gobierno actual para «proteger a las víctimas y sus familiares», de la Fiscalía para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto y se comprometen a «trabajar por garantizar acciones que permitan la no repetición» de hechos contra una vida «con dignidad y justicia».

  • Participación privada en mineras dependerá de complejidad en extracción según el Gobierno

    Participación privada en mineras dependerá de complejidad en extracción según el Gobierno

    La cantidad de acciones que pueda solicitar una empresa privada minera en la sociedad de economía mixta que deberá establecer con el Estado salvadoreño dependerá de la complejidad en la extracción del material en el cual está interesado, según el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    La Ley General de Minería Metálica –vigente desde el 7 de enero de 2025– establece que el Estado «será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país» y detalla que lo podrá hacer «a través de sociedades en las que posea participación accionaria y de economía mixta».

    La noche del martes, Bukele reiteró que el Estado tendrá participación en todas las sociedades, como lo establece la normativa. «En el 100 % va a haber participación accionaria del Estado», fueron sus palabras. Sin embargo, la regulación no determina qué porcentaje mínimo de acciones tendrá el Estado o qué porcentaje máximo tendrá la empresa privada interesada.

    El presidente explicó que, cuando se monte la Dirección de Minas, las empresas «tendrán que negociar con el Gobierno la participación del Gobierno en las operaciones» y, después, «dependiendo de la complejidad de la mina» y «el tipo de materiales» que buscan extraer, así serán las acciones que demandarán. «Entonces, dependiendo de la complejidad se van a establecer cada uno de esos contratos mineros», indicó.

    Si viene una empresa que va a buscar el iridio, ellos tendrán un ‘know how’ muy alto y van a demandar una participación accionaria mayor a una empresa que simplemente quiere sacar oro, que cualquiera lo puede hacer».

    Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

    El gobernante sostuvo que comúnmente la gente «piensa en el oro» pero que «hay materiales de mucho más valor» como el iridio y el gallium. El iridio es el metal más resistente a la corrosión usado en la fabricación de motores de avión y el gallium o galio es un metal que sirve para fabricar circuitos y dispositivos electrónicos.

    Bukele rechazó la noche del martes el argumento de que la minería contaminó los ríos de El Salvador señalando que la minería no estaba permitida en el país, en referencia a la prohibición vigente desde marzo de 2017 y que fue derogada desde el 7 enero de 2025. Sin embargo, El Salvador ya ha tenido actividades de exploración y extracción minera, así como minería artesanal.

    Según el mandatario, la participación accionaria estatal en las sociedades que realizarán actividades mineras en El Salvador fue un cambio de última hora a la normativa aprobada. «Nosotros pensamos que para garantizar que se haga bien, cambiamos la ley, se modificó antes de enviarse porque se puso que el gobierno tenía que tener participación en la empresa que está haciendo la minería», comentó.

    La minería metálica fue revivida en El Salvador pese al rechazo de la Iglesia Católica, ambientalistas y del 59.2 % de los salvadoreños según una encuesta divulgada en diciembre pasado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

  • Vamos pide liquidar Fideicomiso Bitcoin y financiar subsidios; Bukele responde

    Vamos pide liquidar Fideicomiso Bitcoin y financiar subsidios; Bukele responde

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió, sin lograr los votos suficientes, la aprobación de una ley que liquidara el Fideicomiso Bitcoin y destinara sus fondos y bienes a financiar diferentes subsidios sociales.

    La legisladora argumentó que el gobierno invirtió inicialmente $150 millones para la convertibilidad automática de bitcoin a dólar pero que el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere la reducción de la participación del gobierno en el proyecto Bitcoin para que la aceptación a esa criptomoneda sea voluntaria.

    Puede leer: FMI insiste en que el acuerdo garantiza uso voluntario del bitcoin

    Así, Ortiz pidió aprobar una ley que facultaría al Ministerio de Hacienda a nombrar una comisión liquidadora de todos los bienes e inversiones del Fideicomiso, para que los fondos se destinen a subsidios al consumo eléctrico, agua, gas propano, transporte público y escolar, alimentos a la canasta básica y medicinas.

    Sin referirse expresamente a la propuesta, Bukele criticó que la oposición sugiera destinos «ganancias» del bitcoin.

    El presidente consideró ayer que la inversión en bitcoin «es una inversión sólida» y reiteró que tienen «$300 millones de ganancia». «Ahora es ‘deberían usar las ganancias del bitcoin en tal cosa, pero si ustedes no creían en esas ganancias del bitcoin, ahora ustedes son los que van a decidir en qué se van a usar las ganancias del bitcoin, la oposición», criticó Bukele.

    Con el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, a partir de enero de 2025, Bukele prevé una revalorización y ecosistema «más amable» para el bitcoin.

    «Nosotros estamos a la expectativa de ver qué va a pasar en los próximos días, incluso con la administración Trump. Yo creo en lo personal que este año, especialmente este año por la asunción de Trump y la maduración de los BTS, creo que este año va a ser muy importante para el bitcoin y para todo el ecosistema», consideró.

  • Bukele: «Los ríos en El Salvador no están contaminados por la minería»

    Bukele: «Los ríos en El Salvador no están contaminados por la minería»

    El presidente Nayib Bukele rechazó la noche del martes las críticas de ambientalistas y religiosos contra su proyecto de minería metálica en El Salvador aseverando que los ríos del país ya están contaminados con pesticidas, basura o residuos de las industrias salvadoreñas.

    «Esa foto de esos ríos contaminados no puede ser por la minería, tendría que ser por otra cosa. Los ríos en El Salvador no están contaminados por la minería, los ríos en El Salvador están contaminados por las heces fecales, todas las aguas negras y grises».
    Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

    Bukele convocó hoy a una conferencia de prensa en la cual anunció un subsidio para pagar los recibos de enero de energía eléctrica y agua al 95 % de familias.

    El gobernante salvadoreño sostuvo que los ríos de El Salvador ya están contaminados con basura, lixiviados, pesticidas, cultivos quemados, residuos de las industrias, basura, aguas negras, residuos hospitalarios, tinta de las textileras, entre otros, y argumentó que en el país aún no se practica la minería. «No encuentro un motivo por el cual nosotros no debemos hacer lo que el 100 % de los países del mundo hacen», dijo.

    Otro argumento del presidente a favor de la minería fue que Israel tiene «más estrés hídrico» y «más densidad poblacional que El Salvador». «Y tiene la minería aprobada y hacen minería en todos lados hasta en el mar Muerto», indicó.

    «Las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, la minería se puede hacer bien o se puede hacer mal», indicó.

    El presidente no detalló cuáles sustancias se utilizarán en la minería metálica que se proyecta para El Salvador ni qué empresas están interesadas en asociarse con el Estado para hacer estas prácticas. La Ley General de Minería Metálica prohíbe expresamente únicamente el mercurio. Sin embargo, en la extracción de oro y plata pueden utilizarse otros como el cianuro, arsénico y drenajes ácidos, altamente tóxicos según ambientalistas.

    Un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) detalla que en El Salvador se han realizado actividades de explotación minera desde la década de 1870 hasta la de 1950 en San Cristóbal y a mediados del siglo XX, en la mina San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión, en donde se produjeron 32 toneladas de oro.

    Esta investigación también registró actividad minero de oro y plata en la mina El Dorado entre 1948 y 1953, y en 2002 la empresa Commerce Group Corp tuvo una nueva concesión de explotación por 30 años luego de adquirir la mina San Sebastián desde 1968.

    Puede leer: Sacerdotes católicos lanzan campaña contra la minería metálica en El Salvador

    Hacia 2006, el entonces Ministerio de Economía dio permiso a actividades de exploración a 29 proyectos para extraer unos 12 millones de onzas de oro y 78 millones de onzas de plata; pero luego de una campaña en la que se unió la Iglesia Católica e instituciones de educación superior la minería metálica se prohibió en marzo de 2017.

    La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, derogada el 23 de marzo de 2024, prohibía el uso de químicos como cianuro y mercurio, y daba un plazo de dos años a partir de 2017 a la minería artesanal para convertirse a otra actividad productiva, algo que las organizaciones ambientalistas reclamaron que no se cumplió.

  • Bukele anuncia pago de recibos de agua y luz de enero al 95 % de la población

    Bukele anuncia pago de recibos de agua y luz de enero al 95 % de la población

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció este martes el subsidio estatal del pago de los recibos de agua y energía eléctrica al 95 % de la población, en una conferencia que inició a las 6:30 de la tarde.

    «El gobierno va a pagar la totalidad de recibos de agua y luz al 95 % de la población», anunció, presentándolo como una medida económica de su gobierno.

    El gobierno pagará hasta $80 del total del recibo de energía eléctrica y hasta un límite de $30 del recibo de agua potable. «Se entiende que alguien que consume más de $30 de agua es porque tiene capacidad para pagarlo», dijo.

    El gobernante explicó que el subsidio aplica al total de los recibos del mes de enero, aunque estos incluyan otros cargos y que, si ya se pagaron, el reintegro se realizará en febrero.

    «Si usted ya pagó (el recibo de energía), usted pagó el saldo completo, incluyendo tasas municipales, cualquier otro cobro, si está abajo de $80, eso va a descontarse en febrero», explicó Bukele.

    El mandatario aseguró que estuvo pensando qué podían hacer para beneficiar económicamente a la población luego de los gastos de fin de año y enero, y que decidieron realizar el «pago total de recibos de luz y agua que llegan en enero».

    El beneficio no aplica para comercio, centros comerciales ni para la industria, sino solo para hogares.

    El 16 julio de 2024, Bukele lanzó su plan económico para «recuperar la economía en El Salvador», detallando que la primera fase es la alimentación con la eliminación de aranceles a productos alimenticios e insumos agrícolas y la apertura de centrales de abastos. Aseguró que la segunda fase de su plan económico es la tecnología.

  • Diputados prorrogan plazo para sustituir unidades de transporte público

    Diputados prorrogan plazo para sustituir unidades de transporte público

    A solicitud de diputados de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa prorrogó este martes el plazo para que los transportistas puedan realizar trámites de concesiones o permisos de transporte público y completar el proceso de sustitución de las unidades que por cumplir 20 años de fabricación fueron sacadas de circulación.

    El plazo para que los transportistas sustituyan las unidades que cumplieron 20 años de antigüedad y mantengan sus permisos vigentes vencía el 18 de enero de 2025 y, con el decreto aprobado hoy, fue extendido por 18 meses, es decir, hasta julio de 2026.

    El decreto 744 del 20 de junio de 2023, las “Disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de vehículos, cambio de concesionarios, ampliación de plazos de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales,” fue prorrogado con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y no votaron las diputadas Raquel Serrano y Marcela Villatoro, de Arena.

    El decreto legislativo 774 otorgó 18 meses para sustituir las unidades de transporte que cumplieron 20 años y no se renovaron en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; en julio de 2024, fue prorrogado hasta el 18 de enero de 2025.

    El diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas, explicó que el decreto es “poderle dar a los diversos empresarios del sector transporte una prórroga para que puedan ponerse al día con el tema de las sustituciones, el tema de los permisos, cambios de concesionarios y así puedan darle la continuidad al servicio de transporte público.”

    “Un llamado a los concesionarios y transportistas para que se puedan poner al día. Se va a dar una prórroga por 18 meses para que puedan solventar estos impasses con el ente rector, que es el VMT.”
    Salvador Chacón (Nuevas Ideas).

    Lucio Vásquez, vocero de la Mesa Nacional de Transporte, explicó que se trata de las unidades que cumplieron 20 años de antigüedad de 2019 a 2023, unidades que ya no pueden circular y que, con el decreto, mantienen sus permisos o “líneas” para poder sustituirlas por unidades más recientes.

    “Quedan vivas las líneas, más no la unidad. Antes moría la unidad, moría la línea. Si yo no sustituía en el tiempo correcto, ahí moría la línea, a pesar de tener un convenio de concesión con el Estado… ¿Qué es lo que está haciendo este decreto?, manteniendo la línea activa,” explicó.

    Sin embargo, el decreto no beneficiaría a los empresarios de transporte que tengan unidades que cumplan 20 años de antigüedad en 2024 y 2025, sino hasta las que cumplieron 20 años en 2023, es decir, las fabricadas en 2003.

  • Asamblea deroga Ley del Fondo de Apoyo Municipal que asignaba $50 millones a alcaldías

    Asamblea deroga Ley del Fondo de Apoyo Municipal que asignaba $50 millones a alcaldías

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa derogó la Ley del Fondo de Apoyo Municipal (FAM), una normativa creada en agosto 2022 para asignar $50 millones anuales a las alcaldías con poblaciones más pequeñas en el país, luego de la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) aprobada en noviembre de 2021.

    Los diputados de oposición, dos de Arena y una de Vamos, votaron en contra.

    Según el decreto aprobado, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, podrá emitir disposiciones para verificar el reintegro de los fondos FAM entregados a las alcaldías y cuya ejecución no ha sido comprometida, para su devolución al Fondo General de la Nación.

    El plazo para verificar este reintegro es 90 días después de transferidas las cuotas del FAM correspondiente a diciembre.

    La modificación de agenda, solicitada por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, fue aprobada con 56 votos.

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    La “Ley del fondo de apoyo municipal para atender proyectos, actividades sociales o de servicios sociales de los municipios” fue aprobada el 17 de agosto para transferir $50 millones a los municipios para pagar servicios básicos como recolección de desechos y alumbrado, proyectos sociales como viviendas, becas o dirigidos a emprendedores, mujeres, jóvenes, adultos mayores u otros grupos vulnerables.

    En 2024 el Fondo de Apoyo Municipal se redujo de $50 millones a $41.6 millones a lo largo del año y se omitió en el presupuesto 2025, en el cual se aumentó la asignación a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) de $314.3 millones a $361.2 millones.

    El Fondo era recibido por municipios con una población no mayor a 73,000 habitantes, excepto Antiguo Cuscatlán, del departamento de La Libertad; el 14 % se destinaban a 59 municipios con 1 a 5,000 habitantes, el 40 % a 105 municipios con poblaciones de 5,001 a 15,000 habitantes; un 22 % eran asignados a 49 municipios con una población entre 15,001 y 30,000 habitantes; y el 9 % se destinaban a 15 municipios con una población de 30,001 a 45,000 habitantes.

    En abril de 2024, la Ley especial de transición para la reestructuración municipal facultaba a las alcaldías a utilizar el FAM y el Fodes para atender “cualquier necesidad” únicamente en los dos primeros años de la administración municipal durante el proceso de transición a partir de mayo de 2024.

    En 2021, la Asamblea redujo el Fodes del 10 % al 1.5 % de los ingresos corrientes netos del presupuesto general del Estado a los municipios.