Autor: Yolanda Magaña

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos extendió por 18 meses el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador

La extensión del TPS, que beneficia a unos 180,300 salvadoreños, inicia el 10 de marzo de 2025 y finaliza el 9 de septiembre de 2026.

“TPS ha sido extendido. El 17 de enero inicia la reinscripción. Más detalles se darán próximamente”, indicó la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, en X.

Esta extensión permite a los beneficiarios retener el TPS hasta el 9 de septiembre de 2026, si ellos continúan siendo elegibles para el programa. Los beneficiarios existentes que deseen extender su estatus hasta el 9 de septiembre de 2026 deben volverse a registrar durante un periodo de 60 días de reinscripción.

Los 60 días de reinscripción inician el 17 de enero hasta el 16 de marzo.

El DHS informó la importancia de no esperar a que los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) venzan para iniciar la reinscripción.

El 20 de junio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) extendió la validez de los permisos de trabajo «Documentos de Autorización de Empleo (EAD)» hasta el 9 de marzo de 2025. La extensión también incluyó Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudan amparados el mismo estatus.

El anuncio detalla que, a través del aviso del Registro Federal, divulgado hoy con fecha 17 de enero, «el DHS extiende automáticamente hasta el 9 de marzo de 2026, la validez de ciertos EAD emitidos previamente bajo la designación TPS de El Salvador».

Además, agrega que, como prueba de autorización de empleo continuada hasta el 9 de marzo de 2026, «los beneficiarios del TPS pueden mostrar su EAD con la notación A12 o C19 bajo Categoría y una fecha de “Vencimiento de la tarjeta” del 9 de marzo de 2025, 30 de junio de 2024, 31 de diciembre de 2022, 4 de octubre de 2021, 31 de enero de 2021, 4 de enero de 2021, 2 de enero de 2020, 9 de septiembre de 2019 o 9 de marzo de 2018».

Esta extensión automática se da porque «el DHS reconoce que no todos los que se reinscriben pueden recibir un nuevo EAD antes de que expire su EAD actual».

La Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo interpuesta por una sociedad contra una resolución que determinó el pago de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2011 y una multa emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda.

La demanda de amparo fue interpuesta por la sociedad Emilia S.A. de C.V. contra la resolución del 18 de junio de 2014, la confirmación de la resolución por parte del Tribunal de Apelaciones de la misma instancia y contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 21 de diciembre de 2022.

Según los demandantes, citados en la admisión de la Sala, la resolución vulneró los derechos a la seguridad jurídica, propiedad y a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, ya que el director de impuestos internos delegó a la jefa de la Unidad de Audiencia y Tasaciones la determinación del impuesto y de la multa.

La sociedad enfrenta un estado tributario «insolvente», algo que le impide inscribir bienes inmuebles y celebrar contratos, y sufre embargos de bienes.

Como medida cautelar, los magistrados suspendieron el cobro del impuesto y la imposición de la multa mientras dure el proceso de amparo hasta que emitan sentencia.

«La Dirección General de Impuestos Internos deberá de abstenerse de exigir el cumplimiento de la resolución de 18 de junio de 2014», indicaron, además de que «no se generarán intereses o multas adicionales por la falta de pago ni se podrá considerar como insolvente a la sociedad demandante por el no pago de los tributo y sanciones pecuniarias».

La resolución fue emitida por los magistrados José Ángel Pérez, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahum Martínez y un magistrado suplente el 6 de noviembre de 2024.

Alejandro Nóchez, concejal de San Salvador Centro y exalcalde de Ayutuxtepeque, cuestionó a la dirigencia actual del partido Arena, haciendo referencia a «amenazas de expulsión» a «los pocos funcionarios públicos» que tiene el partido político «por observar y opinar».

«No sé si después de esto también seré uno que buscarán iniciarle un proceso interno o me bloquearán poder seguir sirviendo a los salvadoreños», escribió en X.

Según Nóchez, en Arena «no escuchan propuestas o las ignoran», buscan «organizar grupos paralelos» a los funcionarios que trabajan en territorios. «Cuestionan periodistas», agregó.

Con todo respeto opino y lamento algunas cosas que pasan en @ARENAOFICIAL, no escuchan propuestas o las ignoran, estan buscando organizar grupos paralelos sabiendo que ahí estamos algunos trabajando en esos territorios, cuestionan a periodistas, cuestionan y amenazan con…

— Alejandro Nóchez (@Alejandr0Nochez) January 9, 2025

Una polémica se desató el jueves luego de que la diputada Marcela Villatoro exhortara a realizar la auditoría anunciada por el presidente de Arena, Carlos García Saade, no solo a los «anteriores Coenas» sino también al «actual Coena».

El presidente de Arena, Carlos García Saade, respondió con cuestionamientos a la diputada sobre la divulgación de su planilla legislativa y su ausencia en reuniones; mientras Villatoro le respondió que ya publicó su planilla y que el Coena no la convoca «desde hace años», pero consideró la respuesta de Saade como «una amenaza» de expulsión.

El 7 de enero pasado, García Saade anunció una auditoría a los fondos recibidos por el partido Arena, ya que han detectado, afirmó, «deudas ficticias» en anteriores Coenas. La diputada Marcela Villatoro aseveró que es necesario auditar también al Coena actual.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó la abstención solicitada por el presidente del Órgano Judicial, Henry Alexander Mejía, para no conocer una demanda de amparo interpuesta en el año 2018 por una víctima de desplazamiento forzado por la violencia que ejercían las pandillas, debido a que sería parte demandada.

El magistrado Mejía explicó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que él figura como miembro de una de las autoridades demandadas debido a su nombramiento, el 23 de septiembre de 2024, como presidente del Órgano Judicial.

La demanda fue interpuesta por representantes de una víctima de desplazamiento forzado contra la supuesta omisión del jefe de la Delegación de San Salvador Centro de la Policía Nacional Civil (PNC), jefe de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la Oficina Fiscal de Santa Elena, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.

Las instancias policiales y fiscales son señaladas de no desarrollar acciones de protección y seguridad para la libre circulación de la demandante y su grupo familiar cerca y en los entornos de su residencia, además de «la aparente falta de diligencia en la investigación de las amenazas, del desplazamiento forzado y del homicidio de su madre», según el escrito.

La demandante también señaló que la Comisión Coordinadora y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia cometieron «omisión» porque no elaboraron leyes, normativas y protocolos de actuación para “garantizar la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno”.

Según el abogado Abraham Ábrego, ante la Sala de lo Constitucional hay interpuestas cinco demandas por parte de víctimas de desplazamiento de pandillas en la época con mayor delincuencia y violencia pandilleril. En el caso en el cual el presidente de la CSJ ha solicitado abstenerse, abierto desde el año 2018, la víctima sufrió un atentado por parte de miembros de pandillas.

La abstención del funcionario fue comunicada por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa en la primera sesión plenaria del año, el 5 de enero de 2025. La notificación de la Sala pasó a estudio de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

Luego de que la diputada Marcela Villatoro pidiera fiscalizar al Coena actual, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, señaló a la legisladora de que «no asiste» a las reuniones y le pidió rendir cuentas de su planilla, a lo que ella respondió que no es convocada a las reuniones de la dirigencia y advirtió una posible «amenaza» de expulsión.

«Tiene pendiente presentar la planilla de sus asesores, detallando quiénes son, qué funciones desempeñan y qué resultados entregan» sobre recursos que provienen de «más de $150,000 anuales» del «presupuesto público que ella administra», le reclamó el presidente de Arena a la diputada Villatoro, desde la cuenta del partido político.

Tal y como se lo he solicitado reiteradas veces, espero que ella se sume a este proyecto, en lugar de perpetuar las viejas prácticas que han afectado al partido con los mismos de siempre». Carlos García Saade, presidente de Arena.

El 8 de enero, Villatoro dijo no solo los Coenas anteriores debieran ser investigados en sus finanzas sino el actual ante el anuncio, un día antes, de García Saade sobre una investigación a los fondos recibidos por el partido durante los últimos 20 años porque han «descubierto deudas ficticias».

La respuesta de Marcela Villatoro

La diputada Villatoro respondió en X que Arena no la convoca «desde hace años a reuniones de Coena», ya que durante 2024 solo la convocó «una vez junto a Milagro Navas» donde rindieron cuentas y luego en diciembre que la invitaron a un «convivio para calmar las aguas de personas que estaban pidiendo renuncias».

Villatoro le pidió a García Saade no enojarse y opinar sobre la minería, le insinuó que quiere «terminarse de acabar» al partido y que quieren expulsarla.

«Me parece una gran falta de respeto el que exigir fiscalización del partido sea motivo de enojo @cpgsaade. En lugar de enojarte por esto, deberías sentar posición como partido con temas de país que sí son importantes como la minería», afirmó.

La misión de algunas personas es terminarse de acatar al partido @ARENAOFICIAL, donde la ÚNICA que ha estado sacando pecho ha sido esta servidora. Parecería que es una forma de amenaza para expulsarme como se ha hecho con otros miembros». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La diputada también hizo referencia a las «viejas prácticas» mencionadas por el presidente de Arena en X.

«De lo que se ha entregado a deuda al actual Coena debe explicar gastos en viajes y acompañantes a misiones, dinero gastado en alimentación y viáticos, gastos en asesores, gastos en publicidad, gastos en salario que se le da a algunos miembros del Coena y a cuánto ascienden, gastos en gasolina, si hay vehículos del partido ¿quien los usa?, cuáles son los gastos en personal, cuál es el gasto que lleva a la fecha en actividades, gastos en promocionales», le respondió Villatoro.

«En mis manos no ha pasado UN DÓLAR del partido siendo funcionaria electa. La falta de respuestas a esas interrogantes son las viejas prácticas del pasado. Un estado de cuentas y la rendición de las mismas a las bases. No las he pedido yo, se lo exigieron otras personas y estas han sido expulsadas», respondió al comentario del presidente de Arena.

La diputada sostiene que las planillas de sus empleados ya fueron publicadas y estas incluso fueron divulgadas por diferentes medios de comunicación. El 2 de agosto de 2024, la fracción de Arena publicó en su sitio web el listado de los 16 empleados sin monto de los salarios y con las copias de fragmentos de los acuerdos directivos de la asignación; en ese entonces, Villatoro dijo que habían utilizado $11,700 mensuales para el pago de salarios del personal.

El presidente de la Asociación de Abogados de Especialistas del Derecho de El Salvador (Aboedesal), Carlos Avelar, percibe inconformidad en el gremio de abogados por la interpretación que hacen algunas alcaldías del artículo 63 de la nueva Ley de Registro de Estado Familiar.

El artículo 63 de la nueva Ley de Registro de Estado Familiar ordena al «funcionario que autorice un matrimonio» a «remitir en físico o por medios tecnológicos» la certificación del acta de celebración del matrimonio civil, testimonio o registro consular.

«La nueva Ley del Registro de Estado Familiar, que ha sido aprobada recientemente dice que cada vez que un notario autorice un matrimonio deberá extender los testimonios y remitirlos a las alcaldías correspondientes de donde son los contrayentes. La ley dice que deberá remitirlos. Algunas alcaldías en distintos distritos dicen que el notario deberá remitirlo, como que si el notario está obligado a ir personalmente a las alcaldías», explicó Avelar.

La interpretación del abogado es que «el notario tiene la obligación de remitirlo pero puede ser a través de una persona autorizada o de cualquier persona, inclusive de los cónyuges».

El abogado exhortó a las alcaldías que «unifiquen criterios», ya que aseguró que muchas alcaldías no están obligando a los notarios a presentar personalmente los testimonios de los matrimonios civiles, y que hagan una «interpretación correcta».

En el área de Registro Familiar de la alcaldía del municipio de San Salvador Centro, se informó que actualmente las certificaciones de matrimonios pueden ser enviadas por una persona distinta al notario; sin embargo, se informó que se emitirá un aviso si se exigirá la presencia del notario para este trámite.

Sin embargo, el profesional informó que algunos distritos dentro de los departamentos de Usulután y Chalatenango están exigiendo la presencia de los notarios en la entrega de certificaciones. Consideró que hay una «interpretación errónea de ese artículo» que está queriendo «obligar a los notarios» a que entreguen personalmente las certificaciones y que en otros municipios los notarios incluso «mandan a los mismos contrayentes» para que puedan ser marginadas las partidas de nacimiento con el respectivo matrimonio.

Una de las alcaldías que exige la presencia de los notarios es La Paz Oeste, que comprende los distritos de: Cuyultitán, Olocuilta, San Juan Talpa, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat, Tapalhuaca y San Francisco Chinameca.

¿Qué dice el artículo 63 de la Ley del Registro de Estado Familiar?
El funcionario que autorice un matrimonio deberá dentro de los quince días hábiles siguientes a sus celebración, para su respectiva inscripción, remitir en físico o por medios tecnológicos al registrador del estado familiar competente, certificación del acta de celebración del matrimonio civil, testimonio de escritura del matrimonio civil o el registro consular de matrimonio, según sea el caso.

Los migrantes salvadoreños conforman «el cuarto grupo con mayor cantidad de órdenes de expulsión en los Estados Unidos», después de México, Honduras y Guatemala, de acuerdo con un estudio del Diálogo Interamericano (DIA), un tanque de pensamiento estadounidense con sede en Washington.

En total, son 361,806 salvadoreños con órdenes de expulsión, de los cuales un 57 % nunca han sido detenidos, según el mismo estudio, que retoma datos de TRAC Inmigration. Estas órdenes han sido emitidas desde 1998 hasta 2024.

Sin embargo, según el informe, el 57 %, seis de cada diez salvadoreños con órdenes de expulsión nunca han sido detenidos.

Diez nacionalidades concentran el 80 % de las órdenes de expulsión de Estados Unidos. El primer lugar es ocupado por 1.2 millones de ciudadanos mexicanos, seguidos de más de 488,000 hondureños y más de 477,900 guatemaltecos.

A mucha distancia de estas cuatro nacionalidades, se encuentran migrantes originarios de Brasil, Colombia, Nicaragua, China, Ecuador, Haití, República Dominicana, Cuba y Venezuela.

Casi la mitad de los migrantes (45 %) con órdenes de expulsión en Estados Unidos nunca han sido detenidos durante los últimos seis años según el informe, son aproximadamente 1.6 millones de personas: un 57 % de los salvadoreños con órdenes de expulsión nunca han sido detenidos, un 67 % de los nicaragüenses, 59 % de los guatemaltecos y 65 % de los hondureños.

Por el contrario, solo un 18 % de los mexicanos con órdenes de expulsión nunca han sido detenidos.

Según el estudio de El Diálogo, estos son los migrantes en riesgo de ser expulsados ​​o deportados son un total de 3.6 millones de personas, de los cuales 1.2 millones recibieron esa orden de expulsión entre los años 2018 y 2024, y de los cuales solo 34,000 personas están en centros de detención, y 928,000 se reportaron en libertad condicional de septiembre de 2022 a julio de 2024.

Entre la población migrante en riesgo de deportación, observa el estudio, se sumarían 70,000 personas a quienes se les finaliza el permiso humanitario en marzo de 2025, 342,000 migrantes a quienes se les denegó asilo, 863,700 migrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y 578,680 beneficiados del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Un estudio del Diu00e1logo Interamericano (DIA), tanque de pensamiento estadounidense sobre relaciones internacionales con sede en Washington, indica que no hay una relación directa entre la cantidad de «encuentros» fronterizos y la cantidad de deportaciones de migrantes que realizan las autoridades de Estados Unidos.nnEl estudio, firmado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diu00e1logo Interamericano, señala que entre ambas variables se da una relación que ha variado entre el 3 % y el 100 % en los últimos 20 años.nn»No hay una relación entre las deportaciones y los encuentros fronterizos, que es, un incremento en las deportaciones no se da cuando o después de que los encuentros fronterizos hayan aumentado también», indica la investigación. Un ejemplo son las cifras salvadoreñas [gru00e1fica abajo].nnLos encuentros fronterizos son las retenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) a las personas que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos o a migrantes indocumentados que encuentren dentro del territorio estadounidense.nnDe enero a noviembre de 2024, la CBP ha reportado mu00e1s de 40,000 salvadoreños migrantes encontrados, 31 % menos que los 61,255 detectados en todo 2023, una disminución que, según la investigación, no debería implicar una baja en las deportaciones.nnEfectivamente, durante los dos últimos años, Estados Unidos ha duplicado las deportaciones de salvadoreños, ya que pasó de deportar 7,231 en el año fiscal 2022 a deportar 15,284 en el año fiscal 2024, según un informe del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicado el 19 de diciembre pasado. En 2023, deportó 8,310 salvadoreños. Las cifras únicamente son superadas por las 18,981 deportaciones registradas en 2019.nnDurante los últimos siete años han sido deportados 80,713 salvadoreños. Orozco ha calculado que durante el gobierno de Donald Trump, que inicia su gestión el 20 de enero, habru00e1 un promedio anual de 14,000 deportaciones de salvadoreños.nn!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

Los 60 diputados de la Asamblea Legislativa exoneraron del pago de impuestos la donación de dos vehículos por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en San Salvador.

La exoneración, solicitada al pleno por el diputado Raúl Chamagua (Nuevas Ideas), eximirá a la alcaldía municipal de Sonsonate Este –conformado por los distritos de Izalco, Armenia, San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Caluco y Cuisnahuat– del pago de todo tipo de impuestos y bodegaje en la importación de dos pick ups Nissan Frontier, color blanco, del año 2025.

«La Embajada de los Estados Unidos, que apoya muchísimo a las alcaldías, le queremos dar las gracias por este importante donativo», dijo Samuel Martínez, diputado de Nuevas Ideas por Sonsonate.

Los vehículos servirán para el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), según el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

La exención incluye Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), impuestos municipales y costos de bodegaje.

Los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial, agradecieron a Estados Unidos. «Sin lugar a dudas se van a seguir fortaleciendo en los años o meses próximos», dijo Raúl Chamagua sobre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. «Esta amistad de larga data se va a seguir fortaleciendo con el paso del tiempo», exclamó el diputado cian.

«Estamos dispuestos a sumarnos y a ser ese puente de enlace entre las instituciones de gobierno y en este caso con la Embajada de EE.UU., que en muchas ocasiones ha demostrado su buena voluntad». Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, exhortó a la Embajada de Estados Unidos a ayudar a otras municipalidades y departamentos, por la pobreza que sufren. «De verdad, se lo digo, embajador», afirmó.

Quiero hacer el llamado al embajador… para que también pueda poner sus buenos oficios y colaborar con los demás departamentos, hay departamentos pobres pero hay otros que de verdad son más pobres y que no tienen cómo salir adelante». Reynaldo López Cardoza (PCN).

Los legisladores también felicitaron al alcalde de Sonsonate Este, Gabriel Serrano, por la gestión de esta ayuda.

En una sesión plenaria de una hora, el lunes la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el “Acuerdo sobre transporte aéreo” firmado por los cancilleres de El Salvador y Costa Rica durante la visita que realizó en noviembre pasado el presidente Nayib Bukele al vecino país.

La sesión plenaria se abrió con 49 diputados presentes y el pleno acordó, con 48 votos, llamar a diputados suplentes para sustituir a 10 diputados: Suecy Callejas, Caleb Navarro, Felipe Interiano, Eduardo Amaya, Estuardo Rodríguez, Mauricio Ortiz, Helen Jovel, Salvador Chacón, Maricela de Guardado y Johathan Hernández.

El “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito el 11 de noviembre de 2024, que consta de preámbulo, 29 artículos y un anexo, no fue leído en el pleno ni publicado en el sitio web de la legislatura.

Fue el primer punto de agenda: fue ratificado con 59 votos: 53 votos de Nuevas Ideas, 2 de Arena, 2 del PCN, 1 de Vamos y 1 del PDC, según el conteo público y oficial de la Asamblea Legislativa.

Según el dictamen, las partes se comprometen a respetar convenios sobre infracciones contra la seguridad de las aeronaves (Tokio, 1963; La Haya, 1970; Montreal, 1971 y 1988; Palermo, 2000) o cualquier otra convención multilateral o sus modificaciones ratificadas por ambas partes, así como deberán exigir que los operadores de aeropuertos en su territorio respeten las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El acuerdo pretende el más alto grado de seguridad y protección de los servicios aéreos internacionales y reafirmar la grave preocupación de ambos Estados por los actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves que ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes.

También, busca impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

«Los aspectos más importantes es cuidar la vida, la seguridad de todos los pasajeros, no permitir que ningún pasajero o una persona extraña pueda ingresar a abordar un avión con cualquier armamento o equipo, o se le ocurra documentar un equipaje con cargamento o municiones». Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.

Este es el décimo sexto acuerdo de transporte aéreo ratificado por El Salvador según Cancillería; sin embargo, Nuevas Ideas aseguró que los anteriores gobiernos engavetaban los acuerdos.

«Desde 2021 hemos venido ratificando acuerdos en beneficio de la población salvadoreña, muchas veces antes se quedaban literalmente engavetados». Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

Al referirse al acuerdo de transporte aéreo, la diputada Ana Figueroa, del partido oficial, se refirió a la seguridad interna de El Salvador: «En un mundo moderno, es vital que establezcamos marcos normativos que salvaguarden la seguridad de la población, nosotros ya sabemos cómo el presidente Nayib Bukele ha implementado estas políticas de seguridad nacional pero obviamente necesitamos cuidar adonde sea que ellos se encuentren».