Autor: Yolanda Magaña

  • Inyectarán $80 millones de deuda de CEL a nuevo Fondo de Mitigación de Energía

    Inyectarán $80 millones de deuda de CEL a nuevo Fondo de Mitigación de Energía

    El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa una reforma presupuestaria para incorporar $80 millones de deuda provenientes de títulos emitidos por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) al Fondo de Mitigación del Sector de Energía, que estará dentro del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET).

    El propósito es “atender obligaciones en el sector eléctrico” según el decreto 343 del 3 de julio pasado.

    El 3 de julio, la Asamblea reformó la ley del FINET para delegarle el subsidio al consumo de la energía eléctrica a la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda y crear dentro esta un Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE), además de facultar al FINET a “otorgar cualquier otro subsidio”.

    Los $80 millones provienen de la emisión de títulos valores por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en una emisión por hasta $580 millones aprobada el 3 de julio, de los cuales $500 millones se usarían para consolidar deudas de la empresa pública.

    El FMSE será “recuperado progresivamente por medio de los pagos realizados por los usuarios beneficiados”, indica el artículo 7 del decreto.

    El FINET era administrado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), disuelto con la aprobación de la ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). En octubre de 2022 las funciones del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (Cenade) pasaron del Ministerio de Economía a Hacienda.

    La solicitud fue enviada por el secretario jurídico de la Presidencia el 3 de septiembre y remitida por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el mismo 3 de septiembre a las 9:18 a.m.

  • Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Varias organizaciones no gubernamentales de El Salvador solicitaron al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) la exención del impuesto del 30 % al financiamiento extranjero que reciben regulado en la nueva Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) de El Salvador vigente desde junio. El plazo para que las oenegés solicitaran su inscripción finalizó ayer 4 de septiembre.

    Una representante de la “Colectiva Feminista” afirmó que tienen una calificación temporal de “sujeto excluido” por 20 días. “Le han dado calificación temporal excluida por 20 días sin explicación de qué actividades fundamentan la exclusión”, indicó una integrante de la organización.

    Otras han solicitado la calificación pero no han recibido respuesta sobre la exención y tampoco sobre la inscripción formal en el RAEX.

    La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), una entidad que realiza investigaciones sobre desigualdades estructurales e integración en Centroamérica, solicitó la inscripción en el RAEX y la respectiva exclusión del pago de impuesto, informó un representante, pero no han recibido una respuesta.

    La fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) también pidió la inscripción en el RAEX y la respectiva calificación como “sujeto excluido” pero no han sido notificados de manera directa de una calificación provisional o permanente. Tracoda, además de promover la transparencia, ha realizado festivales comunitarios para la cohesión social.

    Representantes de otras organizaciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Fundación Comunicándonos informaron que también solicitaron la exclusión en el pago de impuesto para agentes extranjeros pero no han recibido una notificación sobre la exención.

    Un representante de la Fundación Comunicándonos consideró que tienen derecho a la exclusión ya que es una entidad sin fines de lucro dedicada “a promover el uso estratégico de la comunicación social como herramienta para el desarrollo local, nacional e internacional” y buscan la “participación ciudadana, el acceso al conocimiento, el diálogo y la construcción de consensos”. “Nuestra solicitud se encuentra en trámites, dentro de los plazos que la misma ley estima. Estamos a la espera de la respuesta gubernamental”, indicó.

    La nueva LAEX, vigente desde el 7 de junio de 2025, obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciben fondos del extranjero registrarse en el RAEX, del Ministerio de Gobernación, a pagar un impuesto del 30 % por transferencias y a ser fiscalizados en sus actividades.

    Los sujetos obligados –personas naturales o jurídicas– pueden pedir al RAEX ser calificados como “sujetos excluidos” de dichas obligaciones tributarias dependiendo de la obra, bien o servicio que se ejecutará con los fondos. Esta calificación también podrá ser otorgada “de oficio” por el RAEX.

    Una representante de Ormusa consideró que el comunicado del RAEX publicado el 3 de septiembre por el Ministerio de Gobernación anuncia una exención provisional general, algo que no está claro para otras organizaciones.

    El miércoles, el RAEX informó que otorgó “Calificación Provisional de Sujeto Excluido a todos los Agentes Extranjeros que soliciten su trámite de exclusión hasta el 4 de septiembre” pero agregó: “Exceptuando a los sujetos obligados que les ha sido denegado el trámite de exclusión por este Registro”. En el comunicado informó que los sujetos obligados inscritos debían abrir cuentas bancarias especiales.

    Funde y Cristosal no solicitaron exención

    La Fundación para el Desarrollo Nacional (Funde), aunque sí solicitó su inscripción en el RAEX, no solicitó la exención general en el pago del impuesto.

    Tampoco pidió la exención Cristosal, una asociación que quiere mantener la personería jurídica en El Salvador pero que no proyecta realizar transferencias dentro del país ya que opera desde Guatemala.

    Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, explicó que decidieron suspender operaciones en El Salvador hace un mes pero presentaron su solicitud de inscripción en el RAEX porque creen que “la defensa de los derechos humanos es un derecho irrenunciable”, pero detalló que no pidieron la calificación de “sujeto excluido” porque ya pagan impuestos y no están operando en El Salvador.

    “Cristosal ya desde hace años paga impuestos; en un acto arbitrario del ministro de Hacienda nos quitaron la exención de impuestos como organización sin fines de lucro”, indicó.

    “Queremos mantener la personería jurídica para algún día, cuando exista un mínimo de seguridad jurídica, podemos regresar a trabajar”. Noah Bullock, director ejecutivo de la aasociación Cristosal.

    Ayer, la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador por las condiciones que establece la Ley de Agentes Extranjeros.

    AC sin notificación de “sujeto excluido”

    La organización Acción Ciudadana (AC), hasta ahora dedicada a investigaciones sobre financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso de información y declaraciones patrimoniales de funcionarios, recibió del RAEX una notificación de inscripción como agente extranjero pero no de la calificación de “sujeto excluido”.

    “En la notitificación solo se señala que estamos inscritos pero no se dice nada de la exención del impuesto, como sí lo han hecho por otras organizaciones que están exentas”, indicó el director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar.

    La AC publicó un comunicado en el cual se asevera que se les cobrará “el impuesto del 30 % a las donaciones del extranjero” que reciban. “Con la inscripción, de momento, seguiremos operando”, informó.

    La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa luego de que fuera anunciada el 13 de mayo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de una protesta que realizaron cerca de la vivienda del presidente habitantes de la cooperativa El Bosque, cuyo presidente está encarcelado. Bukele aseguró que con el nuevo impuesto del 30 % a las ONG resolvería «de una vez por todas» la situación de las 300 familias afectadas por la orden de desalojo contra la cual protestaban.

  • EEUU no permitirá entrada a centroamericanos que colaboren con Partido Comunista Chino

    EEUU no permitirá entrada a centroamericanos que colaboren con Partido Comunista Chino

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves una nueva política para restringir las visas estadounidenses a centroamericanos que trabajen o hayan trabajado con el Partido Comunista Chino, una política que también afectará a sus familiares.

    “Estados Unidos se compromete a contrarrestar a influencia corrupta de China en Centroamérica y a deterner sus intentos de subvertir el Estado de derecho… Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos”, informó hoy en declaraciones.

    Según el anuncio, la prohibición del ingreso a territorio estadounidense estará dirigida a los centroamericanos que se encuentran en sus países y “actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino” y “a sabiendas dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en Centroamérica”.

    También afectará a los centroamericanos que hayan participado “previamente” en dichas actividades a nombre del Partido Comunista Chino para socavar el Estado de derecho en Centroamérica.

    Las medidas se fundamentan en el artículo 212 a, 3, c, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

    “Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos centroamericanos que colaboran intencionalmente con el PCCh en Centroamérica y desestabilizan nuestro hemisferio”. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

    El anuncio fue oficializado por el Departamento de Estado este jueves a través de la publicación «Restricciones de visas para ciudadanos centroamericanos trabajando con el PCCh para socavar el Estado de derecho en Centroamérica».

    En febrero de 2025, en su visita a El Salvador, Rubio planteó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estrategias para contrarrestrar la influencia china en la región centroamericana.

  • Red de organizaciones dice registro de agentes extranjeros restringe espacio cívico en El Salvador

    Red de organizaciones dice registro de agentes extranjeros restringe espacio cívico en El Salvador

    El Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica consideró que el “espacio cívico en El Salvador continúa reduciéndose” con la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE), que ordena el registro de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero.

    El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) finaliza este jueves un periodo de 90 días para que personas naturales o jurídicas financiadas con fondos del extranjero para sus actividades se registren y sean fiscalizadas por el RAEX. Al registrarse, pueden ser excluidas o no excluidas de pagar el impuesto del 30 % según la autorización del RAEX, del Ministerio de Gobernación.

    El movimiento sostuvo en un comunicado que la obligación de registrarse como agente extranjero si reciben fondos internacionales genera “un clima hostil que promueve la persecución de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación independientes y personas defensoras de derechos humanos en ese país”.

    La red de organizaciones rechazó el impuesto del 30 % sobre las transacciones y donaciones del exterior a las organizaciones y consideró la nueva ley “una amenaza directa a su funcionamiento”.

    “Lejos de promover la transparencia,como argumenta el gobierno de El Salvador, restringen severamente los derechos fundamentales de libertad de asociación, expresión y prensa, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

    El Equipo Regional es conformado por diferentes organizaciones no gubernamentales, como Centro CDH de Honduras, Grupo Apoyo Mutuo (GAM), Iglesia Luterana Costarricense, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá.

  • Gobierno propone abrir la geotermia a la inversión privada

    Gobierno propone abrir la geotermia a la inversión privada

    El gobierno podrá otorgar concesiones a inversionistas para la exploración o explotación geotérmica con el fin de generar energía eléctrica según el proyecto de Ley de energía geotérmica entregado ayer a la Asamblea Legislativa. Si los inversionistas son extranjeros deberán crear una sociedad radicada en El Salvador.

    El proyecto, firmado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, recibido por la Asamblea Legislativa el 3 de septiembre, será recibido por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que se reunirá el lunes 8 de septiembre a las 2:30 de la tarde.

    La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) identificaría áreas con potencial geotérmico para licitarlas a los inversionistas, quienes gozarían de beneficios fiscales durante los primeros 10 años, exención de aranceles, Impuesto sobre la Renta y otros.

    Se espere que los inversionistas propongan proyectos de usos directos o de generación de energía eléctrica con la explotación de recursos geotérmicos.

    Cada concesión tendría un máximo de 30 años y requeriría de la aprobación de la Asamblea Legislativa.

    Sin embargo, los sujetos que ya explotan recursos geotérmicos y que según la Ley general de electricidad no requieran concesión solo deberán informar a la DGEHM para su inscripción en el Registro de Geotermia.

    La ley también regula los permisos para la prospección, que durarían 12 meses prorrogables; y las autorizaciones para la exploración, otorgados para áreas de hasta 50 kilómetros cuadrados, durarían 36 meses prorrogables una vez por 24 meses.

    Un reglamento establecería las tarifas base por kilómetro cuadrado y por megavatio hora generado. La ley iniciaría su vigencia seis meses después de publicada en el Diario Oficial, si es aprobada.

    Podrán expropiar

    La propuesta considera la posibilidad de declarar de “utilidad pública” los bienes que se consideren necesarios pero que no puedan ser adquiridos mediante “contratación directa”, por la CEL o personas jurídicas relacionadas.

    Así, podrá aplicarse la “Ley de expropiación de terrenos para las obras de electrificación nacional” y la “Ley de constitución de servidumbres para las obras de electrificación nacional”.

    Informes a la Asamblea

    Según el proyecto, la DGEHM vigilará el cumplimiento del contrato de concesión durante la construcción, la generación o el abandono de obras; y deberá informar a la Asamblea Legislativa “por lo menos una vez al año” el estado de cada concesión.

    La DGEHM llevará el Registro de Geotermia, que contendrá los permisos, las autorizaciones y las concesiones, resoluciones judiciales o administrativas, y reportes de avances técnicos y financieros que “deban rendir los autorizados o concesionarios de un área geotérmica”.

    Los plazos para las concesiones y exploraciones

    1. Permisos para la prospección: vigencia de 12 meses prorrogables por una vez.
    2. Autorización para la exploración: una extensión de hasta 50 kilómetros cuadrados con vigencia de hasta 36 meses prorrogados por una vez por 24 meses.
    3. Concesión para la explotación geotérmica para la generación de energía eléctrica: aprobación de la Asamblea Legislativa, no podrán exceder 30 años.
  • Organizaciones inscritas como «agentes extranjeros no excluidos» deberán abrir cuentas bancarias exclusivas para proyectos anuncia RAEX

    Organizaciones inscritas como «agentes extranjeros no excluidos» deberán abrir cuentas bancarias exclusivas para proyectos anuncia RAEX

    El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) informó en un comunicado que los agentes extranjeros calificados como “no excluidos” del pago del impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben deben abrir cuentas bancarias exclusivas para cada proyecto que ejecutan.

    En un comunicado publicado en sus redes sociales, el RAEX, dependencia del Ministerio de Gobernación, explicó que la apertura de cuentas bancarias exclusivas es necesaria para gravar únicamente los proyectos “por los cuales son sujetos pasivos”.

    A ello se suma la obligación de separar cuentas bancarias para los agentes extranjeros inscritos que no solicitaron ser excluidos del pago del tributo.

    El RAEX informó en el comunicado que ha otorgado la calificación provisional de sujetos excluidos a agentes extranjeros y a otros se les ha denegado. No especificó a cuántos. La exclusión del pago tributario será aplicado “de manera temporal por un plazo de 20 días hábiles” según el reglamento hasta que haya una resolución definitiva.

    Además del tributo, Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades financiadas con fondos extranjeros deberán inscribirse como agentes extranjeros en el RAEX, lo que permitirá que el RAEX pueda controlarlos y fiscalizarlos.

    Asociaciones como Cristosal, Acción Ciudadana (AC), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista han solicitado su inscripción; solo Cristosal y Acción Ciudadana han confirmado su inscripción.

    La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros para registrar a todas las personas naturales y jurídicas que sean financiadas por entidades extranjeras.

    Comunicado del RAEX publicado por el Ministerio de Gobernación.

     

  • Diputados autorizan crédito por $60 millones para transporte y ratifican $250 millones para emergencias y sostenibilidad fiscal

    Diputados autorizan crédito por $60 millones para transporte y ratifican $250 millones para emergencias y sostenibilidad fiscal

    La Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y otro de $100 millones que se activaría en emergencias, y autorizó la firma de otro contrato de crédito por $60 millones para un proyecto de movilidad urbana.

    Los préstamos recibieron los votos de Nuevas Ideas y sus aliados, Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra de los tres; mientras, las diputadas de Arena votaron en contra de dos créditos y se abstuvieron de votar al destinado para emergencias.

    Los diputados autorizaron la firma del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $60 millones para el “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)”, que incluye un sistema electrónico de pago, un centro de datos, hacer intervenciones para evitar accidentes en las carreteras a Comalapa y Troncal del Norte, y diseñar un “plan de movilidad sostenible en el Área Metropolitana de San Salvador”.

    El préstamo de $250 millones “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) podrá ser usado para prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que requieren liquidez y transferencias varias. Los diputados autorizaron la firma de este contrato de préstamo el pasado 13 de agosto.

    El préstamo de hasta $100 millones para el programa “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes” también fue autorizado el 13 de agosto.

    Todos los préstamos tienen un plazo de pago de 25 años.

    Los diputados también ratificaron un contrato de garantía soberana estatal por $400 millones para el Fondo de Conservación Vial (Fovial).

  • Unánime aprobación de reforma de $6 millones para siembra de maíz y frijol

    Unánime aprobación de reforma de $6 millones para siembra de maíz y frijol

    La Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto nacional 2025 e incorporó $6 millones de un préstamo del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para el programa “Fomento de la siembra de alto rendimiento de maíz y frijol”.

    La iniciativa tuvo los votos de Nuevas Ideas, sus aliados PDC y PDC, así como los diputados de oposición, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos. Fueron 59 votos a favor de los diputados presentes.

    Los $6 millones provienen de un préstamo interno otorgado por el BFA a la entidad estatal.

    Los fondos se usarán para “el financiamiento a los productores para que estos puedan adoptar nuevas tecnologías agrícolas” de maíz y frijol, y la “modernización de las cadenas productivas” según Hacienda.

    Puede leer: El Salvador produce un 10 % de los frijoles que se cosechan en Centroamérica

    La idea es depender menos de las importaciones de maíz y frijol. El volumen de importación de frijoles creció en un 32.7 % en los primeros tres meses de 2025, de 2.1 millones de kilogramos en 2024, a 2.8 millones de kilogramos en 2025.

    El CDCA fue creado en agosto de 2023 para “mantener una reserva estratégica agrícola”. Su patrimonio está conformado también por los financiamientos bancarios o titularizaciones o bonos que emita.

    El CDCA es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El CDCA tiene un presupuesto de $53 millones, de los cuales ha devengado $2.7 millones.

  • ESCO reporta un total de cooperación internacional por $1,631 millones a El Salvador

    ESCO reporta un total de cooperación internacional por $1,631 millones a El Salvador

    La Agencia de El Salvador para la Cooperación (ESCO) informó que han sumado un total de $1,631 millones en cooperación extranjera a El Salvador, sin detallar el periodo en el que dicha coooperación fue concretada o fue captada por el país.

    “Llevamos a la fecha montos importantes como de $1,631 millones pero no solo es cooperación financiera sino son donativos o las becas o los voluntarios”, respondió este miércoles la directora de la ESCO, Karla de Palma, en el programa Diálogo 21 de Canal 21, ante la pregunta sobre cuánto se ha podido captar a través de la agencia.

    La directora de la ESCO detalló que tienen en negociación con España un programa de $116 millones hasta el año 2026; $212 millones con la Unión Europea (UE) y $43 millones con Corea del Sur. Destacó que han reactivado la cooperación con el Gran Ducado de Luxemburgo, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y Triángular, que es el intercambio de recursos, conocimientos y tecnología entre países en desarrollo ubicados mayoritariamente en el Sur.

    “Ahora nos ven como un referente de cooperación, nos ven como ese referente que les puede transmitir conocimiento”. Karla de Palma, directora de la ESCO.

    Al señalar a El Salvador como referente de cooperación, la directora de la ESCO anunció que firmará este miércoles el programa de cooperación técnica y científica con Costa Rica. “Lo importante es que El Salvador va a ofrecer cooperación en temas de cultura pero también tendremos un proyecto muy bonito de Ligas Atléticas Policiales, nos ven como un referente”, subrayó, sobre la firma de este miércoles.

    Los fondos de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores del Ministerio de Relaciones Exteriores 2024-2024 son: 10 millones de euros de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (AICS), $10.54 millones de dos proyectos firmados con el Gran Ducado de Luxemburgo, dos proyectos aprobados que suman $1,615,320 de España sobre capacidades digitales y cambio climático, 18.7 millones de euros de la aprobación del proyecto AGUSTINE por la Unión Europea con contribución de Expertise France, Unesco y Unicef; $1.25 millones del acuerdo firmado con el gobierno de India, y la suscripción del convenio de cooperación técnica por 800 millones de yuanes o $109,125,631.20.

    El informe de labores también reporta $696,000 de cooperación financiera no reembolsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y $1.2 millones del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

    Según la redacción de la memoria de labores, que suele incluir este dato todos los años, esta es cooperación financiera firmada, aprobada o concretada, no necesariamente captada o desembolsada durante el periodo analizado. Además, hay instrumentos jurídicos suscritos de cooperación no financiera, sino cultural, ambiental, de turismo, en educación, además de donaciones de equipo como mamógrafos, kits, arneses, cascos, compresores, así como aportes de consulados, ONG y fundaciones.

    Cooperación no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.

    Durante los últimos años la cooperación financiera no reembolsable concretada ha disminuido según datos de los informes de labores.

    La ESCO, que originalmente fue creada como una unidad dentro de la Presidencia de la República en 2020, fue trasladada al Ministerio de Relaciones Exteriores según el decreto ejecutivo 3 firmado por Bukele el 28 de enero de 2025 y vigente desde el 30 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial, con el objetivo de «unificar, coordinar y canalizar de forma óptima los recursos que aportan los diferentes actores».

    Página 2 de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.
    Página 3 del detalle de cooperación financiera no reembolsable de la memoria de labores 2024-2025 de Relaciones Exteriores.
  • Carlos Acevedo señala diferencia “abismal” en seguridad pero dice “aguja macro no se ha movido sensiblemente”

    Carlos Acevedo señala diferencia “abismal” en seguridad pero dice “aguja macro no se ha movido sensiblemente”

    El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo cree que pese al impulso que ha provocado la mejora de seguridad en el ingreso de turistas a El Salvador, todavía la aguja “macro” en la economía salvadoreña “aún no se ha movido o al menos sensiblemente”.

    “La aguja macro no se ha movido, seguimos a la cola de la región”, aseveró, en el programa Diálogo 21, de Canal 21, en referencia a la inversión extranjera directa y crecimiento económico en El Salvador.

    El economista señaló que “es indiscutible que la realidad en términos de seguridad es abismalmente diferente” pero el reto “es cómo consolidar eso” para erradicar la pobreza.

    El especialista ve efectos positivos en el crecimiento del turismo y en el sector inmobiliario, pero observó que este impulso inmobiliario no es visto positivamente por toda la población, por la gentrificación, el aumento de precios en los inmuebles y la falta de capacidad adquisitiva de los salvadoreños.

    “Hay sectores en donde sí se empieza a ver, en turismo. Otro efecto que algunos lo miran como maldición es los bienes raíces, el repunte tampoco se pudo haber dado en un país dominado por las pandillas”, indicó.

    Destacó el aumento de la cantidad de turistas respecto a Guatemala y Costa Rica.

    Por otra parte, advirtió que hay un aumento de la inversión en educación a 4.4 % del producto interno bruto, pero señaló que “los estudiantes salen por los suelos” en las pruebas académicas como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes).

    “Los estudiantes salvadoreños cuando van a la prueba PISA salen por los suelos, se está invirtiendo más pero la calidad de la educación es mala”, indicó. En la prueba PISA 2022, de un total de 147 países evaluados, El Salvador ocupó el lugar 144 en matemática, 131 en lectura y 137 en ciencias.

    La economía salvadoreña tuvo un crecimiento de 2.6 % en el año 2024 según el Banco Central de Reserva (BCR), la tasa más baja que el país ha alcanzado desde la pandemia en 2020. Para 2025, la proyección de crecimiento asciende a 2.4 % según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

    Más de 1.92 millones de salvadoreños, un total de 27.2 % de la población, están en pobreza monetaria según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, 55,097 más que en 2022.