Autor: Yolanda Magaña

  • Vigente nuevo plazo adicional para acusar a 88,875 capturados bajo régimen

    Vigente nuevo plazo adicional para acusar a 88,875 capturados bajo régimen

    Desde el pasado 15 de agosto está vigente la reforma a la Ley contra el crimen organizado que prolongó por dos años más la detención de las personas capturadas bajo régimen de excepción sin ser llevados ante un juez.

    Esta reforma, publicada en la edición del 15 de agosto del Diario Oficial, implicará que los detenidos podrían permanecer hasta por cinco años en prisión sin una condena según la asociación Cristosal.

    La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado permite que los detenidos durante el régimen de excepción sigan detenidos por dos años mientras son acusados por la Fiscalía salvadoreña.

    Según el gobierno, hay 88,875 supuestos pandilleros bajo régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, que serán juzgados por 44 jueces del crimen organizado y acusadas por 300 auxiliares de la Fiscalía que deberán presentar pruebas en 600 procesos judiciales.

    Organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen y Socorro Jurídico Humanitario aseguran que dentro de las personas capturadas bajo el régimen de excepción hay personas inocentes y que más de 400 han muerto bajo custodia estatal.

  • Tribunales de inmigración de EEUU suman 14,809 órdenes de deportación de salvadoreños en siete meses de 2025

    Tribunales de inmigración de EEUU suman 14,809 órdenes de deportación de salvadoreños en siete meses de 2025

    Los tribunales de inmigración de Estados Unidos han resuelto órdenes de remoción o deportación contra un total de 14,809 salvadoreños de enero a julio de 2025, casi el doble de los 8,793 del mismo periodo de 2024, según las cifras oficiales recopiladas por trareports.org.

    En contraste, en el mismo periodo del presente año, los tribunales de inmigración estadounidenses han emitido apenas 1,323 resoluciones de alivio o protección migratoria, una baja del 24.5 % respecto al mismo periodo de 2024.

    En total, 28,084 salvadoreños han pasado por tribunales de inmigración de Estados Unidos de enero a julio de 2025 por casos o procesos de deportación. Un año antes y en los mismos meses habían sido 38,179 connacionales.

    Tracreports.org, una organización que proporciona datos de las agencias federales estadounidenses, muestra en un gráfico tres alzas notables de órdenes de tribunales de inmigración de deportación contra salvadoreños desde 1999.

    La mayor alza ocurrió entre septiembre de 2005 y agosto de 2006, cuando los tribunales resolvieron deportar a más de 5,000 salvadoreños en un mes (5,054 en septiembre de 2005).

    El segundo pico ocurrió entre octubre de 2019 y febrero de 2020, con un máximo de 3,524 órdenes en febrero de 2020.

    Y, aunque menor, la tercera alza está ocurriendo precisamente el presente año, con su máximo en 2,393 en mayo de 2025.

    Desde 1999, Tracreports.org reporta 745,787 salvadoreños que han pasado por los tribunales de inmigración por casos de deportación: resolvieron remoción contra 380,681 salvadoreños; alivio o alguna protección migratoria a favor de otros 57,400 y salida voluntaria para 42,905.

    Esto quiere decir que desde ese año, el 51 % de las resoluciones de los tribunales migratorios que han examinado casos de deportación contra salvadoreños han resuelto su remoción y solo 7.7 % emitieron alguna protección migratoria. Otros 169,435 casos registran únicamente “terminación de los procedimientos”.

    Desde ese año, la mayor cantidad de extranjeros remitidos a tribunales de inmigración son originarios de México, seguidos, en ese orden, por: guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos, venezolanos y chinos. Le siguen nicaragüenses, brasileños, haitianos, ecuatorianos.

    Solo 20,869 asilos para salvadoreños decididos en tribunales desde 2001

    En cuanto a los procesos abiertos por asilo en los tribunales de inmigración de los Estados Unidos, se registran 92,559 procesos de salvadoreños desde 2001 hasta 2025, de los cuales los tribunales concedieron solo 20,869 asilos y han denegado 69,234 asilos. El resto logró un alivio distinto. Las mayores cantidades de asilos fueron emitidos por tribunales de California, Virginia, Maryland, Nueva York, Massachusetts y Texas.

    Las nacionalidades más beneficiadas con asilos han sido China, seguida, en este orden, por: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Colombia, India, Haití, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Rusia y Cuba, entre otras.

    Los casos de asilo son resoluciones que se muestran separados a los casos abiertos por deportación en el sitio de tracreports.org.

    Estas cifras de deportación o asilo no son absolutas, ya que no todos los casos de deportación o asilo llegan a tribunales; otras autoridades como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decide asilos. Los casos de deportación también son decididos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en fronteras o puertos de entradas.

  • Cooperación internacional concretada baja levemente a $158 millones en periodo 2024-2025

    Cooperación internacional concretada baja levemente a $158 millones en periodo 2024-2025

    La cooperación internacional «concretada», reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su memoria de labores 2024-2025, sumó un total de $158,170,680, un 13.6 % menos que los $183.1 millones concretados en el periodo anterior de junio de 2023 a mayo de 2024.

    Durante el periodo 2023-2024, esta cartera de Estado informó que concretó una cooperación no reembolsable por $183,126,012.80.

    La memoria de labores del último año, sin embargo, desglosa los proyectos de cooperación no reembolsable sin detallar el monto total de dichas donaciones concretadas.

    La cooperación concretada es la que acuerdan los gobiernos mediante la firma de marcos de cooperación, por lo que los años de concreción de la cooperación internacional no corresponden necesariamente a los años de desembolso o ejecución.

    Durante el primer quinquenio de Nayib Bukele, el periodo de mayor cooperación concretada fue de junio de 2022 a mayo de 2023, cuando se concretaron $357.02 millones de cooperación no reembolsable.

    Cooperación financiera no reembolsable concretada durante el periodo 2024-2025 según la memoria de labores de Cancillería

    Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS): 10 millones de euros ($11,721,955.20), para cinco proyectos de agricultura, Nacer con cariño, patrimonio y cultura, medio ambiente.

    Luxemburgo: $8.38 millones para “Empleo juvenil y digitalización” y $2.16 millones para la Cooperación Sur-Sur.

    España: $617,520 para proyecto “Competencias digitales y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad en El Salvador. LAMARR-España”; y $997,800, AECID aprobó el proyecto «Promovida la adaptación al cambio climático en el Área Metropolitana de San Salvador».

    Unión Europea: €18,785,902 ($22,021,773.62), proyecto AGUSTINE, con contribución de Expertise France, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para el sistema educativo.

    India: $1.25 millones para Proyectos de Impacto Rápido (PIR).

    China: $109,125,631.20, Convenio de Cooperación Económica y Técnica para proyectos de cooperación no reembolsable.

    FAO: $144,000 para proyecto de Fortalecimiento de la vigilancia zoosanitaria (ECTAD); y $250,000 para Bancos comunitarios de semillas en el corredor seco oriental; y en tercer lugar, $230,000, proyecto Transformación Digital Agrícola; y $72,000 para proyecto «Asistencia Técnica para el V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025.

    PNUMA: $1.2 millones para Infraestructura sostenible.

  • En un año INABVE reportó transferencias por $163 millones a más de 109,000 veteranos y excombatientes

    En un año INABVE reportó transferencias por $163 millones a más de 109,000 veteranos y excombatientes

    El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) informó en una memoria de labores del Ministerio de Gobernación que transfirió más de $163 millones en beneficios como pensiones y becas a más de 100,000 veteranos de guerra de la Fuerza Armada y de la exguerrilla, el FMLN.

    Las pensiones habrían beneficiado a 109,000 personas y también se habrían otorgado 2,055 servicios funerarios por un monto de $562,100.

    El Instituto ejecutó el 100 % de un total de $3,135,800 de junio a diciembre de 2024 para beneficiar a 6,218 personas con becas.

    También registró el cumplimiento del 100 % de la entrega de «capital semilla» por un total de $933,883.02 a 244 hombres y 68 mujeres.

    La entrega de pensiones suma un total de $158,760,040 a 109,062 veteranos y excombatientes, personas con discapacidad y otros beneficiarios inscritos en el registro del INABVE.

    Según esta institución, ha entregado 30 viviendas, 20 a hombres y 10 a mujeres beneficiarios, por un monto total de $744,819.72.

    A ello se suma un programa de adquisición de equipo para brindar atención médica preferencial a personas con discapacidad, veteranos y excombatientes por $18,450. Los beneficiarios son 17,928 hombres y 4,764 mujeres. La ejecución cerró en un 97 % en mayo de 2025.

    Según el informe de Gobernación, otros beneficios transferidos a este sector fueron:

    -Entrega de insumos médicos, medicamentos, aparatos auditivos y lentes: 47,069 insumos a 3,304 personas por un total de $354,679.31.
    -Medicamentos por $1,004,345.82 a 684,710 servicios brindados a 5,782 beneficiarios.
    -18,475 lentes entregados a la misma cantidad de personas, por un monto de $960,000.
    -390 aparatos auditivos por $91,650 para 236 personas.
    -Evaluaciones de fisiatría a 239 personas por $14,460.
    -94 estudios de rayos X e imágenes por $5,220.
    -Prótesis oculares a 26 pesonas por $24,570.
    -528 prótesis entregadas a 528 personas por $116,990.
    -Prótesis a 152 personas por $119,350, ejecutado a un 26 %.

    El 3 de julio, fue capturado el presidente del INABVE en Honduras con $60,000 en efectivo en donde fue procesado por lavado de dinero y liberado bajo fianza. Ortiz renunció del INABVE según publicó La Prensa Gráfica y en el cargo lo habría sustituido Daniel Platero, quien fue gerente del Instituto. La entidad no ha informado oficialmente el cambio de presidente.

  • Fondos para pensiones de la Cuenta de Garantía Solidaria se acabarán prevé S&P

    Fondos para pensiones de la Cuenta de Garantía Solidaria se acabarán prevé S&P

    La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que sirve para pagar pensiones vitalicias y mínimas financiada con fondos de los trabajadores cotizantes de las AFP (administradoras de fondos para pensiones), se quedará sin reservas, pronosticó también la calificadora S&P Global Ratings, que esta semana mantuvo la perspectiva “estable” para El Salvador con una situación fiscal desafiante.

    S&P advirtió en un comunicado de prensa que podría bajar las calificaciones para El Salvador “en los próximos 6 a 12 meses” si los déficits fiscales se mantienen “elevados” agravado por el final del periodo de gracia que goza actualmente la deuda del Estado con los ahorros para las pensiones administrados por las AFP; y también advirtió que podría subir estas perspectivas “en los próximos 12 a 18 meses” si se mejora el desempeño fiscal.

    Durante su horizonte de proyección, la calificadora informó en el comunicado: “Esperamos que el fondo de solidaridad para el sistema de pensiones de contribución definida se quede sin reservas”.

    En su evaluación, la calificadora hace proyecciones hasta el año 2028.

    El agotamiento de la CGS fue prevista por el Estado antes de la reforma de 2022 cuando en 2020 advirtió que llegará a tener únicamente $3.03 millones en 2027 y que su saldo sería negativo en 2028 (-154.97 millones).

    Más información: ¿Se está acabando la Cuenta de Garantía Solidaria y qué sugieren los especialistas?

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) también advirtió que la CGS se acabará en 2027 por la “generosidad de las pensiones” de los jubilados de la reforma de 2022 que dio beneficios “por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales”.

    El artículo 119 de la Ley integral de sistema de pensiones aprobada en diciembre de 2022 establece que “el último garante de los compromisos que asume la CGS” es el Estado y que si los fondos son insuficientes “le corresponderá concurrir al Estado”. El Estado aún no revela en qué consistirá la próxima reforma de pensiones a la cual se ha comprometido con el FMI.

    La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) es una cuenta colectiva creada en la reforma de 2017 que sirve para pagar pensiones cuando a los jubilados se les agotan sus ahorros individuales, para pagar pensiones vitalicias del Sistema de Pensiones Público (SSP), pagar Certificados de Traspaso y devolver ahorros a los afiliados que no cumplen requisitos de jubilación.

    Es similar a un fondo solidario que les garantizó, a los cotizantes de las AFP, pensiones vitalicias.

    Esta CGS es principalmente financiada con el 6 % de los ingresos de los cotizantes de las AFP (sistema privado de pensiones), una tasa aportada por los empleadores, así como una cotización especial de los pensionados por vejez.

    Antes de la reforma aprobada en diciembre 2022, el Estado tenía la obligación de aportar a la CGS unos $160 millones (2.5 % de ingresos corrientes del presupuesto) pero esa obligación se derogó.

    El 80 % de los ahorros prestados al Estado

    La calificadora S&P aseguró que el 80 % de los ahorros de pensiones están prestado al Gobierno.

    Explicó que para financiar “el déficit previsional”, es decir, lo que le hace falta al Estado para pagar pensiones, “la ley obliga a las AFP a comprar “certificados previsionales” que ascendieron al 30 % del PIB al 2024” y que en total sumaron el 46% del PIB en 2024, “de los cuales el 80% se prestaron al gobierno”.

    Otro tema delicado: el fin del periodo de gracia

    Otro tema delicado de las obligaciones del Estado con las pensiones es que pronto finalizará el periodo de gracia concedido por las AFP para que el Estado siga pagando –capital e intereses– de lo que ha tomado prestado del ahorro de los cotizantes de las AFP.

    S&P recordó que en 2023 el gobierno reperfiló la deuda con las AFP por certificados de largo plazo, que incluyeron un período de gracia de cuatro años en intereses y capital.

    La calificadora advirtió que el gobierno no ha dicho cómo enfrentará estos pagos, e incluso señaló que podría haber una baja de calificación a El Salvador si hay déficits fiscales elevados y que ello subiría la probabilidad de incumplimiento de pago ante el fin de dicho periodo de gracia.

    En nuestra opinión, el fin del período de gracia del servicio de la deuda con los fondos de pensiones privados en 2027 aumentará la carga de intereses y mitigará cualquier ganancia esperada en superávit primario”. Calificadora S&P.

    “Una mayor claridad sobre la estrategia del gobierno para afrontar el fuerte aumento en los futuros pagos de deuda a los fondos de pensiones privados fortalecería la calidad crediticia”, indicó.

    Sin embargo, reconoció una reducción del déficit del Sistema Público de Pensiones (SPP) “debido a una estrategia de inversión más conservadora” aunque prevén que el sistema público de pensiones “seguirá dependiendo” de los fondos ahorrados en las AFP “para financiar sus déficits”.

    La expectativa sigue estando en la reforma previsional que el gobierno debe aprobar en 2026 según sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

  • El Salvador pospondrá vigencia de Ley de energía nuclear a 2026

    El Salvador pospondrá vigencia de Ley de energía nuclear a 2026

    La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes un dictamen favorable para prorrogar la aplicación de la nueva Ley de Energía Nuclear hasta el 28 de junio de 2026. La vigencia de la normativa estaba programada para el 28 de octubre de 2025.

    El dictamen podría ser aprobado en la sesión plenaria del miércoles.

    Con la prórroga, según el proyecto de decreto, el gobierno busca la “armonización del marco normativo nacional con los estándares internacionales aplicables” en recomendación con los organismos especializados para “garantizar la correcta aplicación de la normativa nuclear”.

    Para defender la prórroga, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, argumentó que el gobierno ha hecho alianzas como: una alianza con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para promover el empleo pacífico de la energía nuclear a favor del desarrollo nacional en noviembre de 2024; un memorando de entendimiento con Argentina en octubre de 2024; y un acuerdo de cooperación nuclear civil estratégica con Estados Unidos en febrero de 2025. “Han sido claves para marcar esa ruta estratégica”, dijo.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió explicación sobre la razón del retraso y sugirió que se citara a un representante del Organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador” (OIPEN). Su petición fue ignorada.

    “Se toma nota”, le respondió la diputada González y pidió leer el dictamen favorable para aprobarlo.

    La Ley de Energía Nuclear fue aprobada el 22 de octubre de 2024 y publicada el 28 de octubre de 2024, por lo que iniciaba su vigencia 365 días después de su publicación, es decir, el 28 de octubre de 2025.

    El 2 de julio de 2024, la Asamblea también aprobó la “Ley de creación del Organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador” (OIPEN)”, entidad que podrá desarrollar los estudios para instalar plantas nucleares para energía, procesos industriales, médicos o agrícolas en El Salvador.

    El Salvador se ha comprometido con Estados Unidos a cooperar para el desarrollo de la infraestructura nuclear y promover proyectos de investigación para el “uso responsable de la energía nuclear”. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que están “ansiosos por ampliar la cooperación nuclear civil con otros socios del hemisferio occidental”.

    Recientemente, la Asamblea Legislativa excluyó las plantas nucleares de los permisos que debe otorgar la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT); permisos que son competencia de la Dirección de Energía de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

  • Nuevas Ideas aprueba informes de labores de Economía, Trabajo y Turismo; Vamos les pregunta: “¿Ya los leyeron?”

    Nuevas Ideas aprueba informes de labores de Economía, Trabajo y Turismo; Vamos les pregunta: “¿Ya los leyeron?”

    La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes los informes de labores de los ministerios de Economía, Trabajo y Turismo, ante los reclamos de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, por no haberlos leído y no haber llamado a los ministros de dichas carteras de Estado para hacerles preguntas.

    Los legisladores Elisa Rosales, Sharon Salazar y Mauricio Ortiz leyeron los dictámenes favorables para aprobar los tres informes de labores, que fueron aprobados por la Comisión considerando que estos “cumplen con los requerimientos de forma y de fondo”. La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que los informes se habían recibido el 31 de julio y que cada diputado los ha analizado y lo han «verificado en el territorio».

    Luego de la lectura de cada dictamen, la diputada Claudia Ortiz reclamó que no habían leído los informes de labores que constaban de 500, 125 y 186 páginas, ni habían citado a los funcionarios para hacer un debate sobre los mismos, si ya analizaron o confrontaron los datos.

    “¿Ya lo leyeron?, tiene 500 páginas, lo que acaba de leer la colega diputada no es el informe de labores, es un dictamen que ustedes ya tienen preelaborado sin que se haga el procedimiento de revisar cuál ha sido la gestión de cada uno de los ramos del Órgano Ejecutivo”. Claudia Ortiz (Vamos).

    Ortiz consideró que están incumpliendo el reglamento de la Asamblea Legislativa porque los ministros no han comparecido a defender su informe de labore y comparó esta Asamblea a lo que pasaba en las asambleas legislativas anteriores, que recibían memorias de labores “que solo eran fotos, algunos datos pero nunca se les contaron costillas realmente a los ministros y ministras de Estado”.

    “Aquí perdemos una oportunidad muy importante de pedirle cuentas al Ejecutivo”, advirtió.

    La diputada de Vamos pidió que se sometiera a votación la convocatoria a la ministra de Economía o un representante del Ministerio para realizar un debate “real” del informe. No logró votos.

    Mientras, los diputados de Nuevas Ideas continuaron aprobando los informes de labores de los ministerios de Trabajo y de Turismo.

    La diputada Dania González, quien preside la Comisión, pidió leer el segundo dictamen a la diputada Sharon Salazar, de Nuevas Ideas, para aprobar el informe de labores del Ministerio de Trabajo.

    Luego de la lectura del dictamen, Ortiz les preguntó si ya habían leído las 125 páginas del informe del Ministerio de Trabajo.

    “Aquí no hay una verdadera rendición de cuentas. Este no es un tema cosmético”, insistió la diputada de Vamos, quien pidió nuevamente someter a votación que se cite al ministro de Trabajo o un representante.

    La diputada González sometió a votación la petición de Ortiz, sin lograr votos suficientes y Nuevas Ideas continuó con la aprobación del tercer informe, del Ministerio de Turismo; esta vez, el dictamen fue leído por el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas.

    La diputada Ortiz pidió una votación similar para este informe; tampoco logró votos.

    Nuevas Ideas defiende los informes

    La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, leyó algunos de los datos del Ministerio de Turismo: 3.9 millones de visitantes extranjeros y 2.5 millones en el Centro Histórico de San Salvador durante el año 2024. “Eso nos llena de orgullo, este proyecto ha puesto el nombre de nuestro país en alto”, dijo.

    Rosales dijo que el trabajo de 2025 “ha superado” el realizado en 2024, leyó que el turismo ha generado “$2,200 millones de divisas en siete meses” y que El Salvador tuvo 91,000 turistas durante las vacaciones agostinas de 2025.

    “La inversión privada ha aumentado de manera exponencial en el Centro Histórico, vienen a dinamizar toda la economía de nuestro país, son datos que nos llenan de esperanza”. Elisa Rosales (Nuevas Ideas).

    La diputada Claudia Ortiz cuestionó que es necesario preguntarle a los titulares de Economía, Trabajo y Turismo, y no a los diputados, cómo está la inversión extranjera directiva que aún no es significativa y la pobreza en El Salvador. «La economía no está funcionando para la mayoría, tal vez para un grupo, sí», afirmó.

    Agregó que no tiene nada de malo que vengan ministros a responder preguntas que «no estén bajo un guion».

    Rosales aseguró que el sector Turismo genera alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos, y que la Organización Mundial de Turismo calificó a El Salvador como el sector turístico que más «creció» después de la pandemia covid-19 de 2020.

    La diputada Elisa Rosales dijo que el trabajo de 2025 “ha superado” el realizado en 2024, que el turismo ha generado “$2,200 millones de divisas en siete meses” y que El Salvador tuvo 91,000 turistas durante las vacaciones agostinas de 2025.

    “La inversión privada ha aumentado de manera exponencial en el Centro Histórico, vienen a dinamizar toda la economía de nuestro país, son datos que nos llenan de esperanza”. Elisa Rosales (Nuevas Ideas).

    La diputada Dania González aseveró que en el primer trimestre de 2025 se han recibido $322.24 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), 64.7 % más que los $195.65 millones del primer trimestre de 2024, “gracias a inversiones de servicios de información, almacenamiento y apoyo logístico al transporte”. Agregó que el Producto Interno Bruto real ha mostrado un aumento del 2.3 % en el primer trimestre de 2025, respecto al mismo periodo de 2024, sobre todo por el sector construcción, con un aumento del 17.3 %. La legisladora también afirmó que las exportaciones aumentaron un 8 % llegando a $1,683 millones.

    “La Asamblea ha brindado marcos jurídicos, le ha brindado seguridad jurídica a las inversiones”. Dania González (Nuevas Ideas).

     

  • Vigentes leyes para atraer inversiones de alto valor e incentivar contratación de salvadoreños deportados

    Vigentes leyes para atraer inversiones de alto valor e incentivar contratación de salvadoreños deportados

    Ya están vigentes tres nuevas leyes en El Salvador que pretenden atraer las inversiones o patrimonios superiores a los $2,000 millones a El Salvador, incentivar la contratación de técnicos y de salvadoreños  deportados.

    Las nuevas normativas, aprobadas el 7 de agosto por la Asamblea Legislativa, están vigentes desde el pasado martes 19 de agosto.

    Estas son las tres leyes vigentes y sus beneficios:

    1. Inversiones de alto valor sin impuestos

    No se cobrarán impuestos sobre la renta, a transferencia de inmuebles, municipales y aranceles a las importaciones relacionadas a las actividades de inversión o patrimonios que se trasladen a El Salvador, si superan los $2,000 millones.

    El «Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador»

    Fue aprobada el 7 de agosto y publicada el 11 de agosto. Inició su vigencia el 19 de agosto.

    2. Técnicos con altos salarios domiciliados o no

    También inició vigencia la exención del Impuesto sobre la Renta para los salarios superiores a $100,000 de los técnicos de grandes inversiones y de la fijación de una tasa del 10 % del mismo impuestos si sus salarios llegan hasta $100,000. Actualmente, se retiene cada mes el 30 % más una cantidad fija de $288.57 si el salario supera los $2,038.11 mensuales.

    El decreto se llama «Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador», fue aprobado el 7 de agosto, publicado el 11 de agosto y está vigente desde el 19 de agosto.

    3. Incentivos para contratar a salvadoreños deportados

    El Ministerio de Trabajo creará el registro de empleadores «Empleos para Salvadoreños Retornados» con 6 meses o más de formalización. Estos podrán tener deducciones de renta de tres, cuatro y de hasta cinco salarios mínimos ($2,044 anuales), si han contratado de 2 a 6, de 7 a 12, y hasta 13 salvadoreños retornados o deportados.

    La ley define “persona retornada” como “la persona que voluntariamente o en cumplimiento de una decisión administrativa o judicial de un tercer Estado regresa a su país de origen” y aclara que esta definición “incluye el concepto deportado”.

    Esta ley aumenta el monto sujeto a la exención por importación de menaje de casa que actualmente es de $70,000 y sube a $100,000.

    La «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana» fue publicada el 11 de agosto y está vigente desde el 19 de agosto.

    Esta ley tiene otras dos novedades: permite a los salvadoreños en el exterior que puedan «constituir asociaciones y fundaciones sin fines de lucro», eximirlas de impuestos y que serían registradas como «asociaciones y fundaciones sin fines de lucro»; y controlará a las empresas reclutadoras de salvadoreños en el exterior, que deberán informar de sus actividades y sus contratos.

    ¿Y los bancos de inversión?

    La «Ley de bancos de inversión«, también aprobada el 7 de agosto con la idea de inyectar otros capitales en El Salvador, fue publicada el 11 de agosto e inicia su vigencia 30 días después, hasta septiembre de 2025. Esta normativa busca amparar instituciones bancarias que atiendan a inversiones que tengan al menos $250,000 de activos en dólares o criptomonedas como bitcoin –»activos de fácil liquidación»– denominados en la ley «inversionistas sofisticados».

    La Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador anunció la creación del «Bitcoin Bank». El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece límites al Estado salvadoreño en el ecosistema de criptomonedas.

  • En seis meses EEUU detuvo menos salvadoreños en fronteras que en enero de 2025

    En seis meses EEUU detuvo menos salvadoreños en fronteras que en enero de 2025

    La cantidad de encuentros de salvadoreños registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos llegó a una cifra récord de 212 en julio, 34 menos que el mes anterior y 2,969 menos que en julio del año pasado.

    Durante los últimos seis meses se registran 1,732 encuentros de salvadoreños en las fronteras estadounidenses, una cifra menor a los 1,963 registrados en enero.

    Solo en la frontera sur los encuentros de salvadoreños cayeron a 101 en julio, suman 1,071 en los últimos seis meses de febrero a julio, una cantidad mucho menor que los 1,713 encuentros de salvadoreños realizados en enero por las mismas autoridades fronterizas.

    En los primeros siete meses del año, la CBP registra 3,695 encuentros de salvadoreños, cifra que contrasta con los 29,369 durante el mismo periodo del año 2024 y aún más con los años 2021, 2022 y 2023, que registraron encuentros de 32,000 a 65,000 encuentros cada año.

    Aduanas y Protección Fronteriza se encarga de la gestión y el control de las fronteras, con un enfoque en aduanas, inmigración, seguridad fronteriza y protección agrícola. También busca asegurar la frontera de amenazas terroristas, combatir la delincuencia transnacional.

    Las estadísticas de la CBP no incluyen las capturas registradas por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que actúa dentro del territorio de Estados Unidos y se encarga de la detención y deportación de migrantes, además de investigar delitos.

    La cantidad de personas arrestadas por la CBP es mucho menor a las realizadas por ICE desde enero de 2025. En julio, la CBP arrestó a 3,798 personas y ICE detuvo a 27,483.

  • CIDH emite resolución sobre los derechos de familiares de los privados de libertad

    CIDH emite resolución sobre los derechos de familiares de los privados de libertad

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 19 de agosto la resolución 2/25 que llama a sus Estados miembros a “garantizar los derechos de las familias y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad”.

    La CIDH subraya el derecho al “mantenimiento de los vínculos familiares como un elemento para la reinserción social” y “para mejorar la convivencia en detención”; e indica que se debe “facilitar visitas” con “periodicidad, modalidad y duración” señalados en reglamentos.

    En el fallo, la CIDH llama a “implementar acciones” para que los familiares de las personas privadas de libertad “tengan acceso a la información” sobre la “situación en detención de su familiar” sobre el “lugar de alojamiento, traslados, estado de salud, requisitos y condiciones para las visitas, y condición de incomunicación”.

    También señala que existen los siguientes derechos:
    -Comunicar de manera inmediata el fallecimiento de una persona familiar detenida, sus causas e investigaciones iniciadas.
    -Investigar y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra los familiares en su interacción con el sistema penitenciario.
    -Reconocer el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias, tanto para los privados como para sus familias.

    La resolución pide que en las “visitas entre personas detenidas y sus hijos o hijas”, los “Estados deben permitir contactos directos” y “asegurar que las prisiones cuenten con instalaciones apropiadas para reunirse que incluyan espacios amigables para niñas y niños de corta edad”.

    La resolución va dirigida a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue aprobada en el marco del 193º periodo de sesiones. “Constituye el primer pronunciamiento en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la materia”, indica la nota de prensa de la OEA.

    En la nota, se advierte que los familiares sufren afectaciones sociales, económicas y emocionales, ruptura de lazos de protección, obstáculos para mantener contacto adecuado y pérdida de cuidados, así como discriminación y estigmatización.