La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso que denuncia la desaparición forzada de cinco menores de la familia Rivas durante la guerra civil en El Salvador. Los afectados piden medidas de reparación, atención psicológica, investigación penal y garantía de no repetición.
El caso 13.932 trata sobre la desaparición de José Vicente, Clara Vilma, Juana Noemy, Gladys Suleyma y Norma Rivas, niños entre 3 y 11 años de la misma familia, atribuidas a agentes de la Fuerza Armada y ocurrida en agosto de 1982 durante la guerra salvadoreña.
El caso, presentado en marzo de 2012 ante la CIDH, denuncia el ataque de soldados en el volcán Chinchontepec, en donde los habitantes regresaron al lugar y encontraron varios cadáveres pero no de los menores, por lo que se incluyen como desaparecidos en el Informe de la Comisión de la Verdad.
El proceso incluye tres demandas de habeas corpus contra miembros del Batallón Atlacatl y de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada.
En 2011 y 2017, la Sala de lo Constitucional en El Salvador ordenó recabar información del operativo “Anillo”, la Comisión Nacional de Búsqueda abrió una investigación en 2012. La Fiscalía informó en 2017 que aún continuaba la investigación según la CIDH.
La CIDH concluyó, según el comunicado, que hubo desaparición forzada y que la “sustracción» de los menores «fue cometida por miembros de la Fuerza Armada en agosto de 1982”.
Como “esfuerzos” señalan la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2010 y una política fiscal en 2018 pero no lo consideran suficiente ni diligente.
La CIDH reclama “más de 10 años” de investigaciones “sin avances significativos”, y respuestas “negativas” a pedidos de información, así como declaratoria de inexistencia de información del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Conjunto. “El Estado no realizó una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial”, e “impuso obstáculos para el acceso a la información y a archivos relevantes”, indicó la CIDH según el comunicado.
Por ello consideran que el Estado violó derechos a la vida, integridad personal, protección familiar, a la garantía judicial, al derecho a recibir información, todos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
