Redacción DEM ADMIN HC

Autor: Yolanda Magaña

  • Gobierno presenta nueva Ley de Red Nacional de Hospitales: ¿en qué consiste?

    Gobierno presenta nueva Ley de Red Nacional de Hospitales: ¿en qué consiste?

    El ministro de Salud, Francisco Alabi, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva «Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales» que será dirigida por una junta directiva presidida por un funcionario nombrado por el presidente de la República, para regular la contratación de obras, médicos, estudiantes en los centros de salud y hospitales.

    El proyecto fue recibido este viernes 15 de agosto por la Asamblea Legislativa a las 11:33 a.m.

    La Red Nacional de Hospitales sería una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía en su patrimonio, personería jurídica propia como una «nueva red de centros de salud que presten atención y asistencia médica» a la población del país.

    Esta red será la encargada de vigilar el funcionamiento de «todos los centros de salud y hospitales pertenecientes a la Red Nacional de Hospitales».

    A la red, primero pasará el Hospital Nacional Especializado Rosales y el Hospital de Consulta Externa Especializada y después «gradualmente» los hospitales adscritos al Ministerio de Salud. Pero también podrán pasar a su propiedad los que construya, reconstruya o remodele la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) que sean propiedad de instituciones de salud pública.

    El gobierno argumenta que «se ha advertido la necesidad de crear un sistema moderno que posibilite a la población acceder a servicios de salud inmediatos, actuales y renovados» y que es necesaria «una instancia gubernamental que coadyuve con el Ministerio de Salud en la demanda de atención de salud».

    El proyecto será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, la cual se reunirá el próximo lunes.

    Una nueva entidad junto al Minsal

    La junta directiva de la Red Nacional de Hospitales estará conformada por un presidente ejecutivo y un director designados por el presidente de la República, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y otro director designado por la Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac).

    Esta junta directiva podrá autorizar la contratación de obras y decidir sobre cuáles hospitales y centros de salud se intervendrían para construcción, remodelación, reconstrucción, adecuación y equipamiento.

    El proyecto de ley establece un régimen de compras para los hospitales y los centros de salud, le faculta la contratación de personal extranjero por un plazo de hasta 10 años prorrogables y regulará la formación y especialización de estudiantes y médicos graduados.

    Establece, por ejemplo, que, para las obras, adquisición de bienes y servicios y consultorías para los servicios de salud, se realizará contratación directa aprobada por el presidente ejecutivo y, si su monto supera $1 millón, por la Red Nacional de Hospitales.

    Residentes deberán ser admitidos

    Así mismo, los médicos residentes vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud «podrán optar por culminarlo en la Red Nacional de Hospitales» «siempre que sean admitidos» por la Red Nacional de Hospitales.

    Si se aprueba la ley, el personal que labore para el Ministerio de Salud en el Hospital Nacional Especializado «Rosales» y el resto de hospitales de la «Red Nacional» seguirá bajo disposición del Ministerio, incluso estudiantes no admitidos, pero la junta directiva de la Red podrá decidir si podrán continuar sus labores en la Red. Esta disposición incluirá a estudiantes en internado rotatorio, año social, y médicos y odontólogos residentes que no sean admitidos, según el proyecto.

    El proyecto tiene 107 artículos y será estudiado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. El presidente de la República tendría 180 días para aprobar un reglamento luego de la vigencia.

  • Diputados avalan $15 millones a Presidencia para necesidades “prioritarias y urgentes”

    Diputados avalan $15 millones a Presidencia para necesidades “prioritarias y urgentes”

    Con 57 votos, la Asamblea aprobó este viernes una reforma presupuestaria para transferir $15 millones que no se utilizarán en el Ministerio de Hacienda a la Presidencia de la República.

    La reforma presupuestaria fue acordada por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2025 “para reforzar asignaciones presupuestarias de la Presidencia de la República”.

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, argumentó que la Presidencia “en la actualidad presenta necesidades prioritarias y urgentes que atender, con la finalidad de fortalecer el diseño de políticas públicas, planes y programas que contribuyan al desarrollo económico y sostenible del país y que garanticen el bienestar de las familias salvadoreñas”.

    Según la notificación del secretario jurídico, Adolfo Muñoz, estos fondos “no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal” y “pueden utilizarse para reforzar el presupuesto” de la Presidencia.

    El proyecto de reforma no detalla la línea de trabajo y la unidad presupuestaria de la Presidencia de la República a la que serían transferidos los $15 millones. Sus únicos dos artículos indican que ingresarán a “Gastos”, que refuerzan “asignaciones vigentes de la Presidencia de la República” y que serán “tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”.

    La Presidencia de la República inició el año 2025 con un presupuesto de $139.7 millones aprobado por la Asamblea Legislativa, que ha aumentado a $140.5 millones hasta junio, de los cuales ha devengado $74.7 millones.

  • Asamblea aprueba nuevo plazo de dos años a Fiscalía para acusar a capturados del régimen de excepción

    Asamblea aprueba nuevo plazo de dos años a Fiscalía para acusar a capturados del régimen de excepción

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes en sesión plenaria una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que permite que los detenidos durante el régimen de excepción sigan detenidos por dos años más durante los cuales deberán ser acusados por la Fiscalía salvadoreña. Arena y Vamos votaron en contra.

    Según el dictamen, unos 88,875 detenidos bajo régimen de excepción “deben ser juzgados por 44 jueces del crimen organizado” y 300 auxiliares de la Fiscalía presentarán las pruebas en 600 juicios o procesos judiciales.

    La reforma permite que la Fiscalía General de la República solicite una «asignación de causa» contra cada estructura de crimen organizado y que el plazo de instrucción de 24 meses o dos años sea “contado a partir de la fecha de la presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados”, según el artículo 6 del decreto.

    El decreto fue aprobado 10 días antes de que se venza el decreto legislativo 803, sobre “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, que permitió que los capturados bajo régimen de detención estuvieran bajo detención dos años a partir del decreto sin ser acusados.

    El decreto 803 estableció un plazo de hasta 24 meses o dos años a partir su vigencia, 25 de agosto de 2023, para someter a los imputados a una sola causa por estructura conforme a una solicitud del fiscal, autorizando un “procedimiento transicional” para agrupar a los imputados.

    El decreto establece que la Dirección General de Centros Penales deberá eliminar el registro basado en el decreto legislativo 803, según el artículo 6.

    Las reformas también permiten audiencias únicas por estructura delictiva que podrán quedar abiertas durante dos años para permitir procesar a más de sus supuestos miembros como parte de dichas estructuras; e Indica que si la Fiscalía no presenta un dictamen de acusación en el plazo, el juez intimará al fiscal y este no contesta dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados.

    No a delitos comunes

    El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, negó que estos plazos estén siendo autorizados para las personas detenidas por delitos comunes. “No hay que confundir los delitos comunes”, dijo en el pleno.

    “¿Qué pasa si se vence, porque el 25 de agosto se vence, y esta Asamblea no hace las reformas debidas? Bueno, pues tendría la facultad los jueces de poner en libertad a todos los detenidos. ¿Saben la gravedad de lo que se está hablando?”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    «Incapacidad»

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que estas reformas “son un reflejo de la incapacidad de impartir justicia”.

    “Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos y, como las instituciones no lo han hecho a tiempo, la Asamblea le tiene que hacer el favor a la Fiscalía y darle más tiempo”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    Ortiz advirtió que, si una persona ha sido detenida por error, “esas personas van a tener que esperar otros dos años para poder ir a juicio”.

    “Dos años más para ir a juicio, cuando el plazo original ha sido seis meses”, dijo. No descartó que el gobierno pida otros dos años más para acusar a estas personas.

    “El diputado, además de querer ser mago, también quiere ser juez, porque ha dicho que todos los detenidos son culpables, quiero decirle que ese es el trabajo de jueces y de fiscales, no lo podemos definir con anterioridad. La Asamblea debería exigir que estas instituciones cumplan en el debido tiempo y en plazos razonables, esa gran facultad y esa gran obligación que tienen, que es impartir justicia, dar seguridad jurídica”, indicó la diputada de Vamos.

    Antes de la aprobación, el diputado Walter Coto (Nuevas Ideas) aseguró que, si todos los diputados fueran como la diputada “que está en la esquina”, en referencia a Claudia Ortiz, “todos los criminales salen”. Coto criticó que antes había una “puerta giratoria” en la justicia a favor de los pandilleros.

    Ortiz le respondió que si todos fueran como ella ya hubieran creado una comisión para investigar quién liberó al Crook, cabecilla de pandilla quien fue localizado en México y capturado en Estados Unidos, luego de que fuera puesto en libertad en El Salvador en donde purgaba una pena de 40 años de prisión. “Tenga valor. Su tan llamada política de seguridad no es sostenible. Prefieren tener al país, cada mes, cada mes, con una solución de corto plazo”, le respondió la diputada.

    «Condenan a inocentes»

    El diputado Francisco Lira, de Arena, le preguntó al diputado de Nuevas Ideas qué tiene de malo solicitar estudiar los casos de las personas que, pese a tener una carta de libertad, no han sido liberadas y señaló al partido de gobierno de condenar a las personas inocentes capturadas por error durante el régimen de excepción, aclarando que quieren cárcel para los pandilleros y criminales.

    “Sí hay personas inocentes, con cartas de libertad y que no tienen un juicio justo. Y los pandilleros, criminales, extorsionistas, que se pudran en la cárcel, que se pudran, pero esas personas inocentes que ustedes las están condenando este día para que pasen en la cárcel sin pruebas, más del 40 % podríamos estar hablando”. Francisco Lira (Arena).

    Lira preguntó si, con esta ley, podrán “conocer y verlos en los juzgados a esos funcionarios que están en listas de Estados Unidos, a esos funcionarios que sacaron a los pandilleros de la cárcel”. Anunció que no votará por el decreto “porque están quitando garantías”.

  • Director de desarrollo humano de Educación podrá nombrar, trasladar o suspender docentes

    Director de desarrollo humano de Educación podrá nombrar, trasladar o suspender docentes

    Juan Carlos Fernández Saca, nombrado desde el 1 de julio como director de desarrollo humano del Ministerio de Educación mediante acuerdo ejecutivo, tendrá la función de firmar y autorizar los acuerdos sobre movimiento de personal docente, nombramientos de cualquier tipo, ascensos de categoría y nivel, suspensiones o supresión de plazas.

    Las funciones serán delegadas para que sean asumidas a partir del 1 de julio de 2025, pero también fue aprobado otro acuerdo para que el director de desarrollo humano firme o autorice los acuerdos tomados desde 2022 hasta el 30 de junio de 2025 sobre la misma materia.

    Las facultades que le fueron delegadas al director de desarrollo humano son firmar y autorizar acuerdos relativos a:

    -Movimiento de personal docente.
    -Licencias.
    -Destacamentos.
    -Traslados.
    -Permutas.
    -Nombramientos de cualquier tipo.
    -Cargos de administración superior.
    -Ascensos de categoría y nivel.
    -Suspensión previa.
    -Supresión de plazas.
    -Renuncias.
    -Despido.
    -Inhabilitación.
    -Fallecimiento.
    -Reincorporación.
    -Suspensión sin goce de sueldo.
    -Enfermedades incapacitantes.
    -Sobresueldos.
    -Asignación de horas clase.
    -Suspensión sin responsabilidad para los educadores.
    -Devolución de saldos y de pensionado.

    La delegación de funciones se realizó mediante acuerdo ejecutivo 15-1097 del Ministerio de Educación, emitido el 1 de julio de 2025 y publicado en la edición del Diario Oficial del 8 de agosto, puesto en línea en las últimas horas.

    En el acuerdo, Mauricio Pineda, entonces ministro de Educación, argumentó que los ministros pueden delegar facultades a funcionarios según los artículos 10, 15, 20 y 68 del reglamento interno del Órgano Ejecutivo, entre otras disposiciones de la Ley de la Carrera Docente, el reglamento de las normas técnicas de control interno específicas del Ministerio de Educación, la obligatoriedad de las pensiones de la Ley de Integral del Sistema de Pensiones (artículo 13) y el artículo 48 de la Ley de Procedimientos Administrativos sobre la delegación de firma.

    Educación tomó esta decisión “como parte del reordenamiento de la estructura de organización” del Ministerio y argumenta que busca hacer de esta cartera de Estado “más funcional, ágil y eficiente”.

    Firmaría acuerdos de 2022 a 2025

    También, un segundo acuerdo 15-1108/2025 delegó al nuevo director de desarrollo humano la función de firmar y autorizar de manera conjunta o sperarada con el titular los acuerdos emitidos desde el 22 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2025 relativos al movimiento de personal docente, sobre licencias, nombramientos, destacamentos, traslados, permutas, nombramientos de cualquier tipo, cargos de administración superior, ascensos de categoría y nivel, suspensión previa, supresión de plazas, renuncias, despido, inhabilitación, fallecimiento, reincorporación, suspensión sin goce de sueldo, enfermedaddes incapacitantes, sobresueldos, asignación de horas clase, suspensión sin responsabilidad para los educadores, devolución de saldos y de pensionado.

    El delegado deberá “presentar a la máxima autoridad un informe mensual de todas aquellas gestiones, trámites ejecutados e instrumentos firmados para la debida supervisión de los actos delegados” y tiene el compromiso de cumplir un “estricto apego a las normas y leyes”.

    Mediante el acuerdo 15-1125/2025, Educación delegó a partir del 1 de julio de 2025 la facultad de firmar y autorizar los acuerdos sobre ascensos de grado y nivel, licencias, promociones, permutas, traslados, descensos de categoría, suspensión previa, nombramientos, renuncias, fallecimiento, supresión de plazas, devolución de saldos y de pensionado.

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la noche del 14 de agosto el nombramiento de una militar como nueva ministra de Educación. La capitán Karla Trigueros, también médica, es parte del Comando de Sanidad Militar. El cargo fue ocupado por José Mauricio Pineda, quien fue nombrado como tal en noviembre de 2022.

  • EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    Sin aún detallar la tarifa de la nueva «Visa de Integridad», el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó una notificación en el Registro Federal sobre algunas tarifas de inmigración que estableció la Ley de Reconciliación HR-1, conocida como «The One Big Beatiful Bill”, promulgada el 4 de julio de 2025.

    En la publicación, del 22 de julio de 2025, el DHS todavía no oficializó la “tarifa de Visa de Integridad (Visa Integrity Fee), exigida por la ley HR-1 para cualquier extranjero a quien se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión.

    Informó dicha tarifa “requiere coordinación interinstitucional antes de su implementación” y “se implementará en una próxima publicación”, indica la publicación del DHS en el Registro Federal.

    La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aún no dio información al respecto y pidió estar atentos a anuncios oficiales.

    Un vocero de la Embajada aseguró que efectivamente el 4 de julio el presidente Donald Trump promulgó la ley “The One Big Beautiful Bill” y pidió a la población estar pendientes información oficial.

    “Proporcionaremos más información sobre la implementación y el impacto de esta ley para el Departamento de Estado tan pronto como sea posible. Recomendamos a los solicitantes que estén pendientes únicamente de la información oficial publicada por la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador y del Departamento de Estado”, respondió la oficina diplomática.

    No menor a $250 y reembolsable

    La nueva ley HR-1, sancionada por Trump el 4 de julio, establece una tarifa de $250 para quienes obtengan una visa no inmigrante denominada “Visa Integrity Fee” o la “Visa de Integridad”.

    Según la ley, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos impondrá una tarifa a cada extranjero al que se le emita una visa no inmigrante “al momento de la emisión de dicha visa”. Una visa no inmigrante puede ser visa de turista, negocios, estudios o trabajo temporal.

    La normativa indica que el monto será el que disponga “mediante reglamento, pero en ningún caso menos de $250”.

    Sin embargo, la ley permite al secretario de Seguridad Nacional “reembolsar a un extranjero una tarifa impuesta” después del vencimiento del periodo de validez de la visa si demuestra que no ha solicitado la admisión durante dicho periodo de validez o si cumplió todas las condiciones de dicha visa, incluida no aceptar empleo no autorizado y que el extranjero “salió de Estados Unidos a más tardar 5 días después de la fecha en que se le autorizó a permanecer nuevamente en los Estados Unidos”, o si el extranjero solicitó ajustar el estatus dentro del periodo de validez de la visa de no inmigrante.

    Las tarifas que no se reembolsen irían al Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.

    Las únicas tarifas publicadas por DHS

    Según la notificación del 22 de julio de DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus tarifas de acuerdo con la nueva ley HR-1 a partir del 22 de julio y aclaró que todas las tarifas no sustituyen las actuales, ya que son “adicionales”.

    “Cualquier formulario con sello del 21 de agosto de 2025 o posterior que no incluye la tarifa correspondiente será rechazado”, indicó.

    Las nuevas tarifas requeridas por la ley HR-1 y que fueron publicadas por DHS son:

    Solicitud de asilo: $100. La tarifa aplicó para solicitud de asilo inicial y solicitud pendiente anual: $100. Es el formulario: I-589. Actualmente no tiene un cargo. La tarifa no tiene posibilidad de exención.

    TPS, registro inicial (I-821): $500. La tarifa actual según la publicación es $30, por lo que el total sería $530. No ofrece exención de pago.

    Jóvenes inmigrantes o SIJs (I-360): $250. Actual: $0. Total $250.

    Documentos de Autorización de Empleo (EAD): de $275 a $550. El cobro total oscila entre $275 y $1,425, dependiendo de las tarifas actuales que se suman a la adicional establecida por la nueva ley:
    (Formulario I-765)
    -$550 para solicitante de asilo inicial o aplicante de EAD
    -$275 para renovación o extensión del EAD de aplicante de asilo
    -$550 EAD para refugiado en libertad condicional por un año
    -$550 EAD para cónyuge en libertad de condicional de empresario
    -$275 para renovación de EAD de refugiado en libertad condicional por un año
    -$275 para renovación de EAD de cónyuge de empresario en libertad condicional
    -$550 para EAD TPS inicial válido por un año
    -$275 para renovación o extensión de EAD TPS, válido por un año
    -$275 para Autorización de empleo tras la emisión de un nuevo período de libertad condicional

  • Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, solicitó ayer a la Asamblea Legislativa nuevas reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, a pocos días del vencimiento, el próximo 25 de agosto, del decreto 803, que otorgó hasta 24 meses para acusar a miembros del crimen organizado o pandillas en una sola causa o proceso penal.

    Tienen por objeto lograr mayor eficiencia y eficacia en la determinación de responsabilidades de quienes sean sometidos a juzgamiento en esta competencia. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    La reforma establecería un plazo de instrucción de hasta dos años a partir de una solicitud de la Fiscalía General de la República de asignación de número de cada causa para cada estructura criminal, independientemente de la fecha de captura de los imputados.

    «Finalizado el plazo transicional del decreto legislativo 803, de fecha 26 de julio de 2023 (publicado el 25 de agosto de 2023), el juez a solicitud del fiscal deberá asignar un número de causa en contra de la estructura criminal y en consecuencia de sus miembros para su procesamiento de acuerdo con los agrupamientos solicitados por la Fiscalía en aplicación del referido decreto (803)», reza el artículo 6 de la propuesta de reforma.

    «Una vez presentada la solicitud para la asignación de causa, el plazo de instrucción aplicable será el dispuesto en el artículo 17 de esta ley (24 meses) contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados», continúa la redacción del artículo 6.

    >> Por vencer decreto 803 que prolongó tiempo para acusar a detenidos en el régimen, Movir pide su derogación

    La propuesta indica que la Dirección General de Centros Penales recibirá el oficio del juez de crimen organizado y cumplirá inmediatamente su orden «eliminando el registro efectuado con base en el referido decreto» (803).

    La propuesta también establece la celebración de una «Audiencia Única Abierta» luego de la acusación fiscal, que se llevará a cabo en un plazo no mayor a 60 días y que permanecerá abierta «mientras existan miembros de la estructura criminal sin juzgar» hasta un periodo de dos años.

    «El juez, previa consulta al fiscal, podrá declarar el cierre de la audiencia, sin perjuicio de reabrir el proceso si se identifican nuevos miembros o actividad de la estructura criminal», indica la reforma al artículo 18.

  • Gobierno pide extender vigencia de placas vehiculares hasta el 31 de agosto de 2026

    Gobierno pide extender vigencia de placas vehiculares hasta el 31 de agosto de 2026

    La Asamblea Legislativa recibió este miércoles la solicitud formal del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, de prorrogar la validez de las placas de los vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2026.

    En su solicitud entregada este miércoles a las 9:22 de la mañana a la Asamblea Legislativa, el ministro de Obras Públicas indicó que buscan «contribuir con la economía de los salvadoreños» y pidió aprobar el decreto de «Prórroga a la disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos».

    La prórroga más reciente, aprobada el 22 de abril de 2024, vence el 31 de agosto de 2025.

    La solicitud será estudiada en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa, la cual aún no está convocada para reunirse. El presidente legislativo, Ernesto Castro, convocó a una nueva sesión plenaria para el viernes 15 de agosto.

    La “Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos” establece circular que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas, previo al pago de precio y que la vigencia de las placas es cinco años.

  • Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Con 57 votos y dos en contra, la Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Ministerio de Hacienda para que suscriba un préstamo de $250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fondos que podrán ser utilizados “igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado” que “requieran fuente de liquidez y transferencias varias”.

    El préstamo “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” fue solicitado por el gobierno salvadoreño al Banco Mundial.

    Los fondos, según el decreto, buscan apoyar “las medidas que el Gobierno ha adoptado en el marco de responsabilidad fiscal y para el mantenimiento y continuidad de una política macroenómica adecuada”.

    No tienen un destino específico. “Los recursos del contrato de préstamo podrán utilizarse igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”, indica el artículo 2 del decreto de autorización aprobado este miércoles.

    Por el crédito se pagará una comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo, un 0.25 % de comisión de compromiso anual sobre saldo no desembolsado del préstamo, se pagará a 25 años de plazo, incluyendo cinco años de gracia, en cuotas semestrales.

    Este miércoles, la Asamblea Legislativa también autorizó un segundo préstamo con el BIRF por $100 millones que se desembolsaría si el gobierno salvadoreño lo solicita ante cualquier emergencia, el préstamo se denomina “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes”.

    La Asamblea también ratificó hoy un préstamo por $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $100 millones para “Proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador”; y $120 millones del BIRF de “Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”, un préstamo adicional para las obras del bypass de Apopa, cuya firma fue autorizada el 10 de julio de 2025.

    Para el proyecto del bypass de Apopa, la Asamblea Legislativa aprobó un primer préstamo de $150 millones el 9 de abril de 2024. Para este año se han ejecutado $39 millones, de los cuales se han ejecutado $14 millones según Hacienda.

  • Diputados aprueban informe de Seguridad que reportó 32,917 capturas y baja de 37 % en incidencia delictiva

    Diputados aprueban informe de Seguridad que reportó 32,917 capturas y baja de 37 % en incidencia delictiva

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un informe de labores que reporta 32,917 detenciones desde junio de 2024 hasta mayo de 2025, presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra, tanto de este informe, como del presentado por el Ministerio de la Defensa Nacional.

    Según los dictámenes, Seguridad reportó una reducción del 99 % de homicidios, una disminución del 37 % en incidencia delictiva y de un 50 % en los homicidios en menores de edad respecto al año anterior.

    Los informes corresponden al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025.

    El Ministerio de Seguridad reporta que se desarticularon 71 estructuras de pandillas, 64 bandas criminales, tres estructuras vinculadas al narcotráfico y 23 bandas de narcotraficantes con la detención de 4,312 de sus miembros.

    También, reportaron 98 bienes sujetos a medidas cautelares por parte del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), que vendió o subastó 65 inmuebles, y arrendó otros 60 inmuebles y 10 vehículos.

    “Por medio de datos y estadísticas, el informe respalda los logros obtenidos”, indicaron los diputados en su dictamen.

    Por su parte, el dictamen favorable del informe del Ministerio de la Defensa Nacional indica que la Fuerza Armada “desempeña su función militar de seguridad”.

    Según el Ministerio de la Defensa, el Comando Sumpul de la Fuerza Armada ha evitado, en la frontera «el paso de armamento, contrabando y tráfico de personas y drogas” y también “se impide que terroristas ingresen o salgan del país con la finalidad de evadir la justicia”. Los diputados también aprobaron este informe, aún no publicado, con 57 votos.

  • Educación aprueba planes de estudio de cuatro carreras de software a escuela superior de Presidencia

    Educación aprueba planes de estudio de cuatro carreras de software a escuela superior de Presidencia

    El Ministerio de Educación autorizó los planes de estudio de carreras relacionadas a desarrollo de software, servicios en la nube, ciberseguridad y operación de centros de datos a la Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT), dependiente de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Innovación.

    Esta escuela se especializa en la formación virtual de ciudadanos en áreas de innovación y tecnología y fue creada mediante decreto ejecutivo 29 del 30 de agosto de 2021 y publicado el 3 de septiembre de 2021.

    La Dirección Nacional de Educación Superior resolvió una solicitud de planes de estudio de carreras nuevas el 26 de mayo de 2025. Las carreras nuevas serán:
    1. Técnico superior universitario en desarrollo de software en código abierto.
    2. Técnico superior universitario en servicios en la nube.
    3. Técnico superior universitario en ciberseguridad.
    4. Técnico superior universitario en operación de centros de datos.

    Las carreras serán impartidas, según el decreto, en modalidad no presencial, y la aprobación comprende “a partir del ciclo 03-2023 al 02-2025”.

    El acuerdo 15-1182/2025 fue aprobado el 10 de julio de 2025 y publicado en el Diario Oficial del 30 de julio de 2025.

    La Escuela esit.gob.sv ofrece en su sitio web un título de técnico superior avalado por el Ministerio de Educación y programas educativos virtuales sobre el mundo digital.

    Entre los técnicos ofrecidos están en operación de centros de datos, servicio en la nube, desarrollo de software en código abierto y ciberseguridad, todos disponibles de modalidad virtual y con una duración de 24 meses.

    El técnico de centro de datos tiene seis ciclos de estudio, 31 asignaturas y es impartido por más de 10 docentes según el sitio.

    Los requisitos son, entre otros: disciplina, creatividad, lectura comprensiva y búsqueda de información. Para la inscripción, presentar documentación de identificación, título de bachiller, resultado global de prueba AVANZO con nivel intermedio o superior, o con nota mayor a 7.0 si es PAES, carta de compromiso, certificados de notas y realizar una prueba de admisión.