Autor: Yolanda Magaña

El subdirector de cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de la AECID, Álvaro Borrega, aseguró que El Salvador es “un país más pujante y más vertebrado”, luego de comentar que el país ha vivido una “profunda transformación” desde hace más de una década que visitó el país.

“Con este proyecto de caminos rurales, seguimos cumpliendo un compromiso del gobierno de España con las autoridades salvadoreñas”, dijo el representante de la AECID de El Salvador.

Aseguró que están colaborando con el gobierno para el desarrollo y la cohesión de las comunidades.

Borrega asistió con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, en la entrega y la supervisión de los avances del proyecto de pavimentación de la carretera hacia la frontera con Guatemala.

El presidente de la República, Nayib Bukele, decretó el pasado 16 de febrero la realización del VIII Censo Económico de El Salvador y creó una Comisión Nacional de Censo Económico conformada por los titulares de 10 instituciones estatales que es encargarán de tomar decisiones en torno al censo.

El Gobierno argumenta que uno de sus principales objetivos es promover el desarrollo económico y para ello requiere de datos actualizados sobre la actividad económica del país.

El plazo de ejecución del Censo Económico inició el pasado 18 de febrero, fecha de inicio de vigencia del decreto, y finaliza con la publicación de final de resultados «a más tardar el tercer trimestre de 2027».

Mediante el mismo decreto, el gobernante también creó una Comisión Nacional de Censo Económico que tomará decisiones o acuerdos en torno al estudio económico las cuales serán ejecutadas por un nuevo Comité de Trabajo de Censo Económico que estará conformado por delegados de las mismas entidades.

La Comisión Nacional estará integrada por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR), el despacho de la Primera Dama de la República, la Secretaría de Comercio e Inversiones, los ministerios de Economía, Gobernación, Trabajo, Vivienda, Turismo, Desarrollo Local y la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

La Comisión Nacional tendrá como funciones conocer sobre la planificación del Censo, facilitar y dar seguimiento a las colaboraciones interinstitucionales, apoyar la gestión de cooperación incluso internacional e implementar acciones para ejecutar el Censo Económico.

Otras entidades del sector público podrán ser incorporadas a la Comisión Nacional «con voz pero sin voto en las decisiones que se tomen».

La Comisión Nacional de Censo deberá guardar la confidencialidad de toda información relacionada al Censo Económico a la que tengan acceso.

El decreto del mandatario también faculta la creación de otros comités técnicos o de apoyo, que podrán ser integrados además por municipalidades, para la realización del Censo Económico.

Bukele también decretó la realización de la V Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026, que también tiene como plazo hasta el primer trimestre de 2027. Los decretos ejecutivos fueron emitidos el 16 de febrero y publicados en el Diario Oficial del 18 de febrero de 2026.

Un proyecto de reforma a la Ley orgánica de la Dirección General de Aduanas busca que los importadores presenten una declaración jurada de que los bienes que internen a El Salvador no han sido fabricados, total o parcialmente, con trabajo infantil, forzoso u obligatorio.

El Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos anunciado el 29 de enero de 2026 compromete a El Salvador a prohibir la importación de mercancías que hayan sido fabricadas total o parcialmente mediante trabajo obligatorio.

La disposición es parte de la reforma cuyo proyecto fue enviado el 24 de febrero a la Asamblea Legislativa y será recibido el lunes próximo por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

«En caso de existir alertas» de indicios o dudas, Aduanas requerirá «información complementaria» para probar si la fabricación o ensamblaje de los productos a importar respetó la normativa de erradicación del trabajo forzoso, obligatorio o infantil.

La iniciativa fue enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien aseguró que buscan «incorporar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basad en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del derecho laboral internacional».

El acuerdo comercial firmado por El Salvador y Estados Unidos, que había eliminado el arancel del 10 % a los productos salvadoreños que ingresan a los Estados Unidos, compromete en su artículo 2.7 al Gobierno salvadoreño a prohibir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso u obligatorio; así como la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.

«El Salvador prohibirá la importación de mercancías extraídas, producidas o fabricadas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio», indica el artículo 2.7.

El acuerdo faculta al gobierno de Estados Unidos a imponer aranceles adicionales si consideran que hay prácticas desleales, anular el beneficio de arancel cero o incluso dar por terminado el acuerdo si hay incumplimiento persistente o grave.

Sin embargo, la vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos fue puesto en duda por la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), debido a que la Corte Suprema de Justicia estadounidense concluyó que Trump no tiene la facultad de decidir sobre aranceles.

La Corte estadounidense concluyó que la facultad del presidente de los Estados para «regular la importación» que le otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no incluye la facultad de imposición de aranceles. «No autoriza al Presidente a imponer aranceles», indica la resolución judicial que frenó las decisiones arancelarias de Trump.

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) anunció el jueves que enviaron una comunicación urgente al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés), de un joven cuya madre desconoce si está detenido o si se encuentra en un buen estado de salud.

“Seguimos elaborando procesos de hábeas corpus totalmente gratis a familias de escasos recursos cuyos familiares no tengan o hayan tenido ningún vínculo con pandillas”, detalló este jueves la organización en X.

La institución aseguró que reciben denuncias por parte de familiares de personas que no tienen ni han tenido vínculos con pandillas y que han sido detenidos en el marco del régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022.

Desde hace aproximadamente, la organización utiliza el mecanismo de «cartas de alegación», en donde buscan presentar evidencias de violaciones a marcos legales internacionales ante distintos grupos de trabajo de las Naciones Unidas, como desaparición forzada, muertes extrajudiciales, detención arbitraria, mujeres, niños, tortura, entre otros.

El SJH informó ayer que ha presentado un total de 345 comunicaciones urgentes a distintos grupos de trabajo de las Naciones Unidas  y “más de 3,600” demandas de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

La organización calcula que un 10 % de las demandas de habeas corpus han sido respondidas negativamente bajo el argumento de que no hay violación al derecho a la libertad y el resto no han sido ni admitidas por la Sala de lo Constitucional.

“De esos 2,600, quizás de un 10 % (han resuelto) en negativo, que no ven daño al derecho a la libertad ni amenaza y le tiran todo a la jurisdicción de crimen organizado porque derecho penal ellos están en su competencia”, calcula la coordinadora de la organización, Ingrid Escobar. Aseguró que casi el 90 % está sin contestar y el 1 % son prevenciones que tampoco tienen resolución luego de responderlas o evaluarlas.

El Gobierno sostiene que han capturado a 91,300 personas vinculadas con pandillas durante la aplicación del régimen de excepción pero el SJH sostiene que algunas capturas han sido arbitrarias y denuncia la muerte de 488 personas detenidas bajo esta medida cuando estaban bajo custodia policial. El vicepresidente de la República Félix Ulloa aseguró en España que es necesario reducir el margen de error del régimen de excepción y confirmó que se han liberado 8,000 personas que «probaron» que no tenían vinculación con las pandillas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró hoy que está indecisa sobre su posible postulación para una candidatura a diputada de la Asamblea Legislativa, alcaldía municipal o presidencia de la República.

“Yo estoy como indecisa en este momento, estamos por eso escuchando mucho, me llama mucho la atención el tema local, porque veo todas las necesidades que hay en las comunidades”, afirmó en la entrevista de Diana Verónica y Tony.

Sobre una posible candidatura municipal, sostuvo que también “está sobre la mesa” y que “también el tema de la Asamblea Legislativa u otras, estamos en esas pláticas”, en referencia a una posible candidatura a la presidencia de la República.

“Todo está sobre la mesa en este momento y la decisión va a ser colectiva”, detalló, en la entrevista. Detalló que están consultando con diferentes sectores en qué elecciones debe participar Vamos y Claudia Ortiz. “Hoy por hoy no tenemos una decisión definitiva”, indicó.

El partido Vamos ha dicho que participará en las elecciones generales de 2027, pero no han decidido si participar en las presidenciales.

“Vamos a participar en elecciones, ¿en qué elecciones y en qué términos?, eso está por decidirse”, manifestó Ortiz este jueves.

En junio de 2025, la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, dijo que buscarán llevar candidatos en los 44 municipios y que consideran que su partido cuadruplicó simpatías.

En las elecciones de 2024, Vamos solo participó en cinco departamentos: San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Vicente. Para las elecciones de alcaldes y diputados que se realizarán el 28 de febrero de 2027, Rivas dijo que el desafío es participar a nivel nacional.

En 2024, Vamos logró 91,675.45 votos para Asamblea Legislativa, de los cuales 67,235.44 los obtuvo en San Salvador, 16,678.73 en La Libertad, y el resto en Santa Ana, La Paz y San Vicente. Fue el séptimo partido con más votos; Nuevas Ideas quedó en primer lugar con 2.2 millones, seguido de Arena, con 227,357.3 votos; el FMLN, con 195,919.98; el PCN, con 101,641.43; Gana, con 99,343.89; y PDC, con 93,107.56. Después de Vamos se ubicó Fuerza Solidaria con 51,021.1 y Nuestro Tiempo, con 41,060.48.

La organización Alianza Américas advirtió este jueves que más de 100,000 salvadoreños beneficiarios del programa Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen riesgo de despidos por «la desinformación» en torno a la vigencia de los permisos de trabajo o autorizaciones de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) debido a información, que consideran confusa, emitida por la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés).

Alianza Americas informó que ya tienen reportes de «despidos o amenazas de despido, así como la revocación de licencias de conducir y de otras autorizaciones o licencias que requieren que las personas beneficiarias de TPS presenten un permiso de empleo vigente». La organización pidió, en el comunicado, una corrección o actualización en el sitio web de la USCIS, en la notificación 90 FR 5953, «para modificar la fecha de caducidad» de las EAD, del 9 de marzo de 2026 a 9 de septiembre de 2026.

«El sitio web de USCIS indica que las autorizaciones de empleo caducan el 9 de marzo de 2026, aunque el alivio migratorio del TPS vence el 9 de septiembre de 2026. USCIS omite informar que las autorizaciones de empleo están sujetas a una extensión automática de 540 días, por lo que su fecha de vencimiento es el 9 de septiembre de 2026», explica la confusión la organización.

Según Alianza Américas, la USCIS dejó «sin vigencia» la extensión automática de las EAD por 540 días mientras se procesaban pero subrayó que esta regla «aplica únicamente» a solicitudes de empleo desde el 30 de octubre de 2025 y no a beneficiarios del TPS de El Salvador.

De acuerdo con la entidad, los empleadores y las oficinas emisoras de licencias de conducir desconocen la notificación del Registro Federal que establece una «extensión automática» para los EAD «hasta el 9 de septiembre de 2026».

La organización alertó que la falta de «un documento que muestre la fecha de caducidad del TPS incrementa los riesgos de arrestos y detenciones indiscriminadas e injustas» para los beneficiarios de TPS.

La alcaldía de San Salvador Centro exhortó este jueves a los ciudadanos de los cinco distritos a presentar su declaración de impuestos municipales en cualquiera de los Puntos de Atención Empresarial (PAE) de la comuna.

Señaló que el último día para presentar la declaración de impuestos municipales es el 31 de marzo.

“Evita multas, presenta a tiempo, no dejes al último mes y evita largas colas”, indicó la institución municipal.

Los distritos que deben declarar son: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

La administración tributaria municipal tiene la facultad legal de requerir declaraciones a los contribuyentes o responsables respecto a sus obligaciones tributarias. Según el artículo 101 de la Ley general tributaria municipal, esta tiene que determinar la obligación tributaria pero según el artículo 102 los contribuyentes “presentarán declaracióin jurada” en los plazos establecidos.

Omitir la declaración de impuestos municipales conlleva a una sanción del 5 % del impuesto no declarado. También se sanciona con el 20 % del impuesto omitido si se presentan declaraciones falsas o incompletas.

Si las declaraciones de impuestos se presentan de manera extemporánea se establece una sanción del 2 % del impuesto declarado fuera del plazo, por cada mes o fracción de mes desde la fecha en que concluyó el plazo para presentar la declaración.

Los obligados son propietarios de negocios o que realicen cualquier actividad económica dentro del municipio (comercial, industriales, financiera, serviciso), deben declarar impuestos y actividades económicas aunque no hayan operado en el año, también personas o empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles. La declaración se realiza en los primeros tres meses del año.

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, presentó este jueves, ante la ventanilla de Correspondencia de la Asamblea Legislativa, su propuesta de reducción del Impuesto sobre la Renta para los trabajadores salvadoreños, iniciativa que el pleno rechazó agendar el pasado martes.

La propuesta de “Disposición especial transitoria para la reducción del 50 % del Impuesto sobre la Renta aplicable a las rentas obtenidas del trabajo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026” fue recibida hoy por la Gerencia de Operaciones Legislativas de Sección de Correspondencia Oficial a las 10:42 a.m. de este 26 de febrero, según el sello institucional.

Ortiz opinó que el Legislativo está “legislando para intereses particulares” al referirse a la reducción del impuesto por concentración de alcohol al whisky, ginebra y otros licores.

“Presentamos esa propuesta en sesión plenaria, lamentablemente la bancada mayoritaria decidió no permitir que esta propuesta vaya a comisión, por eso este día vamos a hacer la presentación para que quede en cancha de ellos”. Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz relató que “fue una sorpresa muy grande” que, después de que Vamos intentara introducir la iniciativa para reducir el Impuesto sobre la Renta, redujeran los impuestos a varios licores fuertes.

¿En qué consiste?

La propuesta de Ortiz contiene tres artículos, el primero establece la reducción del Impuesto, el segundo regularía las retenciones y el tercero la vigencia, que solo se aplicaría al pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio de 2026.

“Se reduce en un 50 % el Impuesto sobre la Renta causado por las personas naturales respecto de las rentas obtenidas del trabajo, en los térmnos definidos en el artículo 2, literal “a” de la referida ley”, señala la propuesta, que se refiere a la renta obtenida “del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales”.

La reducción se aplicaría sobre el monto del impuesto después de aplicar las deducciones y las exenciones.

Según el artículo 2 de la propuesta, los agentes de retención aplicarían la reducción del 50 % en las retenciones de las rentas obtenidas del trabajo durante 2026. Las retenciones realizadas antes se mantendrían pero la reducción se aplicararía en la liquidación anual del impuesto.

La diputada asegura que el esquema de cobro de impuestos sobre los salarios de los salvadoreños no ha tenido “ajustes estructurales acordes a la realidad económica actual” y que es “una de las principales afectaciones al ingreso disponible de los trabajadores formales”, por lo que cree necesario “compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo del salario”.

El reglamento interior de la Asamblea indica que “las solicitudes, mociones y en general toda correspondencia relacionada con el trabajo de la Asamblea, serán estudiadas y dictaminadas por la comisión que la Presidencia oportunamente determine” y para ello “se abrirá el expediente respectivo.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, se reunió con el subsecretario de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Riley M. Barnes, y le expresó que “los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad” en El Salvador.

“Sostuve un encuentro con Riley M. Barnes, a quien expresé que, para nosotros, los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad en la agenda de seguridad; además le expliqué de nuestro trabajo para combatir la trata de personas, entre otros temas”, informó en X la funcionaria.

En un giro respecto a los informes anteriores, el Departamento de Estado de EE.UU. aseveró, en su Informe anual sobre Derechos Humanos 2024, que no ve “informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” en El Salvador y destacó que el Gobierno salvadoreño tomó “medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

Sin embargo, el informe habla de “desafíos” en el cumplimiento de las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales en El Salvador, de muertes de personas en prisión antes de ser condenadas y denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

Este informe, publicado en agosto de 2025, indica que hubo 2 denuncias de tortura, 47 denuncias de violaciones a la integridad física, 53 de malos tratos, 34 de abuso físico y 3 de agresión y discriinación. A la vez, señala medidas disciplinarias para 14 policías y destitución de 12.

Los funcionarios que se reunieron no detallaron si conversaron sobre los desafíos en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la población salvadoreña.

El respeto a los derechos humanos en El Salvador es cuestionado por organizaciones no gubernamentales que cuestionan que en El Salvador hay violaciones a garantías judiciales o debido proceso de personas que hayan sido detenidas y violaciones a sus derechos humanos, como arbitrariedad en las capturas, malos tratos y muerte de 480 detenidos desde el inicio del régimen de excepción.

Barnes también fue nombrado en febrero de 2026 por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como coordinador especial de Estados Unidos para Asuntos Tibetanos. Antes, fue asesor principal del subsecretario de Asuntos Políticos, subsecretario para asuntos de organizaciones internacionales, asesor principal del embajador en misión especial para la libertad religiosa internacional.