Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Vivienda emitió el decreto 1 “Lineamientos para calificar proyectos habitacionales de interés social y aprobar su desarrollo y construcción” como siguiente paso a la aprobación del decreto que entregó a Vivienda la atribución de entregar los permisos de construcción de torres de telecomunicaciones y de proyectos calificados de interés social.

La Asamblea Legislativa aprobó en julio las «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda». Vivienda ha emitido lineamientos para aplicar estas disposiciones.

Criterios para definir una vivienda de interés social según nuevos lineamientos

1. Proyectos habitacionales en altura o unifamiliar y las notificaciones o parcelaciones habitacionales de asta 245 salarios mínimos mensuales ($100,156) para el sector industria y lotificaciones o parcelaciones habitacionales de hasta 123 salarios mínimos ($50,282.40).

2. El área mínimo de lote será de 50 metros cuadrados y de construcción, 36 metros cuadrados, con sala-comedor-cocina, al menos un dormitorio, servicio sanitario y ducha, lavadero-tendedero. Los apartamentos deberán tener un área mínima de construcción de 36 metros cuadrados.

3. Deberán tener agua potable, energía eléctrica, aguas negras y residuales.

Los lineamientos fueron aprobados el 23 de julio y están vigentes desde “la fecha de su firma”. Fueron publicados en la edición del 30 de julio del Diario Oficial.

Competencias en permisos de construcción

Mediante recientes reformas, el gobierno busca ordenar las atribuciones de los permisos de construcción que se dan en El Salvador.

El Ministerio de Vivienda será la instancia encargada de proyectos de interés social y de obras de infraestructura pasiva para el servicio público de las telecomunicaciones, por lo que está excluida de la competencia de la nueva Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Una reforma a la Ley de la DOT que ha recibido la primera votación en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa aclara que las municipalidades tienen la atribución de dar permisos de construcción en áreas menores a 250 metros cuadrados, pero las disposiciones aprobadas en julio otorgan esta atribución al Ministerio de Vivienda si este considera que la municipalidad respectiva no tiene capacidad técnica para otorgar el permiso respectivo. La directora ejecutiva de la DOT, María Paola Bardi de Acosta, dijo el martes a los diputados que la finalidad de la reforma a la Ley de la DOT es agilizar los permisos de construcción.

Esta reforma también busca que la DOT, una institución creada para tramitar los permisos en áreas mayores a 250 metros cuadrados, pueda aprobar cambios de uso de suelo y talas de árboles por la construcción.

Además en el Centro Histórico de San Salvador la competencia recae sobre la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y en el área metropolitana de San Salvador, la institución encargada es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss).

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, creó la Secretaría de Valores mediante una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, entidad que será dirigida por un secretario nombrado por el mandatario.

La reforma está vigente desde el 29 de julio y fue publicada en el Diario Oficial del mismo día. Fue suscrita, además del presidente Bukele, por la ministra de Turismo, Morena Valdez.

La Secretaría de Valores de la Presidencia sería la «autoridad en materia de consejería ética, moral o espiritual» encargada de asistir a la administración pública en valores e integridad, así como promover en el país «los más altos estándares de respeto al prójimo».

La nueva Secretaría de Valores tendría 12 atribuciones y tendría un «presupuesto o personal suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones».

Entre los valores que la Presidencia buscaría promover, según la reforma al reglamento, están la «solidaridad, convivencia, tolerancia, honestidad, participación, fe y armonía social».

También, tendrá como función «asistir y colaborar» «con las distintas religiones, expresiones de fe y filosofías» con el objetivo de «fortalecer los valores y comportamiento ético de los habitantes de la República sin más límite que el trazado por la moral y el orden público».

Les daría atención y apoyo con programas de becas, insumos materiales y proyectos, y apoyo a iniciativas de desarrollo integral del ser humano, y crearía dependencias a nivel nacional.

El diputado Francisco Lira pidió a Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que no participe en las elecciones presidenciales que se adelantarían a 2027 según la reforma constitucional acordada y ratificada el mismo 31 de julio pasado para permitir la reelección presidencial inmediata en El Salvador.

“No deberían presentar candidato presidencial porque eso es avalar una reelección inconstitucional. Ningún diputado tiene el rol para poder reducirles a un funcionario elegido por elección popular su periodo de mandato”, aseguró en la entrevista Encuentro TV.

El diputado de derecha exhortó a realizar una “gran unidad nacional”.

“Mejor trabajemos, quitémonos los colores, las ideologías ya no venden, lo que venden son las personas. Para lograr tener una buena cantidad de diputados y en su momento poder hacer una gran unidad nacional”, indicó.

Lira afirmó que solo quedan 14 meses para la elección presidencial y “el bukelismo” van a buscar distraerlos para que empiecen “a discutir si conviene o no conviene presentar o no candidato presidencial”. “No hay que caer en esa dinámica”, afirmó.

“No perdamos el tiempo en estar discutiendo entre salvadoreños. Ya no vale la pena ir a votar, ya todo lo tienen ellos”, expresó.

El diputado de derecha también exhortó a los jóvenes a involucrarse y aseveró que están en una condición «de mucho confort»; les cuestionó que harían si a sus padres les quitaran la pensión. «¿Van a esperar a que sus padres estén sufriendo para hacer un cambio que se puede hacer ahora?», les preguntó.

La Asamblea Legislativa reformó la Constitución de la República para eliminar de la misma la disposición del artículo 75 que castigaba con la pérdida de la ciudadanía la promoción de la reelección y también suprimió el primer inciso del artículo 152 que indica que no pueden ser candidatos presidenciales quienes hayan gobernado durante al menos seis meses del periodo inmediato anterior. La supresión de ambos artículos, entre otros, fue presentada por Nuevas Ideas como una reforma para permitir la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

Aparte de estas reformas, los diputados también extendieron el periodo presidencial de cinco a seis años y adelantaron las elecciones presidenciales próximas que se iban a desarrollar en 2029 y ahora se realizarían en 2027. Bukele fue reelecto por segundo periodo consecutivo en febrero de 2024 e inició su segundo mandato el 1 de junio de 2024 para un periodo de cinco años.

La Ley Anticorrupción, aprobada en febrero pasado por la Asamblea Legislativa de El Salvador para «prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción en el ejercicio de la función pública», inició su vigencia este lunes.

Su ámbito de aplicación incluye: a “todos los funcionarios, empleados públicos, servidores públicos, agentes de autoridad y autoridades públicas de cualquier Órgano de Gobierno, instituciones del Estado, de las municipalidades, instituciones oficiales autónomas y desconcentradas» y a “los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas”.

La nueva normativa crea un Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC) que tendrá una labor de “contraloría, regulación y verificación sobre el patrimonio de los funcionarios, empleados públicos, servicios públicos, agentes de autoridad y autoridad pública, y ciudadanía”.

El ente rector del Sistema será la Fiscalía General de la República.

La ley también crea un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), también adscrito a la FGR, como encargado de ejecutar todas las «acciones de inteligencia de prevención, investigación y persecución de la corrupción».

EL SINAC deberá crear «protocolos claros para el intercambio de información en tiempo real, manteniendo un monitoreo constante para asegurar que sus políticas, recomendaciones y demás que emita el SINAC como parte de sus atribuciones, sean implementadas por todas las instituciones pertinentes».

Informes patrimoniales a Hacienda

Entre las novedades de la normativa, esta Ley Anticorrupción da a la Corte de Cuentas de la República (CCR) un acceso irrestricto a la información de declaración jurada de activos y pasivos que deben presentar los sujetos obligados al Ministerio de Hacienda, y le da la función de realizar las investigaciones respectivas o auditoría sobre indicios de corrupción, conflictos de interés o enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

La ley obliga a todos los funcionarios y empleados públicos que declaren patrimonio a la Corte Suprema de Justicia a que presenten, con su declaración del Impuesto sobre la Renta, “una declaración jurada denominada Informe de Activos y Pasivos” con información suya y de su cónyuge sobre los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles en el periodo de la declaración.

Estos informes de activos y pasivos serán publicados en un portal electrónico por el Ministerio de Hacienda, de fácil acceso a la ciudadanía, a más tardar 15 días hábiles luego de haber sido presentada por cada sujeto obligado.

El decreto fue aprobado el 7 de febrero de 2025, fue sancionado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 11 de febrero, y fue publicado en el Diario Oficial el 12 de febrero.

En el artículo 22 que inicia su vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial, que se realizó en la edición del Diario Oficial número 30, tomo 446, del 12 de febrero de 2025. Los 180 días se cumplen este lunes 11 de agosto.

En su conferencia semanal, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, señaló este lunes al gobierno estadounidense de complicidad y de injerencia debido al supuesto aval del gobierno de Estados Unidos a la reforma constitucional que presuntamente permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

“Somos un partido anti imperialista”, dijo. “Impone a sus tiranos, a sus dictadores”, afirmó. “La alegría del imperio es la desgracia del pueblo”, sostuvo.

El dirigente del partido de izquierda rechazó la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) en una porción de la finca El Espino

“La Constitución es clara, no se pueden reformar los artículos pétreos, no se puede. Lo que hicieron fue una reforma vulgar al 248… Son desvergonzados, ellos han violado la Constitución, no se puede definir reelección en El Salvador”, afirmó.

Flores aseguró que el artículo 75 indica que “todos los que proclamen reelección, firmen o promuevan pierden la ciudadanía”. “Todo lo que se ha actuado es ilegal, ilícito e inconstitucional. Y en algún momento van a tener que dar cuentas”, expresó.

La agencia de prensa EFE publicó que el Gobierno de Estados Unidos expresó el martes 5 de agosto su respaldo a la reforma constitucional aprobada el 31 de julio por la Asamblea Legislativa para autorizar la reelección presidencial indefinida y así «allanar el camino para que el presidente Nayib Bukele pueda optar a un tercer mandato consecutivo».

“La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, citó EFE la frase de un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos.