La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, pidió la tarde de este jueves 31 de julio iniciar el proceso de reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial indefinida, extender el periodo presidencial, eliminar la segunda vuelta electoral presidencial y reducir el periodo presidencial actual.
La reforma incluiría una medida transitoria para reducir dos años el actual periodo presidencial 2024-2029 para que concluya en mayo de 2027, con el fin de que a partir de ese año pueda iniciar un nuevo ciclo electoral; el objetivo sería que las elecciones presidenciales coincidan con las legislativas y municipales.
“Lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño. Históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones, alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados, pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente”, argumentó hace unos minutos.
“La única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículo 75 y 152 propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos”, agregó.
“Solamente ustedes van a tener el poder hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, incluyendo su presidente”, fueron sus palabras.
Figueroa propuso que, en el artículo 154 de la Constitución, se extienda el periodo presidencial a seis años, actualmente de cinco años. Explicó que la reforma busca una “mayor estabilidad” a los ciclos electorales.
También, solicitó reformar el artículo 80 para “eliminar todo lo concerniente a la segunda vuelta electoral” por el costo de las elecciones.
El acuerdo de reforma constitucional fue firmado por 57 diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Requeriría una segunda votación que puede ser en la actual legislatura o en la próxima.
La Asamblea Legislativa inició este jueves el proceso de reforma a la Constitución de la República para separar a El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen) luego de una solicitud del diputado Geovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas.
El proceso de reforma inició en la sesión plenaria de este jueves con la discusión del acuerdo de reforma constitucional que fue respaldado por 57 diputados del mismo partido y sus aliados, y que podrá ser ratificado en la misma legislatura.
El acuerdo de reforma constitucional fue votado a las 2:35 p.m. con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. La reforma requerirá ser ratificada en la misma legislatura o en la próxima.
Zaldaña exhortó a los diputados a firmar la iniciativa y a aprobarla el mismo jueves «con dispensa de trámite”.
“Para continuar profundizando en las transformaciones necesarias, a solicitud del pueblo salvadoreño, este día he traído una solicitud para que podamos reformar el artículo 80 y 133 de la Constitución y de esta manera separarnos del Parlamento Centroamericano que ningún beneficio está generando al pueblo salvadoreño”, anunció.
Agregó que el Parlacen no ha dado “ni un tal solo beneficio” para la integración centroamericana o para el país.
Si algo no funciona, pues se quita. Desarticulamos un modelo de corrupción. Pero, les cuento, la corrupción también está en otros países. Crearon el Parlacen para sus políticos corruptos. Geovanny Zaldaña, diputado de Nuevas Ideas.
“En lo particular pienso sumarme ahora mismo”, respondió el diputado Ernesto Castro, quien bajó de la directiva y caminó hacia la curul del diputado Zaldaña. Atrás lo seguía la diputada Elisa Rosales, también directiva legislativa. También se acercaron a firmar otros diputados como Alexia Rivas, Ana Figueroa, Caleb Navarro, Christian Guevara, Edgardo Mulato, Evelyn Merlos, Raúl Chamagua, Serafín Orantes, entre otros.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se pronunció a favor del contenido de la iniciativa pero rechazó que se apruebe con dispensa de trámites. Recordó que Vamos es el único partido político de El Salvador que no postuló candidatos para el Parlacen.
«Esa es la forma legítima en la que El Salvador debe reformar la Constitución», dijo, respecto a la forma de aprobación de reformas constitucionales que fue derogada por Nuevas Ideas. Ortiz pidió declarar el derecho al agua y la prohibición de la minería en la Constitución de la República. «Hipócritas», dijo.
Un total de 57 diputados votaron por el acuerdo de reforma para quitar el Parlacen de la Constitución de El Salvador. / Imagen de video Asamblea.
Luego de la lectura de la pieza de Nuevas Ideas, Zaldaña aseguró que el Parlacen se ha convertido «reducto de políticos» y de «delincuentes declarados buscando escaños en este tipo de identidades». Mencionó al diputado Roberto Silva Pereira, del PCN, condenado a 22 años de prisión por lavado de dinero y cohecho activo. También mencionó a Norman Quijano, de Arena, condenado a 13 años de prisión y cuatro meses por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. También mencionó a Mauricio Funes, Eugenio Chicas y Schafik Hándal, del FMLN.
El diputado Francisco Lira, de Arena, lamentó que no se apruebe una asignación de fondos a proyectos sociales y la falta de una política del agro. «Podríamos estar de acuerdo, ¿pero por qué todo lo hacen a la carrera?», cuestionó. Aseveró que Nuevas Ideas preside actualmente el Parlacen y señaló «ineficiencia». «Esperemos que puedan presentar adónde se va ir ese dinero», indicó.
El Parlacen está compuesto por 20 diputados de El Salvador, 22 diputados de Guatemala, 20 diputados de Honduras, 20 diputados de Nicaragua, 20 diputados de Panamá y 22 diputados de República Dominicana.
Según su sitio web, el Parlacen ha emitido 26 acuerdos en seis meses: 8 pronunciamientos, 14 recomendaciones, además de resoluciones, y una declaración. El Salvador posee una bancada compuesta por 20 diputados propietarios y 20 diputados suplentes. Las decisiones del organismo no son vinculantes.
En noviembre de 2023, se conoció que el Parlacen gestionaba la compra de un seguro de vida y médico para los diputados y empleados administrativos del Parlacen, de tal forma que los diputados tuvieran durante el año siguiente un seguro de vida de $50,000 para los diputados y de $20,000 para los empleados administrativos. El beneficio gestionado para el Parlacen iba dirigido a 132 diputados o parlamentarios, 92 empleados administrativos y 30 exdiputados o exparlamentarios, un total de 254 personas de la región que laboran en el Parlacen.
Los artículos en proceso de reforma, 80 y 133, mencionan al Parlacen al definirlos como funcionarios de elección popular (80) y al declarar que tiene iniciativa de ley por medio de sus diputados en materia de integración centroamericana (133).
El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), calificó de preocupante la captura por autoridades de Honduras del presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve) con $60,000 en efectivo.
“Quiero presentar un recomendable al presidente de la Corte de Cuentas de la República para que pueda auditar de oficio cómo esta institución pueda tener este manejo del gasto público, lo sustento en el artículo 125 de la Constitución”, dijo el diputado Francisco Lira en el pleno, quien sostuvo que el presidente del INABVE, Juan Alberto Ortiz, era «miembro activo de Nuevas Ideas».
Su iniciativa solo tuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos.
Lira agregó que el INABVE adquirió 125 sillas de ruedas valoradas en medio millón de dólares. “Lo que significa un costo unitario de $4,200 dólares por silla, cuando en el mercado salvadoreño la silla de rueda más cara es $395”, señala la pieza de correspondencia recibida por la Gerencia de Operaciones Legislativas en la sección de correspondencia oficial el 31 de julio de 2025 a las 12 del mediodía.
El presidente del INABVE, Juan Alberto Ortiz, fue detenido el jueves 3 de julio en la frontera El Amatillo cuando intentaba ingresar a El Salvador con $60,000 en efectivo cuyo original no pudo justificar y que trasladaba oculto en un vehículo Toyota Fortuner 2023 gris oscuro con placas salvadoreñas según La Prensa de Honduras. Posteriormente fue liberado bajo fianza.
El 9 de julio pasado, la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGEFMLN) pidió en un comunicado de prensa la contratación de una auditoría externa independiente a los recursos del INABVE y una vigilancia rigurosa y permanente del uso de los recursos de dicho instituto, encargado de dar beneficios como pensiones y créditos a veteranos y excombatientes de la Fuerza Armada y del FMLN, así como a sus familias.
Ortiz era secretario departamental de Nuevas Ideas en La Unión y era presidente del INABVE desde agosto de 2021. Fue nombrado de enero a diciembre de 2024 presidente de la directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Foprolyd). También se registró como afiliado para la fundación de Nuevas Ideas. El funcionario había sido citado para el 23 de junio de 2025 para que diera su opinión sobre el proyecto de Ley de desarrollo social, aún no aprobada por la Asamblea Legislativa.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió este jueves la aprobación de un pronunciamiento para visibilizar la importancia de la libertad de prensa y de expresión como pilares fundamentales de la democracia. No logró votos.
“La libertad de expresión y en particular la libertad de prensa, y el derecho de la ciudadanía de estar debidamente informada del acontecer nacional, son garantías indispensables para que exista democracia”, indicó, al inicio de la sesión plenaria de este jueves.
Ortiz aseguró que siempre ha existido restricciones indebidas a la libertad de prensa pero agregó que lo que hoy vive El Salvador no tiene precedentes.
“Los periodistas que cubren la Asamblea Legislativa tienen que andar escoltados para poder hacer su trabajo y siempre hay alguien que está vigilando adónde van, con quién hablan, en qué lugares están haciendo su labor y eso no debe pasar en un parlamento de un país democrático”, sostuvo.
La legisladora agregó que actualmente periodistas han salido de El Salvador porque no sienten libertad y seguridad en territorio salvadoreño.
El pronunciamiento exhorta a garantizar un entorno seguro para los periodistas y que cualquier forma de “amenaza, censura, estigmatización o violencia contra periodistas sea debidamente investigada y sancionada”.
La votación solo tuvo cuatro votos, dos de Arena y uno de la diputada de Vamos.
La deuda de pensiones cerró en $10,876.81 millones a junio de 2025 luego de una emisión total de $2,482.05 millones en nuevos certificados estatales que han sido adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) después de la reforma aprobada en 2022 y vigente a partir de 2023.
Según el Banco Central de Reserva, la deuda estatal con los fondos de pensiones heredada de años anteriores, antes de reforma, asciende a $8,394.77 millones. Su monto no ha variado desde la reforma de 2022, gracias a un acuerdo entre el gobierno y las AFP para congelar por cuatro años las amortizaciones de intereses o capital de dicha deuda.
La reforma de 2022 facultó al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que antes era el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), a que emitiera Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
La deuda anterior fue emitida a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que eran emitidos por el extinto Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) a tasas menores de rendimiento.
El gobierno realizará una nueva reforma de pensiones a la luz del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo con el FMI busca una financiación adecuada del sistema de pensiones, la reducción de la dependencia estatal de los fondos de pensiones, la diversificación de las inversiones de los ahorros de los trabajadores cotizantes en las AFP y también buscan la contención de los costos fiscales asociados a la reforma de 2022.
Está prevista la publicación de un informe actuarial para septiembre, la publicación de una propuesta de reforma de pensiones para el 10 de febrero de 2026 y la aplicación de la reofrma “a mediados de 2026” con las recomendaciones del FMI.
El FMI mantiene vigente la negociación del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que incluye un financiamiento gradual de $1,400 millones y que en el fondo busca lograr una estabilidad financiera de El Salvador.
Elizabeth Hoffman Franolich se desempeña como la Encargada de Negocios Interina de la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador, luego del retiro del embajador William Duncan, quien finalizó su misión el 31 de julio y anunció su retiro del Servicio Exterior que desarrolló durante 33 años.
Hoffman también es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior con el rango de consejera y desde enero de 2025 se ha desempeñado como ministra consejera en funciones en la Embajada de EE.UU. en San Salvador.
También fue directora de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley de la Embajada desde agosto de 2023.
Antes de la asignación en estos cargos en la Embajada de EE.UU. en El Salvador, Elizabeth Hoffman fue jefa de gabinete del Embajador después de servir como consejera económica en la Embajada de EE.UU. en Ottawa, Canadá.
Tiene el Premio Herbert Salzman del Departamento de Estado a la Excelencia en el Desempeño Económico Internacional de 2020, por su destacada contribución a la promoción de los intereses económicos de Estados Unidos como consejera de comercio e inversión en la Embajada de EEUU en México. Ha prestado sus servicios en Washington, D.C., como funcionaria superior de Venezuela, Islamabad, Pakistán; Bogotá, Colombia; y Lagos, Nigeria.
Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Vanderbilt y posee un máster en Geografía por la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.
El embajador William Duncan finalizó su misión en El Salvador el 31 de julio y también anunció su retiro del Servicio Exterior después de 33 años en el mismo. Fue condecorado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 30 de julio.
Al finalizar su gestión, Duncan expresó su gratitud al gobierno y al pueblo salvadoreño por las múltiples muestras de cariño que les brindaron a él y a su esposa, Nora, durante los últimos tres años.
«He tenido el honor de servir en El Salvador dos veces a lo largo de mi carrera. Mi admiración por el pueblo salvadoreño, la cual se forjó durante mi estancia aquí hace tres décadas, se ha profundizado durante mi gestión como embajador. Tengo plena confianza en que El Salvador seguirá progresando, prosperando y profundizando su estrecha relación con los Estados Unidos de América», manifestó.
La Asamblea Legislativa y otras oficinas del Estado cerrarán parcialmente en el distrito de San Salvador del 1 al 6 de agosto con motivo de las fiestas agostinas que se desarrollan en honor al patrono de la ciudad capital, el Divino Salvador del Mundo.
Las oficinas que dan servicios al público tendrán horarios y aperturas especiales.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció que trabajará el viernes 1 de agosto en horarios extraordinarios en las sucursales de Santa Ana, Las Cascadas (San Salvador), San Miguel y Usulután. El sábado 2 de agosto trabajará solo la sucursal Las Cascadas y cerrarán del 3 al 6 de agosto, para retomar labores en horario habitual el jueves 7 de agosto.
Horarios de Migración el viernes 1 de agosto:
Sucursal Santa Ana: 7:30 a.m.-3:30 p.m.
Sucursal Cascadas: 8:00 a.m.-4:00 p.m.
Sucursal San Miguel: 7:30 a.m.-3:30 p.m.
Sucursal Usulután: 7:30 a.m.-3:30 p.m.
Horarios de Migración el sábado 2 de agosto:
Sucursal Cascadas: de 8:00 a.m. a las 12 del mediodía.
Estos son los horarios de las oficinas públicas por las vacaciones agostinas
Cierre del domingo 3 de agosto al miércoles 6 de agosto, retomando labores el jueves 7 de agosto.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció también que sus oficinas centrales estarán cerradas durante el periodo vacacional, del 1 al 6 de agosto, y que retomarán labores normales el jueves 7 de agosto, en horario habitual, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
En el caso de los duicentros, en el distrito San Salvador están habilitados los de San Salvador Galerías y San Salvador Portal Sagrera, pero aún no han informado oficialmente los horarios de atención durante las vacaciones agostinas. Sin embargo, ante una consulta realizada este 31 de julio, ambas sucursales no están habilitados los días 4, 5 y 6 de agosto.
Un total de 4,468 solicitudes de salvadoreños para mantener su Estatus de Protección Temporal (TPS) habían sido aceptadas desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, según la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).
El reporte estadístico de la USCIS indica que aprobaron 3,753 solicitudes de TPS a salvadoreños durante el primer trimestre del año fiscal estadounidense y 715 en el segundo trimestre del mismo, totalizando 4,468.
La USCIS aún no informa cuántas solicitudes de TPS interpuestas por salvadoreños aprobó durante el trimestre de abril a junio de 2025.
Hasta marzo, tenía pendientes 117,693 solicitudes de salvadoreños y registró 1,123 denegadas durante el semestre analizado.
El reporte incluye un total de 808,124 solicitudes de TPS pendientes de migrantes de diferentes nacionalidades que han llenado el formulario I-821 de solicitud de TPS que incluye 17 países de los cuales aún se mantienen Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua para los cuales la administración Trump ha cancelado el programa.
De enero a marzo, la USCIS recibió 116,233 solicitudes de salvadoreños, una cifra superada solo por los formularios presentados por ucranianos y venezolanos.
Alianza Las Américas señaló “retrasos críticos en renovaciones de TPS” y divulgó este miércoles una guía popular para “empoderar” a los salvadoreños beneficiarios del TPS.
El TPS para El Salvador fue extendido por 18 meses más el 10 de enero de 2025 durante la gestión de Biden, decisión que no ha sido modificada por la administración de Trump, quien aseveró que darían “un vistazo” al beneficio para los salvadoreños.
El periodo de reinscripción para enviar los formularios I-821 de renovación del TPS y el I-765 de solicitud de nueva autorización de empleo con fecha de expiración 9 de septiembre de 2026, inició e l17 de enero de 2025 y finalizó el 18 de marzo de 2025.
La asesora del Ministerio de Economía (Minec), Martha Solís, aseveró que ya hay inversionistas interesados en acogerse a las regulaciones de la nueva Ley de Bancos de Inversión que sería aprobada por la Asamblea Legislativa este jueves.
Los bancos de inversión en El Salvador deberán tener un capital social mínimo «equivalente a 50 millones de dólares de los Estados Unidos de América» pagado al momento de su constitución y únicamente podrá realizar operaciones pasivas o activas, de préstamos o de inversión, con «inversionistas sofisticados«.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, le preguntó a Solís si existen prospectos de bancos de inversión para El Salvador.
“Sí, la verdad es que hay inversionistas interesados, no podemos dar muchos detalles en el caso de las pláticas que se han tenido con el ramo porque hay mucha información que es confidencial”, respondió.
La representante del Minec, que brindó una explicación de la normativa antes de la aprobación del dictamen, respondió que “el gobierno está trabajando de manera coordinada” y que “la intención es que este proyecto se dé reglas claras”.
Indicó que “el vacío” que existe actualmente en la regulación consiste en que “hasta este momento la ley vigente regula una banca comercial, muy diferente a la banca de inversión”.
La Asamblea Legislativa aprobará posiblemente este jueves la Ley de Bancos de Inversión, que regulará a instituciones financieras que atenderán únicamente a inversionistas sofisticados.
Los inversionistas sofisticados, según la representante del Ministerio de Economía, deben tener dinero o activo de libre disponibilidad, libres de gravámenes, o de fácil liquidación, que pueden ser bienes o recursos que pueden ser usados sin restricciones legales, “tales como, puede ser no necesariamente es el único, puede ser el bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, oro, oro tokenizado”. Son “transacciones que pueden ser muy innovadoras a la banca comercial”, consideró.
Los bancos de operación podrán realizar operaciones en moneda de curso legal o extranjera, como abrir y mantener cuentas, captar fondos, contratar créditos, mantener activos y pasivos en monedas extranjeras, otorgar todo tipo de financiamiento; pero también podrán comprar activos de fácil liquidación –bienes que pueden ser usados inmediatamente libres de gravámenes como bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, oro, bonos u oro tokenizados–, financiamiento e inversiones en bitcoin o monedas estables, así como operaciones de inversión en bitcoin o activos digitales.
La ley también permitirá que, para los servicios de bitcoin o activos digitales, sean contratados terceros que estarán sujetos a la “misma regulación y supervisión en lo aplicable que el banco, siendo este último el responsable en última instancia de la integridad, disponibilidad y confiabilidad del servicio prestado y brindar cualquier información que pueda solicitar la Superintendencia así como de responder ante cualquier daño o perjuicio que dicha prestación de servicio pueda producir a sus clientes”.
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este miércoles el dictamen favorable de la Ley de bancos de inversión para facultar a estas entidades financieras a atender exclusivamente a los inversionistas sofisticados y poder realizar operaciones en bitcoin o monedas estables, entre otros.
El dictamen fue aprobado con modificaciones la tarde de este miércoles, después de la visita de Martha Solís, asesora del Ministerio de Economía, quien solicitó los cambios, incluso en el nombre de la normativa: Ley de bancos de inversión.
La redacción del artículo 4 se simplificó para establecer que el “inversionista sofisticado” –tanto para personas naturales o jurídicas– deba “contar al menos con la libre disposición de una proporción igual o mayor a 250,000 dólares de los Estados Unidos de América conformado por 1) Dinero en efectivo en moneda de curso legal o 2) Activos de fácil liquidación”.
En el mismo artículo, se estableció que se entenderán como “activos de fácil liquidación aquellos bienes o recursos propiedad de una persona natural o jurídica que puedan ser usados inmediatamente sin restricción legales o contractuales, entendiéndose que estos activos se encuentran libres de gravamen y cualquier restricción que limite su uso o enajenación, tales como bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, bonos tokenizados, oro, oro tokenizado, entre otros”, según leyó el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.
Para constituirse los bancos de inversión deberán tramitar su autorización ante la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la SSF deberá pronunciarse de forma expedita sobre la solicitud. Dichos bancos también deberán establecer al menos una oficina física en El Salvador y no podrán podrán inscribir en el Registro de Comercio su escritura constitutiva “sin llevar una razón emitida por la Superintendencia”.
En el artículo 24, se modificó el porcentaje a “un mínimo de 8 %” de la relación entre el Fondo Patrimonial y la suma de sus activos ponderados netos de depreciación, reservas y provisiones de saneamientos de los bancos de inversión; en el anteproyecto se exigía por lo menos un 12 % de relación; y un mínimo de 14 % durante los primeros tres años de su constitución.
En el 41, el artículo que permitirá a estos bancos que puedan realizar inversiones o financiamiento en bitcoin o monedas estables, se modificó, manteniendo la facultad y simplificando la redacción.
Quedó así:
Además, los bancos de inversión, siempre que hayan sido autorizados por la autoridad correspondiente como proveedor de servicios bitcoin o como proveedor de servicios de activos digitales, podrán:
a) Comprar productos financieros y activos de fácil liquidación.
b) Realizar operaciones de financiamiento en bitcoin o monedas estables.
c) Gestionar inversiones, coberturas y otros derivados en monedas estables.
d) Operaciones de inversión en bitcoin o activos digitales.
En la Comisión, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, preguntó a la asesora del Ministerio de Economía si esta ley responde a una demanda que ya existe y si existen prospectos de entidades financieras que den estos servicios. «Sí, la verdad es que hay inversionistas interesados», contestó Solís, quien aclaró que no podía dar más detalles de las «pláticas» sostenidas porque «hay mucha información que es confidencial».
Luego de las modificaciones solicitadas por la asesora del Ministerio de Economía, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, pidió que leyera el dictamen favorable al diputado Soriano, quien aclaró que se debía corregir del dictamen el nombre de la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, ya que en su lugar asistió su asesora Martha Solís, entre otros. En el proyecto de decreto se sustituyó «banca de inversión» por «bancos de inversión» y se modificó el nombre de la ley de «Ley de entidades de banca de inversión» a «Ley de bancos de inversión».
