Autor: Yolanda Magaña

El

director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, aseguró este martes que la «Ley de fomento de inteligencia y tecnologías», bajo discusión en la Asamblea Legislativa,

“es el inicio para la transformación en el sector energético” en El Salvador.

Según el funcionario, recibido en la

Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea, la ley permitirá implementar tecnología en geotermia, reservorios de agua e hidrocarburos. Detalló que la ley dará “la oportunidad de predicción de más yacimientos y optimización de la producción” en energía geotérmica, un mantenimiento “predictivo” de reservorios de agua y un mejor monitoreo sísmico en tiempo real.

Álvarez aseguró que la nueva normativa “promueve la competencia” con la prohibición de la limitación de la inteligencia artificial, en referencia al artículo 25, sobre la «competencia en el desarrollo de la IA», que indica que «ninguna entidad privada podrá adoptar prácticas que limiten injustificadamente la libre competencia en el desarrollo, comercialización o implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en el desarrollo salvadoreño».

“Esto es por las competencias por ejemplo

Nvidia con las empresas chinas, entonces, aquí no vamos a inhibir eso, aquí cualquiera puede competir y establecerse”, explicó. En enero pasado, DeepSeek, el «ChatGPT» chino, sacudió el mercado bursátil.

La Comisión acordó citar también a la directora de la Oficina Nacional de Bitcoin, Stacy Herbert, pero los diputados, sin mencionar por qué la funcionaria no llegaría, aprobaron el dictamen favorable por mayoría. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra por falta de discusión de la normativa. El proyecto de ley, enviado el 6 de febrero a la Asamblea, no fue modificado.

Se promoverá el uso de fuentes de energía limpia en estas infraestructuras, lo que no solo ayudará a reducir la huella de carbono, sino que también asegurará que el crecimiento tecnológico sea respetuoso con el medio ambiente”. Daniel Álvarez, director de Energía.

Más fuentes de energía y centros de datos

Con la ley se creará una

Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), adscrita a la Presidencia de la República y dirigida por un director.

El rol del Estado, dijo, será facilitar el uso de fuentes de energía renovable para el desarrollo, la investigación y la aplicación de la inteligencia artificial; y la operación de centros de datos e infraestructura relacionada.

“De hecho, los parques que se necesitan para hacer inteligencia artificial son de alto consumo energético, esto también viene a que nosotros podamos desarrollar más plantas de energía y es materia prima para ellos, entonces, eso se va a traducir en mayor crecimiento en energía renovable, que es nuestro mayor reto”, explicó el también titular de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Prometió que el desarrollo de Inteligencia Artificial en El Salvador tendrá un

«impacto directo» en las áreas de educación, seguridad, transporte, economía y energía. Se puede «modelar tráfico», ejemplificó, «todos los sectores van a salir beneficiados prácticamente», consideró.

Reconoció que la nueva ley “garantiza el derecho a usar datos que ya son de acceso público” para investigación “siempre que se respeten las leyes de propiedad intelectual y privacidad.”

El «fiscal general de la República (FGR), Rodolfo Delgado», aprobó los «Lineamientos para la determinación de categorías de riesgo de clientes para facilitar la apertura de cuentas de depósitos y ejecución de transacciones financieras para inversionistas extranjeros y salvadoreños en el exterior».

Los lineamientos formarán parte del «Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva» publicado en el Diario Oficial del 22 de octubre de 2021.

Contar con una constancia de estar siendo atendidos por el gobierno, por medio de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia o el Ministerio de Economía será, según los lineamientos, un factor para mejorar la categoría de un cliente bancario.

Los lineamientos también incluyen un apéndice en el cual se detalla los requisitos para las diferentes categorías A, B o C del tipo de persona: salvadoreño en el exterior, persona natural extranjera inversionista y persona jurídica extranjera inversionista.

Las categorías B y C requerirán, para la apertura de una cuenta, otros documentos como constancia de ingresos o declaración de impuestos, o estados financieros, justificación de origen de los fondos. La categoría A requerirá solo DUI o pasaporte y NIT, y si es persona jurídica, escritura de constitución y nómina de la junta directiva así como beneficiarios finales.

El acuerdo fue aprobado el 12 de febrero de 2025 y publicado en el Diario Oficial del 14 de febrero de 2025.

El pasado 14 de febrero, sin mencionar los lineamientos emitidos dos días atrás, Delgado anunció que estaban dando un «paso firme» hacia «un acceso más transparente y seguro a los servicios financieros» con «lineamientos claros para proteger la inversión» de los «salvadoreños en el exterior, así como de inversionistas extranjeros».

En diciembre de 2023, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable de reforma a la Ley especial contra el lavado de activos para excluir a los inversionistas, sociedades mercantiles y mixtas de los sujetos obligados; y permitir que los sujetos obligados puedan aplicar medidas «simplificadas, estándar o intensificadas» para la identificación de sus clientes y el origen de sus fondos.

En esa ocasión, Delgado dijo a la Comisión: «Ya no tenemos que consentir arbitrariedades en las cuales a una persona, sin haber sido oída y vencida en juicio, se le cancelaban arbitrariamente las cuentas». «En este país no había inclusión financiera, lo que había era exclusión financiera. Puedo que mi dinero sea malo, pero es una obligación del banco darte seguimiento, no excluirte a prima facie (primera vista)», dijo también en diciembre de 2023 el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, a los diputados de la Comisión.

Esa reforma discutida en diciembre de 2023, aunque se aprobó en Comisión, no fue aprobada por el pleno legislativo.

La pretendida reforma a la ley quitaba a importadores o exportadores agropecuarios, inversionistas e instituciones privadas, sociedades mercantiles y de economía mixta de los sujetos obligados a reportar transacciones; y agregaba a proveedores de servicios de activos digitales y personas dedicadas a la logística y transporte de mercaderías.

En una conversación con empresarios de la región latinoamericana que participaron en el XX Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025, el presidente Nayib Bukele aseguró que quiere que El Salvador sea un país capitalista, proempresa y con una libertad empresarial total con un gobierno pequeño.

El encuentro empresarial se desarrolló del 12 al 15 de febrero en San Salvador y este domingo fueron transmitidas las intervenciones del mandatario y una reunón conversación con los empresarios.

“Nosotros queremos ser un país full libertad empresarial, capitalista, proempresa, un gobierno lo más fuerte pero pequeño posible, pero que no tenga grasa, solo músculo, pero que ese músculo vaya a enseñar a pescar, a invertir en educación, a invertir en infraestructura educativa, infraestructura en salud, invertir en esos proyectos de país”, dijo Bukele ante los empresarios.

Con esas palabras, Bukele respondió a una pregunta que le hizo la empresaria Claudia Cisneros de Capriles, de Venezuela: ¿cuál es el plan país que tiene para los próximos 20 años de El Salvador?

Bukele también le contestó que “la seguridad es una base” y luego “sentar las bases para tener un desarrollo económico” como infraestructura, seguridad jurídica, estabilidad, reglas claras, mínima regulación posible e incentivos a la inversión. “Para tener un crecimiento sostenido tiene que haber desarrollo económico y el desarrollo económico solo viene de la empresa privada”, dijo.

El mandatario se refirió a una conversación que tuvo con un grupo bancario que, dijo, abrirá en El Salvador dentro de seis meses y que le preguntó con qué podía apoyarlo socialmente.

“Lo que necesitamos es que ustedes sean un banco que den muchos créditos a mucha gente”, les respondió. Explicó que “no es el trabajo” de las empresas hacer, por ejemplo, canchas de fútbol.

“Nosotros queremos construir eso. Tener un país que sea atractivo, competitivo, pujante», insistió el mandatario.

Ofrece seguridad, dolarización y estabilidad

En su mensaje inicial, Bukele aseguró que no hay un solo milímetro del país que sea inseguro en El Salvador y que es un país con la mejor relación con los Estados Unidos

«Si yo fuera empresario activo, ya no lo soy, invertiría en Estados Unidos y en El Salvador», reveló.

En sus ideas, el mandatario destacó la dolarización como algo positivo: «Somos un país dolarizado y con buenas relaciones, la predictibilidad que tenemos aquí no la tenemos en ningún lado», mencionó. Recientemente El Salvador reformó la Ley Bitcoin para que ya no sea moneda de curso legal en el país.

«Hay casos donde una elección de repente mueve todo, eso gracias a Dios no se vislumbra en El Salvador» ni a mediano plazo, expresó. Recordó que El Salvador es el país que más ha crecido en turismo pero observó que se necesita que crezcan otros sectores económicos.

Sus decisiones «que más ha batallado»

Eugenio Garza, empresario mexicano, le dijo a Bukele que no es fácil “tener un 90 % de aprobación” y le pidió comentar sus decisiones “que más le han ayudado, las que más ha batallado”.

Bukele le respondió que su popularidad “nunca bajó” después de haber ganado con el 53 % de votos, que hicieron un plan de seguridad de siete fases y que las pandillas “devolvieron el golpe” con una masacre de 87 muertos en tres días, recordando la matanza del 25, 26 y 27 de marzo de 2022, día en que aprobó el régimen de excepción.

“Me reuní en el despacho de mi casa, llegaron ahí, llegó mi hermano… Yo les dije: tenemos que responder, tenemos que responder de verdad”, relató el presidente a los empresarios. Aseguró que pidió ayuda al presidente de la Asamblea Legislativa para aprobar el régimen de excepción y que se “fueron a agarrar a todos los pandilleros”, aunque se enojaran los familiares o amigos.

“Ha sido una combinación de grandes batallas con pequeñas. Hay una sensación de que es un gobierno que trabaja por ellos”, expresó Bukele.

También, Francisco José Medina Chávez, director del grupo comercial Chedraui SAB de C.V., le pidió consejos para América Latina.

Bukele le respondió que la izquierda se adueñaba de banderas” como el combate a la pobreza con frases como justicia social, redistribución de la riqueza y que han sido “mejores para articular”.

«Controlan su territorio»

El empresario brasileño Ricardo Marino, de Iautú Unibanco Holding, aseguró que la empresa más exitosa de Brasil es una organización criminal y le pidió compartir su experiencia con Brasil.

“No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Nosotros lo demostramos, éramos el más inseguro del mundo y ahora somos el más seguro del hemisferio”, le respondió Bukele.

Añadió que en Europa “hay un consumo de droga mayor que el de Latinoamérica” pero “no hay carteles” porque “el Estado controlan su territorio”. Puso como ejemplos de dicho control a Estados Unidos y Canadá, en contraposición de países como Brasil y México en donde organizaciones criminales controles grandes territorios y se cuestionó por qué. “Porque están en el gobierno”, le comentó el empresario Roberto Kriete.

Juan José Gutiérrez, empresario guatemalteco de Pollo Campero, elogió la política de seguridad de El Salvador y le dijo a Bukele que han vivido el cambio en su empresa porque antes eran extorsionados. Sin embargo, le aseguró que “Honduras y Guatemala están lejos” porque la izquierda siempre está tratando de llegar al poder.

“El gran secreto y la receta de este país es que ahora lo dirige un empresario”, dijo, sobre El Salvador. Señaló que en El Salvador requiere un “electroshock” que genere un boom económico. Mencionó que su empresa ha invertido $130 millones en los últimos 18 meses, que CBC quiere venir a invertir en El Salvador y que la salud y educación “va a ir a su paso”.

El Salvador fue la sede del XX Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025 que se desarrolló del 12 al 15 de febrero de 2025

El concejo municipal de San Salvador Centro aprobó una ordenanza de amnistía para el pago de deudas en el pago de tasas por uso de espacios de venta en los mercados municipales de los distritos de San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

La dispensa de los intereses moratorios estará vigente desde el próximo martes 25 de febrero, ya que fue publicada en el Diario Oficial del lunes 17 de febrero de 2025.

La “Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios generados por omisión o extemporaneidad de pago de las tasas por uso de espacios de venta en los mercados municipales de San Salvador Centro” fue aprobada el 4 de diciembre de 2024.

Esta tiene por objetivo “dispensar el 100 % de los intereses moratorios” a los vendedores que se encuentren en situación de mora por los espacios de venta en los mercados municipales.

Pueden aplicar: usuarios registrados en la Administración Municipal de Mercados, usuarios reales que ocupen cualquier tipo de espacio de venta y quieran legalizarse, usuarios con proceso de cobro administrativo y usuarios con plan de pago vigente.

Los planes de pago serán los siguientes:

> 12 cuotas para deudas de 100 a 2,500 dólares.
> 18 cuotas para deudas de 2,500.01 a 5,000 dólares.
> 24 cuotas para deudas de 5,000.01 a 7,500 dólares.
> 30 cuotas para deudas de 7,500.01 a 10,000 dólares.
> 36 cuotas para deudas de 10,000.01 dólares en adelante.

El trámite del pago pueden realizarlo en las oficinas centrales de la Administración Municipal de Mercados o en las oficinas administrativas de cada mercado periférico. Si el usuario no paga dos cuotas consecutivas, el beneficio se desactiva y la alcaldía puede exigir el saldo total de la deuda.

La alcaldía reclasificó también el presupuesto de la Administración Municipal de Mercados, mediante el decreto número 37 del 18 de diciembre de 2021.

La Asamblea Legislativa aseveró este viernes que la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que aprobó en marzo de 2024 no establece impuesto sobre las remesas que los salvadoreños reciben del exterior.

Ante aseveraciones en redes sociales, en una aclaración pública emitida hoy, la Asamblea señaló que la reforma al artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pretendía «eliminar cualquier tipo de gravamen a las transferencias de capital provenientes del exterior».

El presidente legislativo, Ernesto Castro, escribió que no han aprobado «ningún impuesto para las remesas» y acusó a la oposición de intentar «manipular la opinión pública».

«Al contrario, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que nosotros aprobamos lo dice clarito: las remesas y los fondos provenientes del extranjero están excluidos de dicho pago. Punto», indicó en X.

La reforma aprobada el 12 de marzo de 2024 por los diputados cambió el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que regula los fondos que no se consideran rentas o ganancias; y derogó otras disposiciones relacionadas a las rentas obtenidas en el exterior por salvadoreños.

Los diputados agregaron un numeral a las exclusiones del concepto de renta, así:

Artículo 3. No constituyen rentas para los efectos de esta ley:
«Rentas de capital productos o utilidades excluidos del concepto de renta.

4) Todos los valores que se reciban en cualquier concepto, obtenidos en el exterior o cualquier movimiento de capital, remuneración o emolumento, en dinero o especie, generado o no por la inversión de capital nacional o extranjero, que sean nominalmente obtenidas o percibidas por personas naturales, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, domiciliados o no en el país, proveniente de cualquier clase de fuente en el exterior.»

En segundo lugar, la reforma derogó varias disposiciones del artículo 14-A, que regula las «rentas provenientes de títulos valores»; del artículo 16, que regula las «rentas obtenidas en El Salvador» y del artículo 27, que regula las «rentas provenientes de depósitos».

La primera derogación eliminó el impuesto sobre las rentas obtenidas de títulos valores e instrumentos financieros en el exterior obtenidas por salvadoreños y suprimió disposiciones que buscaban ajustar pérdidas y ganancias en las transferencias de valores realizadas en el exterior.

La segunda derogación suprimió la disposición que establecía que las rentas de los salvadoreños obtenidas «en otro país» por créditos en el exterior «se reputará renta gravada en el país» y que obligaba a sumar estas a la «renta imponible».

Y también derogaron el inciso segundo del artículo 27, que obligaba a «declarar las rentas por los depósitos en instituciones financieras del exterior aunque hubiesen pagado Impuesto sobre la Renta u otro impuesto» y a «tributar el 10 %» o la diferencia si el impuesto pagado en el exterior es menor. En este último artículo, fueron derogados los incisos tercer y cuarto del artículo 27, sobre la declaración de rentas por depósitos en instituciones financieras del exterior y sobre la obligación de presentar un documento de pago del impuesto en el extranjero.

La vigencia del decreto 211 que permite extender el plazo de detención provisional hasta la media pena del delito imputado o del delito más grave, en procesos sin sentencia firme, inició el jueves 20 de febrero, luego de que fuera publicado en el Diario Oficial del 12 de febrero.

La reforma realizada a los incisos 2 y 3 del artículo 8 del Código Procesal Penal indican que «la detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena» y que «en ningún caso» podrá exceder los máximos «ni exceder el plazo de 12 meses» para delitos menos graves ni de 24 meses para delitos graves.

Sin embargo, la reforma agrega que «excepcionalmente» esta regla «no se aplicará» cuando haya pericias complejas, y que también «la privación podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado» o la mitad de la pena más grave; reforma que «deberá» aplicarse «a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme».

Esta reforma al Código Procesal Penal fue aprobada el 7 de febrero en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicada en el Diario Oficial del 12 de febrero.

Este jueves también inició la vigencia de los decretos 210 de reformas al Código Penal para aumentar las penas de prisión para delitos como homicidio, privación de libertad, violación y otros, el decreto 212 de reformas al Código Procesal Penal para exigir que las víctimas de administración fraudulenta presenten o costeen las auditorías al denunciar dicho delito, entre otros; y el decreto 213 de reformas al Código Penal, para aumentar penas para delitos de corrupción.

Desde el martes 18 de febrero,

está vigente una nueva «Ordenanza reguladora para la protección del patrimonio arbóreo del municipio de San Salvador Centro» que aumentó los cobros de los permisos para talar árboles en los distritos de San Salvador y Ayutuxtepeque, y que se aplicarán también a los distritos de Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

En el distrito de San San Salvador, la anterior «Ordenanza para la protección del patrimonio arbóreo del municipio de San Salvador» –publicada el 17 de noviembre de 2010– establecía cobros entre $35 –trámite de tala– hasta $360 por el permiso de tala de un árbol de maderas duras, según la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Salvador, tasas que quedarían derogadas.

Con la nueva ordenanza, la tasa mínima en el distrito de San Salvador ya no será $35 sino $50 por el trámite y la tasa máxima ya no será $360 sino $450 por el permiso para talar cada árbol de maderas duras.

Así, en el distrito de San Salvador, el permiso de tala por cada árbol oscilará entre $250 y $450; y en el resto de distritos, entre $180 y $360, siempre por cada árbol.

Así aumentan las tasas en el distrito de San Salvador:

1. Trámite para permiso de tala de árboles: la tasa sube de $35 a $50.

2. Permiso de tala de árboles de maderas duras por árbol: la tasa sube de $360 a $450.

3. Permiso de tala de árboles jóvenes de madres duras, cada uno: sube de $240 a $350.

4. Permiso de tala de árboles de madres blandas, cada uno: sube de $240 a $350.

5. Permiso de tala de aracáceas por cada uno: sube de $180 a $250.

6. Permiso de tala de arbusto leñoso, cada uno: sube de $180 a $250.

7. Tasas que deben cancelarse para el permiso municipal de tala para cualquier especie en proyectos declarados de interés social: décima parte de cada tasa. Esto no cambia.

8. Precalificación: aumenta de $18 a $25.

Para el distrito de Ayutuxtepeque, el aumento será más sensible, ya que, según la reforma a la ordenanza de tasas del distrito, publicada el 17 de enero de 2023, los cobros oscilaban entre $5 y $80, así: $5 por inspección, $30 por poda o tala de árbol pequeño, $50 por poda o tala de árbol mediano, $80 por poda o tala de árbol grande; y $10, $20 y $30, por permiso de poda o tala de árboles pequeño, mediano y grande, respectivamente, cobros que quedarían derogados con la nueva ordenanza.

Cómo quedaron las tasas por tala de árboles en distritos de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado:

1. Trámite para permiso de tala de árboles: $35.

2. Permiso de tala de árboles de maderas duras por árbol: $360.

3. Permiso de tala de árboles jóvenes de madres duras, cada uno: $240.

4. Permiso de tala de árboles de madres blandas, cada uno: $240.

5. Permiso de tala de aracáceas por cada uno: $180.

6. Permiso de tala de arbusto leñoso, cada uno: $180.

7. Tasas que deben cancelarse para el permiso municipal de tala para cualquier especie en proyectos declarados de interés social: décima parte de cada tasa.

8. Precalificación: $18.

Para el resto de distritos, el cobro podría ser prácticamente nuevo. La nueva ordenanza vigente desde el 18 de febrero aclaró que prevalece sobre otra que la contraríe.

De manera expresa la nueva ordenanza sí derogó la ordenanza de protección al patrimonio arbóreo de San Salvador del 5 de noviembre de 2010 y la ordenanza de protección y conservación de los recursos naturales de Ayutuxtepeque publicada el 27 de septiembre de 2017.

¿Qué no ha cambiado en el distrito de San Salvador?

El concejo autorizará, revocará o denegará las solicitudes de tala, poda o trasplante de especies de árboles monumentales, amenazadas, en peligro de extinción o protección.

Las multas se mantienen para San Salvador distrito: dos salarios mínimos vigentes mensuales para el sector comercio y servicios por ejemplar para las infracciones leves; cuatro salarios mínimos para las infracciones graves; y ocho salarios para las infracciones muy graves, es decir, desde $730 hasta $2,920.

Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) y líder despedido del Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), busca junto a otros activistas fundar el «Partido de la Clase Trabajadora en El Salvador». Esta semana, lanzaron una plataforma de «reinscripción» de sus primeros afiliados.

Aunque ya tienen diseñada una bandera roja con las siglas «PT» en color amarillo, Flores explicó a Diario El Mundo que aún no han realizado ninguna solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o alguna otra instancia para inscribirse como movimiento o instituto político y han abierto un proceso de preinscripción en línea a través de la plataforma Google.

Por ahora, están en la fase de construcción de la propuesta.

«Quienes estamos conformando este esfuerzo somos trabajadores del sector público, privado, trabajadores del campo, trabajadores por cuenta propia, de la comunidad LGBTIQ+ y también de la defensa de los derechos de la mujer, de pueblos indígenas y la defensa de medio ambiente», indicó Flores en una breve entrevista telefónica.

Algunos de los integrantes del Partido de los Trabajadores serían Erick Zelaya, secretario general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT); Elmer Martínez, del Sindicato de Trabajadores del Campo Indígenas MILPA; y Fermín Meléndez, presidente de MILPA El Salvador.

Según su promotor, buscan ser un partido de izquierda, socialista y revolucionario. «Reivindicamos los principios revolucionarios de constituir un partido conformado meramente por la clase trabajadora y se plantee la defensa de los intereses y derechos de la clase trabajadora, con una concepción socialista, internacionalista y revolucionaria», afirmó.

Flores no se cerró totalmente a aceptar como afiliados a simpatizantes, pero no militantes, de partidos tradicionales como Alianza Republicana Nacionalista (Arena) o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

«Nosotros estamos dispuestos a aceptar a todo aquel trabajador y trabajadora que en un momento dado hayan simpatizado con las propuestas de estos gobiernos tradicionales, no así tanto con aquel que haya sido militante, porque el militante ya tiene una posición ideológica definida, las personas que han estado en Arena ya tienen una posición de derecha», explicó posteriormente. Aclaró que, de lo contrario, estarían cayendo en «reciclaje», incluso de «personajes que juegan un papel oportunista».

No admitirían, dijo, financiamiento de grandes empresas «porque vendría a generar un sometimiento, lo que ha ocurrido con los partidos tradicionales».

Flores opinó que el gobierno actual de Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales como el ajuste estructural que ha implicado la reducción del aparato del Estado» y que busca «beneficiar grupos empresariales».

Aunque la idea, dijo, viene desde 2008, empezaron a impulsar la iniciativa por el desgaste de los partidos tradicionales y porque consideran que los partidos existentes «tienen una agenda neoliberal o de derecha» a raíz de los despidos que han afectado el Estado. Consideró que Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales» que, según Flores, buscan reducir el Estado, debilitar el Estado de Derecho y «beneficiar a grupos empresariales».

Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma presupuestaria para incorporar $13.5 millones para algunas de las actividades del programa de servicio digital de salud que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un préstamo de $235 millones.

La Asamblea Legislativa recibió el proyecto del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el 18 de febrero, un día antes de aprobarlo.

La reforma al presupuesto del Ministerio de Salud de 2025 fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y los diputados de Arena no votaron.

El programa se denomina «8600 Programa de Salud Inteligente e Integral (Prosint) a nivel nacional».

Los fondos se destinarán, según el proyecto, a cinco áreas:

1. Implementación del modelo de salud digital, que incluye la contratación de personal para el Centro Virtual de Atención en Salud (C-VIDAS), consultorías para sistemas y servicios digitales, licencias para software y arrendamiento de oficinas: $608,000.

2. Refuerzo de resiliencia sanitaria multinivel, que incluye consultorías para elaborar carpetas técnicas, contratación de obras de construcción y supervisión de la Unidad de Salud Especializada de Apopa y de la Torre Hospitalaria para el Hospital de San Bartolo, equipos de ultrasonografía, ecocardiógrafo, laboratorio clínico, informático y mobiliario del Centro de Atención Especializada y personal: $11,028,335.

3. Fortalecimiento de la red de servicios de apoyo a la emergencia, que incluye estudios de suelo para construir lavandería metropolitana y para la Base Operativa del Sistema de Emergencias Médicas: $60,000.

4. Fortalecimiento institucional, que incluye encuestas, equipo y software, instalación, reactivos e insumos de laboratorio clínico: $1,348,665.

5. Administración y funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos: consultores, equipo, gastos operativos y de funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP): $455,000.

La Asamblea Legislativa autorizó al gobierno para que mediante el Ministerio de Hacienda suscriba un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $113.9 millones para ampliar a cuatro carriles el segundo tramo de la carretera CA02 del proyecto Surf City fase I, conocida como Carretera del Litoral del Pacífico.

El préstamo deberá ser pagado por el Estado salvadoreño en un plazo de 20 años pero tendrá cuatro años de gracia para empezar a amortizar al crédito.

Según la carta enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a la Asamblea Legislativa, se requiere conectividad vial e inversión en infraestructura pública.

Según el sitio del BCIE, el préstamo se destinará a la ampliación a cuatro carriles del segundo tramo de la carretera CA02, la mejora de 8.67 kilómetros de infraestructura vial, red peatonal y de ciclistas, en La Libertad y Tamanique.

También, con el crédito, se programa la construcción de un intercambiador del Corredor del Pacífico, en el distrito de Acajutla y municipio de Sonsonate Oeste, mejora en la intersección entre la carretera Litoral CA02W y carretera a Acajutla CA12S (kilo 5), sistemas de drenaje mejorados y barreras naturales contra inundaciones, y una planta de tratamiento en el caserío El Palmarcito, en el distrito de Tamanique, municipio de La Libertad Costa.

La autorización del crédito se dio con dispensa de trámites, es decir, sin llevarlo a estudio a Comisión de Hacienda.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió suspender la sesión plenaria porque los diputados no tenían acceso a los proyectos de decretos que estaban siendo aprobados con dispensa de trámites.

El diputado Francisco Lira, de Arena, dijo que Nuevas Ideas había prometido no aprobar mayor endeudamiento.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que «hay diputados que no entienden» que lo que dijeron es que en este presupuesto no habría deudas para gasto corriente. «Para obras de infraestructura siempre vamos a seguirle buscando oportunidades a los salvadoreños», dijo.

Al final, el decreto fue aprobado con 57 votos. Los legisladores de Arena y Vamos votaron en contra.