El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves una nueva política para restringir las visas estadounidenses a centroamericanos que trabajen o hayan trabajado con el Partido Comunista Chino, una política que también afectará a sus familiares.
“Estados Unidos se compromete a contrarrestar a influencia corrupta de China en Centroamérica y a deterner sus intentos de subvertir el Estado de derecho… Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos”, informó hoy en declaraciones.
Según el anuncio, la prohibición del ingreso a territorio estadounidense estará dirigida a los centroamericanos que se encuentran en sus países y “actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino” y “a sabiendas dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en Centroamérica”.
También afectará a los centroamericanos que hayan participado “previamente” en dichas actividades a nombre del Partido Comunista Chino para socavar el Estado de derecho en Centroamérica.
Las medidas se fundamentan en el artículo 212 a, 3, c, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos centroamericanos que colaboran intencionalmente con el PCCh en Centroamérica y desestabilizan nuestro hemisferio”. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
El anuncio fue oficializado por el Departamento de Estado este jueves a través de la publicación «Restricciones de visas para ciudadanos centroamericanos trabajando con el PCCh para socavar el Estado de derecho en Centroamérica».
En febrero de 2025, en su visita a El Salvador, Rubio planteó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estrategias para contrarrestrar la influencia china en la región centroamericana.
El Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica consideró que el “espacio cívico en El Salvador continúa reduciéndose” con la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE), que ordena el registro de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero.
El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) finaliza este jueves un periodo de 90 días para que personas naturales o jurídicas financiadas con fondos del extranjero para sus actividades se registren y sean fiscalizadas por el RAEX. Al registrarse, pueden ser excluidas o no excluidas de pagar el impuesto del 30 % según la autorización del RAEX, del Ministerio de Gobernación.
El movimiento sostuvo en un comunicado que la obligación de registrarse como agente extranjero si reciben fondos internacionales genera “un clima hostil que promueve la persecución de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación independientes y personas defensoras de derechos humanos en ese país”.
La red de organizaciones rechazó el impuesto del 30 % sobre las transacciones y donaciones del exterior a las organizaciones y consideró la nueva ley “una amenaza directa a su funcionamiento”.
“Lejos de promover la transparencia,como argumenta el gobierno de El Salvador, restringen severamente los derechos fundamentales de libertad de asociación, expresión y prensa, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El Equipo Regional es conformado por diferentes organizaciones no gubernamentales, como Centro CDH de Honduras, Grupo Apoyo Mutuo (GAM), Iglesia Luterana Costarricense, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá.
El gobierno podrá otorgar concesiones a inversionistas para la exploración o explotación geotérmica con el fin de generar energía eléctrica según el proyecto de Ley de energía geotérmica entregado ayer a la Asamblea Legislativa. Si los inversionistas son extranjeros deberán crear una sociedad radicada en El Salvador.
El proyecto, firmado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, recibido por la Asamblea Legislativa el 3 de septiembre, será recibido por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que se reunirá el lunes 8 de septiembre a las 2:30 de la tarde.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) identificaría áreas con potencial geotérmico para licitarlas a los inversionistas, quienes gozarían de beneficios fiscales durante los primeros 10 años, exención de aranceles, Impuesto sobre la Renta y otros.
Se espere que los inversionistas propongan proyectos de usos directos o de generación de energía eléctrica con la explotación de recursos geotérmicos.
Cada concesión tendría un máximo de 30 años y requeriría de la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, los sujetos que ya explotan recursos geotérmicos y que según la Ley general de electricidad no requieran concesión solo deberán informar a la DGEHM para su inscripción en el Registro de Geotermia.
La ley también regula los permisos para la prospección, que durarían 12 meses prorrogables; y las autorizaciones para la exploración, otorgados para áreas de hasta 50 kilómetros cuadrados, durarían 36 meses prorrogables una vez por 24 meses.
Un reglamento establecería las tarifas base por kilómetro cuadrado y por megavatio hora generado. La ley iniciaría su vigencia seis meses después de publicada en el Diario Oficial, si es aprobada.
Podrán expropiar
La propuesta considera la posibilidad de declarar de “utilidad pública” los bienes que se consideren necesarios pero que no puedan ser adquiridos mediante “contratación directa”, por la CEL o personas jurídicas relacionadas.
Así, podrá aplicarse la “Ley de expropiación de terrenos para las obras de electrificación nacional” y la “Ley de constitución de servidumbres para las obras de electrificación nacional”.
Informes a la Asamblea
Según el proyecto, la DGEHM vigilará el cumplimiento del contrato de concesión durante la construcción, la generación o el abandono de obras; y deberá informar a la Asamblea Legislativa “por lo menos una vez al año” el estado de cada concesión.
La DGEHM llevará el Registro de Geotermia, que contendrá los permisos, las autorizaciones y las concesiones, resoluciones judiciales o administrativas, y reportes de avances técnicos y financieros que “deban rendir los autorizados o concesionarios de un área geotérmica”.
Los plazos para las concesiones y exploraciones
Permisos para la prospección: vigencia de 12 meses prorrogables por una vez.
Autorización para la exploración: una extensión de hasta 50 kilómetros cuadrados con vigencia de hasta 36 meses prorrogados por una vez por 24 meses.
Concesión para la explotación geotérmica para la generación de energía eléctrica: aprobación de la Asamblea Legislativa, no podrán exceder 30 años.
El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) informó en un comunicado que los agentes extranjeros calificados como “no excluidos” del pago del impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben deben abrir cuentas bancarias exclusivas para cada proyecto que ejecutan.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el RAEX, dependencia del Ministerio de Gobernación, explicó que la apertura de cuentas bancarias exclusivas es necesaria para gravar únicamente los proyectos “por los cuales son sujetos pasivos”.
A ello se suma la obligación de separar cuentas bancarias para los agentes extranjeros inscritos que no solicitaron ser excluidos del pago del tributo.
El RAEX informó en el comunicado que ha otorgado la calificación provisional de sujetos excluidos a agentes extranjeros y a otros se les ha denegado. No especificó a cuántos. La exclusión del pago tributario será aplicado “de manera temporal por un plazo de 20 días hábiles” según el reglamento hasta que haya una resolución definitiva.
Además del tributo, Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades financiadas con fondos extranjeros deberán inscribirse como agentes extranjeros en el RAEX, lo que permitirá que el RAEX pueda controlarlos y fiscalizarlos.
Asociaciones como Cristosal, Acción Ciudadana (AC), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista han solicitado su inscripción; solo Cristosal y Acción Ciudadana han confirmado su inscripción.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros para registrar a todas las personas naturales y jurídicas que sean financiadas por entidades extranjeras.
Comunicado del RAEX publicado por el Ministerio de Gobernación.
La Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y otro de $100 millones que se activaría en emergencias, y autorizó la firma de otro contrato de crédito por $60 millones para un proyecto de movilidad urbana.
Los préstamos recibieron los votos de Nuevas Ideas y sus aliados, Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra de los tres; mientras, las diputadas de Arena votaron en contra de dos créditos y se abstuvieron de votar al destinado para emergencias.
Los diputados autorizaron la firma del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $60 millones para el “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)”, que incluye un sistema electrónico de pago, un centro de datos, hacer intervenciones para evitar accidentes en las carreteras a Comalapa y Troncal del Norte, y diseñar un “plan de movilidad sostenible en el Área Metropolitana de San Salvador”.
El préstamo de $250 millones “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) podrá ser usado para prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que requieren liquidez y transferencias varias. Los diputados autorizaron la firma de este contrato de préstamo el pasado 13 de agosto.
El préstamo de hasta $100 millones para el programa “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes” también fue autorizado el 13 de agosto.
Todos los préstamos tienen un plazo de pago de 25 años.
Los diputados también ratificaron un contrato de garantía soberana estatal por $400 millones para el Fondo de Conservación Vial (Fovial).
La Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto nacional 2025 e incorporó $6 millones de un préstamo del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para el programa “Fomento de la siembra de alto rendimiento de maíz y frijol”.
La iniciativa tuvo los votos de Nuevas Ideas, sus aliados PDC y PDC, así como los diputados de oposición, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos. Fueron 59 votos a favor de los diputados presentes.
Los $6 millones provienen de un préstamo interno otorgado por el BFA a la entidad estatal.
Los fondos se usarán para “el financiamiento a los productores para que estos puedan adoptar nuevas tecnologías agrícolas” de maíz y frijol, y la “modernización de las cadenas productivas” según Hacienda.
La idea es depender menos de las importaciones de maíz y frijol. El volumen de importación de frijoles creció en un 32.7 % en los primeros tres meses de 2025, de 2.1 millones de kilogramos en 2024, a 2.8 millones de kilogramos en 2025.
El CDCA fue creado en agosto de 2023 para “mantener una reserva estratégica agrícola”. Su patrimonio está conformado también por los financiamientos bancarios o titularizaciones o bonos que emita.
El CDCA es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El CDCA tiene un presupuesto de $53 millones, de los cuales ha devengado $2.7 millones.
La Agencia de El Salvador para la Cooperación (ESCO) informó que han sumado un total de $1,631 millones en cooperación extranjera a El Salvador, sin detallar el periodo en el que dicha coooperación fue concretada o fue captada por el país.
“Llevamos a la fecha montos importantes como de $1,631 millones pero no solo es cooperación financiera sino son donativos o las becas o los voluntarios”, respondió este miércoles la directora de la ESCO, Karla de Palma, en el programa Diálogo 21 de Canal 21, ante la pregunta sobre cuánto se ha podido captar a través de la agencia.
La directora de la ESCO detalló que tienen en negociación con España un programa de $116 millones hasta el año 2026; $212 millones con la Unión Europea (UE) y $43 millones con Corea del Sur. Destacó que han reactivado la cooperación con el Gran Ducado de Luxemburgo, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y Triángular, que es el intercambio de recursos, conocimientos y tecnología entre países en desarrollo ubicados mayoritariamente en el Sur.
“Ahora nos ven como un referente de cooperación, nos ven como ese referente que les puede transmitir conocimiento”. Karla de Palma, directora de la ESCO.
Al señalar a El Salvador como referente de cooperación, la directora de la ESCO anunció que firmará este miércoles el programa de cooperación técnica y científica con Costa Rica. “Lo importante es que El Salvador va a ofrecer cooperación en temas de cultura pero también tendremos un proyecto muy bonito de Ligas Atléticas Policiales, nos ven como un referente”, subrayó, sobre la firma de este miércoles.
Los fondos de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores del Ministerio de Relaciones Exteriores 2024-2024 son: 10 millones de euros de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (AICS), $10.54 millones de dos proyectos firmados con el Gran Ducado de Luxemburgo, dos proyectos aprobados que suman $1,615,320 de España sobre capacidades digitales y cambio climático, 18.7 millones de euros de la aprobación del proyecto AGUSTINE por la Unión Europea con contribución de Expertise France, Unesco y Unicef; $1.25 millones del acuerdo firmado con el gobierno de India, y la suscripción del convenio de cooperación técnica por 800 millones de yuanes o $109,125,631.20.
El informe de labores también reporta $696,000 de cooperación financiera no reembolsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y $1.2 millones del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Según la redacción de la memoria de labores, que suele incluir este dato todos los años, esta es cooperación financiera firmada, aprobada o concretada, no necesariamente captada o desembolsada durante el periodo analizado. Además, hay instrumentos jurídicos suscritos de cooperación no financiera, sino cultural, ambiental, de turismo, en educación, además de donaciones de equipo como mamógrafos, kits, arneses, cascos, compresores, así como aportes de consulados, ONG y fundaciones.
Cooperación no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.
Durante los últimos años la cooperación financiera no reembolsable concretada ha disminuido según datos de los informes de labores.
La ESCO, que originalmente fue creada como una unidad dentro de la Presidencia de la República en 2020, fue trasladada al Ministerio de Relaciones Exteriores según el decreto ejecutivo 3 firmado por Bukele el 28 de enero de 2025 y vigente desde el 30 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial, con el objetivo de «unificar, coordinar y canalizar de forma óptima los recursos que aportan los diferentes actores».
Página 2 de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.Página 3 del detalle de cooperación financiera no reembolsable de la memoria de labores 2024-2025 de Relaciones Exteriores.
El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo cree que pese al impulso que ha provocado la mejora de seguridad en el ingreso de turistas a El Salvador, todavía la aguja “macro” en la economía salvadoreña “aún no se ha movido o al menos sensiblemente”.
“La aguja macro no se ha movido, seguimos a la cola de la región”, aseveró, en el programa Diálogo 21, de Canal 21, en referencia a la inversión extranjera directa y crecimiento económico en El Salvador.
El economista señaló que “es indiscutible que la realidad en términos de seguridad es abismalmente diferente” pero el reto “es cómo consolidar eso” para erradicar la pobreza.
El especialista ve efectos positivos en el crecimiento del turismo y en el sector inmobiliario, pero observó que este impulso inmobiliario no es visto positivamente por toda la población, por la gentrificación, el aumento de precios en los inmuebles y la falta de capacidad adquisitiva de los salvadoreños.
“Hay sectores en donde sí se empieza a ver, en turismo. Otro efecto que algunos lo miran como maldición es los bienes raíces, el repunte tampoco se pudo haber dado en un país dominado por las pandillas”, indicó.
Destacó el aumento de la cantidad de turistas respecto a Guatemala y Costa Rica.
Por otra parte, advirtió que hay un aumento de la inversión en educación a 4.4 % del producto interno bruto, pero señaló que “los estudiantes salen por los suelos” en las pruebas académicas como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes).
“Los estudiantes salvadoreños cuando van a la prueba PISA salen por los suelos, se está invirtiendo más pero la calidad de la educación es mala”, indicó. En la prueba PISA 2022, de un total de 147 países evaluados, El Salvador ocupó el lugar 144 en matemática, 131 en lectura y 137 en ciencias.
La economía salvadoreña tuvo un crecimiento de 2.6 % en el año 2024 según el Banco Central de Reserva (BCR), la tasa más baja que el país ha alcanzado desde la pandemia en 2020. Para 2025, la proyección de crecimiento asciende a 2.4 % según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Más de 1.92 millones de salvadoreños, un total de 27.2 % de la población, están en pobreza monetaria según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, 55,097 más que en 2022.
Este jueves 4 de septiembrefinaliza el plazo de 90 días que tienen las personas naturales y jurídicas existentes para solicitar su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial creado con la nueva Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador.
La normativa está vigente desde el 7 de junio, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, y daba un plazo de 90 días, que concluyen al final del día jueves 4 de septiembre.
Gobernación abrió formalmente el plazo de inscripción el 9 de junio.
La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista confirmaron que han solicitado su inscripción al RAEX pero por el momento continúan esperando la respuesta del RAEX.
Hasta hoy, únicamente las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal informaron, el pasado 1 de septiembre, que su inscripción se ha hecho efectiva en el RAEX.
La AC indicó que cumplieron con la obligación legal pero que mantienen la opinión sobre el carácter autoritario, confiscatorio y restrictivo del espacio cívico, la libertad de asociación y expresión, y el derecho al patrimonio que impone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.
“Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros”, anunció la AC en un comunicado, la AC es una organización especializada en analizar financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso a la información pública, desempeño de la Fiscalía General de la República.
Los obligados a inscribirse son las personas naturales y jurídicas que realizan actividades en El Salvador financiadas por mandantes extranjeros, que son los financistas y que según la redacción de la nueva ley también son sujetos obligados.
La ley establece un control de las actividades obliga a tributar el 30 % de todas sus donaciones, la obligatoriedad de inscripción y faculta al RAEX de fiscalizar y controlar a los inscritos, así como de eximirles del impuesto.
Formalmente, el Ministerio de Gobernación informó que el plazo vencía el 4 de septiembre.
Fe de errata: Se hizo una corrección a la noticia original que equivocadamente indicaba que el plazo vencía el miércoles 3 de septiembre, cuando la fecha de vencimiento correcta es el jueves 4 de septiembre.
Las entidades que utilicen sistemas de Inteligencia Artificial deberán notificar a las personas en El Salvador cuando sistemas tomen decisiones “sin una revisión humana significativa” pero que les afecten negativamente sus derechos o situación económica.
Los sistemas de IA deberán realizar notificaciones obligatorias cuando las decisiones de IA afecten negativamente los derechos de las personas en salud, servicios financieros como créditos y seguros, empleo, educación, servicios públicos, vivienda y transporte.
Así lo dicta el artículo 24 de las nuevas “Disposiciones relativas a la implementación de la inteligencia artificial y tecnologías” decretadas mediante resolución 0001/2025 de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y suscritas por su director ejecutivo, Mario José Flamenco Rivas.
Las disposiciones fueron publicadas el 25 de agosto y por tanto están vigentes desde ayer, martes 2 de septiembre.
Notificar a una persona en El Salvador no será obligatorio si el sistema de IA opera para optimizar la publicidad o realizar recomendaciones de contenido o si la divulgación de la decisión de la IA impide la investigación de un fraude o compromete la ciberseguridad o si busca detectar violaciones a términos de servicio.
Tampoco será obligatorio notificar efectos de la IA cuando el sistema se limita a correcciones ortográficas o gramaticales, o características “básicas similares de productividad”.
En la normativa de la Unión Europea (UE), la persona tiene derecho a tener una explicación sobre las decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos o afcte a personas con impactos negativos en su salud, seguridad o derechos fundamentales.
El derecho a la revisión o explicación de decisiones automatizadas también está presente en regulaciones de IA de Reino Unido, Brasil, Canadá, Estados Unidos. En Canadá, se debe informar a la persona en el momento de decisión y ofrecer una corrección de datos o recurso.
La IA puede utilizarse en plataformas de citas médicas, coberturas, reembolsos, decisiones de promoción o disciplinarias en empleo, aprobación o denegación de préstamos, viviendas, entre otros.
“La notificación deberá ser clara, comprensible e incluir como mínimo la confirmación de que una IA participó en la decisión, una explicación del papel que jugó la IA y un mecanismo para que la persona pueda impugnar la decisión”. Disposiciones para la implementación de la IA en El Salvador.
Un periodo de gracia sin sanciones
Las disposiciones emitidas por el director de la ANIA establecen un periodo de gracia de 12 meses en el cual no habrá sanciones como parte de un “entorno de prueba” para desarrollar IA durante el mismo periodo.
Con la nueva ley de IA, en El Salvador los desarrolladores y operadores de IA deberán registrarse en la ANIA ya sea para beneficiarse de salvaguardas o para decisiones “consecuenciales” de salud, finanzas y seguros como solvencias crediticias, biometrías en espacios públicos, acceso a servicios, empleo y educación.
No están obligados a registrarse los proveedores de servicios nube a terceros, herramientas de desarrollo, actividades de uso personal, entrenamiento o softwares de consumo y productividad.
Los sistemas de IA que ya operen legalmente tienen 12 meses a partir del 2 de septiembre para registrarse.
