Autor: Yolanda Magaña

Los mercados municipales remodelados o construidos por instituciones del Órgano Ejecutivo deberán ser entregados en comodato a la nueva Dirección de Mercados Municipales por 50 años renovables.

Así lo dictar el proyecto de nueva «Ley de creación de la Dirección de Mercados Municipales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», que podría ser aprobada en sesión plenaria de este jueves y cuyo dictamen fue aprobado en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa el miércoles.

«El plazo de duración del comodato deberá ser 50 años prorrogables por periodos según acuerdo entre las partes», indica el tercer requisito del comodato, que se regularía en el artículo 23.

Según la normativa, la Dirección de Mercados asumirá la administración de los mercados, tendría la facultad para emitir reglamentos sobre el orden en los mercados y de realizar los cobros de tasas y contribuciones a los arrendatarios de los puestos de venta.

A las municipalidades, según los cambios realizados al dictamen este miércoles, se eliminaría la facultad de establecer tasas o contribuciones relacionadas a los puestos de venta o los locales comerciales, una facultad que sería exclusiva de la nueva Dirección de Mercados Nacionales.

El nuevo proyecto establece expresamente, en el artículo 23, que «la municipalidad no realizará ningún tipo de cobro en concepto de tasas o contribuciones a los arrendatarios de los puestos de venta o de los locales comerciales por la utilización de los mismos, siendo potestad exclusiva de la Dirección Nacional de Mercados el cobro del arrendamiento producto de su adjudicación».

Según los cambios que le realizaron al proyecto de ley, la nueva Dirección de Mercados Nacionales estará obligada a identificar el mercado municipal o los locales comerciales de plazas, parques o espacios públicos en los cuales «se esté solicitando o ya se haya realizado una intervención del Órgano Ejecutivo a través de cualquiera de sus dependencias a nivel nacional».

Además, se determina que la Dirección «será la única responsable del pago de los impuestos municipales, tasas o contribuciones relacionados a la infraestructura del mercado objeto del comodato».

La falta de algunos de estos requisitos «provocará la nulidad e invalidez del comodato más la deducción de las consecuentes responsabilidades patrimoniales para las autoridades de la Dirección de Mercados Nacionales y de los concejos municipales correspondientes.

Un total de 820 niños migrantes en situación migratoria irregular de todas las nacionalidades fueron encontrados en marzo pasado en la frontera sur de Estados Unidos, de los cuales 23 eran salvadoreños no acompañados, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En enero fueron encontrados 1,583 menores centroamericanos, todos viajaban solos, en la frontera sur de los Estados Unidos; en febrero fueron 357 y en marzo, 177 niños: 90 de Guatemala, 62 de Honduras, 2 de Nicaragua y 23 de El Salvador.

Pese a que el flujo de migrantes en situación migratoria irregular ha disminuido en los Estados Unidos, los datos más recientes de la CBP aún incluyen a menores de edad que intentan cruzar ilegalmente la frontera de la nación norteamericana.

Si bien en diciembre de 2024, las autoridades migratorias registraron 454 niños salvadoreños que intentaron quedarse en Estados Unidos sin tener autorización migratoria, la cantidad de menores encontrados bajó a 228 en enero y a 49 en febrero, hasta llegar a 23 en marzo.

De la misma manera, en enero niños fueron 3,430 niños migrantes de todas las nacionalidades, 910 en febrero y 820 en marzo, cuando en diciembre las autoridades migratorias estadounidenses detectaron 7,083 menores.

En general, la migración irregular ha caído desde las políticas anunciadas por la administración de Donald Trump, quien considera la migración irregular como una invasión y autorizó la colaboración militar para combatirla.

Mediante la orden ejecutiva de Trump “Protección a la población americana contra la invasión” emitida el 20 de enero, Trump aseguró que el gobierno antecesor “invitó, administró y supervisó una avalancha sin precedentes de inmigración ilegal a Estados Unidos” y otra orden ejecutiva encarga al Comando Norte de Estados Unidos la misión de “sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos repeliendo las formas de invasión, incluida la migración masiva ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades delictivas”.

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Solo 198 salvadoreños fueron encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos durante marzo pasado, una cifra 31 veces menor que el promedio mensual de 6,235 que hubo en los cuatro años precedentes, de 2021 a 2024, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

La cifra únicamente se acerca a los 471 compatriotas encontrados en mayo de 2020, en plena pandemia covid-19, año en el cual el promedio mensual había caído a 1,755 migrantes.

En los dos primeros meses completos de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, el flujo de personas migrantes salvadoreñas cayó de 8,214 en febrero-marzo de 2024 a apenas 484 en febrero-marzo de 2025, una baja del 94 %.

No solo la cantidad de salvadoreños retenidos ha disminuido en la frontera sur de la nación norteamericana, sino migrantes de todas las nacionalidades.

Así, enero de 2025 arrancó con 61,447 migrantes atrapados en la frontera sur, le siguió febrero con 11,709 migrantes, una baja del 80 %, y continuó marzo con 11,017, una disminución de 6 %.

En todo Estados Unidos, incluida la frontera sur, la CBP registra 29,065 retenciones de migrantes de todas las nacionalidades solo en marzo, entre los cuales hubo 320 salvadoreños, 1,122 guatemaltecos, 898 hondureños, 372 venezolanos, 87 nicaragüenses y 9,230 mexicanos, el país con mayor cantidad de retenciones.

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Los 252 venezolanos deportados desde el 15 de marzo por Estados Unidos y recluidos a El Salvador están siendo procesados por delitos y todavía están en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según el gobierno salvadoreño.

En la propuesta salvadoreña oficializada el 22 de abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, se asegura que los 252 venezolanos bajo custodia de El Salvador «han sido identificadas por su vinculación con estructuras del crimen organizado transnacional, particularmente con el grupo denominado Tren de Aragua y están siendo procesadas por la comisión de diversos delitos».

Uno de los reclamos de congresistas demócratas a la política de Trump para deportar migrantes supuestamente criminales y recluirlos en la megacárcel salvadoreña es que estas personas no han tenido el «debido proceso» penal, es decir, no están condenados por un delito específico.

El gobierno de El Salvador confirmó el 22 de abril que los venezolanos todavía se encuentran en el Cecot.

El domingo 20 de abril, el presidente de El Salvador propuso a Nicolás Maduro, de Venezuela, repatriar a estos 252 venezolanos a cambio de la liberación de la misma cantidad de presos políticos incluidos extranjeros.

Ayer, Bukele cuestionó a Maduro de falta de coherencia por haber rechazado su propuesta, ya que liberó a 30 presos políticos a cambio de Alex Saab, uno de sus colaboradores.

Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos acordaron un programa de deportación de criminales extranjeros para encarcelarlos en El Salvador, concretamente en el Cecot, a cambio de $6 millones anuales o un aproximado de $20,000 preso cada año.

En su reciente visita a Estados Unidos, el presidente Donald Trump le «instó» a Bukele a construir más recinto carcelario como el Cecot.

El Cecot tiene capacidad para recluir a 40,000 personas y alberga más de 15,000. Estados Unidos ha enviado casi 300, pero no ha informado cuántos o quiénes de estos han sido procesados o condenados por crímenes. Sin embargo, públicamente, sí han sido señalados por funcionarios estadounidenses de pertenecer a las pandillas Tren de Aragua y MS-13.

Mientras, un grupo de demócratas exige liberar a algunos expresamente, como el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien la Corte Suprema ordenó regresarlo a Estados Unidos; y el venezolano Andry Hernández Romero, quien fue detenido cuando fue a la cita de solicitud de asilo mediante la aplicación CBP One bajo la sospecha de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

Un grupo de congresistas demócratas que visitan El Salvador abogaron ayer por que se publique el contrato entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para deportar supuestos criminales y recluirlos en el

Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) u otras cárceles salvadoreñas.

El congresista demócrata Robert García, de California, manifestó que quieren que «el contrato entre Estados Unidos y El Salvador se haga público».

«Deberíamos entender qué fondos se están transfiriendo para apoyar a las prisiones y deberíamos hacerlo público», dijo ante la pregunta de un periodista en una rueda de prensa.

Para los congresistas, es «ilegal e inmoral» que se deporten personas acusadas de ser criminales sin haber tenido un proceso penal mediante el cual hayan sido condenadas por un crimen.

«Nuestro gobierno está pagando para que las personas sean encarceladas en El Salvador, lo que se refiere a criminales y eso no se ha probado, no se puede probar la criminalidad sin el debido proceso, por lo tanto estamos utilizando el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos para violar nuestras leyes constitucionales y encarcelar a personas a costa de contribuyentes», dijo la

congresista Maxine Dexter, en San Salvador.

Ambos gobiernos dijeron haber alcanzado un acuerdo para que El Salvador pueda recibir y encarcelar a criminales extranjeros a cambio de un pago anual de $20,000 por prisionero o $6 millones anuales.

El 15 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla «Tren de Aragua» y 23 salvadoreños acusados de ser miembros de la MS-13. Posteriormente ha enviado otros grupos.

Los congresistas visitan El Salvador en una misión no oficial –ya que no tuvieron la autorización del Congreso– con la intención de verificar las condiciones de salud y de presionar por la libertad del salvadoreño Kilmar Ábrego García y del venezolano Andry Hernández Romero, ambos deportados de Estados Unidos y recluidos en El Salvador.

Los funcionarios estadounidenses argumentan que dichos prisioneros no han sido sometidos a un debido proceso antes de ser recluidos y subrayan que el presidente Donald Trump debe cumplir una orden de la Corte Suprema estadounidense que ordenó al gobierno de ese país facilitar el retorno de Ábrego García, ya que un tribunal de Baltimore suspendió su deportación en 2019.

El gobierno estadounidense rechaza las peticiones de los demócratas argumentando que Ábrego García es miembro de la MS-13 –algo que su abogado rechaza– y no tiene estatus legal en Estados Unidos.

El congresista demócrata Maxwell Frost aseguró el lunes el gobierno de El Salvador les denegó la solicitud de reunirse y verificar las condiciones físicas del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado el 15 de marzo de Estados Unidos a El Salvador y recluido inicialmente en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«El gobierno de este país ha denegado nuestra solicitud de verlo porque este no es un viaje oficial», declaró el lunes.

Los congresistas también pidieron realizar un «control de bienestar» al venezolano Andry José Hernández Romero, un maquillista de 30 años, de la comunidad LGBTI, deportado de EE.UU. y que estaría recluido en el Cecot.

“Nos informaron en la Embajada que el gobierno local ha denegado nuestra solicitud. Dicen que es porque no estamos aquí oficialmente«, detalló el mismo congresista a la televisora MSNBC, antes de la conferencia de prensa en El Salvador.

Fue así como hicieron una carta para presionar por la verificación del estado de salud de ambos prisioneros.

En El Salvador, nuestra delegación presionó a la Embajada de EEUU para que realizara una verificación de bienestar. La embajada accedió a investigar su estatus. Seguiremos luchando por el debido proceso.
Robert García, congresista demócrata, sobre estado de Andry Hernández Romero.

Frost explicó que la denegatoria fue «una de las razones» por las cuales habían solicitado, junto al congresista demócrata Robert García, al congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para conformar un comité oficial.

Sin embargo, los congresistas no viajan como comité oficial.

El objetivo era formar una delegación del Congreso de Estados Unidos para visitar el Cecot y permitir “realizar un control de bienestar” tanto a Ábrego García como a Hernández Romero, de quien aseguran pasó “una entrevista de miedo creíble” durante su proceso de asilo antes de ser deportado y ahora está recluido en el Cecot.

La noticia sobre la denegatoria fue replicada el lunes por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que no emitió alguna opinión.

La «denegatoria», sin embargo, podría verse cambiada en el futuro tal como pasó durante la visita del senador Chris Van Hollen, quien sorpresivamente recibió una llamada el jueves 17 de abril, mientras se preparaba para regresar a Estados Unidos, en la cual le anunciaron que trasladarían a Ábrego García para que se reuniera con él en el hotel Sheraton Presidente.

Ayer, el congresista García subrayó que estaban «listos» para cuando la Embajada de Estados Unidos en El Salvador les avise «para poder ir a ver a Kilmar o a Andry».

«Es responsabilidad de Trump»

Los congresistas no detallaron con quiénes se reunirían por la tarde, pero dijo que han sido «muy claros» en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y cargaron la responsabilidad al presidente estadounidense, Donald Trump.

«Sabemos que nuestro presidente tiene una fuerte relación con el presidente de Estados Unidos… No tenemos duda de que si Donald Trump quisiera a Ábrego García de regreso, Ábrego García ya estaría ahí. Esto es responsabilidad de Donald Trump, nuestro presidente debe acatar las órdenes de la Corte Suprema», subrayó García.

Según un escrito judicial, Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que «el 20 y 21 de abril», el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, «requirió una actualización del gobierno de El Salvador sobre la ubicación física y el estatus de custodia de Ábrego García» y que «el gobierno de El Salvador respondió el 21 de abril que Ábrego García está recluido en el centro industrial de Santa Ana», en referencia al Complejo Industrial Penitenciario de Santa Ana. «En buenas condiciones y un excedente estado de salud», agregó el funcionario según el escrito.

Sin embargo, Chris Newman, abogado de Ábrego García que acompaña a los congresistas demócratas, aseguró que están pidiendo una prueba de vida del salvadoreño, porque no confían en las afirmaciones de los gobiernos de El Salvador ni de Estados Unidos.

Ábrego García dijo al senador Chris Van Hollen, el pasado jueves 17 de abril, que estaba recluido en un penal de Santa Ana habiendo sido trasladado una semana atrás desde el Cecot, donde fue llevado luego de su deportación el 15 de marzo de 2025.

Uno de los cuatro congresistas demócratas que se encuentran en El Salvador, Robert Garcia, explicó este lunes que están en el país para garantizar que el salvadoreño deportado por “error” Kilmar Ábrego García sea regresado a los Estados Unidos, en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema estadounidense.

Estamos acá porque le estamos diciendo al presidente Donald Trump que él tiene que regresar en este momento a los Estados Unidos, la Corte Suprema 9 a 0 ha dicho al presidente que él tiene que regresar a Kilmar a los EEUU, otras cortes han dicho que él tiene que regresar”.
Robert Garcia, congresista demócrata en California.

“Esto no es solo sobre Kilmar”, expresó Yassamin Ansari, congresista de Arizona. Reiteró que está en El Salvador para demandar a la administración Trump que facilite un retorno seguro de Ábrego García “tan pronto como sea posible”, ya que fue erróneamente deportado después de ser “secuestrado”. Es “inaceptable y contra la Constitución” que el gobierno no haga “nada” para retornarlo, indicó.

La delegación se reunió con el embajador de los Estados Unidos, William Duncan, familiares del salvadoreño y también grupos de derechos humanos. “Estamos listos, si la Embajada dice, que podamos ir a ver a Kilmar o a Andry que estén bien”, indicó.

El congresista Maxwell Frost, de Florida, aseguró que “esto afecta a cada una de las personas en los Estados Unidos, la Constitución aplica a todas las personas en el país, el debido proceso aplica a todos los habitantes de nuestro país, es uno de los aspectos que distingue a nuestro país de otros lugares del mundo”.

“Por supuesto exigimos la liberación de Ábrego García pero también nos preocupan nuestros electores, representamos a personas de todo el país, soy de Orlando, Florida, una comunidad llena de inmigrantes, una comunidad diversa y estamos recibiendo cientos de llamadas de personas que dicen: vayan a El Salvador, hagan algo ante el hecho de que el presidente de EEUU desde la Oficina Oval esté hablando de enviar a ciudadanos estadounidenses aquí a El Salvador a la prisión de aquí”.
Maxwell Frost, congresista demócrata en Florida.

Frost dijo que no son los primeros ni serán los últimos miembros del Congreso que estarán en El Salvador para pelear por el retorno de Abrego García y permitir que tenga el debido proceso en Estados Unidos “para que eso no pase con ningún otro”.

El congresista Maxwell Frost, de Florida, es parte de la delegación que visita El Salvador para pedir el cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de EEUU de facilitar el retorno de Kilmar Ábrego García y para verificar que está vivo en este momento. “Esto afecta a cada… pic.twitter.com/YQ6BFQ5FJa

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) April 21, 2025

«Prueba de vida»

Por su parte, el abogado de Kilmar Ábrego, Chris Newman, dijo que estaba en El Salvador con tres metas: una prueba de vida de Ábrego García, la verificación sobre su acceso a los servicios médicos y, en tercer lugar, si tiene acceso a sus abogados y comunicación con su familia según las leyes internacionales. Newman dijo que no confía en lo que digan o publican los gobiernos estadounidense y salvadoreño sobre las condiciones en las que se encuentra Ábrego García.

“No hemos escuchado nada desde el jueves, en el cual durante este acto de propaganda en el hotel Sheraton, no hemos escuchado nada desde ese momento y estamos demandando información con respecto a su caso”, expresó el abogado, quien dijo que prometió a la familia de Ábrego García «a seguir regresando a El Salvador hasta que él reciba su proceso debido bajo la ley». «Tengo mucha confianza que, si hay proceso justo, que van a liberar al señor Ábrego García”, dijo.

Ábrego García es un salvadoreño de 29 años originario de San Marcos, San Salvador, quien fue señalado de ser miembro de la pandilla MS-13 en un oficio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de marzo de 2019 y que cita una «fuente confidencial», señalamiento negado por el salvadoreño, cuya deportación fue suspendida en diciembre de 2019 por una resolución de un juez de Baltimore a quien le había solicitado asilo por amenazas a su familia por parte de una pandilla. Según el oficio de DHS de marzo de 2019, Ábrego García no tenía récord criminal.

En diciembre de 2022, un oficial detuvo el vehículo de Ábrego García y le puso una cita de advertencia por licencia vencida, debido a que presentó una licencia temporal. Según el reporte de DHS, publicado en la cuenta de X de esta oficina de gobierno, el oficial advirtió que conducía junto a otras ocho personas «apiñadas» que dijo los trasladaba a trabajos de construcción pero que sospechó de «trata de personas». Públicamente no se conoce de un proceso penal contra el salvadoreño y los demócratas argumentan que fue deportado ilegalmente, es decir, pese a que había una suspensión judicial de su deportación.

El congresista demócrata Robert García anunció este lunes que está en El Salvador con una delegación del Congreso estadounidense para “liberar a Kilmar Ábrego García”, deportado por “error” a El Salvador y que posteriormente fue trasladado a un penal de Santa Ana según manifestó al también demócrata Chris Van Hollen.

“Trump está desafiando a la Corte Suprema para que lo traigan de vuelta a casa. Sabemos que otros están siendo deportados y detenidos sin el debido proceso. Esto debe terminar”, escribió el congresista García en su cuenta de la red social X.

Los representantes Robert García (California), Maxwell Frost (Florida), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter (Oregon) llegaron a El Salvador para “presionar a la administración Trump para que cumpla con una orden de la Corte Suprema para facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García”, ya que aseguran fue deportado “ilegalmente” por la administración Trump.

El viaje, según la delegación, no es financiado con “dólares de los contribuyentes” estadounidenses.

El gobierno de Trump argumenta que Ábrego García se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que es miembro de la pandilla declarada organización terrorista MS-13; y los demócratas argumentan que Abrego García está detenido en El Salvador “a pesar de no tener condena p enal en los Estados Unidos, una violación directa del debido proceso protegido por la Constitución.”

Los congresistas, según un comunicado, quieren llamar la atención sobre “el desafío legal” de Trump a la decisión unánime de la Corte Suprema.

El congresista Maxwell Frost acusó a Trump y su administración de ejecutar «un programa de secuestro financiado por el gobierno para arrestar, encarcelar y deportar ilegalmente a personas inocentes sin el debido proceso». «Hoy es Kilmar pero mañana podría ser cualquier otra persona», expresó, según el comunicado.

También, la congresista Yassamin Ansari, quien reveló que sus padres huyeron de un régimen autoritario en Irán donde la gente era «desaparecida», dijo que se negaba a sentarse y ver que eso suceda en los Estados Unidos, por lo que estaba en El Salvaodr para «abogar por que la administración Trump facilite el regreso» de Ábrego García.

Por su parte, la congresista Maxine Dexter anunció que serán «ruidosos» al exigir el cumplimiento de la resolución de la Corte Suprema. «Si esto le puede pasar al Sr. Ábrego García, le puede pasar a cualquiera», subrayó. En un video aseveró que este no es un momento para estar en «silencio».

La visita de la delegación se da después de la reunión que tuvo, el jueves 17 de abril, el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, con Ábrego García, quien fue trasladado a un hotel de San Salvador.

Ese día, horas después de haber reiterado en una conferencia de prensa que Ábrego García había sido “raptado” por Estados Unidos para deportarlo a El Salvador, que no había permitido verlo, Van Hollen recibió una llamada telefónica en la que se anunciaba que llevarían al salvadoreño al hotel.

La mañana del jueves, el político estadounidense llegó a tres kilómetros del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), en San Vicente, en donde supuestamente estaba recluido, para intentar reunirse con él, pero militares detuvieron el vehículo en donde se conducía.

Durante la reunión que tuvo el demócrata, Ábrego García dijo que ocho días atrás –que podría ser 9 de abril– había sido trasladado a un centro penal de Santa Ana en donde las condiciones eran mejores.

Ábrego García es un salvadoreño de 29 años originario de San Marcos, San Salvador, quien fue señalado de ser miembro de la pandilla MS-13 en un oficio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de marzo de 2019 y que cita una «fuente confidencial», señalamiento negado por el salvadoreño, cuya deportación fue suspendida en diciembre de 2019 por una resolución de un juez de Baltimore a quien le había solicitado asilo por amenazas a su familia por parte de una pandilla. Según el oficio de DHS de marzo de 2019, Ábrego García no tenía récord criminal.

En diciembre de 2022, un oficial detuvo el vehículo de Ábrego García y le puso una cita de advertencia por licencia vencida, debido a que presentó una licencia temporal. Según el reporte de DHS, publicado en la cuenta de X de esta oficina de gobierno, el oficial advirtió que conducía junto a otras ocho personas «apiñadas» que dijo los trasladaba a trabajos de construcción pero que sospechó de «trata de personas». Públicamente no se conoce de un proceso penal contra el salvadoreño y los demócratas argumentan que fue deportado ilegalmente, es decir, pese a que había una suspensión judicial de su deportación.

We are in a constitutional crisis.

I’m in El Salvador to shine a light on Kilmar’s story and keep the pressure on Donald Trump to secure his safe return home. pic.twitter.com/FXpOmS1Rql

— Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) April 21, 2025

I am in El Salvador because I will not stand by while our country is thrown into a constitutional crisis. This is a moment to act. I will not rest until due process is upheld for all. pic.twitter.com/q5b4cZg3iV

— Congresswoman Maxine Dexter (@RepDexterOR) April 21, 2025

El nnInstituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) fue una de las nueve instituciones que aprobaron su presupuesto por acuerdo interno institucional emitido por su Consejo Directivo, fue un plan de gastos de $1,008.5 millones para el año 2024, según el informe de liquidación del Ministerio de Hacienda.nnAl ISP le entraron ingresos financieros por $55.5 millones y contribuciones en seguridad social por $2.3 millones, pero la mayoría de sus fondos fueron obtenidos de financiamiento, recibió $1,035.8 millones.nnEntre los gastos ejecutados del ISP durante 2024 se incluyen:nn-$356.7 millones en prestaciones de seguridad social.n-$233.5 millones en transferencias corrientes.n-$131.7 millones en gastos financieros y otros.n-$328.5 millones en inversiones financieras (gastos de capital).n-$4.4 millones de amortización a endeudamiento público.nnPor área de gestión, el ISP destinó a conducción administrativa un total de $1,063.1 millones, según el informe publicado por Hacienda.nnLas otras instituciones que aprobaron sus planes de gastos por acuerdo institucional de sus directivas fueron: el Fondo de Conservación Vial (Fovial), Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).nnTambién aprobaron sus presupuestos mediante acuerdos institucionales el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (Cefafa), la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain), el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (Camudasal) y el Fondo de Emergencia para el Café (FEC).nnEn total, nueve instituciones descentralizadas del Estado “no empresariales” aprobaron sus presupuestos, que sumaron un total $1,733.6 millones para el año 2024 mediante acuerdos internos, siendo el presupuesto mayor el avalado por el ISP.nnLos gastos de gestión operativa de todas las instituciones ascendieron a $69.8 millones, $39.3 millones para remuneraciones, y $30.5 millones para bienes y servicios.n

El Fovial y el IPSFA

nLa segunda institución con presupuestos por acuerdo institucional de mayor presupuesto fue el Fovial, con $369.7 millones; y el IPSFA, que paga pensiones al personal militar, con un total de $186 millones. El IPSFA tuvo una erogación de $156 millones en gastos por prestaciones de seguridad social,nnEl Fovial tuvo una ejecución de $26.2 millones de gastos financieros y otros.nnOtras dos instituciones –el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep)– aprobaron presupuestos que suman $273.4 millones por decretos ejecutivos. Las 11 instituciones, más las nueve descentralizadas, suman presupuestos de $2,007 millones durante 2024, de los cuales ejecutaron $1,930.6 millones, es decir, un 96.2 %.nnLos ingresos de las instituciones descentralizadas provienen en su mayoría de endeudamiento público, un total de $1,088 millones, de los cuales $1,035.8 millones provienen de colocación de títulos valores en el mercado nacional, $128 millones de préstamos externos y $24 millones de préstamos internos.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, nombró a Cecilia Carolina Pereira de Barrientos como directora propietaria y presidenta del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y a Horacio Alfredo Castellanos Chacón como director suplente ante el mismo consejo, por el Ministerio de Economía, por un periodo de tres años, del 14 de enero de 2025 al 14 de enero de 2028.

El acuerdo 06 del Ministerio de Economía fue emitido el 7 de enero de 2025 pero publicado en el Diario Oficial del 4 de abril de 2025.

Pereira de Barrientos fue nombrada presidenta del Consejo en sustitución de Marlon Antonio Vásquez Ticas, para que finalizara el periodo hasta el 13 de enero de 2025. Vásquez Ticas fue nombrado director general de Impuestos Internos a partir del 15 de junio de 2021 y en enero de 2023 fue nombrado director del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), quien fungirá en ese cargo hasta 2028.

Cecilia Carolina Pereira de Barrientos es licenciada en contaduría pública, fue nombrada directora presidenta del Consejo de Vigilancia por acuerdo ejecutivo del 8 de febrero de 2023. Funge como directora propietaria del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) por parte del Ministerio de Economía. Antes fue directora presidente suplente del Consejo de Vigilancia.

En marzo pasado, el Ministerio de Economía nombró a los directores representantes de las gremiales de contadores y auditores para el Consejo de Vigilancia, por un periodo de tres años, como propietarios a Luis Alfredo Siliézar Cardona (laboró en Deloitte El Salvador) y Otto Karin Guzmán Barrera (socio de Auditores y Consultores de Negocios); y como suplentes, Johny Alexander Argueta Amaya (presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador 2023-2023 y exmiembro del Comité de Auditoría de Credicomer) y Walter Ernesto Guerrero (socio de García Cuéllar y Asociados, ha laborado en Deloitte).

Una reforma de 2021 permitió al Ejecutivo nombrar a los directores representante de las gremiales en el Consejo, que está conformado por un miembro nombrado por Economía, uno por Hacienda, uno por el superintendente del Sistema Financiero, uno por el presidente de la República y dos por las gremiales.