Autor: Yolanda Magaña

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, arranca 2026 con ventaja en las encuestas de cara a su posible reelección en octubre y una derecha fragmentada sin el exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por tramar un golpe de Estado.

El líder progresista aspirará a su cuarto mandato después de un tercero relativamente plácido que, sin embargo, arrancó de forma turbulenta tras el violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrado por miles bolsonaristas radicales.

Superada la asonada golpista, que ha dejado al menos 810 condenados, Lula ha tenido que lidiar con un Parlamento dominado por fuerzas conservadoras y un escenario internacional en alta tensión desde el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump, en enero pasado.

Con todo, ha aplicado una receta similar a la de sus periodos presidenciales anteriores (2003-2010): mucha mano izquierda para negociar, amplios programas de distribución de renta y la apertura de mercados en el exterior para los productos brasileños.

La fórmula ha dado frutos. Desactivó una crisis inédita con Estados Unidos, tras los intentos de Trump de torpedear el juicio contra Bolsonaro; Brasil creció por encima de lo previsto, volvió a salir del mapa del hambre de la ONU y tiene la tasa de desempleo en mínimos históricos (5,2 %) y una inflación bajo control (4,46 %).

Además, la bolsa de São Paulo ha roto su récord de puntos más de treinta veces este año.

Su Gobierno también ha aprobado una profunda reforma tributaria, una demanda histórica del empresariado, y una exención del impuesto de la renta para las familias con menos ingresos.

Todo esto ha tenido un coste fiscal. Lula volvió al poder en 2023 con un déficit público equivalente al 4,7 % del producto interior bruto (PIB) y hoy ese saldo negativo está en el 8,1 % del PIB. La misma tendencia siguió la deuda del país, al pasar del 73,5 % al actual 79 % del PIB.

Lula, un candidato octogenario

Otro asunto que preocupa en algunos sectores políticos es su edad. Lula tiene 80 años y, si gana las elecciones, acabaría con 85.

Su equipo de comunicación es consciente de que ese puede ser un punto débil durante la campaña y se ha esforzado en mostrar a un Lula vigoroso, subiendo las rampas del Palacio presidencial de Planalto, ejercitándose en el gimnasio o incluso encabezando carreras benéficas.

Él asegura sentirse con la energía de un chaval de 30 años.

Lara Mesquita, doctora en Ciencias Políticas y profesora en la Fundación Getulio Vargas (FGV), no cree, sin embargo, que su caso sea comparable al del expresidente de EE.UU. Joe Biden, quien se vio obligado a renunciar a la reelección por presiones del Partido Demócrata ante su edad.

Por otro lado, la popularidad del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) está estancada. Su trabajo como presidente es aprobado por un 49 % de los brasileños, frente a un 48 % que lo rechaza, según el último sondeo de la firma demoscópica Datafolha.

Lula aún genera animadversión en una parte del electorado que no olvida los escándalos de corrupción en sus dos primeros mandatos y le reprocha la expansión del crimen organizado por el país.

«La oposición intentará llevar el tema de la seguridad a las elecciones», en un momento en que «la derecha se fortalece en Suramérica», afirmó Pedro Brites, profesor de Relaciones Internacionales en la FGV.
División en la derecha

Pese a ello, Lula parte como favorito en las encuestas publicadas hasta ahora frente a todos los posibles aspirantes de la derecha de cara a los comicios de octubre, en los que también se renovará el Parlamento y los gobernadores de los 27 estados brasileños.

Con Bolsonaro, inhabilitado y en prisión tras ser condenado a 27 años de cárcel, fuera de la ecuación, la derecha está más dividida que nunca.

El líder ultraderechista ha designado como su sucesor a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, quien también genera un alto rechazo.

A diferencia de su padre, su nombre, por el momento, no ha logrado unificar a una derecha en la que no paran de surgir aspirantes.

En esa lista están los gobernadores de Minas Gerais, Romeu Zema; de Goiás, Ronaldo Caiado; y de Paraná, Carlos Roberto Massa, conocido como Ratinho Jr.

No figura, hasta la fecha, el preferido por el mercado financiero y el que más cerca está de Lula en los sondeos: el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exministro de Bolsonaro y quien asegura que se presentará a la reelección en el estado más rico del país.

Más de un mes después de la advertencia de EE.UU. de extremar precauciones al sobrevolar Venezuela, la conectividad aérea del país petrolero sigue limitada, con una sola aerolínea internacional en funcionamiento y el resto locales y con la perspectiva de que la situación se prolongue en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

La recomendación emitida el pasado 21 de noviembre -y reiterada el 16 de diciembre- por la Administración Federal de Aviación (FAA) ante lo que considera como «una situación potencialmente peligrosa» en la zona, desató una ola de cancelaciones de vuelos que mantiene a media máquina la actividad tradicional de Navidad y de fin de año.

Este aviso de la FAA llegó en medio del inédito despliegue militar, tanto aéreo como naval, que mantiene Estados Unidos en el sur del Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que según Washington propicia y lidera Nicolás Maduro y el chavismo.

Hasta ahora, los destinos oficialmente activos en Venezuela son México, Colombia, Panamá, Curazao, Cuba, China, Rusia, Brasil y San Vicente y las Granadinas, la mayoría operado por aerolíneas locales.

El pasado 17 de diciembre, Copa Airlines anunció la reactivación de la ruta entre Panamá y la ciudad de Maracaibo (oeste), aunque mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al «riesgo operacional» asociado, según detalló la empresa panameña en un comunicado.

Copa, junto a las colombianas Wingo y Satena y a la estatal Boliviana de Aviación, suspendieron sus itinerarios hacia este país a principios de diciembre tras alegar «intermitencias de navegación». La decisión la adoptaron días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, considerara el espacio aéreo venezolano cerrado, lo que fue rechazado por Caracas.

Suspensiones extendidas

La operatividad aérea entre Venezuela y España sigue en mínimos, ya que, además de la FAA, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó una advertencia respecto a la operación en el país suramericano.

Iberia y Plus Ultra suspendieron en noviembre sus vuelos entre Madrid y Caracas, medida que postergaron luego hasta el 31 de diciembre y extendieron, ante una prórroga en la advertencia de la AESA, hasta el 31 de enero próximo.

Air Europa hizo lo propio también hasta el 31 de enero.

En respuesta, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela suspendió, entre finales de noviembre pasado e inicios de diciembre, las licencias de vuelo de estas tres compañías españolas, al igual que a Turkish Airlines, Gol, Avianca, Latam y TAP.

Nuevas conexiones

En un intento por ofrecer soluciones a los viajeros, las aerolíneas han explorado rutas alternas.

Es así como Plus Ultra ha habilitado un vuelo entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia) que opera desde el 10 de diciembre y permite a sus clientes enlazar con los vuelos hacia Caracas servidos por la aerolínea venezolana Laser.

De igual forma, la empresa local Estelar anunció una ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, que empezó a operar el 8 de diciembre.

Las compañías aéreas nacionales han apostado igualmente por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá y han aumentado la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas con Colombia para mitigar el impacto de las cancelaciones.

Laser pasó de cuatro a siete viajes semanales hasta Bogotá y programó «vuelos especiales» en su ruta Caracas-Curazao, de acuerdo a información suministrada a EFE por la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT).

Asimismo, Turpial tiene nuevas frecuencias en sus vuelos desde Valencia (norte) hasta Bogotá y abrió una nueva ruta hacia Medellín, mientras que Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según AVAVIT.

Durante este tiempo, la frecuencia de los vuelos hacia el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) pasaron de 35 a 39 a la semana.

En Táchira está el Puente Internacional Simón Bolívar, principal paso terrestre entre Venezuela y Colombia que conecta con la ciudad colombiana de Cúcuta, a donde los pasajeros se han desplazado para sortear las cancelaciones de vuelos.

Incidentes y sobrevuelos

En medio del despliegue militar ordenado desde agosto pasado por Washington en el Caribe, dos aviones procedentes de Aruba y Curazao han evitado colisionar con aeronaves militares de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense, según informaron medios locales.

Entre septiembre y noviembre pasado, el Gobierno venezolano denunció que aviones militares de EE.UU. han sobrevolado las aguas cerca del país suramericano, lo que ha sido calificado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopéz, como un intento de intimidación.

En diversas ocasiones, aeronaves militares estadounidenses han sobrevolado cerca de la frontera con Venezuela, de acuerdo a la página de rastreo de vuelos Flightradar24, el último de ellos registrado el pasado 9 de diciembre, cuando dos aeronaves de combate F-18 se internaron cerca del espacio del Golfo de Venezuela.

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, debutó este jueves en el cargo tras tomar posesión al firmar una serie de órdenes ejecutivas para abordar la crisis de vivienda, además de revocar parte del trabajo de su predecesor.

Mamdani firmó tres órdenes: una para revitalizar la Oficina de protección de inquilinos, y otras dos para establecer equipos de trabajo centrados en evaluar propiedades públicas aptas para construir vivienda y aligerar la burocracia y acelerar los proyectos.

Asimismo, nombró a Cea Weaver, activista de la vivienda asequible, como directora de la Oficina mencionada, que defenderá a los inquilinos frente a los arrendadores y velará por la rápida actuación de las agencias de la ciudad en lugares con condiciones no seguras o ilegales, indica un comunicado.

Mamdani, junto a Weaver, anunció su primera gran acción: intervenir en el proceso de bancarrota de una empresa arrendadora, Pinnacle Realty, con miles de violaciones y denuncias en un total de 83 edificios, y que debe dinero a la Alcaldía, para proteger a sus inquilinos.

Para ejemplificar esa acción, que ha encargado al nominado a jefe jurídico de la Alcaldía, Steve Banks, Mamdani convocó una rueda de prensa en uno de los edificios de Pinnacle Realty y mostró las condiciones de abandono que afrontan sus habitantes.

El alcalde firmó también una orden para designar a cinco vicealcaldes que estructurarán su administración, entre ellos la de Vivienda y Planeamiento, Leila Bozorg, que supervisará los dos equipos de trabajo mencionados.

Un equipo, con la sigla LIFT, debe revisar las propiedades públicas locales e identificar aquellas edificables antes del 1 de julio, y el otro equipo, llamado SPEED, debe hallar y eliminar barreras burocráticas que aumentan costes y ralentizan la construcción de vivienda.

La primera orden firmada por Mamdani hoy ha sido una revocación de las órdenes de su predecesor, el demócrata moderado Eric Adams, emitidas partir del 26 de septiembre de 2024, fecha en que fue imputado por corrupción, aunque el caso fue cerrado tras la intervención del Gobierno de Donald Trump.

Según un comunicado, la revocación busca un nuevo comienzo para la Administración Mamdani, aunque volverá a emitir algunas medidas de esa etapa que considere relevantes para su agenda.

Mamdani, convertido en alcalde tras una campaña meteórica que movilizó a la gente joven y trabajadora, tiene como una de sus grandes promesas hacer la ciudad más asequible y, entre otras cosas, ha propuesto congelar el precio del alquiler para una parte de las viviendas.