Autor: Yolanda Magaña

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, mencionó la seguridad jurídica y la estabilidad política como condiciones para atraer la inversión de empresarios de Estados Unidos a El Salvador, México y Guatemala, países en donde se trasladó la semana pasada para reunirse con los respectivos gobernantes.

Luego de recordar que se reunió con el sector privado salvadoreño con quienes conversó sobre áreas de alta tecnología y proyectos interesantes, se refirió a la necesidad de la certidumbre jurídica y la estabilidad política para los inversionistas.

“Yo debo destacar que las relaciones comerciales y económicas entre nuestros países están recibiendo gran prioridad. Nosotros vemos un continente más próspero y con más inversión extranjero pero eso tiene que ser interesante para el inversor”, señaló.

Luego prosiguió:

“Nadie va a querer invertir en un país donde no hay certidumbre jurídica, donde no hay estabilidad política para dar, pues, para fomentar el crecimiento económico y también seguridad en materia de la vida de día a día para los empresarios, ellos tienen que visitar, tienen que vivir ahí, necesitan seguridad”.

Para el funcionario, hay “un cambio en la política de Estados Unidos” ya que no ha visto “un énfasis tan importante sobre el crecimiento económico” como pilar de la diplomacia”.

Según Landau, en esa visión, “la estabilidad política también se puede construir sobre una base de prosperidad económica, esa es nuestra visión para un hemisferio mejor para todos”.

El funcionario no detalló situaciones internas sobre la situación política de cada país. En El Salvador, las organizaciones locales e internacionales han condenado las capturas de activistas de derechos humanos y un abogado constitucionalista, así como la creación de una ley de agentes extranjeros.

El secretario del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, envió, el pasado 10 de junio, una correspondencia al coordinador del distrito de Mejicanos, en la que pide «acceso» al local del partido con el fin de que “las autoridades judiciales” puedan ingresar y realizar un “avalúo del bien inmueble”.

El escrito fue publicado por la cuenta de Facebook del «FMLN Mejicanos», que señaló a la dirección nacional del FMLN de “no tener la determinación ni la voluntad política para preservar” el local del partido de izquierda.

La diligencia, según una fuente del partido, está fijada para el viernes 20 de junio a las 10:00 de la mañana, y es parte de un proceso judicial iniciado por empleados que demandaron su indemnización por despidos del instituto político.

En conferencia de prensa, el secretario del partido manifestó que este “es un proceso de un juzgado de Ayutuxtepeque y Mejicanos” y que él únicamente debe responder como representante legal del partido de izquierda ante procedimientos judiciales, ya que de lo contrario caería en «desacato».

“A más de 100 se les indemnizó. El representante legal de los locales soy yo. No es nadie más y cuando los procedimientos judiciales son así uno debe responder porque, si no, cae en desacato. Yo lo que estoy haciendo es cumpliéndole a los trabajadores su derecho”, aseguró Flores. Según el dirigente, la subasta del local de Mejicanos “es un procedimiento legal que viene de las gestiones pasadas”.

En enero de 2025, se conoció que el Juzgado Quinto de lo Laboral ordenó indemnizar a cinco empleados despedidos del partido, por lo que fue embargado el local que el partido de izquierda tenía en Ayutuxtepeque.

“Ya no es el FMLN en el gobierno, ya no es el FMLN, con empleados en el gobierno, ni con alcaldías ni con diputados, es el partido en recomposición interna preparándose para el futuro y hay que tomar decisiones. Ya no es el FMLN donde se recibían aportes de funcionarios”, indicó Flores, en una conferencia de prensa.

Según una fuente del partido político, el local de Mejicanos servirá para indemnizar a empleados dentro de un proceso judicial de embargo, a raíz de una demanda por parte de al menos cuatro empleados. Se conoce que el partido político también tiene deudas con una empresa de telefonía. En febrero pasado, el secretario del FMLN aseguró que tenían deuda de $325,000 con «proveedores que dieron sus servicios para la campaña del FMLN». El partido de izquierda no ha publicado sus balances financieros. Su sitio web, fmln.org.sv, está en construcción.

Luego de entrevistar a cuatro candidatos, la

Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para elegir al presidente del Tribunal del Servicio Civil (TSC)para el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

El dictamen, aprobado con ocho votos, no realiza propuesta de alguno de los cuatro candidatos para el cargo. Las propuestas son conocidas públicamente hasta que cada grupo parlamentario pronuncia el nombre de la persona a ser elegida en la sesión plenaria, que se realizará el jueves 19 de junio.

Uno de los cuatro candidatos es el gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa, Franklin Nolasco, quien aspira a un cuarto periodo como presidente del TSC.

Ante preguntas del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, Nolasco opinó sobre las faltas cometidas por los empleados públicos: “Para mí alguien que esté reincidiendo, corresponde iniciarle un proceso de destitución y despido. Si una persona está reincidiendo, a esa persona le falta vocación”, indicó. Nolasco reveló que el TSC tiene actualmente 1,200 casos activos, de los cuales 270 están por resolver y más de 900 están resueltos.

El Tribunal de Servicio Civil es la institución judicial que dirime en segunda instancia las diferencias entre los empleados públicos y las instituciones del Estado, analiza procesos de despidos o destituciones, y resuelve demandas de los empleados.

Los diputados entrevistaron a los cuatro candidatos –quienes detallaron públicamente su experiencia laboral– en el siguiente orden:

1. William Vladimir Álvarez Flores: abogado con maestría en derecho económico, derecho administrativo y procesal administrativo. Dice que tiene «más de 20 años», iniciando como operativo y administrativo en la Policía Nacional Civil (PNC), fue coordinador del área legal de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Justicia y actualmente es el jefe de la Unidad de Compras Públicas del Tribunal de Servicio Civil y secretario interino ad honorem. Duración de la entrevista: 16 minutos y 39 segundos.

2. Ernesto Adalid Corea Barraza: fue oficial aduanero, ha sido apoderado general judicial de Sindicato del Ministerio de Salud y es apoderado. Trabajó 15 años en aduanas, dijo que es apoderado legal de “muchas empresas privadas” y que ha visto muchos “casos de carácter mercantil, laboral y penal”. “He sido apoderado de muchos empleados públicos, en especial del Ministerio de Salud agremiados» al Sindicato General de Empleados de Salud (Sigesal). Duración de la entrevista: 9 minutos y 2 segundos.

3. Selvin Max Darwin Peña Rivera: trabajó en una oficina jurídica donde representó empresas y empleados en materias laboral, civil y mercantil; desde 2007 es empleado del Órgano Judicial, inició como ordenanza del juzgado segundo de paz en Dulce Nombre de María, en Chalatenango; de 2012 a 2016, laboró en la oficina de actos de comunicación de derecho privado y social de la CSJ. De 2016, es notificador del Juzgado Segundo de lo Civil de San Marcos. Fue miembro del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus), de donde fue secretario de finanzas del departamento de Chalatenango. Duración de la entrevista: 10 minutos y 46 segundos.

4. Franklin Josué Nolasco Morales: actual gerente de Operaciones de la Asamblea Legislativa y como tal asesora técnicamente a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, así como a la junta directiva. Empleado de la Asamblea Legislativa desde hace 21 años, inició como ordenanza, fue colaborador administrativo, colaborador de departamento, colaborador jurídico en las comisiones, técnico en comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores. Abogado y notario, fue secretario general de un sindicato en la Asamblea, es actualmente presidente del Tribunal de Servicio Civil por tercer periodo. Duración de la entrevista: 17 minutos y 5 segundos.

Preguntan sobre plan de mejora

Los diputados realizaron preguntas sobre la función del Tribunal del Servicio Civil (TSC), sus planes de mejora, qué significa empleado Ley de Salarios o cargo de confianza, cuál es la diferencia entre destitución y despido, cómo resolvería con imparcialidad demandas de sindicalistas y cuáles son los principales desafíos de los empleados públicos.

El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, preguntó a Álvarez «en qué área se enfocaría para mejorar la institución». El primer candidato le respondió que mejoraría «las condiciones de operatividad para prestar mejores servicios institucionales, optimizar las herramientas tecnológicas y un mejor servicio al usuario».

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, preguntó a los candidatos qué es el Tribunal del Servicio Civil y respondieron que la institución dirime las diferencias entre los empleados públicos y el Estado.

Al segundo candidato, la diputada Suecy Callejas le preguntó qué áreas de mejora ve al TSC. Corea Barraza le respondió que en muchos procesos «se han ganado» porque «se ha sustentado la vulneración al derecho de audiencia» y aseguró que en ciertos proceso «ha habido una retardación en la depuración» del proceso.

También, el diputado Guevara preguntó cómo se garantizaría la imparcialidad en el desafuero de sindicalistas. El aspirante respondió que «no goza de fuero» pero la comisión está en facultad de desaforarlo con «el debido proceso de audiencia y defensa.

Algunos candidatos hicieron propuestas. El candidato Peña Rivera propuso que el TSC conozca casos en primera instancia, así como las comisiones de servicio civil que funcionan en cada institución. El actual presidente del TSC propuso también propuso «actualizar la Ley de Servicio Civil» y aseguró que buscan un espacio para la institución.

Al final de las entrevistas, los diputados votaron a favor del dictamen favorable.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para autorizar la suscripción del contrato de un nuevo préstamo de la «Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones» que buscaría mejorar el servicio de salud en los hospitales y unidades de salud en El Salvador.

Los diputados de este grupo de trabajo votaron de manera unánime por el dictamen 95, que sería aprobado por el pleno legislativo en la sesión del jueves 19 de junio a las 9:30 a.m.

«Julio Darío Alemán, jefe del Departamento de Gestión de Deuda del Ministerio de Hacienda», explicó que el préstamo cumple la modalidad de «Enfoque Sectorial Amplio (SWAp), «una herramienta financiera que facilita la implementación de políticas públicas y programas de desarrollo sectorial con «financiamiento flexible» y apoyo técnico».

Se trata de la operación «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».

El funcionario detalló que los objetivos del programa son: «mejorar la infraestructura de salud, equipamiento médico de alta tecnología, transformación digital, promoción, prevención, diagnóstico, fortalecimiento institucional, atención a enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar la respuesta de emergencias médicas.» Aseveró que el plazo del préstamo será 18 años, incluidos dos de gracia, y un interés de tasa de referencia más 1.95 %, con opción de conversión a 6.3 % anual.

Alemán no detalló si los fondos podrán ser usados para pagar deudas. Sin embargo, el artículo 3 del decreto que será aprobado indica que «los recursos del contrato de préstamo serán destinados para atender prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

La presentación que llevó el funcionario a los diputados indicaba que los objetivos del programa, entre otros mencionados, son:

1. Ampliación de hospitales y unidades de salud, sobre todo en zonas rurales y altamente vulnerables.
2. Expansión de la salud digital.
3. Fortalecimiento del primer nivel de atención preventiva, materno infantil y enfermedades crónicas.
4. Mejora de la respuesta del «Sistema de Emergencias Médicas (SEM)».

Los diputados no hicieron preguntas y aprobaron por unanimidad de los presentes el dictamen favorable. En la Comisión, no había diputados de oposición.

La «diputada Dania González, de Nuevas Ideas», solo expresó que están viendo «cuál es la relación entre este nuevo crédito que El Salvador gracias a sus políticas públicas, de cada uno de los programas del CAF, ahora ha sido reconocido y puede tener este financiamiento enfocado en materia de salud». «Es importante que podamos inyectarle a nuestro país en materia de salud», agregó.

«Este tipo de financiamientos en mediano y largo plazo vamos a ver cada uno de estos frutos en las comunidades más vulnerables», prometió la legisladora.

El CAF se ha convertido en uno de las principales entidades financieras del gobierno de El Salvador.

Luego de reunirse con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y los gobernantes de México y Guatemala, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró este lunes que la administración Trump busca «crear una agenda positiva en el crecimiento económico que convenga a ambos» y que aumente la inversión estadounidense en los tres países.

El funcionario enfatizó en que los empresarios estadounidenses necesitan certidumbre jurídica y estabilidad política, que no las definió, además de la seguridad física.

«Nadie va a querer invertir en un país donde no hay certidumbre jurídica, donde no hay estabilidad política para dar, pues, para fomentar el crecimiento económico y también seguridad en materia de la vida de día a día para los empresarios, ellos tienen que visitar, tienen que vivir ahí, necesitan seguridad», fueron sus palabras.

Detalló que con Bukele conversó sobre su plan de seguridad, «su visión de desarrollo económico para el país» y concretamente «una agenda en temas digitales y de alta tecnología» sobre la cual Landau tenía mucho interés. «Compartimos ideas», reveló.

Landau reiteró la preocupación de Estados Unidos de «una presencia china tan fuerte» en la región pero aseguró que no fue el énfasis en sus reuniones con los líderes de El Salvador, México y Guatemala «sino más bien las oportunidades que hay para el capital y las empresas estadounidenses», y no tanto como «algo en contra de China».

«Yo lo veo como una oportunidad para nosotros, yo no lo veo realmente tanto como algo en contra de China, sino a favor de nuestros empresarios, y a favor de ustedes y sus pueblos. Queremos estar ahí presentes, para que no solamente sean los chinos los que se encuentran allá buscando oportunidades.
Christopher Landau, vicesecretario de Estado de EE.UU.

Reveló que él cree que «a través de los años los chinos han estado de manera mucha más afirmativa buscando oportunidades en la región», ante una pregunta sobre cuál era su visión sobre la influencia china en El Salvador. «Mi gran deseo en este cargo es trabajar con el empresariado aquí en Estados Unidos, también, para dirigirles un poco a estas oportunidades», enfatizó.

Uno de los roles que se plantea el segundo de la Secretaria de Estado de EE.UU. es «identificar las barreras» que han «desincentivado» la inversión estadounidense en la región y mencionó la ley anticorrupción de Estados Unidos.

En febrero pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de 1977 que prohíbe a empresas y personas de Estados Unidos ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros.

Landau detalló que el presidente Trump emitió un memorando al Departamento de Justicia de Estados Unidos para evaluar la aplicación de la ley anticorrupción. «Para asegurarnos de que no hay como un exceso de desincentivo donde los empresarios estadounidenses digan 'nosotros ni siquiera queremos buscar oportunidades en la región porque hay tanta corrupción allá que al meternos, al estar investigando inversiones, nos vamos a meter en líos legales y basta ya», sostuvo.

Agregó que «francamente» se debería «ver un poco más a fondo cuáles son las bases de estas inversiones chinas». «Yo espero que, cuando haya inversión estadounidense siempre sea sobre una base de transparencia y de justicia para todos los involucrados», indicó..

Con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que «sobre todo» hablaron de “respeto mutuo y respeto a la soberanía de ambos países” y, de Guatemala, afirmó que se une como «socio con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico» y “más que nada”, con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hablaron “sobre temas económicos” y cómo impulsar inversiones en Guatemala.

El vicesecretario no se refirió a otros temas como el acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para deportar y recluir a supuestos criminales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las preguntas enviadas por Diario El Mundo pero que no fue leída en la videoconferencia. Estados Unidos ha deportado más de 250 personas desde el 16 de marzo de 2025 bajo este acuerdo por $6 millones anuales con El Salvador.

Tampoco se refirió a recientes capturas de activistas en El Salvador ni la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, hechos criticados en El Salvador por organizaciones civiles locales e internacionales.

Landau, quien tomó posesión como 23º vicesecretario de Estado de Estados Unidos el 25 de marzo, realizó una gira por la región del 10 al 13 de junio, se reunió el 11 de junio con el presidente Nayib Bukele y, el jueves, con representantes del sector privado y de la Cámara de Comercio de El Salvador (AmCham) con quienes participó en una mesa redonda sobre economía digital en Applaudo Studios.

El 19 de mayo, en un discurso publicado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Landau dijo que el Departamento de Estado tiene “más de 1,000 funcionarios comerciales destinados en nuestras embajadas en todo el mundo” que buscan “ayudar a las empresas y los inversores extranjeros a hacer negocios con sus homólogos del sector público y privado estadounidense para aprovechar nuestras empresas, tecnología y mano de obra líderes”. Este lunes, al referirse a su visita en la región, enfatizó que buscan de las inversiones en la región beneficios tanto para la prosperidad de la región como para Estados Unidos.

Economistas consultados por El Mundo ven positiva la «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas«, uno de los compromisos que adoptó El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advierten que la nueva normativa no establece límites para el gasto público y que ello conlleva una gran responsabilidad sobre el Ministerio de Hacienda.

Al cierre de 2024, la deuda pública total de El Salvador alcanzó los $32,107.13 millones, un 89.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), incluidos los $10,525.96 millones en deuda estatal de pensiones. La nueva ley establece la meta más cercana del 80 % del PIB en 2030.

El economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que la ley «muestra la voluntad clara de enmarcar una hoja de ruta» para ordenar las finanzas públicas, ya que establece la obligación de elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de transparentar deudas incluidas todas las instituciones estatales, deudas a corto plazo y pagos pendientes a proveedores.

Sin embargo, Rodríguez advierte que usualmente las leyes de sostenibilidad fiscal establecen mecanismos técnicos para llegar a las metas de deuda pero la ley de El Salvador, no lo hace.

«No dice expresamente en la ley cuál es el objetivo de déficit y de balance primario o de gasto como proporción del PIB, sino que lo deja a un segundo procedimiento o documento, el MFMP», explicó.

Es una normativa laxa, pero hay una salvedad importante, hay que darle el beneficio de la duda. Ellos hacen esto porque es un elemento que vamos a ver en el camino… Alcanzar un superávit primario para bajar la deuda incluyendo pensiones no es fácil.
Rommel Rodríguez, economista de Funde.

Señala que en el camino Hacienda puede ir redefiniendo los indicadores para bajar los límites de deuda pero, pese a ello, señala que «introducir el marco fiscal con pensiones es duro».

Para Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, la tarea difícil recae sobre el Ministerio de Hacienda. «Es positivo que se haya retomado la ley anterior que se había aprobado en 2016 y se había suspendido por la pandemia de covid-19. El espíritu es lo importante y los límites de deuda. La gradualidad de la reducción de la deuda son más altas, pero creo que es positivo», dijo.

Sin embargo, también observó que esta nueva normativa «solo tiene métricas de deuda sobre PIB» cuando en otros países establecen métricas sobre gastos corrientes.

«Esto deja sobre Hacienda la responsabilidad de maniobrar para ver cómo se van logrando las metas en el tiempo y, para eso, el Marco Fiscal de Mediano Plazo es bien importante. La tarea difícil recae sobre Hacienda».
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.

Dependerá de crecimiento y reforma de pensiones

Dos elementos clave para analizar si las metas de endeudamiento impuestas en la ley se cumplirán en El Salvador son el crecimiento económico y la reforma de pensiones.

Según el expresidente del BCR, los límites de deuda pública «sí son realistas» pero su cumplimiento también dependerá de la reforma de pensiones y del crecimiento económico.

El economista explicó que «el amarre de la ley no significa que la deuda deba disminuir en valores absolutos» ya que, mientras el PIB crezca más rápido que la deuda, la deuda en relación al PIB irá bajando aunque la deuda en términos nominales esté subiendo.

Según Acevedo, ya no hay mucho margen para que El Salvador haga más recortes al gasto. Ejemplificó que en el periodo 2020-2024 la recaudación tributaria se fue en el pago de salario, bienes y servicios, e intereses de la deuda, y ya no alcanzó para transferencias, subsidios, amortización de la deuda e inversión pública. «Podés poner límite en la compra de bienes y servicios, sí, pero no te va a dar mucho. Es complicado y eso sin incluir el pago de pensiones», indicó.

El mayor desafío, sin embargo, es la deuda de pensiones cuya reforma prevé podría ser gradual para evitar el costo político.

En 2024 la deuda de pensiones ya conformaba el 32.7 % de la deuda de El Salvador. El mecanismo mediante el cual se prestan los ahorros de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) al Estado –para que pueda pagar pensiones del sistema público– fue renovado en la reforma de 2022 –con una tasa de interés del 7 %. A abril de 2025, la nueva deuda de pensiones ya es el 22 % de la deuda previsional, que asciende a $10,742.22 millones.

Además de una Ley de sostenibilidad fiscal, El Salvador se comprometió con el FMI a realizar una reforma de pensiones para 2026, cuya propuesta se deberá publicar en febrero.

El Ministerio de Hacienda reformó recientemente el reglamento de la Ley de Compras Públicas para establecer ciertas normas de transparencia sobre las compras del Estado y agregar nuevos requisitos de clasificación de los proyectos «estratégicos de utilidad pública».

Los proveedores del Estado deberán proporcionar información sobre los beneficiarios finales, incluyendo el nombre y la nacionalidad, según una reforma al artículo 7.

Además, el nuevo artículo 7-A del reglamento de la Ley de Compras define beneficiario final como «cualquier persona natural que en última instancia posee o controla una persona jurídica, incluso a través de una cadena de propiedad» o un control distinto «con un porcentaje igual o mayor al 10 %».

También, considera beneficiario final a la persona «que ejerce control efectivo» sobre la empresa o sociedad por «medios distintos a la propiedad directa o indirecta».

La reforma al reglamento de la Ley de Compras, publicada en el Diario Oficial del 5 de junio de 2025, establece que «los nombres y la nacionalidad, o las nacionalidades si hubiera más de una, de los beneficiarios finales se pondrán a disposición del público«, aunque agrega que se hará «de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos».

Proyectos de utilidad pública: requisitos

La reforma del Reglamento de la Ley de Compras Públicas aprobada el pasado 5 de junio reitera que los llamados «proyectos estratégicos de utilidad pública» son aquellos en los cuales «la particularidad o la necesidad inminente de su realización hagan inviable su tramitación de forma adecuada, oportuna, eficaz y transparente» mediante los métodos de contratación ordinarios establecidos en la Ley de Compras Públicas.

Sin embargo, indica que las instituciones deberán remitir a la Dirección Nacional de Compras (Dinac) un reporte de los procesos de compra, las denominaciones de las contrataciones, las instituciones participantes, fechas y montos de las contrataciones de los proyectos “estratégicos de utilidad pública».

La reforma redefine estos proyectos estratégicos de utilidad pública y les agrega el nuevo requisito de cumplir servicios públicos «de naturaleza vital o indispensable para la ciudadanía o la operación estatal» y de comprobar «la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de manera efectiva, eficiente o en el tiempo requerido» con las modalidades de adquisición que establece la Ley de Compras.

La modificación a este reglamento obliga a que estos proyectos, aunque excluidos expresamente de la aplicación de la Ley de Compras Públicas, tengan «análisis de precios» y que haya «disponibilidad de fondos al momento de su ejecución».

Según la reforma, cada institución encargada de ejecutar un «proyecto estratégico de utilidad pública» remitirá un reporte a la Dinac y esta publicará las denominaciones de las contrataciones, instituciones participantes, fechas y montos de las contrataciones.

«Información de libre acceso»

La reforma también establece un nuevo artículo 9-A que obliga a las instituciones, sobre las compras públicas en general, a «garantizar que la información que registren en Comprasal sea cierta, precisa, oportuna, clara, consistente» y acorde a la legislación sobre el acceso a la información pública y la protección de datos.

Expresamente se indica que será «de libre acceso» la información sobre: nombre del proceso de contratación, método, número de ofertas y proveedores, proveedor adjudicado, beneficiarios finales de los proveedores adjudicados, estado del proceso, número de modificaciones y monto adjudicado.

Actualmente, el sitio web de Comprasal y de la Dinac está restringido únicamente a proveedores del Estado.

El concejo municipal de Ahuachapán Centro –que reúne a Ahuachapán y Atiquizaya– estará obligado a destinar un 0.05 % del presupuesto de la municipalidad para financiar programas dirigidos a la población migrante y su familia.

La nueva «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Ahuachapán Centro» fue aprobada el 4 de febrero y está vigente a partir del jueves 5 de junio luego de que fuera publicada en el Diario Oficial del 28 de mayo pasado.

El municipio estará obligado a llevar «un registro actualizado de las personas migrantes extranjeras que residen en el municipio, independientemente de cuál sea su condición migratoria», así como de salvadoreños retornados que residan en el municipio.

«En ninguna circunstancia el registro será utilizado como control migratorio», aclara la ordenanza.

La municipalidad de Santa Ana Centro, constituido por el distrito de Santa Ana, aprobó una ordenanza similar, la «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana«, que también establece un registro de las personas migrantes extranjeras y de los salvadoreños retornados que residan en el municipio.

La municipalidad de Ahuachapán Centro también elaborará un directorio de asociaciones de salvadoreños que residen en el exterior y otro directorio de cooperantes nacionales e internacionales para coordinar el trabajo migratorio del municipio.

La ordenanza también busca prevenir la migración irregular con actividades conjuntas entre instituciones públicas, oenegés, asociaciones de desarrollo comunal (adescos), empresa privada, iglesias, universidades y centros escolares, así como asociaciones de salvadoreños en el exterior.

La nueva «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas» aprobada el martes por la Asamblea Legislativa obligará a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a que entregue al Ministerio de Hacienda un estudio actuarial del sistema de pensiones en El Salvador.

Un estudio actuarial de pensiones incluye proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema tomando en cuenta factores como la edad de jubilación, esperanza de vida, aportaciones o cotizaciones de los empleados y empleadores, así como obligaciones futuras del sistema.

El artículo 20 de la nueva normativa explica que el Ministerio de Hacienda accederá a esta información «con el objetivo prioritario de incorporar las cifras» sobre pensiones «en las proyecciones fiscales» del Estado salvadoreño.

La nueva ley, uno de los compromisos que asumió El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le establece límites de endeudamiento público con deuda de pensiones en 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, 75 % para 2035 y 70 % para el año 2045.

La deuda pública total con pensiones de El Salvador alcanzó los $32,107.13 millones al cierre del año 2024, un 89.2 % del PIB. La deuda estatal con el Fondo de Pensiones llegó a $10,525.96 millones al cierre de 2024 y ya supera los $10,742.22 millones hasta abril de 2025.

ISP deberá informar a Hacienda

Además del informe actuarial, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) deberá entregar toda la información que el Ministerio de Hacienda le requiera.

Una de las obligaciones del Ministerio de Hacienda será elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) –dentro del plazo de tres meses– que contendrá una programación fiscal y un marco para el presupuesto estatal y el endeudamiento del Estado. El MFMP «deberá especificar la trayectoria de la deuda con pensiones».

Hacienda únicamente podrá corregir en un plazo máximo de dos años «los excedentes de deuda con pensiones sobre la trayectoria esperada».

En un acuerdo por $1,400 millones, el gobierno salvadoreño se ha comprometido con el FMI a publicar «una evaluación actuarial independiente» a finales de julio de 2025 y una propuesta de reforma al sistema de pensiones el 10 de febrero de 2026.

Las autoridades, según el FMI, reanudarán las evaluaciones de la sostenibilidad del sistema de pensiones «para cuantificar los riesgos de la garantía» sobre «todas las solicitudes públicas y privadas relacionadas con pensiones y para fundamentar la toma de decisiones».

El compromiso con el FMI incluye la contención de «posibles costos fiscales asociados con la reforma de pensiones de 2022, que aumentó las prestaciones, desvinculándolas de los saldos acumulados en cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que queda del anterior sistema público de reparto.

La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, conocida como APLAN, autorizará el uso de suelo a establecimientos que considere no están generando un «comercio invasivo».

La junta directiva de la APLAN aprobó el acuerdo de junta directiva 002/2025 “Disposiciones especiales para el uso diversificado y sostenible en el área delimitada del Centro Histórico de San Salvador” el 23 de mayo, que fue publicado en el Diario Oficial del 27 de mayo y están vigentes desde el 5 de junio.

¿Qué es comercio invasivo? Según el acuerdo, es «toda actividad económica que, por su localización, modalidad de operación o volumen, interrumpa, altere o deteriore el equilibrio de un espacio urbano» y afecte «negativamente el orden del espacio público, la movilidad urbana, la imagen patrimonial o la vocación cultural y turística del Centro Histórico».

Según las disposiciones, «comercio invasivo» es, por ejemplo, la «ocupación indebida de aceras, plazas, bienes de dominio público o fachadas protegidas«. Pero, advierte, no se limita a dichas situaciones.

En contexto: APLAN baja tarifas para establecimientos comerciales del Centro Histórico

En el proceso de autorización del uso de suelo, la APLAN evaluará la «concentración de ofertas comerciales similares» en el área del proyecto con el fin de «preservar la diversidad funcional del entorno y evitar la saturación de un solo tipo de oferta».

Para evaluar la concentración comercial, la APLAN verificará que el establecimiento propuesto «no promueva el comercio invasivo, ni genere externalidades negativas que afecten el espacio público, la movilidad peatonal y vehicular, o la integridad del entorno patrimonial». También, tomará en cuenta la cantidad y el tipo de negocios ya existentes, su similitud y la capacidad “de absorción del entorno».

Así, la APLAN autorizará el uso de suelo si no se detecta una concentración significativa o, si hay ofertas comerciales similares, el «proyecto aporte valor diferencial, cultural o de interés estratégico», o denegar su uso cuando se genere una saturación de la oferta comercial.

La nueva Ley de creación de la APLAN está vigente desde el 18 de mayo de 2023 y aplica a 84 cuadras delimitadas del Centro Histórico de San Salvador. Las inversiones, cuyo mínimo es de $25,000, suman hasta marzo más de $156 millones.