Autor: Yolanda Magaña

La instalación de establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior de los mercados nacionales estará prohibida por la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa.

Esta es una de las prohibiciones que aún se mantiene en la nueva normativa, aunque sí fue eliminada la prohibición de ventas ambulantes dentro del mercado y a una distancia de cien metros de su perímetro, restricción que estaban contenida por el proyecto original de la ley.

Los arrendatarios de los puestos o locales podrán ser multados, con montos desde los $5 hasta los $50, por las infracciones que cometan, pero también la Dirección podrá revocarles la adjudicación si las infracciones son «muy graves», como provocar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas.

La Dirección también podrá revocar la adjudicación de los puestos o locales si los puestos son modificados sin autorización de la Dirección.

Estas son las reglas para los puestos de venta en los llamados «mercados nacionales»

-Limpieza: Los adjudicatarios de los puestos deberán mantenerlos completamente limpios y en buenas condiciones de salubridad e higiene.

-Depósitos: El puesto de venta deberá disponer de depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección, que deberán estar «cerrados».

-Horario: Se prohibirá el ingreso de personas fuera del horario, que será establecido por la Dirección de Mercados Nacionales.

-Sin establecimientos provisionales: Se prohibirán establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior del mercado.

-Sin subarriendo: Se prohibirá la «transferencia o subarriendo» de puestos de venta.

-Sin basura: Se prohibirá botar basura en áreas de circulación.

-Sin agujeros: Prohibirán abrir agujeros en las paredes del mercado.

-Sin desórdenes: Prohibirán perturbar la disciplina y el orden del mercado. También se prohíben las agresiones verbales y físicas, por lo cual podrán perder la adjudicación.

-No vender artículos descompuestos: Se prohibirá vender artículos descompuestos o de forma antihigiénica.

-No armas, velas, material peligroso: Se prohíbe también portar arma de fuego excepto el personal de seguridad, encender velas o luminarias «que puedan provocar incendios», almacenar material peligroso. También reitera prohibiciones legales como sustancias ilícitas. También se prohíbe limpiar los locales con sustancias corrosivas.

Estas son las multas de la nueva Ley de Mercados

Multas de $5 a $25 [infracciones leves]

no cumplir con acondicionamiento del puesto o local, no atender indicaciones de la Dirección, no mantener limpio y en condiciones de salubridad e higiene el puesto, y no contar con depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección.

Multas de $25 a $50 [infracciones graves]

Impedir inspecciones, almacenaje en condiciones antihigiénicas, botar basura o productos descompuestos en pasillos, obstruir pasillos con estructuras, vender artículos antihigiénicos, encender velas, conductas reñidas con la moral o buenas costumbras, lavar instalaciones con sustancias corrosivas y acciones «que alteren la disciplina y el orden».

Revocación de la adjudicación y aviso a Fiscalía [infracciones muy graves]

Almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, conservar explosivos o material inflamable, almacenar material peligroso o contagioso, realizar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas, con o sin armas.

Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.

La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.

La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:

«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados».
Elisa Rosales (Nuevas Ideas).

Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».

Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.

Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones».

Francisco Lira (Arena).

También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.

Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».

Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?».
Claudia Ortiz (Vamos).

Herencia y desalojos voluntarios

Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».

«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros».
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).

El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».

El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»

La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.

La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban.

Claudia Ortiz (Vamos).

«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé.

Ernesto Castro (Nuevas Ideas).

«Que se acuerden de mis palabras»

Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».

La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».

Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas.

Marcela Villatoro (Arena).

La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.

Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.

La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.

La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:

«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados».
Elisa Rosales (Nuevas Ideas).

Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».

Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.

Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones».
Francisco Lira (Arena).

También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.

Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».

Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?».
Claudia Ortiz (Vamos).

Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».

«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros».
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).

El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».

El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.

La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban.
Claudia Ortiz (Vamos).

«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé.
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).

«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».

La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».

Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas.
Marcela Villatoro (Arena).

La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», eliminando de su proyecto original la restricción de ventas ambulantes en cada mercado nacional y hasta una distancia de 100 metros de su perímetro.

Una segunda modificación al proyecto original fue la eliminación del artículo 38, que oblibgaba a los adjudicatarios de los puestos pagar a los trabajadores el salario mínimo aprobado por el «Consejo Nacional de Salario Mínimo».

La ley fue aprobada este jueves, a las 4:23 p.m., con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos votaron en contra.

En la normativa, se mantiene que el municipio «deberá manifestar su intención de entregar» a la Dirección de Mercados Municipales «voluntariamente el bien inmueble» del mercado que sea intervenido a su solicitud –en diseño, construcción o remodelación– por el Órgano Ejecutivo.

El plazo del comodato deberá ser de 50 años prorrogables por periodos según el literal «c» del artículo 23.

Además, se mantienen los montos de las multas, de $5 hasta $50, y sanciones para infracciones muy graves, revocación de la adjudicación de un puesto de venta y aviso a la Fiscalía General de la República.

La diputada «Claudia Ortiz, de Vamos», votó en contra. Aseguró que el desarrollo no se limita a que «las fotos salgan bonitas». Aseguró que con un «maquillaje de orden» tienen «una oscura intención de adueñarse y controlar los ingresos que tienen las alcaldías mediante la administración de mercados municipales».

«¿Y por qué odian tanto a los pobres?, ¿por qué le están dando al Ejecutivo administrar otro servicio municipal más, si el gobierno es mal administrador?, si no le alcanza para salud, para educación. Les recuerdo que hace cuatro años crearon la famosa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales), las comunidades siguen olvidadas no por la alcaldía sino por la famosa DOM», cuestionó.

«La DOM no le rinde cuentas a la gente de las comunidades, solo le rinde cuentas a Casa Presidencial».

«Claudia Ortiz (Vamos).»

El «diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas» aseguró que la realidad de los vendedores actuales fue «lo que heredaron» los gobiernos anteriores y «todo lo que antes se tenía» no funcionó.

Relató que, cuando él era un niño y vivían en «Barrio La Vega», su abuela tenía una tienda: «Íbamos con ella al mercado. Yo veía las condiciones de los mercados. Casi siempre me daba cuenta de las deficiencias que había ahí… Esas historias que escuchamos con mucho respeto en esta sesión plenaria, como la historia de Rosita. Ahí se describe todos lo que los gobiernos anteriores hicieron en este país».

«Yo les pregunto a ustedes: ¿de verdad, el sistema de mercados ha funcionado? ¿Ha existido orden?, ¿ha existido limpieza, ha existido justicia a la hora de repartir los puestos?… Ahí ni siquiera las alcaldías dominaban, los mareros eran los que dominaban»

«Ernesto Castro (Nuevas Ideas).»

El «diputado Francisco Lira, de Arena» aseguró que la ley «atenta gravemente» contra la autonomía municipal. Señaló que, al centralizar la administración de mercados municipales, «busca debilitar la capacidad de respuesta de las alcaldías para solventar la necesidad de las comunidades».

«Quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo gobernaciones».

«Francisco Lira (Arena).»

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos«, eliminando la restricción de ventas ambulantes hasta una distancia de 100 metros del perímetro de los establecimientos como planteaba el proyecto original.

Una segunda modificación al proyecto original fue la eliminación del artículo 38, que obligaba a los adjudicatarios de los puestos a que pagaran a los trabajadores el salario mínimo aprobado por el Consejo Nacional de Salario Mínimo.

La ley fue aprobada este jueves, a las 4:23 p.m., con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Los legisladores de Arena y Vamos votaron en contra.

En la normativa, se mantiene que el municipio «deberá manifestar su intención de entregar» a la Dirección de Mercados Municipales «voluntariamente el bien inmueble» del mercado que sea intervenido a su solicitud –en diseño, construcción o remodelación– por el Órgano Ejecutivo.

El plazo del comodato deberá ser de 50 años prorrogables por periodos según el literal «c» del artículo 23.

Además, se mantienen los montos de las multas, de $5 hasta $50, y sanciones para infracciones muy graves, revocación de la adjudicación de un puesto de venta y aviso a la Fiscalía General de la República.

La nueva ley crea la Dirección de Mercados Municipales, cuyo director y subdirector serán nombrados por cinco años por el presidente de la República.

Esta Dirección será «la única responsable» de cobrar los impuestos municipales, tasas o contribuciones relacionados a la infraestructura de los mercados entregados en comodato por las municipalidades y definirá el «pliego tarifario» con los precios de arrendamiento de los puestos de venta o local comercial.

La Dirección de Mercados también podrá gestionar y contratar préstamos a largo o mediano plazo para financiar sus actividades si no puede con sus ingresos ordinarios.

El debate

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Aseguró que el desarrollo no se limita a que «las fotos salgan bonitas». Aseguró que con un «maquillaje de orden» tienen «una oscura intención de adueñarse y controlar los ingresos que tienen las alcaldías mediante la administración de mercados municipales».

«¿Y por qué odian tanto a los pobres?, ¿por qué le están dando al Ejecutivo administrar otro servicio municipal más, si el gobierno es mal administrador?, si no le alcanza para salud, para educación. Les recuerdo que hace cuatro años crearon la famosa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales), las comunidades siguen olvidadas no por la alcaldía sino por la famosa DOM», cuestionó.

«La DOM no le rinde cuentas a la gente de las comunidades, solo le rinde cuentas a Casa Presidencial».
Claudia Ortiz (Vamos).

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que la realidad de los vendedores actuales fue «lo que heredaron» los gobiernos anteriores y «todo lo que antes se tenía» no funcionó.

Relató que, cuando él era un niño y vivían en Barrio La Vega, su abuela tenía una tienda: «Íbamos con ella al mercado. Yo veía las condiciones de los mercados. Casi siempre me daba cuenta de las deficiencias que había ahí… Esas historias que escuchamos con mucho respeto en esta sesión plenaria, como la historia de Rosita. Ahí se describe todos lo que los gobiernos anteriores hicieron en este país».

«Yo les pregunto a ustedes: ¿de verdad, el sistema de mercados ha funcionado? ¿Ha existido orden?, ¿ha existido limpieza, ha existido justicia a la hora de repartir los puestos?… Ahí ni siquiera las alcaldías dominaban, los mareros eran los que dominaban»
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).

El diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró que la ley «atenta gravemente» contra la autonomía municipal. Señaló que, al centralizar la administración de mercados municipales, «busca debilitar la capacidad de respuesta de las alcaldías para solventar la necesidad de las comunidades».

«Quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo gobernaciones».
Francisco Lira (Arena).

Un total de 1,295 familias salvadoreñas han aplicado a la ley transitoria de incentivos que buscaba la repatriación de compatriotas, eximiendo de impuestos la importación de sus vehículos y bienes del hogar aunque los salvadoreños no prometan residir permanentemente en El Salvador.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, detalló que estas 1,295 familias de salvadoreños en el exterior han importado 723 menajes (un conjunto de bienes del hogar) y 1,118 vehículos exentos de impuestos desde que inició la vigencia de la ley, en noviembre de 2023.

Los menajes importados bajo esta ley ascienden a un valor de $30.8 millones y el Ministerio de Hacienda ha exonerado $13.1 millones en tributos exonerados, Derecho Arancelario de Importación (DAI), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y matrículas de vehículos. La funcionaria citó cifras de la Dirección General de Aduanas en X.

El beneficio fiscal fue aprobado el 7 de noviembre con el fin de que los salvadoreños en el exterior regresen a vivir a su país a través de la “Ley especial transitoria de incentivos y tratos preferenciales destinados al favorecimiento de la repatriación de los salvadoreños”.

Esta ley fue reformada el 26 de noviembre de 2023 con el fin de ampliar el beneficio a los salvadoreños residentes en el exterior, ya sea que establezcan domicilio en El Salvador o que tengan fines “vacacionales, temporales o permanentes”.

En la ley original se exigía al salvadoreño beneficiado que el salvadoreño se comprometiera con la residencia permanente en El Salvador.

Después de flexibilizar los requisitos de domicilio, la cantidad de familias aplicantes se triplicó.

Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, durante 11 meses, hubo 468 familias aplicantes con una exoneración de $3.6 millones, un promedio de 42 familias cada mes.

Pero de noviembre de 2024 a mayo de 2025, el promedio subió a 137 familias cada mes (un total de 827 familias), totalizando las 1,295 reportadas por Cancillería.

El régimen de gobierno de El Salvador continúa siendo ubicado como autocracia electoral por el reporte de Democracia 2025 del V-Dem Institute o Variedades de Democracia, una entidad que se ha dedicado a medir indicadores sobre democracia de 202 países de 1789 a 2024.

El estudio de 2025, que tiene fecha de publicación marzo y aún no tiene una versión en español, ubica a El Salvador como uno de los 45 países que actualmente atraviesan episodios de autocratización. En el informe 2021, que se realizó con datos de 2020, El Salvador aparecía aún como «democracia electoral» y el estudio solo enlistaba 25 países en proceso de autocratización.

El informe menciona que siete países equivalentes al 28% de la región latinoamericana están «en regresión»: Argentina, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Perú y El Salvador, y cinco países están en proceso de «democratización»: Bolivia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Honduras.

Chile, Costa Rica y Uruguay son ubicadas como «democracias liberales»; y países como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador son identificadas como «democracias electorales». El Salvador, Nicaragua y Venezuela son autocracias electorales; y Cuba y Haití son calificadas de autocracias cerradas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticó este tipo de informes que otorgan una baja calificación a El Salvador y se refirió específicamente a la medición que realiza la revista The Economist. Cuestionó que las monarquías hereditarias sean consideradas como «las más democráticas» y que El Salvador sea mal calificando cuando hace «elecciones libres». En el mismo discurso, el gobernante aseveró que le tenía sin cuidado que lo llamaran dictador.

«Y los países que eligen a sus jefes de Estado por herencia tienen más puntaje que los países que eligen a sus sus jefes de Estado por elecciones libres».
Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

El Salvador en el V-DEM 2025

El Salvador aparece con calificaciones bajas en índices de democracia liberal (0.09), democracia electoral (0.34), componente liberal (0.14), componente igualitario (0.26), componente de participación (0.45) y de deliberación (0.27).

En todo el ranking, el país mejor evaluado es Dinamarca, nación que ocupa el primer lugar en los índices de democracia liberal, con un puntaje de 0.88; en democracia electoral, 0.92; en componente igualitario, con 0.97; y el segundo lugar en el componente liberal, con 0.98, en una escala del 0 al 1.

El informe indica que «la represión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sigue siendo una de las armas preferidas por los aspirantes a autócratas».

«Los ataques a la sociedad civil son muy comunes durante la autocratización. Entre los países donde la situación de la sociedad civil se ha vuelto particularmente grave en los últimos años, se encuentran Bielorrusia, la República Centroafricana, El Salvador y Nicaragua», señala el estudio.

También apunta que la «deliberación democrática», el «grado de participación de la sociedad en los debates políticos» y el alcance de las consultas «han empeorado significativamente durante la última década en países como México, Níger, Filipinas y El Salvador»; y los «esfuerzos de censura» y la violación a la libertad de prensa en «Afganistán, El Salvador, India y Myanmar».

Calificaciones a El Salvador: reporte V-DEM 2025

• Índice de democracia liberal: 0.09, lugar 148. Un año atrás, era 0.11 y estaba en lugar 141.
• Índice de democracia electoral: 0.34, lugar 112. Un año atrás, era 0.39 y estaba en lugar 109.
• Índice de componente liberal: 0.14, lugar 164. Un año atrás, era 0.15 y estaba en lugar 163.
• Índice de componente igualitario: 0.26, lugar 166. Un año atrás, era 0.32 y estaba en lugar 156.
• Índice de componente de participación: 0.45, lugar 114. Un año atrás, 0.47 y lugar 113.
• Índice de componente de deliberación: 0.27, lugar 148. Un año atrás, 0.26 y lugar 150.

Dirigiéndose a las naciones occidentales, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró que «no se puede construir nada sobre el desorden social«, algo que según el mandatario sí ha logrado El Salvador y que están «perdiendo rápidamente» dichas naciones extranjeras.

«A las naciones occidentales: No se puede construir, ni siquiera arreglar, nada sobre el desorden social… En El Salvador nos faltan muchas cosas, pero hemos logrado orden social. Ustedes, en cambio, tienen casi todo, pero están perdiendo rápidamente el orden social», fueron sus palabras de Bukele en X, la noche del martes.

Bukele aseguró que, por ejemplo, para resolver los problemas de tráfico «la solución más lógica es el transporte público» pero cualquiera lo «evitará» si no hay «orden». Les advirtió que «aún hay tiempo para salvar a sus naciones, pero no mucho».

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El 1 de junio, Bukele señaló a «fuerzas externas» de «ejercer un poder encubierto sobre países como El Salvador» para generar inestabilidad y mantenerlos como países dependientes y «del tercer mundo». Según el mandatario, estas fuerzas externas o este poder encubierto temen «un efecto dominó global» a partir de su modelo de gobierno en El Salvador, calificado como dictadura y autocracia en mediciones sobre la democracia de The Economist y Variedades de la Democracia.

Bukele salió en defensa de la Ley de Agentes Extranjeros, que fue aprobada el 20 de mayo en El Salvador y que iniciará su vigencia el sábado 8 de junio, luego de que sea publicada en la edición del Diario Oficial del 30 de mayo, si se cumple lo programado por el mismo Diario Oficial. La nueva normativa obligará a personas y entidades que reciban fondos extranjeros a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que podrá solicitarles la información que consideren y también deberán pagar un impuesto del 30 % sobre sus donaciones. Bukele ha dicho que seguirán permitiendo la «injerencia extranjera» o que se «metan en política».

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exhortó a El Salvador a que no realice detenciones arbitrarias en El Salvador y cumpla los «estándares internacionales» según los cuales «toda persona imputada penalmente puede ser procesada en libertad si no representa un riesgo de evasión de la justicia».

«Sobre las recientes detenciones de personas defensoras de derechos humanos, la OACNUDH recuerda que cualquier restricción a la libertad previa al juicio debe estar basada en los criterios de estricta necesidad y proporcionalidad, evitando así que la detención pueda llegar a ser arbitraria (CCPR/C/GC/35)», indicó en X.

Este mismo miércoles, día en que Ruth López fue llevada a los tribunales para enfrentar una audiencia inicial, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlorhrds, dijo que está «siguiendo de cerca la audiencia contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, en El Salvador».

«El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada», solicitó en X la representante de la oficina de la organización internacional.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó que según estándares internacionales la libertad de un imputado que no representa un riesgo de evasión a la justicia puede estar sujeta a medidas que aseguren su comparecencia y el cumplimiento de la sentencia.

Diecisiete días después de su arresto Ruth López enfrenta este miércoles una audiencia inicial en el Juzgado 12 de Paz de San Salvador por el delito de enriquecimiento ilícito. López, jefa de la Unidad de Anticorrupción de la asociación Cristosal, crítica al gobierno actual, fue arrestada la noche del domingo 18 de mayo y señalada en X por la Fiscalía del delito de peculado. El Juzgado decretó reserva total al caso.

Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía ha solicitado instrucción formal con detención provisional por seis meses contra López.

El 1 de junio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se refirió a la captura de defensores de derechos humanos en El Salvador y argumentó que no pueden tener impunidad.

«Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción sí toda la oposición tiene la impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleve a la cárcel es un perseguido político. Estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad», expresó Bukele en su discurso de primer año de su segundo periodo de gobierno.

Durante su captura, López dijo a los agentes policiales captores «Tengan decencia, esto algún día se va a acabar». En su discurso, Bukele se refirió a las organizaciones sociales que en El Salvador reciben financiamiento extranjeros: «Y además de pagar impuestos, les decimos: Tengan decencia y dejen de mentirle descaradamente al pueblo salvadoreño».

En su informe, Bukele también señaló los «medios tradicionales» de desplegar «activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras». Bukele rechazó publicaciones de un supuesto pacto de su gobierno con las pandillas, luego de una entrevista publicada por El Faro.