La Asamblea Legislativa reformó ayer los artículos 100 y 101 del Código Municipal para eliminar las solvencias de impuestos, tasas o contribuciones municipales como requisito para la inscripción de una sociedad mercantil en el Registro de Comercio.
Sin embargo, el artículo 100 reformado aún mantendrá el requisito de presentar la solvencia municipal solo en la inscripción de una modificación, transformación, fusión y disolución de una sociedad.
Los diputados también reformaron el artículo 101 para establecer que las solvencias pueden ser emitidas por un medio electrónico y no solo en papel simple.
La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
“Se ha identificado que la solvencia municipal es un paso bastante burocrático ya que la idea o la naturaleza de las SAS es que este registro sea en línea o presencial pero sumamente rápido o también en cuestión de horas, sin embargo, no todas las municipalidades tienen la facilidad de poder entregarlas en un tiempo límite y que le funcione a nuestros emprendedores”, indicó la diputada Dania Gonzalez de Nuevas Ideas.
Ella señaló que con la reforma eliminan «una de las principales barreras que enfrentan los emprendedores salvadoreños, la exigencia de la solvencia municipal para registrar una sociedad por acciones simplificadas”.
“No podemos permitir que esta burocracia local se interponga entre el ciudadano y su derecho a poder emprender de forma legal”.
Dania González (Nuevas Ideas).
Además, también en la sesión plenaria del jueves, los diputados también derogaron la exigencia de la solvencia municipal para la constitución de las sociedades en la Ley General Tributaria Municipal. Esta reforma no pasó a estudio de comisión de trabajo, sino que fue introducida a última hora en la misma sesión plenaria y aprobada con dispensa de trámites.
La Ley General Tributaria Municipal, en el inciso segundo del numeral 4 en el artículo 89, tenía una disposición que exigía la solvencia municipal: «Tampoco se inscribirán en el Registro de Comercio las escrituras de constitución, modificación y disolución de sociedades mercantiles, sin que se les presente a los Registradores de Comercio, constancia de solvencia de impuestos municipales de los socios de la sociedad, según el caso». Esa disposición fue también eliminada.
Una nueva Dirección de Mercados Nacionales, cuyo director y subdirector serán nombrados por el presidente de El Salvador, adjudicará y definirá las tarifas de arrendamiento para los puestos en los mercados o locales comerciales que hayan sido intervenidos o construidos por el Órgano Ejecutivo.
Los puestos no podrán ser subarrendados.
La «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El cobro de las tarifas por arrendamientos de puestosde los llamados «mercados nacionales» –intervenidos por el Ejecutivo– será potestad exclusiva de la Dirección de Mercados Nacionales. La normativa prohíbe expresamente que la municipalidad cobre «tasas o contribuciones a los arrendatarios de puestos de venta o de locales comerciales» y aclara que será la Dirección la que se encargará de los mismos.
La adjudicación de puestos tendría dos prioridades: «los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado o los locales» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado» según el artículo 31.
La ley no establece criterios para definir las tarifas, fueron eliminados criterios que habían sido incluidos en el proyecto original, como las dimensiones del puesto, la ubicación y el flujo de personas. También se eliminó el mecanismo de la subasta al mejor postor.
Con esta ley, las municipalidades deberán entregar en comodato –por 50 años renovables– a la nueva Dirección los mercados construidos o remodelados por el Ejecutivo y estas inversiones serán declaradas de «utilidad pública e interés social».
La Dirección de Mercados Nacionales, que presupuestariamente estará en la Presidencia de la República, podrá adquirir préstamos a mediano y largo plazo, internos y externos.
Esta nueva entidad deberá velar por el orden de los mercados, podrá sancionar a los arrendatarios e incluso notificar a la Fiscalía General y revocar adjudicaciones de puestos a personas «naturales o jurídicas legalmente constituidas» que no tengan antecedentes policiales ni penales.
La ley fue aprobada la tarde del jueves con 57 votos de diputados de Nuevas Ideas, partido de gobierno, en medio de una discusión, en la cual diputados oficialistas señalaron que la situación de los mercados, en donde dominaban las pandillas, es herencia de gobiernos anteriores; mientras, la oposición aseveró que la ley aprobada viola la autonomía municipal y que el gobierno terminará por eliminar a las municipalidades para dejar solo las 14 gobernaciones.
Uno de los mercados que ha sido intervenido por el Órgano Ejecutivo es el mercado San Miguelito, que fue consumido por un incendio el 22 de septiembre de 2021. Inicialmente, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) le adjudicó la construcción del mercado a la empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores el 28 de octubre del 2022, por $33.6 millones, y posteriormente fue asumido por la empresa argentina IME S.A de C.V que se dedica a estructuras metálicas.
La instalación de establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior de los mercados nacionales estará prohibida por la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa.
Esta es una de las prohibiciones que aún se mantiene en la nueva normativa, aunque sí fue eliminada la prohibición de ventas ambulantes dentro del mercado y a una distancia de cien metros de su perímetro, restricción que estaban contenida por el proyecto original de la ley.
Los arrendatarios de los puestos o locales podrán ser multados, con montos desde los $5 hasta los $50, por las infracciones que cometan, pero también la Dirección podrá revocarles la adjudicación si las infracciones son «muy graves», como provocar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas.
La Dirección también podrá revocar la adjudicación de los puestos o locales si los puestos son modificados sin autorización de la Dirección.
Estas son las reglas para los puestos de venta en los llamados «mercados nacionales»
-Limpieza: Los adjudicatarios de los puestos deberán mantenerlos completamente limpios y en buenas condiciones de salubridad e higiene.
-Depósitos: El puesto de venta deberá disponer de depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección, que deberán estar «cerrados».
-Horario: Se prohibirá el ingreso de personas fuera del horario, que será establecido por la Dirección de Mercados Nacionales.
-Sin establecimientos provisionales: Se prohibirán establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior del mercado.
-Sin subarriendo: Se prohibirá la «transferencia o subarriendo» de puestos de venta.
-Sin basura: Se prohibirá botar basura en áreas de circulación.
-Sin agujeros: Prohibirán abrir agujeros en las paredes del mercado.
-Sin desórdenes: Prohibirán perturbar la disciplina y el orden del mercado. También se prohíben las agresiones verbales y físicas, por lo cual podrán perder la adjudicación.
-No vender artículos descompuestos: Se prohibirá vender artículos descompuestos o de forma antihigiénica.
-No armas, velas, material peligroso: Se prohíbe también portar arma de fuego excepto el personal de seguridad, encender velas o luminarias «que puedan provocar incendios», almacenar material peligroso. También reitera prohibiciones legales como sustancias ilícitas. También se prohíbe limpiar los locales con sustancias corrosivas.
Estas son las multas de la nueva Ley de Mercados
Multas de $5 a $25 [infracciones leves]
no cumplir con acondicionamiento del puesto o local, no atender indicaciones de la Dirección, no mantener limpio y en condiciones de salubridad e higiene el puesto, y no contar con depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección.
Multas de $25 a $50 [infracciones graves]
Impedir inspecciones, almacenaje en condiciones antihigiénicas, botar basura o productos descompuestos en pasillos, obstruir pasillos con estructuras, vender artículos antihigiénicos, encender velas, conductas reñidas con la moral o buenas costumbras, lavar instalaciones con sustancias corrosivas y acciones «que alteren la disciplina y el orden».
Revocación de la adjudicación y aviso a Fiscalía [infracciones muy graves]
Almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, conservar explosivos o material inflamable, almacenar material peligroso o contagioso, realizar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas, con o sin armas.
Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.
La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:
«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados». Elisa Rosales (Nuevas Ideas).
Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».
Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.
Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones».
Francisco Lira (Arena).
También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.
Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».
Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?». Claudia Ortiz (Vamos).
Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».
«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros». Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».
El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.
La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban.
Claudia Ortiz (Vamos).
«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé.
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».
La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».
Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas.
Marcela Villatoro (Arena).
La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.
Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.
La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:
«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados». Elisa Rosales (Nuevas Ideas).
Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».
Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.
Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones». Francisco Lira (Arena).
También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.
Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».
Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?». Claudia Ortiz (Vamos).
Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».
«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros». Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».
El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.
La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban. Claudia Ortiz (Vamos).
«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé. Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».
La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».
Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas. Marcela Villatoro (Arena).
La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», eliminando de su proyecto original la restricción de ventas ambulantes en cada mercado nacional y hasta una distancia de 100 metros de su perímetro.
Una segunda modificación al proyecto original fue la eliminación del artículo 38, que oblibgaba a los adjudicatarios de los puestos pagar a los trabajadores el salario mínimo aprobado por el «Consejo Nacional de Salario Mínimo».
La ley fue aprobada este jueves, a las 4:23 p.m., con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos votaron en contra.
En la normativa, se mantiene que el municipio «deberá manifestar su intención de entregar» a la Dirección de Mercados Municipales «voluntariamente el bien inmueble» del mercado que sea intervenido a su solicitud –en diseño, construcción o remodelación– por el Órgano Ejecutivo.
El plazo del comodato deberá ser de 50 años prorrogables por periodos según el literal «c» del artículo 23.
Además, se mantienen los montos de las multas, de $5 hasta $50, y sanciones para infracciones muy graves, revocación de la adjudicación de un puesto de venta y aviso a la Fiscalía General de la República.
La diputada «Claudia Ortiz, de Vamos», votó en contra. Aseguró que el desarrollo no se limita a que «las fotos salgan bonitas». Aseguró que con un «maquillaje de orden» tienen «una oscura intención de adueñarse y controlar los ingresos que tienen las alcaldías mediante la administración de mercados municipales».
«¿Y por qué odian tanto a los pobres?, ¿por qué le están dando al Ejecutivo administrar otro servicio municipal más, si el gobierno es mal administrador?, si no le alcanza para salud, para educación. Les recuerdo que hace cuatro años crearon la famosa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales), las comunidades siguen olvidadas no por la alcaldía sino por la famosa DOM», cuestionó.
«La DOM no le rinde cuentas a la gente de las comunidades, solo le rinde cuentas a Casa Presidencial».
«Claudia Ortiz (Vamos).»
El «diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas» aseguró que la realidad de los vendedores actuales fue «lo que heredaron» los gobiernos anteriores y «todo lo que antes se tenía» no funcionó.
Relató que, cuando él era un niño y vivían en «Barrio La Vega», su abuela tenía una tienda: «Íbamos con ella al mercado. Yo veía las condiciones de los mercados. Casi siempre me daba cuenta de las deficiencias que había ahí… Esas historias que escuchamos con mucho respeto en esta sesión plenaria, como la historia de Rosita. Ahí se describe todos lo que los gobiernos anteriores hicieron en este país».
«Yo les pregunto a ustedes: ¿de verdad, el sistema de mercados ha funcionado? ¿Ha existido orden?, ¿ha existido limpieza, ha existido justicia a la hora de repartir los puestos?… Ahí ni siquiera las alcaldías dominaban, los mareros eran los que dominaban»
«Ernesto Castro (Nuevas Ideas).»
El «diputado Francisco Lira, de Arena» aseguró que la ley «atenta gravemente» contra la autonomía municipal. Señaló que, al centralizar la administración de mercados municipales, «busca debilitar la capacidad de respuesta de las alcaldías para solventar la necesidad de las comunidades».
«Quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo gobernaciones».
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos«, eliminando la restricción de ventas ambulantes hasta una distancia de 100 metros del perímetro de los establecimientos como planteaba el proyecto original.
Una segunda modificación al proyecto original fue la eliminación del artículo 38, que obligaba a los adjudicatarios de los puestos a que pagaran a los trabajadores el salario mínimo aprobado por el Consejo Nacional de Salario Mínimo.
La ley fue aprobada este jueves, a las 4:23 p.m., con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Los legisladores de Arena y Vamos votaron en contra.
En la normativa, se mantiene que el municipio «deberá manifestar su intención de entregar» a la Dirección de Mercados Municipales «voluntariamente el bien inmueble» del mercado que sea intervenido a su solicitud –en diseño, construcción o remodelación– por el Órgano Ejecutivo.
El plazo del comodato deberá ser de 50 años prorrogables por periodos según el literal «c» del artículo 23.
Además, se mantienen los montos de las multas, de $5 hasta $50, y sanciones para infracciones muy graves, revocación de la adjudicación de un puesto de venta y aviso a la Fiscalía General de la República.
La nueva ley crea la Dirección de Mercados Municipales, cuyo director y subdirector serán nombrados por cinco años por el presidente de la República.
Esta Dirección será «la única responsable» de cobrar los impuestos municipales, tasas o contribuciones relacionados a la infraestructura de los mercados entregados en comodato por las municipalidades y definirá el «pliego tarifario» con los precios de arrendamiento de los puestos de venta o local comercial.
La Dirección de Mercados también podrá gestionar y contratar préstamos a largo o mediano plazo para financiar sus actividades si no puede con sus ingresos ordinarios.
El debate
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Aseguró que el desarrollo no se limita a que «las fotos salgan bonitas». Aseguró que con un «maquillaje de orden» tienen «una oscura intención de adueñarse y controlar los ingresos que tienen las alcaldías mediante la administración de mercados municipales».
«¿Y por qué odian tanto a los pobres?, ¿por qué le están dando al Ejecutivo administrar otro servicio municipal más, si el gobierno es mal administrador?, si no le alcanza para salud, para educación. Les recuerdo que hace cuatro años crearon la famosa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales), las comunidades siguen olvidadas no por la alcaldía sino por la famosa DOM», cuestionó.
«La DOM no le rinde cuentas a la gente de las comunidades, solo le rinde cuentas a Casa Presidencial». Claudia Ortiz (Vamos).
El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que la realidad de los vendedores actuales fue «lo que heredaron» los gobiernos anteriores y «todo lo que antes se tenía» no funcionó.
Relató que, cuando él era un niño y vivían en Barrio La Vega, su abuela tenía una tienda: «Íbamos con ella al mercado. Yo veía las condiciones de los mercados. Casi siempre me daba cuenta de las deficiencias que había ahí… Esas historias que escuchamos con mucho respeto en esta sesión plenaria, como la historia de Rosita. Ahí se describe todos lo que los gobiernos anteriores hicieron en este país».
«Yo les pregunto a ustedes: ¿de verdad, el sistema de mercados ha funcionado? ¿Ha existido orden?, ¿ha existido limpieza, ha existido justicia a la hora de repartir los puestos?… Ahí ni siquiera las alcaldías dominaban, los mareros eran los que dominaban» Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró que la ley «atenta gravemente» contra la autonomía municipal. Señaló que, al centralizar la administración de mercados municipales, «busca debilitar la capacidad de respuesta de las alcaldías para solventar la necesidad de las comunidades».
«Quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo gobernaciones». Francisco Lira (Arena).
Este sábado 7 de junio entrará en vigor la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, sancionada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nueve días después de que la Asamblea Legislativa la aprobara el pasado 20 de mayo, en medio de cuestionamientos por su posible impacto en la libertad de asociación y expresión.
La nueva normativa fue publicada en la edición del 30 de mayo del Diario Oficial –divulgada y puesta a la venta a partir de este jueves 5 de junio– e inicia su vigencia ocho días después, es decir, el 7 de junio.
La nueva ley establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), obliga a estos «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzasque considere y le pida el RAEX y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que limita expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.
La Ley de Agentes Extranjeros es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador, y es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una forma de «proteger la cooperación».
Críticas a la ley
El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) advirtió que la ley permitiría el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, como represalia por sus labores para combatir la corrupción y la impunidad y defender los derechos humanos y sealó que la normativa restringiría el espacio cívico y obstaculizaría el ejercicio del derecho a las libertades de asociación y de expresión en El Salvador.
Tambien, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) manifestó su preocupación por su «lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión» y que algunas organizaciones pueden verse «obligadas a interrumpir sus actividades».
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) consideró que la ley otorga al gobierno de Nayib Bukele amplios poderes para vigilar, sancionar y cerrar organizaciones, especialmente aquellas que denuncian corrupción, violaciones de derechos humanos o las negociaciones del gobierno con pandillas. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, afirmó que la normativa busca silenciar a voces críticas y otorgar control excesivo al Ejecutivo sobre las organizaciones sociales. HRW sealó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó la ley rusa por su carácter estigmatizador y represivo, y exhortó a la comunidad internacional a rechazar de forma firme esta ley salvadoreña que, dijo, se asemeja también a la Nicaragua.
Bukele defiende la legislación
Bukele, por su parte, defendió la normativa el 1 de junio, como un mecanismo para “proteger la cooperación internacional” y asegurarse de que los fondos extranjeros destinados a proyectos sociales sean realmente para eso. Aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros garantizará que quienes vengan a ayudar de verdad a la gente mantengan no paguen impuestos pero que quienes “vengan a velar por intereses políticos” paguen impuestos «como todos los demás”. Insistió en que no se prohibirá “que se metan en política” ni “que tengan injerencia”, solo que “se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa”.
Sin embargo, el presidente salvadoreño aseguró que “la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo” pero sealó que El Salvador ha decidido “permitirla” con la condición de que quienes reciban esos fondos “paguen lo que pagan todos” en impuestos. Según el gobernante, esta la ley no busca prohibir ni restringir la ayuda extranjera que beneficie directamente a la población, como proyectos sociales o médicos, aunque la normativa no detalla los criterios para el el RAEX excluya del control o del pago del impuesto a ciertas organizaciones.
Bukele criticó duramente a las organizaciones que «vienen a hacer política”, señalando que estas operan “en la oscuridad, sin reglas, sin límites, sin pagar nada”, influenciando “con dinero, con total impunidad” las decisiones del país sin haber sido elegidas en elecciones democráticas. Aseveró que medios tradicionales actúan como “activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras”.
Un total de 1,295 familias salvadoreñas han aplicado a la ley transitoria de incentivos que buscaba la repatriación de compatriotas, eximiendo de impuestos la importación de sus vehículos y bienes del hogar aunque los salvadoreños no prometan residir permanentemente en El Salvador.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, detalló que estas 1,295 familias de salvadoreños en el exterior han importado 723 menajes (un conjunto de bienes del hogar) y 1,118 vehículos exentos de impuestos desde que inició la vigencia de la ley, en noviembre de 2023.
Los menajes importados bajo esta ley ascienden a un valor de $30.8 millones y el Ministerio de Hacienda ha exonerado $13.1 millones en tributos exonerados, Derecho Arancelario de Importación (DAI), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y matrículas de vehículos. La funcionaria citó cifras de la Dirección General de Aduanas en X.
El beneficio fiscal fue aprobado el 7 de noviembre con el fin de que los salvadoreños en el exterior regresen a vivir a su país a través de la “Ley especial transitoria de incentivos y tratos preferenciales destinados al favorecimiento de la repatriación de los salvadoreños”.
Esta ley fue reformada el 26 de noviembre de 2023 con el fin de ampliar el beneficio a los salvadoreños residentes en el exterior, ya sea que establezcan domicilio en El Salvador o que tengan fines “vacacionales, temporales o permanentes”.
En la ley original se exigía al salvadoreño beneficiado que el salvadoreño se comprometiera con la residencia permanente en El Salvador.
Después de flexibilizar los requisitos de domicilio, la cantidad de familias aplicantes se triplicó.
Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, durante 11 meses, hubo 468 familias aplicantes con una exoneración de $3.6 millones, un promedio de 42 familias cada mes.
Pero de noviembre de 2024 a mayo de 2025, el promedio subió a 137 familias cada mes (un total de 827 familias), totalizando las 1,295 reportadas por Cancillería.
El régimen de gobierno de El Salvador continúa siendo ubicado como autocracia electoral por el reporte de Democracia 2025 del V-Dem Institute o Variedades de Democracia, una entidad que se ha dedicado a medir indicadores sobre democracia de 202 países de 1789 a 2024.
El estudio de 2025, que tiene fecha de publicación marzo y aún no tiene una versión en español, ubica a El Salvador como uno de los 45 países que actualmente atraviesan episodios de autocratización. En el informe 2021, que se realizó con datos de 2020, El Salvador aparecía aún como «democracia electoral» y el estudio solo enlistaba 25 países en proceso de autocratización.
El informe menciona que siete países equivalentes al 28% de la región latinoamericana están «en regresión»: Argentina, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Perú y El Salvador, y cinco países están en proceso de «democratización»: Bolivia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Honduras.
Chile, Costa Rica y Uruguay son ubicadas como «democracias liberales»; y países como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador son identificadas como «democracias electorales». El Salvador, Nicaragua y Venezuela son autocracias electorales; y Cuba y Haití son calificadas de autocracias cerradas.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticó este tipo de informes que otorgan una baja calificación a El Salvador y se refirió específicamente a la medición que realiza la revista The Economist. Cuestionó que las monarquías hereditarias sean consideradas como «las más democráticas» y que El Salvador sea mal calificando cuando hace «elecciones libres». En el mismo discurso, el gobernante aseveró que le tenía sin cuidado que lo llamaran dictador.
«Y los países que eligen a sus jefes de Estado por herencia tienen más puntaje que los países que eligen a sus sus jefes de Estado por elecciones libres». Nayib Bukele, presidente salvadoreño.
El Salvador en el V-DEM 2025
El Salvador aparece con calificaciones bajas en índices de democracia liberal (0.09), democracia electoral (0.34), componente liberal (0.14), componente igualitario (0.26), componente de participación (0.45) y de deliberación (0.27).
En todo el ranking, el país mejor evaluado es Dinamarca, nación que ocupa el primer lugar en los índices de democracia liberal, con un puntaje de 0.88; en democracia electoral, 0.92; en componente igualitario, con 0.97; y el segundo lugar en el componente liberal, con 0.98, en una escala del 0 al 1.
El informe indica que «la represión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sigue siendo una de las armas preferidas por los aspirantes a autócratas».
«Los ataques a la sociedad civil son muy comunes durante la autocratización. Entre los países donde la situación de la sociedad civil se ha vuelto particularmente grave en los últimos años, se encuentran Bielorrusia, la República Centroafricana, El Salvador y Nicaragua», señala el estudio.
También apunta que la «deliberación democrática», el «grado de participación de la sociedad en los debates políticos» y el alcance de las consultas «han empeorado significativamente durante la última década en países como México, Níger, Filipinas y El Salvador»; y los «esfuerzos de censura» y la violación a la libertad de prensa en «Afganistán, El Salvador, India y Myanmar».
Calificaciones a El Salvador: reporte V-DEM 2025
Índice de democracia liberal: 0.09, lugar 148. Un año atrás, era 0.11 y estaba en lugar 141.
Índice de democracia electoral: 0.34, lugar 112. Un año atrás, era 0.39 y estaba en lugar 109.
Índice de componente liberal: 0.14, lugar 164. Un año atrás, era 0.15 y estaba en lugar 163.
Índice de componente igualitario: 0.26, lugar 166. Un año atrás, era 0.32 y estaba en lugar 156.
Índice de componente de participación: 0.45, lugar 114. Un año atrás, 0.47 y lugar 113.
Índice de componente de deliberación: 0.27, lugar 148. Un año atrás, 0.26 y lugar 150.
