Autor: Yolanda Magaña

El régimen de gobierno de El Salvador continúa siendo ubicado como autocracia electoral por el reporte de Democracia 2025 del V-Dem Institute o Variedades de Democracia, una entidad que se ha dedicado a medir indicadores sobre democracia de 202 países de 1789 a 2024.

El estudio de 2025, que tiene fecha de publicación marzo y aún no tiene una versión en español, ubica a El Salvador como uno de los 45 países que actualmente atraviesan episodios de autocratización. En el informe 2021, que se realizó con datos de 2020, El Salvador aparecía aún como «democracia electoral» y el estudio solo enlistaba 25 países en proceso de autocratización.

El informe menciona que siete países equivalentes al 28% de la región latinoamericana están «en regresión»: Argentina, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Perú y El Salvador, y cinco países están en proceso de «democratización»: Bolivia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Honduras.

Chile, Costa Rica y Uruguay son ubicadas como «democracias liberales»; y países como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador son identificadas como «democracias electorales». El Salvador, Nicaragua y Venezuela son autocracias electorales; y Cuba y Haití son calificadas de autocracias cerradas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticó este tipo de informes que otorgan una baja calificación a El Salvador y se refirió específicamente a la medición que realiza la revista The Economist. Cuestionó que las monarquías hereditarias sean consideradas como «las más democráticas» y que El Salvador sea mal calificando cuando hace «elecciones libres». En el mismo discurso, el gobernante aseveró que le tenía sin cuidado que lo llamaran dictador.

«Y los países que eligen a sus jefes de Estado por herencia tienen más puntaje que los países que eligen a sus sus jefes de Estado por elecciones libres».
Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

El Salvador en el V-DEM 2025

El Salvador aparece con calificaciones bajas en índices de democracia liberal (0.09), democracia electoral (0.34), componente liberal (0.14), componente igualitario (0.26), componente de participación (0.45) y de deliberación (0.27).

En todo el ranking, el país mejor evaluado es Dinamarca, nación que ocupa el primer lugar en los índices de democracia liberal, con un puntaje de 0.88; en democracia electoral, 0.92; en componente igualitario, con 0.97; y el segundo lugar en el componente liberal, con 0.98, en una escala del 0 al 1.

El informe indica que «la represión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sigue siendo una de las armas preferidas por los aspirantes a autócratas».

«Los ataques a la sociedad civil son muy comunes durante la autocratización. Entre los países donde la situación de la sociedad civil se ha vuelto particularmente grave en los últimos años, se encuentran Bielorrusia, la República Centroafricana, El Salvador y Nicaragua», señala el estudio.

También apunta que la «deliberación democrática», el «grado de participación de la sociedad en los debates políticos» y el alcance de las consultas «han empeorado significativamente durante la última década en países como México, Níger, Filipinas y El Salvador»; y los «esfuerzos de censura» y la violación a la libertad de prensa en «Afganistán, El Salvador, India y Myanmar».

Calificaciones a El Salvador: reporte V-DEM 2025

• Índice de democracia liberal: 0.09, lugar 148. Un año atrás, era 0.11 y estaba en lugar 141.
• Índice de democracia electoral: 0.34, lugar 112. Un año atrás, era 0.39 y estaba en lugar 109.
• Índice de componente liberal: 0.14, lugar 164. Un año atrás, era 0.15 y estaba en lugar 163.
• Índice de componente igualitario: 0.26, lugar 166. Un año atrás, era 0.32 y estaba en lugar 156.
• Índice de componente de participación: 0.45, lugar 114. Un año atrás, 0.47 y lugar 113.
• Índice de componente de deliberación: 0.27, lugar 148. Un año atrás, 0.26 y lugar 150.

Dirigiéndose a las naciones occidentales, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró que «no se puede construir nada sobre el desorden social«, algo que según el mandatario sí ha logrado El Salvador y que están «perdiendo rápidamente» dichas naciones extranjeras.

«A las naciones occidentales: No se puede construir, ni siquiera arreglar, nada sobre el desorden social… En El Salvador nos faltan muchas cosas, pero hemos logrado orden social. Ustedes, en cambio, tienen casi todo, pero están perdiendo rápidamente el orden social», fueron sus palabras de Bukele en X, la noche del martes.

Bukele aseguró que, por ejemplo, para resolver los problemas de tráfico «la solución más lógica es el transporte público» pero cualquiera lo «evitará» si no hay «orden». Les advirtió que «aún hay tiempo para salvar a sus naciones, pero no mucho».

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El 1 de junio, Bukele señaló a «fuerzas externas» de «ejercer un poder encubierto sobre países como El Salvador» para generar inestabilidad y mantenerlos como países dependientes y «del tercer mundo». Según el mandatario, estas fuerzas externas o este poder encubierto temen «un efecto dominó global» a partir de su modelo de gobierno en El Salvador, calificado como dictadura y autocracia en mediciones sobre la democracia de The Economist y Variedades de la Democracia.

Bukele salió en defensa de la Ley de Agentes Extranjeros, que fue aprobada el 20 de mayo en El Salvador y que iniciará su vigencia el sábado 8 de junio, luego de que sea publicada en la edición del Diario Oficial del 30 de mayo, si se cumple lo programado por el mismo Diario Oficial. La nueva normativa obligará a personas y entidades que reciban fondos extranjeros a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que podrá solicitarles la información que consideren y también deberán pagar un impuesto del 30 % sobre sus donaciones. Bukele ha dicho que seguirán permitiendo la «injerencia extranjera» o que se «metan en política».

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exhortó a El Salvador a que no realice detenciones arbitrarias en El Salvador y cumpla los «estándares internacionales» según los cuales «toda persona imputada penalmente puede ser procesada en libertad si no representa un riesgo de evasión de la justicia».

«Sobre las recientes detenciones de personas defensoras de derechos humanos, la OACNUDH recuerda que cualquier restricción a la libertad previa al juicio debe estar basada en los criterios de estricta necesidad y proporcionalidad, evitando así que la detención pueda llegar a ser arbitraria (CCPR/C/GC/35)», indicó en X.

Este mismo miércoles, día en que Ruth López fue llevada a los tribunales para enfrentar una audiencia inicial, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlorhrds, dijo que está «siguiendo de cerca la audiencia contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, en El Salvador».

«El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada», solicitó en X la representante de la oficina de la organización internacional.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó que según estándares internacionales la libertad de un imputado que no representa un riesgo de evasión a la justicia puede estar sujeta a medidas que aseguren su comparecencia y el cumplimiento de la sentencia.

Diecisiete días después de su arresto Ruth López enfrenta este miércoles una audiencia inicial en el Juzgado 12 de Paz de San Salvador por el delito de enriquecimiento ilícito. López, jefa de la Unidad de Anticorrupción de la asociación Cristosal, crítica al gobierno actual, fue arrestada la noche del domingo 18 de mayo y señalada en X por la Fiscalía del delito de peculado. El Juzgado decretó reserva total al caso.

Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía ha solicitado instrucción formal con detención provisional por seis meses contra López.

El 1 de junio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se refirió a la captura de defensores de derechos humanos en El Salvador y argumentó que no pueden tener impunidad.

«Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción sí toda la oposición tiene la impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleve a la cárcel es un perseguido político. Estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad», expresó Bukele en su discurso de primer año de su segundo periodo de gobierno.

Durante su captura, López dijo a los agentes policiales captores «Tengan decencia, esto algún día se va a acabar». En su discurso, Bukele se refirió a las organizaciones sociales que en El Salvador reciben financiamiento extranjeros: «Y además de pagar impuestos, les decimos: Tengan decencia y dejen de mentirle descaradamente al pueblo salvadoreño».

En su informe, Bukele también señaló los «medios tradicionales» de desplegar «activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras». Bukele rechazó publicaciones de un supuesto pacto de su gobierno con las pandillas, luego de una entrevista publicada por El Faro.

El decreto legislativo 308, que contiene la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el pasado 20 de mayo, se publicará en la edición del Diario Oficial del 30 de mayo, informó una fuente del Diario Oficial.

La Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa se publicará, con la sanción respectiva de la Presidencia de El Salvador, en la edición del Diario Oficial del 30 de mayo, que aún no está a la venta al público.

Sin embargo, hasta este miércoles, la última edición a la venta del Diario Oficial es la del 26 de mayo.

Pese a haber sido aprobada el martes 20 de mayo, el decreto legislativo 308 no fue publicado junto a los decretos 304, 305, 306 y 307, aprobados ese mismo día.

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Sin embargo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, defendió su contenido en el discurso que pronunció el 1 de junio ante la Asamblea Legislativa, su gabinete y cuerpo diplomático en el Teatro Nacional.

El mandatario prometió, sin embargo, que esta ley permitirá la “injerencia extranjera” pero solo les obligará a inscribirse y a pagar impuesto. “No estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país, simplemente estamos pidiéndoles que se anoten y que paguen impuesto”, indicó.

La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros para establecer un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales y establecer un control de sus actividades financiadas desde el extranjeros a cargo del nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAE). La normativa aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, que está actualizado hasta el 26 de mayo.

Un total de 59 vuelos con personas deportadas a El Salvador se registran desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo, durante la administración de Donald Trump, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recopilados por Thomas Cartwright en un informe publicado por la organización Witness at the Border.

En el último mes los vuelos con deportados a El Salvador tuvieron un alza del 30.8 %. En general, de abril a mayo del presente año, Estados Unidos sí aumentó en un 52 % los vuelos que envía a otros países con extranjeros deportados, algo que no había pasado hasta ese mes durante la gestión Trump.

En realidad, la cantidad de vuelos con deportados solo ha subido levemente un 1 % si se comparan los primeros cinco meses de 2025 respecto al mismo periodo de 2024 y en el Triángulo Norte incluso bajó 22.7 %.

Pero mayo marca una diferencia. Así, El Salvador arrancó el año recibiendo 8 vuelos con deportados en enero y 11 en febrero, 14 en marzo, 13 en abril y recibió 17 en mayo, esta última cantidad solo superada en octubre de 2023, cuando se registraron 20 vuelos a El Salvador, y de junio a agosto de 2022, periodo en el cual se reportaron 18, 30 y 32 vuelos a territorio salvadoreño.

Hacia todos los países, la cantidad de vuelos de deportados desde Estados Unidos inició en 109 vuelos en enero, continuó con 126 en febrero, 134 en marzo, 125 en abril hasta alcanzar los 190 en mayo, una cifra récord desde septiembre de 2021, cuando se disparó a 193 vuelos.

Cartwright, quien monitorea vuelos de ICE, advierte en su informe que en el único mes, septiembre de 2021, en el cual se superó esa cifra ocurrió la deportación masiva de haitianos. “El siguiente mes más alto con 153 vuelos fue agosto de 2023. El salto empezó después de los primeros dos tercios del mes, con los trimestres de 57, 54 y 79, respectivamente”, indicó.

Según el informe, Estados Unidos envió al menos 40 vuelos militares con deportados durante 2025, de los cuales 17 fueron recibidos por Guatemala, 7 por Honduras, 3 por Ecuador, 3 por India, 3 por El Salvador, entre otros.

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La cantidad de vuelos con deportados dirigidos de Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– se duplicó en mayo pasado respecto a abril. Esta región recibe entre más del 50 % de los vuelos con deportados de los Estados Unidos.

En mayo de 2025, un total de 100 de los 190 vuelos con deportados de Estados Unidos, es decir un 52.6 %, fueron recibidos por Guatemala, Honduras y El Salvador juntos, según la recopilación de datos de Thomas Cartwright de Wittness at the Border, con base en estadísticas de según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el periodo enero-mayo, los tres países del Triángulo Norte recibieron han recibido 354 vuelos de deportados, un 52 % del total de vuelos enviados de Estados Unidos a todo país. Esta proporción, sin embargo, era mayor en el mismo periodo de 2024, cuando el 67.4 % de los vuelos con deportados fueron para los países del Triángulo Norte: 458 de los 679.

Desde que asumió Trump, San Salvador es la tercera ciudad y El Salvador sería el cuarto país que recibe más cantidad de vuelos con deportados, con 59 vuelos (9.5 %) después de Guatemala, que ha recibido 141 vuelos, el 23 % del total de vuelos; Honduras, con 115 vuelos, 19 %; y México, con 101 vuelos, 16.3 %, de un total de 620 vuelos con deportados de enero a mayo de 2025.

En 2024, la cantidad de salvadoreños deportados se duplicó según datos del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, durante las últimas dos décadas, la gran ola de deportaciones ocurrió entre 2007 y 2017, cuando se registraron entre los 17,300 y 27,100 salvadoreños deportados anuales.

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Durante los primeros cuatro meses del año 2025, los ministerios que mayor ejecución presupuestaria registran son Relaciones Exteriores, con un 51.6 %; Trabajo y Previsión Social, con un 32.2 %; y en tercer lugar, el Ministerio de la Defensa Nacional, con un 31 % de fondos ejecutados.

Estas son las tres carteras de Estado que ya usaron la tercera parte o la mitad de los fondos asignados para un año en la tercera parte del mismo.

Los ministerios con menor ejecución son Desarrollo Local, con un 3.7 %. Esta cartera de Estado tiene un presupuesto de $37.3 millones, de los cuales ha comprometido $2.4 millones y ya ejecutó $1.4 millones, dejando un disponible de $34.9 millones.

La segunda cartera con baja ejecución presupuestaria es el Ramo de Economía, con un 8.3 % en cuatro meses, ya que su asignación modificada que subió a $160.7 millones, de los cuales están comprometidos $22.1 millones y se han reportado como ejecutados $13.3 millones.

Otras carteras que tienen más del 20 % de ejecución presupuestaria completada son la Presidencia de la República (23 %), Gobernación y Desarrollo Territorial (26.6 %), Educación, Ciencia y Tecnología (27.6 %), Salud (25 %), Cultura (23.5 %), Agricultura y Ganadería (29.2 %), Medio Ambiente (29 %) y Turismo (21.3 %).

Abajo del 20 % se encuentran Hacienda (19.7 %), Vivienda (14.6 %) y Obras Públicas y de Transporte (15.5 %).

Mientras, el Órgano Judicial lleva una ejecución del 17.6 % y el Órgano Legislativo, del 25 %, e instituciones del Ministerio Público, un 33.4 %, y otras como Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Servicio Civil, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información Pública y Consejo Nacional de la Judicatura, tienen una ejecución conjunta del 25.6 %.

La mayor parte de fondos que presentan un alto nivel de ejecución tienen que ver con remuneraciones, gastos financieros, transferencias e inversiones financieras, así como amortización de endeudamiento público. La baja ejecución se concentra en la inversión en activos fijos (6.3 %) y en la inversión de capital humano (6.8 %).

Según el Ministerio de Hacienda, se votó un presupuesto de $1,145.9 millones para activos fijos –inversión en infraestructura–, presupuesto que incluso ha aumentado a $1,275.1 millones, de los cuales se han comprometido $266.9 millones y en realidad se han ejecutado $79.7 millones hasta abril de 2025. Es decir, hasta abril de 2025, el Gobierno Central ha ejecutado un 6.3 % del presupuesto asignado para inversión en activos fijos.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), en su Índice Global de Derechos de la CSI 2025, ubica a El Salvador entre los países del rating 4 «violaciones sistemáticas de derechos«, junto a Argentina, Costa Rica, Brazil, Camerún, Congo y Angola, entre otros.

Son cinco niveles en la escala o rating, desde el 1, nivel que tiene violaciones esporádicas de derechos, hasta el nivel 5, en el cual se ubican países que no tienen garantías de derechos.

En el informe, se señala que en El Salvador que las huelgas y las protestas de los trabajadores son reprimidas y que las empresas de ciertos sectores incurren en prácticas antisindicales.

La CSI fundada en 2006 con sede en Bruselas, Bélgica, con 207 millones de afiliados de 163 países. Se define como «la voz global de los trabajadores del mundo», en su sitio web informan que colaboran estrechamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con organismos especializados de las Naciones Unidas.

«Las huelgas y protestas fueron duramente reprimidas tanto en Argentina como en Brasil, mientras que empresas que operan en sectores conocidos por sus condiciones laborales abusivas incurrieron en prácticas antisindicales generalizadas en El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá», indica el informe de 76 páginas publicado recientemente y que también informa de que en El Salvador «cinco trabajadores de una cervecería fueron despedidos por formar un sindicato».

Según el sitio de la Confederación, en El Salvador el derecho a la libertad de asociación está consagrado en la Constitución y en el Código de Trabajo, la ley prohíbe la protección contra la discriminación sindical pero sostiene que «no proporciona medios adecuados de protección contra ella».

También, se detalla algunos límites legales a la huelga en el país, como la prohibición en el sector público y municipal, la proporción mínima de trabajadores requerida para una huelga legal y la lista de servicios esenciales en donde se prohíbe, entre otros.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró el domingo que no liberarán «nunca» a los pandilleros y defendió que se mantenga en el país el régimen de excepción, una medida que suspendió tres garantías constitucionales desde marzo de 2022 y ha permitido 86,400 detenciones de supuestos pandilleros.

Advirtió que algunos críticos internacionales aseveran que el gobierno dio seguridad a costa de la democracia. «¿Qué es lo que quieren?, que eliminemos el régimen de excepción para que la comunidad internacional diga: ‘Qué bien, miren Bukele, ya quitó el régimen’, ¿quieren que tomemos decisiones para que afuera no me cataloguen como dictador aunque eso signifique que nuestro país sea invivible?», indicó.

El gobernante salvadoreño rechazó las críticas y bajas calificaciones que recibe El Salvador sobre su deterioro democrático, Bukele aseveró: «Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de Derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en la realidad solo se usan para tenernos sometidos».

Señaló que a «quienes manejan agendas globalistas» no les interesa la democracia, ni los derechos humanos, sino que países como El Salvador «sigan sus reglas». «Eso hicieron en países como Irak, Bolivia, busquen cómo terminaron esos países… Significa destrucción, pobreza, subdesarrollo, sometimiento», indicó.

Bukele aseveró que un menor sin tatuajes ni antecedentes penales fue capturado al inicio del régimen de excepción, que «era pandillero por las investigaciones de la Policía» pero que, luego de cumplir dos años de detención, salió libre en 2024 y, el 28 de mayo de 2025, «asesinó a un excabo de la Policía en Tacuba, mató a un hombre de 62 años».

«Por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado porque debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más».
Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

Acusó a «supuestos defensores de la democracia y el Estado de derecho» de querer que el gobierno sea incapaz «de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de los derechos humanos». «Sigan gritando libérenlos ya. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca», agregó.

El presidente salvadoreño dijo que hay «gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con las élite globalista antes de evitar que sus ciudadanos mueran», mencionó a «países hermanos todavía creen en estos organismos internacionales» y que «algunos políticos» de América Latina «se prestan a este juego».

Durante su discurso, Bukele rechazó que haya pactado con pandillas, criticó a medios de comunicación nacionales e internacionales, periodistas y a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), medios independientes, organizaciones no gubernamentales y «fuerzas externas», y exhortó a sus seguidores a no retroceder ante «desinformación ni las narrativas impuestas desde afuera». «No vamos a permitir que nadie nos arrebate la paz que tanto nos ha costado», dijo.

El régimen de excepción fue creado el 27 de marzo de 2022 y suspendió tres derechos constitucionales relacionados al derecho de defensa, el máximo de 72 horas de detención administrativa y la necesidad de una orden judicial para intervenir las telecomunicaciones. Mientras el gobierno sostiene que esta situación ha permitido la captura de 86,400 pandilleros, organizaciones no gubernamentales registran más de 6,500 denuncias de violaciones de derechos humanos, entre estas torturas, muertes bajo custodia policial y capturas arbitrarias.

El 29 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) publicó una carta pastoral en la cual pidió eliminar el régimen de excepción por considerarlo innecesario.

En diciembre de 2024, Bukele aseguró que «pronto podamos relajar las medidas». «No creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar», sostuvo; sin embargo, en octubre de 2023, cuando solicitó la inscripción como candidato presidencial para el periodo 2024-2029, Bukele pidió los votos para la Asamblea Legislativa: «Para continuar con el régimen de excepción, necesitamos tres cuartas partes».

Recientemente, el vicepresidente Félix Ulloa dijo a la revista francesa Le Grand Continent que están tratando de «reducir el margen de error» que sostuvo es «menos de un 10 %». En noviembre de 2024, aseguró que la suspensión de garantías «no es para todos los salvadoreños».