Autor: Yolanda Magaña

Los partidos políticos tienen hasta el próximo 31 de agosto para presentar las solicitudes de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de acuerdo con el calendario del proceso de las elecciones generales de 2027.

Luego de la presentación de las solicitudes de pactos de coalición de los partidos políticos, el TSE debe resolver y notificar de las resoluciones del 1 al 4 de septiembre.

En este proceso, el TSE dará un plazo, del 3 al 9 de septiembre, para que los partidos puedan subsanar problemas de inscripción de los pactos de coalición. El plazo de inscripción de los pactos de coalición es entre el 4 y el 10 de septiembre, siendo la resolución definitiva entre el 7 y el 11 de septiembre.

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de partidos políticos, el plazo para presentar los pactos de coalición es «improrrogable» y vence 120 días antes de la fecha de elecciones, es decir, cuatro meses antes del 28 de febrero de 2028.

Esta normativa establece que las solicitudes de inscripción de un pacto de coalición serán resueltas por el Tribunal dentro de los tres días hábiles siguientes al de su presentación. «Si no resolviere, el pacto se tendrá por inscrito», se señala.

El TSE debe publicar la inscripción o autorización de los pactos de coalición en dos periódicos de circulación nacional y debe emitir una certificación a los interesados.

El Salvador realizará nuevas elecciones presidenciales adelantadas el 28 de febrero de 2027 además de las elecciones municipales y legislativas, en las cuales se espera la participación de al menos nueve partidos políticos.

Por el oficialismo y sus afines, participarán Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por la oposición, participarán el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos.

También, participarán Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y Fuerza Solidaria (FS).

Las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) desembolsan poco a poco fondos al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), gradualmente, luego de que esta institución pública emite una cantidad de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos en los cuales se invierten dichos fondos de los cotizantes de las AFP.

Una nota técnica sobre la deuda previsional en El Salvador, publicada por el Banco Central de Reserva (BCR), informó que durante 2025 el IPS hizo cuatro emisiones de COP y que fueron adquiridas por las AFP mediante 12 desembolsos al Instituto. Es decir, las AFP adquieren los certificados estatales gradualmente. Esta es la forma mediante la cual se financian las pensiones que debe pagar el ISP a jubilados del sistema público o pensionados por sobrevivencia o invalidez.

En enero  de 2025, el ISP emitió certificados por un valor de $172.09 millones. Ese mes, las AFP desembolsaron $47.38 millones para empezar a adquirir los certificados; en febrero desembolsaron otros $47.34 millones; y en marzo adquirieron los últimos $77.36 millones de los certificados emitidos con un desembolso de tal cantidad.

Así mismo, en abril, el ISP realizó una segunda emisión por $182.32 millones y, para su adquisición, las AFP desembolsaron por tramos distribuidos según el siguiente orden: $47.34 millones, $47.36 millones y $87.62 millones.

Posteriormente, en julio, se reportó una nueva emisión de certificados COP por el ISP que ascendió a $195.47 millones. Para adquirirlos, las AFP desembolsaron $47.41 millones en julio, $47.44 millones en agosto y $100.6 millones en septiembre.

En octubre de 2025, el ISP reportó una emisión de $172.71 millones en certificados COP que fueron adquiridos por las AFP a través de desembolsos de $47.5 millones en octubre, $47.53 millones en noviembre y $77.67 millones en diciembre.

De acuerdo al BCR, el 100 % de las emisiones de COP fueron adquiridas por las AFP.

«La forma en que dichas AFP’s han desembolsado los recursos al ISP ha sido de manera parcial hasta completar el 100% de las emisiones , las cuales por lo general se han completado en un lapso de tres meses», indica la nota.

El reporte del BCR indica que se registra únicamente los flujos efectivamente percibidos en cada mes calendario por el ISP, de las AFP, y explica que el tratamiento contable va acorde con el financiamiento internacional que es reconocido estadísticamente como endeudamiento «de forma gradual en función de los desembolsos efectivamente realizados, y no por el total del monto contratado».

El ISP obtiene así los fondos necesarios para pagar obligaciones previsionales, un mecanismo que permite invertir hasta el 100 % de los fondos de los cotizantes en las AFP en COP emitidos por el ISP y que la reforma de 2022 avaló, estableciendo una tasa de rendimiento de 7 % anual.

La deuda estatal con el fondo de pensiones asciende a $11,669.85 millones, de los cuales $8,393.56 millones fueron emitidos antes de la reforma de 2022 y $3,276.29 millones, después de la reforma.

El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) registró 497,270 renovaciones de Documentos Únicos de Identidad (DUI) de junio de 2025 a mayo de 2026, de acuerdo con su memoria de labores del periodo.

Ello marca un ritmo de 41,439 renovaciones mensuales que, si se mantiene, no alcanzaría la meta de 1,649,378 de documentos que se vencen en todo el año 2026.

Para permitir la renovación de documentos, la institución ha abierto cuatro duicentros temporales y ha ampliado los horarios de algunos hasta las 8:00 de la noche.

Otra de las medidas que busca aumentar los niveles de renovación «Disposiciones especiales y transitorias para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad cuyos vencimientos ocurran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027».

Sin embargo, el RNPN aún no ha informado cuántos documentos ha renovado en lo que avanza del año.

A lo largo de los 12 meses entre junio de 2025 y mayo de 2026, registró 907,127 emisiones de DUI, pero estas se clasifican así: 108,891 son documentados obtenidos por primera vez, 143,935 modificaciones a los datos del documento, 157,031 reposiciones del mismo ante pérdidas o robos; y 497,270 renovaciones del documento debido a su vencimiento.

En el exterior, el Registro reportó una emisión total de 152,979 DUI a salvadoreños, de los cuales 111,236 fueron entregados en el mismo trámite, 30,322 tuvieron una entrega diferida y 11,421 fueron entregados mediante consulados móviles.

Entre las proyecciones que tiene el Registro para el periodo junio de 2026 a mayo de 2027 la institución considera «potenciar la plataforma de renovaciones y reposiciones del DUI en línea con el objetivo de convertirla en el canal preferente para el ciudadano».

El trámite de renovación o reposición en línea puede realizarse desde un celular o una tablet, un mes antes del vencimiento del documento, utilizando una plataforma que le permitirá incluso tomarse la fotografía de su DUI renovado y haciendo pruebas biométricas para verificar su identidad.

El trámite en línea puede realizarse a través del sitio https://dui.sv/inicio/. El pago de los $10.31 que cuesta el trámite de renovación puede realizarse a través de https://pago.dui.gob.sv, utilizando una tarjeta de débito o crédito, o también realizando un pago de servicio en banca en línea con el NPE que proveerá la gestión.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que los partidos políticos tienen hasta el jueves 27 de agosto, a las 4:00 p. m., para presentar sus propuestas de ciudadanos que integrarán la Junta Electoral del Voto en el Extranjero (JELVEX), de cara a las elecciones de 2027.

El llamado fue difundido este viernes por el organismo electoral a través de su cuenta oficial de X, en cumplimiento del calendario electoral para el sufragio en el extranjero.

La JELVEX es un organismo ubicado en territorio nacional y encargado del voto remoto por internet: supervisar manejo de equipos y sistemas informáticos, instalación, puesta a cero, realizar el escrutinio preliminar automatizado, resolver interferencias e informar de alteraciones al orden público, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley especial del sufragio en el extranjero.

La JELVEX es conformada por los partidos políticos que «hayan obtenido mayor número de votos en la última elección legislativa». En las elecciones legislativas de 2024, Nuevas Ideas tuvo 2.2 millones de votos, seguido de Arena, con 227,357 votos y del FMLN, con 195,920 votos.

Luego de entregar sus propuestas dentro del plazo establecido para que posteriormente, el TSE verificará los requisitos legales de los ciudadanos propuestos.

El calendario electoral establece que, después de la recepción de propuestas, el TSE verificará entre el 3 y el 25 de septiembre el cumplimiento de los requisitos de ley de los ciudadanos propuestos para integrar la JELVEX; y  puede completar la integración mediante sorteo.

Posteriormente, el calendario fija para el 30 de octubre el nombramiento de los integrantes de la JELVEX y para el 7 de noviembre la protesta de ley.

El calendario establece un periodo de capacitación a sus integrantes hasta el 28 de noviembre.

Para el voto en el extranjero, también se constituyen las Juntas Receptoras de Votos en el Exterior (JRVEX), que son las que están físicamente en los centros de votación designados por el TSE y que están conformados por tres propietarios y tres suplentes a propuesta de los partidos con mayor cantidad de votos en la última elección legislativa.

También vence el plazo para JED y JEM

El TSE informó además que, por acuerdo del organismo colegiado, el plazo para que los partidos políticos presenten sus propuestas para integrar las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Juntas Electorales Municipales (JEM) vencerá el lunes 31 de agosto a las 4:00 p. m.

Estas juntas forman parte de la estructura electoral para los comicios de 2027. El Código Electoral establece que las juntas pueden estar integradas por hasta cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, con participación de los partidos políticos y un integrante que puede ser seleccionado mediante sorteo, según corresponda.

Para las JED, el calendario contempla una etapa de verificación de requisitos entre el 3 y el 25 de septiembre, mientras que para las JEM la revisión de los requisitos de los ciudadanos propuestos se desarrollará a partir de septiembre.

El llamado del organismo electoral ocurre mientras avanzan otras actividades preparatorias para el voto en el extranjero. Recientemente, el TSE informó que elevó a 92 los centros de votación en 29 países para las elecciones de 2027, de los cuales 53 estarán ubicados en Estados Unidos.

Las fechas límite para la actualización de la dirección del Documento Único de Identidad (DUI) son 27 de agosto para domicilios del territorio nacional y 29 de noviembre para dirección en el extranjero, ambos del año 2026.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó ambas fechas en sus redes sociales.

Se trata de los salvadoreños que quieran actualizar su dirección para que su mecanismo de votación o su centro de votación en las elecciones del 28 de febrero de 2027 también se actualice.

El TSE ha exhortado a los salvadoreños, a través de campañas en redes sociales, a que actualicen su dirección o su domicilio en el DUI, con el fin de que le sea asignado un centro de votación cerca de su casa si vive en territorio nacional; o que el TSE pueda habilitarle un mecanismo de votación remoto por internet si su nueva dirección está en un país del extranjero.

El TSE también envió un mensaje, en redes sociales, a salvadoreños que hayan retornado a El Salvador desde el exterior con DUI en el exterior: “Si tu DUI tiene tu dirección del exterior, tienes que actualizarlo con tu dirección nacional para ser incluido en el Padrón Electoral. Si este es tu caso, debes actualizar tu domicilio antes de 27 de agosto de 2026. Recuerda, por tratarse de una dirección nacional, puedes hacer el trámite en línea en dui.sv”. “Votar es más fácil si actualizas tu dirección en el DUI”, indicó el TSE.

Sin embargo, para cambios de dirección de salvadoreños en el extranjero la fecha límite es el 29 de noviembre de 2026.

El Salvador desarrollará elecciones generales el 28 de febrero de 2027, luego de que las elecciones presidenciales fueran adelantadas de 2029 a 2027, debido a que el periodo presidencial fue extendido de cinco a seis años en una reforma constitucional que a la vez habilitó la reelección presidencial indefinida.

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, quien disputará la secretaría general del partido a la diputada propietaria Claudia Ortiz, se pronunció el viernes sobre la contienda manifestando que «Vamos no puede depender de una persona».

Sin referirse expresamente a su contendiente, Rivas manifestó que «ningún partido democrático debería» depender de una sola persona, a la vez que planteó la idea de una dirigencia que funcione como «equipo».

La diputada informó así que su fórmula ya fue inscrita en la Comisión Electoral Permanente (CEP) del partido. Son 23 personas las que ocupan secretarías y puestos de dirección en el partido, para cada uno de los cuales presenta un candidato, conformando una planilla.

«Queremos construir una organización donde los liderazgos se complementen, donde las decisiones se discutan y donde todos tengamos responsabilidades. 23 personas no somos una fórmula para ocupar cargos. Somos un equipo dispuesto a trabajar y lo hemos demostrado. Ya recibida nuestra preinscripción de solicitud ante la CEP y el domingo lo haremos presencial, cumpliendo con el calendario», expresó Rivas, en redes sociales.

Las diferencias entre Claudia Ortiz y Cesia Rivas han girado en torno al manejo de las elecciones internas del partido.

Ortiz, quien claramente ha dicho que «la administración del partido ha sido deficiente», ha asegurado que hubo “criterios tan cerrados” para aceptar las precandidaturas a diputados y alcaldes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027, ya que “se dejaron fuera a personas” estableciendo requisitos como el título de bachiller. “¿Acaso un agricultor no puede ser un gran líder? Hubo criterios tan cerrados”, cuestionó. Además, la diputada criticó que las candidaturas en Vamos fueron únicas.

Vamos tiene un escaño legislativo y dos puestos en los concejos de La Libertad Sur y La Libertad Centro. Claudia Ortiz y Cesia Rivas son diputadas propietaria y suplente desde mayo de 2024, año en el cual lograron 91,675.45 votos válidos válidos.

Cesia Rivas concluye sus funciones de secretaria general el 25 de septiembre de 2026. Las elecciones internas del partido están programadas para el 20 de septiembre.

La diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y candidata a diputada por el FMLN, Karina Sosa, viajó a Estados Unidos, en donde sostuvo reuniones con representantes de la Alianza Nacional por el TPS, así como con los directores de Carecen y Casa Maryland. Según la parlamentaria, las organizaciones expresaron preocupación porque todavía no tienen claridad sobre cuál será la respuesta de las autoridades respecto al vencimiento del programa.

Sosa afirmó que existe preocupación e incertidumbre entre organizaciones de salvadoreños en Estados Unidos ante el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), y manifestó su deseo de que el programa reciba al menos una prórroga más.

“Ellos manifiestan preocupación e incertidumbre, porque no ven claro el escenario sobre cuál va a ser la respuesta”, señaló Sosa, quien comparó la situación con la de Honduras, donde, según dijo, la decisión sobre el TPS se conoció pocos días después del anuncio correspondiente.

La diputada cuestionó además lo que considera un “silencio” de las autoridades salvadoreñas ante la situación de los beneficiarios del TPS. “No me gustaría que lo perdieran, desearía al menos una prórroga más y, pues, parece ser que hay silencio en las autoridades”, expresó.

Sosa también se refirió a la situación de los permisos de trabajo y a las decisiones judiciales relacionadas con el programa. Explicó que el estatus finaliza cuando concluye la prórroga, mientras que los permisos de trabajo pueden tener fechas diferentes. En ese sentido, mencionó que un juez había prolongado el período del 22 de julio al 5 de agosto, pero que las autoridades posteriormente homologaron las fechas con la caducidad del estatus.

Ante el escenario de incertidumbre, Sosa dijo que, junto con representantes de la Alianza Nacional por el TPS, han considerado acompañar algunas acciones que permitan defender los derechos de los beneficiarios. Entre las alternativas mencionadas se contempla recurrir al sistema judicial.

“Ellos han mencionado en diferentes momentos de accionar el sistema judicial, que es parte de los derechos que tienen, apelar, para ir agotando los pasos que puedan haberse trazado en este nuevo contexto”, afirmó.

La parlamentaria también destacó las dificultades que enfrentan las personas que llevan años viviendo en Estados Unidos y que han formado sus familias allí. “Muy difícil la decisión de irse de Estados Unidos cuando ya tienen hijos allá”, sostuvo.

Sobre la cantidad de salvadoreños que podrían verse afectados por una eventual cancelación del TPS, Sosa estimó que la cifra ronda los 200,000 beneficiarios. Explicó que anteriormente manejaba un número menor porque algunos beneficiarios habrían adquirido otro estatus migratorio.

Sosa aclaró que su visita a Estados Unidos fue realizada “en calidad de diputada Parlacen” y que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Migración de ese organismo regional.

“No cuesta nada tener sensibilidad y conexión con la gente”, afirmó la legisladora, quien defendió además el uso de recursos propios para mantener contacto con las comunidades salvadoreñas en el exterior. “A mí no me pesa sacar de fondos propios la posibilidad de estar con la gente”, agregó.

Miles de salvadoreños se mantienen en incertidumbre debido a que el TPS tiene como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2026 sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haya aclarado si se aprobará una prórroga o cancelación.

El movimiento Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) convocó este viernes a una marcha el próximo 15 de septiembre en el cual aseguró que “no hay nada que celebrar” bajo el lema “por una verdadera independencia salgamos a marchar para la patria liberar”.

Un vocero del BRP leyó el comunicado en el cual el movimiento sostiene que El Salvador está bajo un régimen autocrático en función del “clan familiar, oligarquía e imperialismo”. Calificaron al gobierno actual de “usurpador y transgresor de la Constitución”.

El punto de convocatoria será frente al hospital Rosales a las 8:00 a.m.

El movimiento de izquierda reiteró que la participación en las elecciones de 2027 legitima una reelección presidencial que considera inconstitucional y por lo cual no respaldarán «ninguna candidatura». Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), afín a este movimiento, participará como candidato presidencial Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss).

“Consideramos que no vamos a participar ni vamos a respaldar ninguna candidatura porque termina legitimando un proceso que está totalmente controlado por el gobierno, legitima una reelección inconstitucional”, reiteró otra de las integrantes del BRP en la conferencia.

El movimiento rechazó las reformas al sistema político electoral aprobadas por la Asamblea Legislativa previo a las elecciones de 2027 que, señalaron, buscan “la continuidad del régimen hasta el año 2033”.

“El resultado de las elecciones de 2027 ya están dados. Participar en estas elecciones es darle legitimidad a un proceso que carece de transparencia y estándares nulos de democracia”, señaló el comunicado leído.

También, cuestionaron el régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022, ya que señalaron hay capturas arbitrarias y persiste la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares. Criticaron además los juicios masivos porque mezclan personas inocentes con delincuentes y la aprobación de la cadena perpetua para personas señaladas del delito de agrupaciones ilícitas.

La protesta también estará motivada por el rechazo al proceso penal contra miembros de la Alianza El Salvador en Paz para quienes fue retrasada un mes la audiencia única abierta.

El movimiento también denunció la persecución de sindicalistas y la burocratización y el impuesto que establece la Ley de agentes extranjeros.

“La situación económica no es mejor que la política”, agregó el representante del BRP, en la conferencia, haciendo referencia a una deuda pública creciente, la suspensión del pago de intereses por los fondos de pensiones y el déficit de la producción agropecuaria.