Autor: Yolanda Magaña

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, reiteró este jueves que la decisión sobre una cancelación o una renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños será publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en el Registro Federal, tal como lo dijo el secretario de DHS, Markwayne Mullin, el pasado 2 de julio.

La diplomática aseguró que la Embajada de Estados Unidos «tampoco» conocen cuál será la decisión y dejó entrever que aún no se ha tomado: «El Departamento de Seguridad Nacional, y ellos publicarán su decisión, cuando la tomen, en el Registro Federal de los Estados Unidos».

«Nosotros en la Embajada tampoco sabemos, en el Departamento de Estado tampoco, esto es el Departamento de Seguridad Nacional y entendemos la preocupación de todos sobre cómo va a aparecer esto, pero la realidad es esta: que no haya decisión, no sabremos», señaló Fellows.

La administración Trump ha cancelado el TPS para 13 países, entre ellos Venezuela, Honduras, Guatemala y Nicaragua; pero no se ha pronunciado sobre la extensión o cancelación de tres países –El Salvador, Ucrania y Sudán– y ha publicado solo una extensión automática: para Líbano.

Más de 170,000 salvadoreños

Más de 170,000 inmigrantes salvadoreños se mantienen en suspenso en una carrera contrarreloj para evitar su deportación, cuando faltan pocos días para que se venza el TPS para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su primer mandato.

La encargada de Negocios -que fue preguntada por la prensa durante una actividad en el Parque Arqueológico Cihuatán, en el municipio de Aguilares, a 38 kilómetros de San Salvador- aseguró que en la Embajada estadounidense «tampoco sabemos» qué pasará, en el Departamento de Estado «tampoco, porque es una decisión del Departamento de Seguridad Nacional»

El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre y su terminación dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación.

En el caso de El Salvador, un país con el que el presidente estadounidense, Donald Trump, actualmente mantiene buenas relaciones, se cree que el Ejecutivo solo dejará expirar la protección para unos 170,000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) después de que dos terremotos sacudieron ese año al país centroamericano.

El Gobierno de Trump extendió en 2025 el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha.

Con 56 votos, sin los de oposición, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la ley del presupuesto de 2026 para reorientar $54,750,000 de “asignaciones disponibles” del Ministerio de Hacienda para las carteras de Salud, Turismo y Economía.

De acuerdo con el dictamen aprobado, $50 millones se destinarán a la compra de “medicamentos, insumos médicos, vacunas”; el decreto detalla en su considerando segundo que además servirá para “servicios médicos y de laboratorio, servicios de mantenimiento preventivos, entre otros”.

Según el considerando, el refuerzo permitirá continuar un “enfoque de prevención y sguimiento a la salud integral de la población en todas las zonas del país”.

Así mismo, $2.75 millones serán destinados a “consolidar la estrategia nacional Surf City, Plan Nacional de Turismo 2030 y Estrategia Institucional de Destinos Turísticos Especializados”; y $2 millones para “atender necesidades estratégicas en materia de facilitación de inversiones, innovación productiva y transformación digital.

El dinero proviene de asignaciones disponibles del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

En el decreto de reforma, aprobado en el dictamen 250 de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, no detalla las unidades presupuestarias recortadas del presupuesto del Ministerio de Hacienda y tampoco las unidades presupuestarias a las que se destinarán los fondos en cada cartera de Estado. Únicamente consta de tres artículos, el segundo indica que los fondos “serán tomados de las asignaciones disponibles” del presupuesto de hacienda y el primero detalla que “se incrementan las asignaciones vigentes” de Salud, Turismo y Economía, “con fuente de financiamiento Fondo General”.

La vigencia del decreto, normada en el tercer artículo del decreto, inicia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

Cuando presentó el proyecto de decreto la subdirectora de presupuesto, Laura Arce, en la Comisión de Hacienda, destacó la implementación de DoctorSV y mencionó la «expansión del DoctorSV con la Inteligencia Artificial«, «la detección y el seguimiento sistematizado de enfermedades crónicas», un «apoyo a la infraestructura, a la modernización del sistema de salud», el «equipamiento a las unidades de salud», además de «implementar nuevos planes que permitan controlar las enfermedades transmisibles». Sin embargo, no desglosó el destino de los fondos.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa facultó al Fondo de Conservación Vial (Fovial) para constituir o poseer acciones en todo tipo de sociedades para mantener la red vial nacional o la red vial urbana o para los servicios asociados.

De acuerdo al considerando cuarto del decreto aprobado, la reforma tiene el objeto de “fortalecer la capacidad institucional y operativa del Fovial, asegurar la sostenibilidad de sus actividades y mejorar la calidad y continuidad de los servicios vinculados con la conservación vial”.

Los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Claudia Ortiz, de Vamos, votaron en contra.

Votaron a favor los 53 diputados de Nuevas Ideas presentes, dos del Partido de Concertación Nacional (PCN) y el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El Fovial podrá constituir todo tipo de sociedades, así como adquirir sus acciones.

Para que el Fovial participe en sociedades mercantiles, las sociedades deberán estar vinculadas a la “rehabilitación, mantenimiento, operación o explotación de la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible y de la Red Vial Urbana Prioritaria Mantenible”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que el “único fin del Fovial es reparar calles” y sus fondos provienen de una contribución especial en el combustible, por lo que “el Estado no puede gastar dinero sin control”.

“Representa un riesgo de desviación, si estos fondos se usan para financiar empresas privadas o administrar proyectos ajenos, como pasajes teleféricos o terminales, se podría violar el mandato constitucional de uso de recursos públicos”, advirtió. Según la legisladora, la reforma aleja parcialmente el Fovial de su mandato histórico exclusivo centrado en el mantenimiento y conservación directa de la red vial.

En abril de 2025, la Asamblea también reformó la Ley del Fovial para que esta pudiera invertir sus fondos en proyectos de transporte y movilidad urbana, incluidos sistemas integrados de transporte, su infraestructura, mejoramiento de rutas peatonales y ciclovías, además de facultar a su Consejo Directivo a decidir el nivel de ingresos comprometibles y ya no hasta el 50 %.

El Fovial fue creado en noviembre de 2000 con una contribución de $0.20 por galón de venta de combustible y la transferencia de $0.10 por galón.

En agosto de 2026, la Asamblea avaló una garantía crediticia para respaldar un préstamo al Fovial por $400 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para mantenimiento de calles, puentes y obras.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa ratificó este jueves el préstamo de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar becas y dar seguimiento a los estudiantes con el fin de que no abandonen sus estudios de educación media y postsecundaria.

Los fondos del programa “Integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador” se ejecutarían en 5 años.

El programa incluiría beneficiar a 60,000 jóvenes, 12,000 anuales en cinco años, e incluye transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes, y atención a 1,000 migrantes retornados con potencial de reintegración.ç

El director de Integración, Alejandro Gutman, llegó hoy a la Asamblea Legislativa a presenciar la ratificación del préstamo. El plan de becas fue lanzado por Gutman, acompañado por el presidente Nayib Bukele, el 15 de marzo de 2025; en esa presentación, Bukele aseguró que el plan beneficiaría a todos los estudiantes de bachillerato “no importa de dónde vengan”.

Gutman, en octubre de 2025, sostuvo que el plan requería financiamiento del BID para su sostenibilidad; en ese momento calculó que necesitaban “unos $15 millones para el año que viene”, ya que el programa presentado no era contemplado en el proyecto de presupuesto 2026.

El préstamo ratificado hoy se pagará en 23 años, con 7.5 años de gracia. Se pagará 0.75 % sobre saldo no desembolsado.

Parte de los fondos irá a la Dirección de Integración para un “sistema de alerta temprana” que detecte riesgos de deserción estudiantil.

Otra parte de los fondos incluye actividades de refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional, becas para programas de postsecundaria y transferencias económicas. El otorgamiento de becas y apoyo económico será por «criterios de asignación determinados por la Dirección de Integración».

En la discusión en el pleno, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, criticó a los diputados que no votaban por esta iniciativa rechazando las críticas de que la bancada oficial solo se dedica a apretar el botón.

«He dado mis votos desde el día 1 para los proyectos presidenciales. Aquí han querido hacernos, la oposición, decir ‘es que solo aprietan el botón’… Siempre la oposición ha apretado el botón para decirle ‘no a los proyectos». Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas.

El diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró que es cierto que hay «dos diputados de diputados», como lo dijo Navarro, unos que no votan por reformar 13 veces la Constitución «para concentrarse en el poder» y exhortó a no usar los $100 millones en campaña adelantada.

«Ojalá que estos recursos que se van a aprobar este día no lo vayan a utilizar como campaña adelantada, ni proselitismo y utilizando a los jóvenes, como han utilizado jóvenes y niños con una campaña adelantada que está saliendo en televisión. ¿Cuánto de eso se puede utilizar para apoyar el agricultor, el emprendedor, a que haya medicina en los hospitales». Francisco Lira, diputado de Arena.

 

Actualmente: 14,000 becados

En el pleno, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, reveló que actualmente “hay más de 14,000 jóvenes están becados hoy por hoy” y que en enero de 2027 “se van a integrar otros 20,000 jóvenes becados”.

Si El Salvador se hubiera dedicado a becar jóvenes, no tendríamos 87,000 presos en CECOT pero por ellos ya no podemos hacer más. Tenemos que trabajar por los que están afuera, por los que sí tienen oportunidades. Esto inició de 2012, es una forma de trabajo que ha ido creciendo. Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

Entre 2024 y 2025, unos 5,200 bachilleres iniciaron estudios de educación superior con becas de la Dirección de Integración a estudiantes que participan en sus actividades; e Integración firmó convenios con 25 universidades.

Recientemente, la Dirección de Integración informó que más de 25,000 jóvenes de institutos nacionales hicieron el 15 de agosto pruebas de matemáticas y lenguaje para optar a una beca de educación superior de la Dirección de Integración.

Según el BID, de cada 100 estudiantes salvadoreños que comienzan la educación primaria, 56 llegan a noveno grado, 43 terminan el bachillerato, 16 ingresan a la universidad y únicamente 14 logran graduarse de educación superior.

En 2025, un 62 % de los egresados de centros escolares públicos no continúa estudiando y más del 75 % de quienes abandonan sus estudios lo hacen por motivos económicos.

El BID proyecta elevar del 75 % al 78 % la tasa de graduación de educación media; del 50 % al 54 % la tasa de transición de educación media a educación superior; y del 14 % al 16 % la tasa de graduación en educación superior.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este jueves que la Asamblea Legislativa recomiende al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que presente un “Plan de mitigación ante la sequía prolongada y prevención del desabastecimiento alimentario”.

Lira señaló que habrá déficits de 10 millones de quintales en maíz, 187,000 quintales, 900,000 quintales de frijol y 500,000 de sorgo en la cosecha.

“No es momento de tener los brazos cruzados, esperamos que podamos tener los votos para que el ministro encargado de despacho pueda llegar”, dijo al inicio de la sesión plenaria de este jueves.

El legislador pidió, en su solicitud, que se solicite al MAG un diagnóstico del impacto del déficit hídrico en los cultivos de granos básicos y en la ganadería y que presente un plan de abastecimiento y reserva estratégica.

También, que incluya en su informe un plan de asistencia técnica y variedades resistentes, con entrega oportuna de semillas adaptadas a la sequía, bioinsumos; infraestructura y distritos de riego, y soporte financiero al sector para créditos flexibles, seguros agrícolas y reestructuración de deudas.

“Quiero que sometan a votación este recomendable”, dijo el diputado de derecha, quien solicitó que se cite al viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, encargado del despacho del MAG. La propuesta solo tuvo los dos votos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

«Al parecer, para la #BancadaCyan los agricultores y ganaderos están pasando por su mejor momento y el desabastecimiento se resuelve solo. Una muestra impecable de su compromiso con el campo salvadoreño», reaccionó Lira en X.

La Mesa Agropecuaria Rural e Indígena ya reportó pérdidas entre el 10 % y el 15 % por los tres episodios de sequía que ha sufrido El Salvador debido al fenómeno de El Niño, que ha reducido las lluvias y provocado altas temperaturas en el país.

Las pérdidas han sido confirmadas por el viceministro de Agricultura. El MAG también ha anunciado la entrega de canastas alimenticias a familias afectadas en la zona oriental.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, la designada presidencial de Honduras, Diana Baleska, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participaron en la I Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), realizada en Tela, Honduras.

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio es el mecanismo mediante el cual los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras coordinan asuntos relacionados con el desarrollo y la gestión de esta zona fronteriza.

«Compartimos una zona común de las tres fronteras. Son 7,500 kilómetros cuadrados donde los recursos hídricos, la biodiversidad, toda la belleza natural, nos obliga a mantener esta zona privilegiada», afirmó Ulloa.

Durante la reunión se presentó un informe de “acciones estratégicas 2026” de la Secretaría Ejecutiva Trinacional, correspondiente al primer semestre del año, y se revisaron asuntos relacionados con la gestión del territorio que comparten los tres países, informó la Vicepresidencia en un comunicado de prensa. El informe aún no ha sido publicado.

Así, revisaron el avance del Plan de Acción Estratégico de la Cuenca del río Lempa (PAE), el Sistema Integrado de Información Trifinio (SIT) y también el informe técnico y financiero de la Secretaría Ejecutiva Trinacional.

En el encuentro participaron los directores ejecutivos nacionales del Plan Trifinio, alcaldes de Olopa, Chiquimula y Esquipulas, vicecancilleres y equipos técnicos de los tres países.

Ulloa también participó en la I Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 2026, en Honduras, en donde se presentó la iniciativa “Ruta Trinacional de Turismo Cuarta Frontera”.

Ulloa dijo que el proyecto requerirá «importantes recursos, capacidad de diálogo y una estrecha coordinación»; mientras, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio vinculó la iniciativa con el Portafolio de Inversiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un posible financiamiento respaldado por los respectivos gobiernos, según la Vicepresidencia.

La abogada y creadora de contenido Bethy Arana renunció esta semana a su candidatura a una diputación de Santa Ana en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y aseguró que el secretario general del partido está en un “nido de culebras”.

Este jueves, Arana sostuvo, en la entrevista “Las cosas como son”, que en el FMLN hay obstáculos internos que “se oponen a la ciudadanización porque son discriminadores” y aseguró que el secretario general del partido, Manuel Flores, “el Chino, está en ese nido de culebras”. “Yo siento mucho irme, pero ya no podía seguir yo ahí”.

“Por este medio comunico que he decidido renunciar a mi candidatura a diputada por Santa Ana, por el partido FMLN”, anunció el lunes en Facebook, argumentando que desconoce los resultados que obtuvo en las elecciones internas, que ha recibido ataques internos, ha sido objeto de burlas y ataques de sus detractores y de personas del partido.

La excandidata también argumentó que el candidato presidencial del partido, Rafael Aguirre, la humilló en televisión al negar su apoyo en la candidatura; y que no está de acuerdo con sus declaraciones sobre el régimen de excepción y la reelección presidencial.

La excandidata también aseguró que ha buscado tratamiento psicológico ya que en redes sociales recibió ataques, fue amenazada en junio de 2025 y que un día después recibió una paliza y le quebraron dos costillas.

Arana se inscribió en mayo como precandidata a diputada de Santa Ana en el FMLN pero en agosto reveló que, aunque les notificaron la elección como candidata, aún desconocían los votos recibidos. La aspirante aseguró que poseía datos que le daban el tercer lugar pero que había quedado en quinto lugar de la planilla de candidatos.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, se desmarcó este jueves de la opinión del candidato presidencial del partido, Rafael Aguirre, sobre que el régimen de excepción es constitucional.

En el programa Diálogo 21, Flores reiteró que “nadie puede hablar en nombre del partido” y que el único vocero oficial es el secretario general”.

“Esa es su opinión, esa es la opinión de él”, indicó, al referirse a la afirmación del candidato presidencial de que las elecciones de 2027 y el régimen de excepción son constitucionales.

En una entrevista a Diario El Mundo, Aguirre manifestó estar a favor del régimen de excepción, aunque sugirió buscar una herramienta mejor que mantenga a los pandilleros en la cárcel y que dé pronta justicia a los inocentes. “Es que es una herramienta constitucional, no es algo sacado de la manga; que se ha sobreutilizado, pues, esas son situaciones que tenemos que analizar con los expertos”, dijo.

“El partido va a dar su posición cuando hagamos en conjunto la posibilidad de tener la plataforma, en ese momento vamos a dar nuestra posición”, expresó, por su parte, el dirigente del partido de izquierda.

Sin desautorizar expresamente a Aguirre, el «Chino» Flores también aclaró que las candidaturas de las elecciones 2027 no están firmes ya que los candidatos deben cumplir los requisitos para inscribirlos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en este momento están recogiendo la documentación.

Sin embargo, expresó su aval a la candidatura de Aguirre y que está preparándose para inscribirlo con “vibras positivas”. “Él todavía no está inscrito como candidato a la Presidencia, él no está inscrito, debe estar inscrito; y así como él, ningún concejal, alcalde, diputado, nadie está inscrito”, afirmó.

El dirigente de izquierda solo aseguró que mantiene reuniones políticas, sobre la campaña y el proceso electoral, con el candidato.

Aguirre es dirigente sindical de médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que fue electo candidato presidencial del FMLN para participar en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Los tres actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que buscan la reelección en la institución impulsan que la entidad tenga un rol preventivo en su función de control sobre el Estado en el uso de los fondos públicos.

El presidente de la Corte de Cuentas, magistrado Walter Sosa Funes, aseguró que buscan “no hacer auditorías reactivas” sino apoyar a las instituciones que reciben fondos públicos a “ordenarse”.

“El resultado es tener a estas instituciones al día, porque lo que buscamos como Corte de Cuentas no es hacer auditorías reactivas, sino apoyarles a todas las instituciones, a todos aquellos que reciban fondos públicos, es importante que estas auditorías estén al día, porque les ayudamos a ordenarse, ayudamos a que las auditorías no se hagan cinco años atrás como era la costumbre, como sucedió cuando yo asumí la presidencia de la CCR”, afirmó en la primera jornada de entrevistas desarrollada por la Comisión Política, el lunes 10 de agosto.

Por su parte, el primer magistrado de la CCR, Julio Guillermo Bendek Panameño, también enfatizó en que la institución debe realizar una labor preventiva. “El control preventivo es la piedra angular para una buena gestión”, dijo.

Según el funcionario, actualmente la CCR tiene “un modelo de control posterior” por lo que tienen que esperar a que “termine la ejecución de un proyecto” y no tienen un control “concurrente”. Así mismo, destacó que el “control preventivo permite tener una forma congruente, uniforme, de evaluación de cada caso”.

“Actualmente tenemos la oportunidad de ponerlos a la altura de los cambios y las transformaciones de este país, el paradigma de la auditoría está cambiando. Esa parte detectivesca se está cambiando por una parte preventiva, la formación de los funcionarios se vuelve el pilar fundamental”, indicó Bendek.

Según el funcionario, la institución debe ser “dejar de ser un instrumento de sanciones arbitrarias o de cualquier tipo de escudo legal para aquellos que no hicieron bien las cosas”. Afirmó también que la mayoría de “situaciones que se dan” se dan “por desconocimiento”.

“El centro de la actividad del Estado no es la fiscalización, es la resolución de los problemas de la gente, la fiscalización es la herramienta que tienen los ciudadanos, primero, para ver cómo están sus recursos y el Estado para que esos recursos sean puestos de forma consecuente a los fines por el cual fueron asignados. Y es el control preventivo, es ese acompañamiento no al funcionario malo, es que la Corte de Cuentas no puede estar con los funcionarios malos, es con los funcionarios buenos, o aquellos que al final somos todos los salvadoreños”, afirmó el primer magistrado que también busca que lo reelijan.

Así mismo, José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, argumentó que, con un enfoque preventivo, habrá “mejores obras, más recursos y menos incumplimiento normativo”.

“Las auditorías tienen que ser enfocadas en una prevención, siempre estamos acostumbrados a que el auditor llega cuando la gestión ya terminó, pero internacionalmente esto está cambiando y nacional, también debe cambiar. Tenemos que seguir la línea”, sostuvo.

A esto agregó la implementación de un sistema de seguimiento de recomendaciones para, según el funcionario, evitar que se genere un hallazgo.

“Los administradores de fondos y los titulares de las instituciones tienen acceso a la CCR. Me he encontrado que las personas no saben que esa función existe. Si las instituciones consultaran ante una duda, los errores no se cometieran. Si nos enfocamos en auditorías orientadas a riesgos y a prevención, la función de la CCR pasará a no estar enfocada en cantidades sino en el impacto de la fiscalización”, indicó Flores Ramos.

La Corte de Cuentas de la República es la institución encargada de vigilar el uso de los fondos públicos por parte de los funcionarios y empleados públicos. Es dirigida por tres magistrados que conforman la Cámara Segunda Instancia, que revisar las apelaciones o solicitudes de revisión interpuestas ante la institución por funcionarios involucrados en resoluciones judiciales de primera instancia a raíz de auditorias.

Actualmente, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa desarrolla un proceso de entrevistas a 18 candidatos a la CCR, entre los cuales están los tres magistrados, jueces de cuentas, el director Anticorrupción de la institución y un juez contra el crimen organizado, entre otros.

En el proceso de entrevistas, los funcionarios han sido cuestionados, por diputados y candidatos, debido a la mora en la Cámara de Segunda Instancia, que ha resuelto solo 48 casos de un total de 2,147 recursos recibidos. El titular de la CCR se defendió diciendo que son siete cámaras de primera instancia y una sola de segunda instancia.

El sistema público de pensiones tiene un total de 52,078 personas jubiladas, es decir reciben pensiones por vejez del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), de un total de 83,002 pensionados de la institución al cierre de 2025.

Otras 30,843 personas reciben pensiones de sobrevivencia, es decir, son familiares que dependieron de trabajadores cotizantes que fallecieron, y 81 personas reciben pensiones por invalidez.

Del total, un 62.74 % de las pensiones del sistema público previsional se otorgan por vejez, 37.16 % por sobrevivencia y un 0.10 % por invalidez.

El dato contrasta con los 1,059 cotizantes que tiene el sistema público de pensiones, de los cuales 701 cotizan en la Unidad de Pensiones del Seguro Social (UPISSS), por laborar en el sector privado, y 358 al ISP, antes INPEP (Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos), por laborar en el sector público.

Durante 2025 el ISP erogó $357.4 millones en prestaciones de seguridad social: en la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2025 reporta que destinó $357,458,478.34 a “prestaciones de la seguridad social”, así como $222,783,106.27 a “transferencias corrientes”.

Las pensiones del sistema público son financiadas a través de certificados que las AFP (Administradoras de Fondos para Pensiones) están obligadas a adquirir con fondos de los cotizantes del sistema privado de pensiones, que también tiene personas jubiladas.

Los jubilados de las AFP son aproximadamente 137,000, un dato que data de 2024 y que fue publicado por el estudio actuarial de 2025.

Aunque el sistema privado tenga 2,100,000 afiliados, no todos los afiliados cotizan de manera continua: 1.1 millón de personas hicieron al menos una “contribución” al sistema en 2024, es decir, hay una tasa de contribución del 52 % según el estudio actuarial.

Sin embargo, las cotizaciones de los trabajadores del sistema privado ayudan a financiar las pensiones del sistema público, ya que estos fondos son invertidos en certificados del ISP que las AFP están obligadas a adquirir.

Bajo este sistema, parte de los ahorros de los cotizantes de las AFP va hacia una cuenta individual y otra parte hacia una cuenta colectiva (Cuenta de Garantía Solidaria) que les garantiza una pensión vitalicia mínima cuando se acaban sus ahorros individuales.