Autor: Yolanda Magaña

La forma de gobierno en El Salvador es calificada como autocracia electoral en el informe de Democracia 2026 publicado en marzo por el V-Dem Institute, una entidad que evalúa las democracias en el mundo desde 1789 con 600 atributos.

El gobierno de El Salvador ha rechazado públicamente este tipo de informes. En mayo de 2025, el presidente, Nayib Bukele, criticó un mapa sobre la calidad democrática de los países en el mundo y cuestionó por qué las puntuaciones más altas «las obtienen las monarquías hereditarias y los regímenes que prohíben a sus oponentes».

El informe 2026 del Instituto V-Dem indica que las tres cuartas partes de la población mundial (74 %) vive en autocracias y el 7 % en democracias liberales; y que el mundo tiene 92 autocracias y 87 democracias hasta el cierre del año 2025. La totalidad de la población que reside en países con democracias, señala, son dos mil millones; y mientras los que viven en autocracias suman los seis mil millones.

Dentro de las autocracias, la autocracia electoral es el régimen de gobierno más popular en 2025, ya que cerca de la mitad de la población vive en dicha forma de gobierno según el Instituto: 3,800 millones o 46 %. Las autocracias cerradas incrementaron a un 28 %, con la suma de Bangladesh.

De acuerdo al estudio la mayoría de población en Latinoamérica vive en democracia, el 71 %: un 5 % en “democracias liberales” como Chile, Costa Rica y Uruguay; 64 % en “democracias electorales” como Argentina y Brasil; 2 % en “democracias en zona gris”, donde ubica a Guyana y Honduras; y 29 % en autocracias: 20 % en autocracia electoral en zona gris (México); 6 % en “autocracias electorales” como El Salvador, Nicaragua y Venezuela; y 3 % en “autocracias cerradas” en Cuba y Haití.

La publicación ubica a 44 países en donde empeoró la libertad de expresión y solo en 11 países en donde mejoró. También señala que en 33 países se recurre más a la tortura política “para reprimir a la oposición”, que en 31 ha empeorado la capacidad para investigar la conducta inconstitucional del Ejecutivo y que en 28 países se incumple cada vez más la Constitución.

El informe 2026 del V-Dem indica que El Salvador está marcado por “arrestos arbitrarios y encarcelamientos masivos, restricciones a la libertad de expresión, la sustitución de jueces del Tribunal Supremo y la manipulación de los límites de mandato”, señala que la caída del LDI en El Salvador entre 2019 y 2021 “es comparable casi únicamente a golpes militares”. También menciona el segundo mandato de Nayib Bukele a partir 2024 pese a una prohibición inicial de reelección inmediata, la sustitución de magistrados en la Corte Suprema y la eliminación de límites a la reelección presidencial continua. “El Salvador es una autocracia electoral, pero una de las más opresivas de esta categoría”, indica el informe.

El informe 2025 del Instituto V-DEM ya ubicaba a El Salvador como autocracia electoral; en el informe 2021, que se realizó con datos de 2020, El Salvador aparecía aún como «democracia electoral».

¿Cómo define los regímenes de gobierno el Instituto V-DEM?

Autocracia cerrada: no hay elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo, no hay libertad de expresión, ni libertad de asociación ni elecciones libres y justas.

Autocracia electoral: hay elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo pero los niveles de requisitos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación, y la celebración de elecciones libres y justas son insuficientes.

Zona gris: los países pertenecen a esta categoría si los intervalos de confianza se superponen, lo que hace que la clasificación sea más incierta.

Democracia electoral: las elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo son libres y justas; existen grados satisfactorios de sufragio, libertad de expresión y libertad de asociación.

Democracia liberal: se cumplen los requisitos de la democracia electoral; existen limitaciones judiciales y legislativas al poder ejecutivo, junto con la protección de las libertades civiles y la igualdad ante la ley.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, defendió este viernes la ratificación de la reforma constitucional y el paquete de reformas penales para establecer la cadena perpetua para los pandilleros y para los delitos de homicidio, feminicidio y violación; y habló de que hay “exalcaldes, exministros y experiodistas pandilleros”.

Delgado se refirió al delito de pertenencia a organización terrorista, “conocida como pandilla”, que se incorporaría en el artículo 344-A del Código Penal según la propuesta de reforma enviada por instrucción del presidente del país, Nayib Bukele, ese nuevo delito sería sancionado con pena de prisión perpetua.

“Me interesa mucho la redacción que le han dado, por cuanto que va orientado a aquellos que promueven, ayuden, faciliten o favorezcan la permanencia en las organizaciones, porque en realidad los que hacen eso son también pandilleros. También, los que realicen pacto o acuerdos de no persecución criminal, las famosas o denominadas treguas”, afirmó en su intervención, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, esta tarde.

El funcionario prosiguió: “Tenemos exalcaldes, tenemos exministros, que para mí son en realidad exalcaldes pandilleros, exministros pandilleros, porque en realidad le facilitaron a toda esta gente seguir haciendo sus tropelías, tuvimos exguerrilleros pandilleros, tenemos también experiodistas pandilleros huyendo de la justicia por haber realizado este tipo de pactos al margen de la ley, pensaron románticamente que no estaban tratando con delincuentes, sino con niños rebeldes”.

Defiende reformas: “No es una Ley del Talión”

El fiscal aseguró que “esta no es una Ley del Talión, no es un ojo por ojo”, sino que “están justificadas por la prevención que se va a lograr de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan en libertad en un corto tiempo”. Aseveró que El Salvador es “un Estado de Derecho” y que el Estado de El Salvador “siempre reconoce la dignidad”.

“A diferencia de lo que pueden estar ladrando en el extranjero, esta reforma no implica una aniquilación biológica. Esta reforma no es incompatible con un sistema jurídico civilizado, que es el que nosotros aplicamos en El Salvador, un sistema duro, exigente, pero civilizado”, subrayó.

El funcionario mencionó la posibilidad que plantea la reforma de “libertad controlada” a los condenados a cadena perpetua y aseguró que esta respeta “el sistema interamericano de derechos humanos”. “Lo que el Sistema Interamericano, basado en el artículo 5.6 de la Convención Americana son las penas absolutas o fijas que no existen esperanzas de liberación… Hay personas que creen que nosotros les vamos a aplicar una coerción animal a estas personas, la pena perpetua es una herramienta del derecho, no es una coerción animal”, dijo.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa analiza la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución para eliminar la prohibición de la pena perpetua, y también reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley especial especial contra el terrorismo y Ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en las cuales se define en qué delitos se aplicaría la cadena perpetua.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó el jueves a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que el delito de “agrupaciones ilícitas” se aplicaría a asocios de criminales para cometer delitos como asaltos, sin que estos pertenezcan a pandillas, al explicar la propuesta de reformas al Código Penal para aplicar la cadena perpetua en El Salvador.

Según la explicación del funcionario, en el artículo 344-A conceptualizaría el delito de pertenencia a organizaciones terroristas (pandillas) en todos sus niveles.

El artículo 344-A menciona: creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas, intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes; los que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las organizaciones; el que solicita, promueva o pacte acuerdos de no persecución criminal.

“Respecto de los delitos contra el terrorismo local, estamos aprovechando esta modificación constitucional para solicitarles a ustedes la creación del artículo 344-A, que está antes del 345 de agrupaciones ilícitas, para poder conceptualizar dentro del 344 el delito de la pertenencia a una organización terrorista local, donde se establecen todos los diferentes parámetros, la diferencia entre líder, el tema de los que quieren ser, de los que ayudan de los que colaboran, con las consecuencias que la pertenencia implican, que dentro del régimen de excepción hemos estado usando el artículo 345, que establece el delito de agrupaciones ilícitas”, explicó el funcionario.

Villatoro añadió que el delito de “agrupaciones ilícitas” quedará “siempre para aquellas juntas o asocios de criminales para por ejemplo asaltar una tienda, que se ponen de acuerdo, para dejar bien claro que la pertenencia a organización terrorista, hay otros elementos que se deben considerar en base a la historia que hemos vivido”.

El delito de agrupaciones ilícitas será considerado como aquellas “agrupaciones, asociaciones y organizaciones con, al menos, estas características: que estén conformadas por tres o más personas, de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir” y será sancionado con prisión de 10 a 20 años, según la propuesta.

Actualmente, las “agrupaciones ilícitas” son definidas como tales pero también se incluyen las pandillas o maras, es decir, las mencionadas en el artículo 1 de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal; y se establecen penas de 20 a 30 años si son miembros; y de 40 a 45 años si son cabecillas.

La Comisión Política estudia la solicitud de ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, que prohíbe la pena de muerte y la cadena perpetua. Por ahora, los diputados han aprobado un “acuerdo de reforma” constitucional para eliminar la prohibición de la pena perpetua. Se prevé que la Asamblea Legislativa ratifique la próxima semana la reforma constitucional y posteriormente reforme el Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley para una vida libre de violencia para las mujeres y Ley especial contra el terrorismo para establecer la cadena perpetua como pena para los delitos de homicidio simple, agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación y organizaciones terroristas, incluso cuando sean cometidos por menores.

La organización Alianza Américas aseguró este viernes que cientos de personas salvadoreñas beneficiarias del programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) han comenzado a reportar despidos debido a la “desinformación entre los empleadores” sobre la vigencia de sus permisos de trabajo.

Alianza Américas critica que la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) continúe “reflejando incorrectamente el 9 de marzo como la fecha de finalización de los permisos de trabajo” (EAD) y que la “demora del USCIS en la emisión de miles de tarjetas EAD” ha provocado “despidos”.

Según Alianza Américas, los salvadoreños están legalmente autorizados “para trabajar más allá del 9 de marzo de 2026” ya que la extensión automática de los permisos de trabajo se mantendría vigente hasta la fecha de finalización del TPS para El Salvador, el 9 de septiembre de 2026, luego de la prórroga aprobada durante la administración Biden.

La organización llega a esa conclusión luego de una actualización del sitio E-Verify, un sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que permite a las empresas determinar la elegibilidad de sus empleados, aclaró que las solicitudes de Documentos de Autorización de Empleo (EAD) presentadas antes del 21 de julio de 2025 califican para una prórroga de 540 días. Esto incluiría a salvadoreños que presentaron su solicitud de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

La actualización de E-Verify, lanzada el 13 de marzo de 2026, indica que la duración de los EAD basados en TPS se han visto afectados por los avisos del Registro Federal, la regla provisional del DHS a partir del 30 de octubre de 2025 y la implementación de USCIS del gran proyecto de ley el 22 de julio de 2025, ya que en la mayoría de casos la extensión automática se ha reducido o eliminado.

Este sitio asevera que, si la solicitud de renovación fue presentada después del 22 de julio pero antes del 30 de octubre, la extensión automática está limitada a un año o la duración de TPS, y no puede reclamar extensión completa de 540 días.

“Desde Alianza Americas, consideramos fundamental visibilizar esta actualización de E-Verify… La nueva ley conocida como H.R. 1 no redujo a un año la duración del TPS de El Salvador ni de las tarjetas EAD. Las personas beneficiarias cuentan con una extensión automática válida de 540 días y tienen derecho a continuar trabajando”, señaló.

Dicha organización muestra su preocupación porque la oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no ha actualizado “de manera consistente otras plataformas clave como el sistema SAVE”, ya que es “consultado por empleadores como por agencias estatales” para verificar la vigencia del permiso migratorio.

Las cámaras de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República emitieron durante el año 2025 condenas por un total de $26.2 millones contra municipalidades y otras instituciones del Estado, así como absoluciones que cuestionaban el uso de $9.8 millones.

Según su memoria de labores 2025 entregada el miércoles a la Asamblea Legislativa, del total de condenas emitidas por la institución encargada de verificar el buen uso de los fondos públicos, un total de $20.1 millones fueron cuestionados a municipalidades y $6.1 millones a instituciones del sector público.

La mayor parte del monto cuestionado en las condenas fueron emitidas contra municipalidades del país (76 %) y en menor cantidad contra otras entidades públicas, 23 % del monto cuestionado en las condenas. Emitieron 343 sentencias: 245 sobre municipalidades y 98 sobre entidades del sector público.

Las cámaras de primera instancia emiten dos tipos de responsabilidad: patrimonial, si determina un perjuicio económico o disminución del patrimonio en la institución estatal por la acción u omisión culposa de sus servidores o de terceros; o administrativa, si detecta que las instituciones o funcionarios no cumplieron disposiciones legales o reglamentarias, lo cual sanciona con multas.

Así, las cámaras de primera instancia determinaron que hubo responsabilidad patrimonial en las diversas instituciones públicas por $20.7 millones y que hubo responsabilidad administrativa por $5.5 millones. Sin embargo, en el 89.2 % de sus sentencias la condena es mixta, es decir, lleva responsabilidad tanto administrativa como patrimonial.

La cifra es similar a la suma de los montos condenados en 2024 por $25.7 millones; ese año también las cámaras emitieron absoluciones por $11.9 millones, emitiendo un total de 342 sentencias.

La mayor parte de los montos «condenatorios» fueron emitidos por la segunda, la quinta y la sexta cámara de primera instancia, con $8.9 millones, $6.6 millones y $5.5 millones, respectivamente.

Por otra parte, las unidades auditoras de la CCR encontraron durante el año 2025 un total de 2,285 hallazgos de posibles irregularidades en el manejo de fondos por $40.2 millones. Este monto queda sujeto a determinación de responsabilidad patrimonial por parte de las cámaras de primera instancia, que pasan a analizar las auditorías que concluyen dichas unidades.

El monto que suman los hallazgos de las auditorías es un 15 % mayor respecto al monto de supuestas irregularidades encontradas en los hallazgos durante el año 2024.

Luego de que las sentencias son emitidas por las cámaras de primera instancia, los casos que enfrentan apelaciones o solicitudes de revisión son llevados a la Cámara de Segunda Instancia, que tenía 2,099 expedientes en trámite al cierre de 2025. Durante el año 2025, esta Cámara emitió 48 sentencias, en 45 confirmó las sentencias de las cámaras de primera instancia y no revocó ninguna.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa analizará el próximo lunes una solicitud del Ministerio de Hacienda para incorporar, en el presupuesto estatal 2026, los fondos que servirán a la construcción de la cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto del Pacífico de El Salvador.

La solicitud fue enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo, fue recibida por el pleno y trasladada a la Comisión de Hacienda.

Se presupuestarán un total de $19,499,961, de los cuales $17,188,106 provienen del contrato de crédito suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Público Empresarial (ICO) de España y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Para garantizar este crédito, la Asamblea Legislativa aprobó un contrato de garantía el 11 de noviembre de 2025. El contrato de garantía fue suscrito el 31 de octubre de 2025.

Otros $2,311,855 provienen de recursos propios.

La totalidad de los fondos se asignarán a la línea de trabajo “Inversión en infraestructura”.

La cúpula envolvente será “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”.

Para la construcción del Aeropuerto del Pacífico, CEPA ha presupuestado $113.7 millones. Estará ubicado en el caserío Condadillo, del distrito de Conchagua, en La Unión.