Autor: Yolanda Magaña

El

concejo de San Salvador Centro derogó el aumento de tarifas para los establecimientos de comercio, servicio e industria como permiso de funcionamiento o licencia en los distritos que conforman el municipio:

San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.

La

“Ordenanza Reguladora para la emisión de la licencia de funcionamiento para actividades de servicios, comercio e industria, en el municipio de San Salvador Centro”

fue derogada el viernes, informó la alcaldía en X a las 7:52 p.m.

La alcaldía anunció que en redes sociales informarán del “proceso de devolución de la diferencia de dichos cobros”.

Junto al mensaje en redes sociales, la alcaldía publicó las tarifas derogadas y las vigentes.

Uno de los nuevos cobros que establecía la ordenanza era una licencia temporal por apertura que costaba $600 anuales, tarifa que ya no aparece en el listado vigente.

Para negocios como restaurantes, talleres mecánicos, gasolineras, compra y venta de madera, chatarra o materiales reciclables, mercados de pulgas, talleres de carpintería, saunas, centros educativos o médicos, gimnasios, ferreterías, supermercados, bancos, cines, librerías, estacionamientos, tiendas de conveniencia, entre otros,
el permiso de funcionamiento costará $150 anuales; ya no $365, como lo establecía la nueva ordenanza.

Para casas de huéspedes, bares, cervecerías, discotecas, pensiones, licorerías, salas de billar, distribuidoras de gas propano, clubes,
el permiso anual que deberán pagar a la alcaldía será de $450, y ya no de $730, como establecía la ordenanza derogada.

Así mismo,

se restableció la tarifa de $1,000 anuales, en lugar de $2,190 anuales

para negocios como “barra show, salas de masaje sin fines terapéuticos, saunas con fines no terapéuticos, clubes nocturnos y club bar”, se lee en la publicación del concejo.

Los permisos anuales por sala de juegos o casinos se mantendrá en $12,000 anuales y ya no $12,775; y la precalificación se mantendría en $18.

Solo 366 migrantes salvadoreños fueron atrapados durante febrero de 2025 en todo el territorio estadounidense por la Patrulla Fronteriza de ese país, de los cuales 286 fueron encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos.

En los últimos 40 meses, la cifra de salvadoreños arrestados por su condición ilegal migratoria había superado los 3,000 salvadoreños mensuales. La disminución resulta del 83.3 % en la migración irregular salvadoreña solo en la frontera sur.

Las cifras publicadas este viernes por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) indican que las capturas de migrantes de todas las nacionalidades cayeron de 81,528 en enero a 28,654 en febrero, un 64.8 %.

La caída es más pronunciada si se compara con los 256,071 arrestados en febrero de 2024 e implica una disminución de 88.8 %.

Un comunicado de la Patrulla Fronteriza divulgado el jueves afirma una caída del 94 % los cruces de migrantes con estatus irregular y de 85 % durante los primeros días del segundo gobierno de Donald Trump, que inició el 20 de enero. Este comunicado citaba 8,347 inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera suroeste.

Según las cifras publicadas hoy por la Patrulla Fronteriza, en su sitio de estadísticas, los encuentros de migrantes de todas las nacionalidades suman 11,709 en la frontera sur y 28,654 en todo el territorio estadounidense.

De los arrestados en la frontera sur, 35 eran menores acompañados, 9,722 adultos solos, 814 niños no acompañados y 1,138 personas en unidades familiares.

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La “Ley de protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje” y las reformas a la “Ley general de los deportes de El Salvador”, que crean un mecanismo para sancionar a los deportistas por dopaje y buscan modificar la regulación a las federaciones deportivas, inician su vigencia este viernes 14 de marzo.

Ambas normativas fueron publicadas en el Diario Oficial del 6 de marzo de 2025.

La nueva ley contra el dopaje creará un «Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia», conformado por dos abogados y un médico, que podrá sancionar a los deportistas y a su personal de apoyo cuando tengan en su poder o hayan consumido sustancias no permitidas.

Mientras tanto, la ley de deportes flexibiliza los requisitos para los directivos de las federaciones deportivas y permitirá el INDES tome acuerdos de funcionamiento de las federaciones ante irregularidades si no hay respuesta en 45 días hábiles de las federaciones internacionales.

El Panel será nombrado por el gerente general de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador, una nueva instancia que, con la normativa, será el «máximo órgano técnico nacional» facultada para prevenir, controlar y sancionar a los deportistas sorprendidos con alguna sustancia prohibida. Las sanciones también aplican si renuncian al análisis de una muestra o a su obligación de someterse a la recogida de muestras, y también a la posesión de sustancias incluso por una persona de apoyo del mismo deportista.

La nueva Organización Nacional Antidopaje estará compuesta por un Comité Supervisor en donde estarán dos representantes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), uno de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), uno de la Comisión Nacional Antidrogas y uno del Comité Olímpico de El Salvador. En la Organización, el Comité Supervisor nombrará al gerente general que podrá nombrar a su vez al Panel. El panel también formará parte de la Organización, además de una comisión de atletas.

Desde hoy también está vigente la reforma a la Ley General de los Deportes para permitir que los directivos de las federaciones o asociaciones deportivas puedan ser personas no vinculadas al deporte y que el Comité Directivo del INDES pueda emitir acuerdos sobre el funcionamiento de federaciones deportivas.

El INDES podrá intervenir en estos casos si en un plazo de 45 días hábiles las federaciones internacionales no responden a los reportes de violaciones de estatutos o irregularidades en las correspondientes federaciones deportivas.

Representantes de comunidades, Juntas de Agua y del Foro de Agua entregaron este jueves a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) un mapa o catastro de las juntas de agua existentes en el territorio nacional, incluidas las que no están inscritas en la ASA, con el fin de que no otorguen permisos de exploración o perforación de pozos de agua cerca de sus comunidades o cancelen los ya otorgados.

El temor es que el agua escasee en sus comunidades. Revelan que ya hay tres pozos autorizados por la ASA «a escasos metros» de sistemas comunitarios de agua en: Barranca Honda, San Juan Opico; Ciudad Obrera, Ciudad Arce; y María Auxiliadora, en Puerto La Libertad.

Según Carlos Flores, representante del Foro, el documento entregado es el «Catastro de sistemas rurales de agua no administrados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)» creado en 2016 con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Dicho catastro identificó 2,325 juntas de agua.

El problema, reclamó, es que la ASA estableció como criterio para entregar permisos de exploración la revisión del Sistema de Información Hídrica (SIHI) y, si no existen pozos inscritos, el permiso se extiende. Según el Foro del Agua, hay pozos no registrados aunque existan en realidad porque de unas 2,600 sistemas comunitarios solo 496 tienen el trámite en la ASA y, de esos, solo el 10 % están inscritos.

Estamos preocupados por el incremento de los permisos que está otorgando la ASA donde hay sistemas comunitarios de agua, está poniendo en riesgo el derecho humano al agua para las comunidades rurales porque se están otorgando permisos a personas que tienen fines comerciales».
Xenia Marroquín, representante del Foro del Agua.

El representante del Foro advirtió que las fuentes de agua se acabarán si entregan más permisos a pozos de agua, lo que consideran violaría el uso prioritario de la comunidad sobre el uso comercial del agua, establecido en la Ley General de Recursos Hídricos.

«Somos una colonia de gente muy pobre»

Don Magdaleno Ventura Argueta, un hombre de 68 años, vive en el proyecto Roberto Argüello, ubicado en cantón El Platanillo, en el distrito de Quezaltepeque, en La Libertad Norte, no solo está preocupado por que los permisos de nuevos pozos les escasee el agua de su comunidad, sino por los cobros de agua y energía.

Ventura Argueta y su esposa pagan $8 por el servicio del agua a la junta de agua y asegura que les han dicho que les van a cobrar $1.50 el metro. «Los nuevos directivos pusieron el metro cúbico a $0.46, luego dijeron que lo iban a poner a $4 la cuota fija, duró como seis meses, dijeron que iban a censar casa por casa, total que donde nosotros solo somos dos y pusieron $8 la cuota y otras partes hasta seis personas y $5 ponen», cuenta.

Otro problema que enfrenta es que les han prohibido tirar el agua a las canaletas.

«La cuestión aquí es que ya no sigan otorgando permisos porque, por hacer un pozo, dejan al otro en seco y ya no nos llega agua… Ellos dicen que nos van a cobrar la cuota fija aunque tengamos medidores nuevos, yo le pido a la ASA que revise eso, por favor. Otra cosa, dicen que nos van a cobrar $1.50 el metro, lo veo injusto. Somos una colonia de gente muy pobre».
Magdaleno Ventura Argueta, habitante de El Platanillo.

«Nos ponen que hagamos fosas, si nosotros somos pobres, no alcanzamos ni para comida, mucho menos para una fosa que se lleva más de $1,500, una fosa para tirar las aguas que uno gasta, donde una lava ropa y eso… Nos tienen bien amolados», relata el señor cuyo único ingreso es una «media tiendita» que logró poner con el bono de $300 que entregó el gobierno durante la pandemia de covid-19 y que surtió de algunos productos con otros $200 que le regaló una hermana suya.

«Las ganancias ahora son de cinco o diez centavos, más que ahora hay que pagar agua, luz… ¡Y eso no es nada!, mire, nos está cobrando DelSur $3.25 por los postes, por mantener la luz, cada mes, solo ahí son $6.25 cada mes, más el gasto uno, ¿cuánto cobran en el centro?, 75 centavos, en Apopa, 36 centavos, eso es terrible, oiga, y que nadie nos oiga», se quejó el habitante de El Platanillo

El artículo 63 de la Ley General de Recursos Hídricos establece que la ASA deberá garantizar el uso y aprovechamiento relativo al recurso hídrico conforme al siguiente orden prioritario: a) Agua para consumo humano y uso doméstico. b) Uso para la sostenibilidad de ecosistemas. c) Uso agropecuario procurando la seguridad alimentaria. d) Uso para la generación de energía eléctrica. e) Uso industrial y comercial. f) Usos recreativos. g) Otros usos.

De un presupuesto de $54,139,060,

la Asamblea Legislativa devengó $50,149,491.11 y cerró con un saldo presupuestario de $3,989,568 –casi $4 millones– según el reporte de la ejecución presupuestaria de egresos publicado en su Portal de Transparencia.

De los $50.1 millones ejecutados, el Legislativo destinó $40.6 millones a remuneraciones, más de un 81 % del total de gastos, entre los cuales están $5 millones de remuneraciones permanentes, $28.2 millones de remuneraciones eventuales, $258,239.05 de remuneraciones extraordinarias, $1.4 millones de gastos de representación, $1.5 millones de indemnizaciones y $153,126.32 de remuneraciones diversas.

Los datos difieren de la ejecución presupuestaria registrada por el Portal de Transparencia Fiscal, según el cual la Asamblea Legislativa devengó $45.5 millones ($45,505,973.89) de un total de $54 millones programados.

Dentro de los $4.2 millones destinados a bienes y servicios, se ejecutaron $115,790.50 a pasajes y viáticos, de los $175,000 previstos. La Asamblea Legislativa publicó los viajes realizados por los diputados de enero a diciembre de 2024.

En bienes y servicios, la mayor parte del gasto se destina a bienes de uso y consumo, un total de $1.1 millón, a servicios generales y arrendamientos, $1.8 millones, a gastos financieros y otros, $1 millón, así como seguros, comisiones y gastos bancarios, un total de $945,827.60.

Los gastos de bienes y consumo se refieren a compras de productos básicos como sal, azúcar, agua, café, galletas, leche, té, jabón, platos, tenedores, entre otros, según el contrato 22/2024 por $45,981, también publicado por el Órgano Legislativo en su Portal de Transparencia.

En infraestructura, durante el año 2024, el Legislativo ejecutó $639,072.96 de los $1.75 millones programados para ello. Actualmente la Asamblea Legislativa está sesionando en las instalaciones de Cancillería, debido que aún realiza trabajos de remodelación en el Salón Azul.

El partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señaló hoy al gobierno salvadoreño de «poner en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» por la continuidad de compras de bitcoin luego del acuerdo con el organismo financiero.

El partido de derecha publicó este miércoles un comunicado en el cual cree que la compra de bitcoin por el Estado «podría eventualmente poner en peligro» el acuerdo así como el plan de contingencia fiscal para resolver parcialmente el problema de liquidez del gobierno.

«El presidente Bukele ha sido enfático en decir que la compra de bitcoin no se detendrá a pesar de que el acuerdo estipula una prohibición de las compras gubernamentales de bitcoin mientras dure el plan de financiamiento», reclamó.

Hace una semana, el martes 4 de marzo, el presidente Nayib Bukele dijo que el bitcoin «no se detendrá» cuando compartió una publicación de la Oficina Nacional del Bitcoin que confirma la compra de un bitcoin llegando a un saldo de 6,101.8 monedas. El 6 de marzo, la directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, reaccionó diciendo que «el gobierno se comprometió a no acumular bitcoins a nivel del sector público en general» y que «las autoridades han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa». Ese día, la directora de la Oficina del Bitcoin, dependencia de Casa Presidencial, criticó que «algunos bitcoiners confían en las palabras del FMI sobre las acciones».

Este martes 11 de marzo, la Oficina Nacional del Bitcoin anunció otra compra. «El Salvador está acumulando mientras otros venden en pánico. Un BTC más añadido a nuestra reserva estratégica hoy», escribió, al anunciar un saldo de 6,113.18 bitcoins.

El acuerdo entre el gobierno y el FMI firmado por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR) y del Ministerio de Hacienda compromete al gobierno a «no acumular bitcoins» y promete un financiamiento de casi $1,400 millones en 40 meses bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF o EFF) que da asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas en la balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales.

El Salvador se mantiene como un régimen híbrido con una baja en su índice de democracia de 4.71 a 4.61 y sube del puesto 96 al 95, de más de 160 países analizados en el Índice de Democracia 2024 de la Unidad de Inteligencia del grupo de The Economist (EIU).

Solo 6.6 % de la población en el mundo vive en democracia plena, un 38.4 % en democracias defectuosas, un 15.7 % en régimen híbrido como El Salvador, y un 39.2 % vive en regímenes autoritarios, según el Índice.

En una escala del 0 al 10, la EIU califica a El Salvador con un 6.17 el proceso electoral y el pluralismo, con un 3.21 el funcionamiento del gobierno, con un 5.56 la participación política, un 3.13 para la cultura política y con un 5.0 las libertades civiles.

Desde el año 2019, la calificación de la democracia de El Salvador ha caído 24 puestos y disminuido 1.54 puntos; El Salvador es considerado régimen híbrido desde el año 2020 cuando dejó de ser “democracia defectuosa”.

En este Índice, El Salvador está sobre Guatemala y Nicaragua; y bajo Honduras y Costa Rica, sus puntos más débiles son la cultura política y el funcionamiento del gobierno, que logran notas un poco superior al 3.

Las notas son otorgadas en una escala de 0 a 10 y se basan en calificaciones de 60 indicadores que se resumen en cinco: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política.

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Durante las últimas dos décadas, la democracia salvadoreña ha oscilado entre el 4.61 y 6.22 de calificación. En el último año su calificación bajó una décima, de 4.71 a 4.61 pero su tendencia ha sido a la disminución.

La unidad de The Economist consigna que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo una victoria «aplastante» con el 85 % de los votos en las elecciones presidenciales de febrero de 2024 y admite que goza de una gran popularidad, pero señala también que la reelección «fue posible por un poder judicial politizado que anuló los límites constitucionales».

También, señaló que la victoria presidencial de Bukele pareció «sugerir” que “muchos votantes” están “dispuestos a sacrificar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia representativa a cambio de mejoras tangibles en el nivel de vida y seguridad personal proporcionadas por gobernantes autoritarios” y que «los votantes están dispuestos a sacrificar los «estándares democráticos por la seguridad».

“Muchos votantes han aceptado la erosión del sistema de pesos y contrapesos y las libertades civiles a cambio de una mayor seguridad básica”.
Índice 2024 de la unidad de inteligencia de Economist (EIU).

El estudio cita, de Latinobarómetro, que un 72 % de los salvadoreños dicen que el país va “por buen camino” –muy superior del promedio regional es 28 %. Según el estudio, la experiencia de El Salvador «podría repetirse en otros países cuyo funcionamiento gubernamental ha experimentado un pronunciado declive en los últimos años».

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Es visto como una “fotografía instantánea” del estado de la democracia en 165 países independientes y dos territorios.

Cada país es ubicado en categorías como democracia plena, democracia defectuosas, régimen híbrido o régimen autoritario.

El informe 2024, publicado en febrero de 2025, cuestiona por qué la democracia representativa no está trabajando para la mayoría de ciudadanos en el mundo y “está aumentando el consenso» de que el modelo democrático desarrollado en el siglo pasado «está en problemas».

En una breve sesión plenaria desarrollada este martes, 56 diputados aprobaron la derogación del comodato de la Casa Dueñas que tenía la Academia Salvadoreña de la Lengua para que, según la diputada Suecy Callejas, el Ministerio de Cultura pueda invertir y recuperar el inmueble.

Luego de la lectura del decreto, la diputada Callejas recordó que la Casa Dueñas, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II, es un bien cultural que estaba administrado por el Ministerio de Educación –a través del Consejo Nacional para la Cultura, Concultura– y que estaba en comodato por 50 años a la Academia Salvadoreña de la Lengua desde el año 2001.

Continuó diciendo que hasta 2024 se finalizó un proyecto de restauración con una inversión de $2 millones de inversión y que el Ministerio de Cultura hará una nueva inversión en el inmueble para recuperarlo.

“Es necesario revocar el contrato de comodato para que el Ministerio de Cultura asuma la administración del inmueble para poder hacer la inversión y poder recuperar el inmueble”.
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

La diputada insistió en que la restauración del inmueble es necesaria “no solo porque tiene daños estructurales” sino también porque “pone en inseguridad a las personas que en ella están trabajando”.

La Casa Dueñas es una edificación de estilo antiguo construida mediante el sistema «ployé», techo de lámina galvanizada y teja sobre armazón de madera, construida durante los años 1919 y 1920; declarada bien cultural el 21 de septiembre de 1992 por acuerdo ejecutivo 8326 del Ministerio de Educación y cuya protección estaba a cargo de la Dirección del Patrimonio Cultural de la Dirección General del Patrimonio Nacional, que dependían de Concultura.

El ministro de Cultura, Raúl Castillo, aclaró que aún no saben qué harán con la Casa Dueños aunque tienen «varios proyectos».

Presentando un balance de los recursos públicos y privados recibidos por los partidos políticos, Acción Ciudadana (AC) opinó este martes que la supresión de deuda política limitará el acceso igualitario a recursos por parte de los partidos políticos y por tanto afectará el pluralismo político, fortaleciendo un modelo de “partido hegemónico” en El Salvador.

“La mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral, los partidos políticos quedarán a merced de los financistas privados”, indicó la AC en un comunicado.

Por otro lado, la AC sostuvo que la reforma beneficiará a particulares, el incremento de favores políticos a cambio de financiamiento y el acceso a fondos de crimen organizado e incluso fondos públicos debido a la falta de transparencia sobre el origen de fondos privados.

El coordinador de monitoreo político de la AC, Malcolm Cartagena, aseveró que, con la eliminación de la deuda política, “no es cierto que reciben todos (los partidos) en igualdad”, ya que en un «contexto de partido hegemónico y régimen de excepción», «los financistas privados se lo piensan dos veces antes de estar financiando partidos de oposición por el estigma y las consecuencias que podrían llevar”.

“No hay duda que viene a socavar la confianza del sistema político y electoral, y limita la competencia democrática y el acceso igualitario a los recursos necesarios para participar en el proceso electoral”, indicó Cartagena.

Calculó que la eliminación del financiamiento público tendría un impacto entre un 40 % y 60 % en los partidos políticos, y advirtió un financiamiento privado «con los riesgos que conlleva por el origen que estos puedan tener, narcotráfico, crimen organizado”.

“Ocurre en el contexto en el que se ha ido estableciendo un partido hegemónico, que ha venido cambiando las leyes electorales para mantenerse en el poder”.
Malcolm Cartagena, coordinador de Centro de Monitoreo de la AC.

$90 millones de deuda política en 10 años

En los últimos 10 años, el monto de deuda política recibido por los partidos políticos asciende a los $89.9 millones según información del Ministerio de Hacienda retomada por la AC.

Para la campaña electoral de 2024, el Ministerio de Hacienda ha desembolsado $14.2 millones de deuda política y ha detallado que $1.8 millones los entregó a Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y $2.2 millones al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero Hacienda no informó a qué partidos entregó el resto de los $10.1 millones desembolsados.

Según una estimación basada en el valor del voto, la deuda política erogada sería $113.8 millones en los últimos 10 años, siendo los mayores montos los $21 millones en 2014 y $38 millones en 2024; y los montos más bajos en 2015 y 2017, años en los que no hubo elecciones presidenciales.

Cartagena sostuvo que en el periodo 2014-2021, los partidos recibieron $75.4 millones de financiamiento público y $72 millones de financiamiento privado.

La Asamblea Legislativa eliminó la deuda política mediante una reforma constitucional en el artículo 210 de la Carta Magna, para lo cual los diputados reformaron antes el artículo 248 para poder cambiar la Constitución en una sola legislatura y no en dos como lo exigía.