Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Hacienda destinó más de $33.7 millones al Instituto de Bienestar Animal (IBA), que durante el año 2025 incluyó $10 millones al hospital Chivo Pets.

Con las modificaciones incluidas, el gobierno programó para el año 2025 un total de $16.4 millones ($16,663,486) luego de una reducción de $200,000 respecto a lo programado inicialmente. Del total, según el Portal de Transparencia Fiscal, se devengó $2.2 millones ($2,260,715.21) aunque ya se habían comprometido $2.7 millones ($2,753,293.24).

En el presupuesto del IBA correspondiente al año 2025 se incluyó el plan de gastos del hospital veterinario Chivo Pets, cuyos fondos programados ascendían a $10 millones, de los cuales se habían devengado $2 millones.

Dentro del presupuesto del IBA, también se programaron $2.4 millones para «Protección y Bienestar Animal 2025» y $4.2 millones para la «Dirección y administración institucional 2025».

Sin embargo, dentro de la línea presupuestaria denominada «Dirección y administración institucional 2025», pese a que se programaron un total de $4,231,000, únicamente se devengaron $150,318.64. A este presupuesto se le recortaron $200,000 y el presupuesto programado modificado quedó de $4 millones para todo el año.

Durante este año, dentro del área de «Dirección y administración institucional 2025», se devengaron un total de $129,698.80 de remuneraciones, de un total de $1.3 millones programados para salarios; y también se devengaron únicamente $19,187 de $2.3 millones programados, siempre durante 2025.

En años anteriores, según el Portal de Transparencia Fiscal, el presupuesto del IBA, que no incluía los fondos destinados al centro hospitalario Chivo Pets, osciló entre $4.8 millones y $7.5 millones.

En el presupuesto de 2024, se destinaron $3.1 millones a remuneraciones y $3.6 millones a bienes y servicios. Los fondos destinados a activos fijos, inicialmente previstos por $892,080, se redujeron en $444,660.

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El Instituto de Bienestar Animal, cuyo cierre fue anunciado el fin de semana por el presidente Nayib Bukele, surgió con la Ley especial de protección y bienestar animal, aprobada el 16 de febrero de 2022, con la función de verificar denuncias ciudadanas de maltrato animal, realizar auditorías y verificar el cumplimiento de los roles de los entes obligados, como municipalidades, y de informar a las municipalidades de las infracciones para que inicien los procesos de sanción ante los maltratos.

La junta directiva del IBA estaba constituida por un designado de la Presidencia de la República que es el presidente del Instituto, un designado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), un designado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), otro designado del Ministerio de Salud (Minsal), otro designado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), un designado de la Policía Nacional Civil (PNC), un designado por el presidente de la República de candidatos propuestos de las asociaciones de médicos veterinarios y un designado por el presidente de las fundaciones y asociaciones de protección de bienestar animal.

El presupuesto del IBA, según el decreto emitido el 25 de mayo de 2022, fue constituido inicialmente a través de una reforma presupuestaria de $5 millones dentro de la cartera del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): $2 millones de la recaudación del Impuesto sobre la Renta y $3 millones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

Del presupuesto, se destinaron $1.8 millones de la Dirección y Administración Institucional, y $3.1 millones a Protección y Bienestar Animal. De los fondos, la mayoría se destinaba a bienes y servicios, $2.8 millones; y a remuneraciones, $1 millón, para un total de 67 plazas, con salarios entre $601 y 12 superiores a los $2,301.

Los más recientes reportes del IBA en X registraron un rescate de perros y gatos en el condominio Regis, San Salvador, el 1 de marzo de 2025; y de lesiones de una gata comunitaria llamada “Lili”, en Mejicanos, el 1 de febrero de 2025.

Según su boletín semanal, la institución benefició a más de 390 animales de compañía con campañas de esterilización y castración en Ahuachapán del 18 al 20 de enero, actividad que, según el reporte, se realizó en las instalaciones del Centro Juvenil El Salvador-Corea Koica de Ahuachapán. La directora del IBA era Alejandra Vega.

El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores, reiteró este lunes que no había «ninguna causa jurídica» para destituir al alcalde de San Salvador Este, de quien dijo «a saber qué hizo» porque «no apareció».

Flores reveló que el sábado se comunicó con el concejal de su partido en San Salvador Este, Cayetano Cruz, mientras argumentó que si Cruz hubiera votado por el nombramiento del regidor Marvin Elías Aragón, luego de la destitución de José Chicas, el concejal Cruz hubiera cometido delito.

«Si él vota (si hubiera votado el concejal del FMLN), él está cometiendo delito y por supuesto que dialogamos antes. Hoy ponen a otro y a saber cómo hicieron, esto no es un juego de fútbol, están jugando con las leyes del país porque no les importa el país», dijo.

El dirigente se refirió a que no se cumplieron las causas de destitución que exige el Código Municipal ni se evaluaron las propuestas para alcalde interino. Los miembros de los concejos pueden ser suspendidos o destituidos por la comisión de un delito, no cumplir requisitos como ser de moralidad e instrucción notoria, o cometer situaciones del artículo 27 del Código Municipal ser contratista de servicio público, ministro pastor, destilador, militar o empresario de obra municipal.

El alcalde a saber qué se hizo porque supuestamente hasta con maletas en el aeropuerto, ¿por qué se fue?, ¿por qué no apareció?, ni un solo día, a dar la cara, porque algo oscuro hay detrás de esto, oscurísimo.
Manuel Flores, secretario general del FMLN.

Añadió que no se sabe si «es una chibolita» que luego seguirá como «una avalancha».

El concejal efemelenista Cayetano Cruz aseguró que la convocatoria al concejo que se reunió el sábado fue «irregular y prepotente, y que el nombramiento del alcalde interino no se sometió a discusión ni se evaluaron sus credenciales o su idoneidad.

Fue irregular, prepotente, muy al estilo de Nuevas Ideas. Llegaron y dijeron: 'Esta es la propuesta, ¿quiénes votan?', ni siquiera se habló de él tiene un currículum, quizás tiene algún bar o algo, por lo menos eso, lo único fue: ¿van a votar o no van a votar?
Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el FMLN.

El concejal Cruz prevé una «gran anarquía» en el municipio –que reúne los distritos de Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque– porque cree que la persona nombrada como alcalde interino es «una persona sin experiencia, que tiene carácter conflictivo». Según el regidor del FMLN, hay otros «intereses» en el municipio.

«Yo dudo mucho de que pueda sacar adelante el municipio, por eso no voté, porque no vamos a votar por macetas», expresó.

Cayetano aseguró que, el sábado, no hubo una nota oficial en donde se haya convocado al alcalde destituido y que «no tuvo a la base discusión» ni un proceso de apertura de propuestas para alcalde interino.

«Ya la comisión que habían mandado de Casa Presidencial ya les había dado lineamiento de qué es lo que había qué hacer», indicó Cruz.

En el año 2027 se agotará la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que financia las pensiones mínimas en El Salvador, y se vencerá el periodo de gracia que tiene el gobierno para pagar intereses y capital a su deuda con el Fondo de Pensiones, que ascendía a $10,572.40 millones en enero de 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo advierte en la página 30 de un informe emitido luego del acuerdo de financiamiento a El Salvador, «los activos de la CGS se agotarían en 2027», por lo que comprometió al gobierno a una «reforma integral del sistema de pensiones para contener los déficits fiscales y restaurar la sostenibilidad de las pensiones» y advirtió que se deberán evitar medidas que «aumenten» las deudas contingentes. Esa reforma debe ser adoptada en 2026.

¿Cuáles son los caminos según tres expertos para recuperar esa «sostenibilidad» del sistema en el tiempo, es decir, que no agote los ahorros de los trabajadores cotizantes antes de tiempo?

Los problemas centrales, según el economista Carlos Acevedo, son dos: la alta informalidad en el mercado laboral, que deja fuera del sistema de pensiones a la mayor parte de la población, y los bajos salarios, que no permiten pensiones dignas. «Solución, no sé si la haya», aclaró.

De entrada el régimen es elitista con la alta informalidad. El 25 % de la PEA son los que van a tener pensiones, y dentro de ese 25 %, el 80 % tiene el salario mínimo. De entrada, eso indica que no se pueden tener buenas pensiones. Por más malabarismos que hagás, no vas a tener lo que la gente pide.
Carlos Acevedo, economista, expresidente del BCR.

El también expresidente del Banco Central de Reserva cree que un referente de El Salvador podría el sistema de pensiones de Uruguay, en donde hay una tasa de cotización del 21 % –la tasa de cotización de El Salvador suma 16 % del salario–, edades de jubilación de 65 y 67 años –las edades de jubilación en El Salvador son 55 y 60 años– y además tiene un IVA de 23 % en donde dos puntos son para pensiones, con una tasa de reemplazo –pensión respecto al salario que se devengaba– de aproximadamente 40 %. «Yo creo que por ahí tendrían que ir los números para que el sistema sea medio sostenible», indicó el economista.

«Entonces, obviamente aquí hay que hacer los estudios actuariales que corresponda, pero yo tomo como ejemplo el sistema de Uruguay, que es probablemente el mejor dentro de los sistemas mixtos en América Latina», argumentó.

Sin embargo, aumentar las edades de jubilación y aumentar la tasa de cotización de los trabajadores, según Acevedo, costaría capital político al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«La reforma que garantice la sostenibilidad tendría que ir en esas tres líneas: tasas de cotización, edades de jubilación y revisar la tasa de reemplazo. Costaría al presidente buena parte de su capital político». Carlos Acevedo, economista.

Tomando en cuenta que el año 2027 es un año crucial, por agotarse los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y por vencerse el periodo de gracia del gobierno para reanudar sus pagos de intereses o capital a la deuda con el Fondo de Pensiones, cree que sí es necesario que la reforma se apruebe en el 2026 y, además, «habría que renovar el periodo de gracia del pago de intereses y capital y hacer algún otro malabarismo».

El agotamiento de los fondos de la CGS, explicó, no es algo nuevo. «Todo esto se sabe desde el día 1. Desde el día 1, sabíamos que la Cuenta de Garantía Solidaria se iba a agotar», afirmó.

La CGS se alimenta de las cotizaciones de cada trabajador y las aportaciones del empleador: del 16 % del ingreso, 7.25 aportado por el trabajador y 8.75 por el empleador, 9 % va a la cuenta individual, 6 % a la CGS y 1 % a la comisión de las AFP.

El economista Rommel Rodríguez, director del Área Macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que uno de los problemas de la reforma de 2022 es que aumentó la tasa de cotización pero eso no se tradujo en un ahorro sustancial en la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) sino en un beneficio para los jubilados de 30 % adicional.

Para el economista las reformas «paramétricas» –como aumento de la edad de jubilación y tasa de cotización– necesariamente requiere que beneficie individualmente al trabajador.

«La única forma que veo es que haya un incentivo en que las reformas paramétricas verdaderamente se traduzcan en beneficios para los cotizantes y no para sufragar otras cuentas de jubilados o peor aún las cuentas del gobierno».
Rommel Rodríguez, director del Área Macroeconómica de la Funde.

El economista también considera posible la revisión de la comisión de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), que actualmente es del 1 %.

Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, la reforma «paramétrica» es inevitable. «Es que se viene, es una reforma que va a venir, es una paramétrica, va a venir», dijo recientemente en Diálogo 21.

Pineda cree que se debe disminuir la comisión de las AFP, porque la reforma de 2022 la volvió «más onerosa»; además, propone cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones, pagar la deuda estatal de pensiones, mejorar salarios, ampliar cobertura del sistema y liberar los instrumentos de inversión de los fondos de pensiones a tasas de hasta el 9 % anual.

«Tenían 1.90 % antes de 2022, lo bajaron al 1 %, ¿qué no te dicen?, antes las AFP destinaban al pago de la póliza de seguros 1.12 % y se quedaban con el 0.78 % pero hoy ganan el 1 %, eso es lo que no te dicen».
Patricio Pineda, Meas por una Pensión Digna.

En síntesis, estos fueron los elementos posibles o probables de una reforma de pensiones en El Salvador hacia el año 2026 mencionados por los economistas consultados:

1. Aumento de la edad de jubilación.
2. Aumento de la tasa de cotización (porcentaje del ingreso aportado por el trabajador y el empleador).
3. Revisión de la tasa de reemplazo (relación porcentual de la pensión con el salario del trabajador).
4. Un economista propuso evaluar la renovación del periodo de gracia que tiene el Estado para seguir pagando la deuda estatal con el Fondo de Pensiones. Otro economista propuso que el Gobierno pague el total de la deuda de pensiones.
5. Que las reformas paramétricas se traduzcan en beneficios para los cotizantes y no para cuentas de jubilados o del gobierno.
6. Revisión de la comisión de las AFP (1 %).
7. Cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones.
8. Hacer ajustes actuariales al sistema.
9. Colocar los fondos de pensiones en instrumentos de rentabilidad del 7 al 9 % anual.
10. Mejores salarios, más oportunidades de trabajo y ampliación de cobertura.

Una posible reforma a la Ley del historial crediticio, bajo estudio en la Asamblea Legislativa, permitiría a las agencias de información de datos o burós de crédito contratar el uso de nube para almacenar los datos crediticios de los usuarios del sistema financiero en El Salvador.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) explicó que esta disposición no sería obligatoria.

«No es obligatorio, podrán seguir manteniendo la información localmente”, respondió Daysi Mineros, superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la SSF, el viernes pasado, ante la pregunta de la diputada Dania González, sobre si habían pensado en que la disposición fuera obligatoria.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, advirtió que el artículo 17 habla de «deberes» de las agencias de información. «Gracias por sus comentarios, se toma nota», le respondió González.

La reforma: «Se permitirá el almacenamiento local»

La pretendida reforma a la Ley de regulación de servicios de información sobre el historial crediticio incluirá una disposición dentro del artículo 17, que indica «Las personas jurídicas que operen como agencias de información de datos tienen los siguientes deberes».

“Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo, también será permitido el almacenamiento en territorio nacional, en ambos casos se dará acceso irrestricto al BCR y a la SSF», reza la propuesta de reforma del Ministerio de Economía, que también especifica que un comité emitirá normas sobre ciberseguridad y protección de datos.

Excluye de prohibiciones el uso de la nube

La propuesta también incluye la reforma al artículo 19, que regula las prohibiciones a las agencias de información con relación a sus bases de datos.

Una de las prohibiciones actualmente es “utilizar, transferir, compartir y comercializar a cualquier título y destino la información de las personas que conste en su base de datos sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades». Sin embargo, la reforma agregaría: «salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n”, con el fin de excluir de esta prohibición el uso de servicio de almacenamiento en la nube de la prohibición de disponer de la información de personas «sin el consentimiento expreso de sus titulares».

BCR: «La única facultad es que puedan subir a la nube esa información»

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, preguntó si el acceso que tiene el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para el almacenamiento de la nube no es para «transferir, compartir y comercializar», «porque ese es el temor de la gente, que los datos sean usados sin el consentimiento de los usuarios».

Ana Guadalupe Escobar, gerente de estabilidad financiera y políticas públicas del BCR, respondió que ahora las entidades podrán tener esa información en la nube.

“Eso no quiere decir que esa información va a tener menores niveles de seguridad. La única facultad es que puedan subir a la nube esa información; y el BCR y la SSF seguirán resguardando esa información, en ningún momento se permite hacer una comercialización o transferencia de datos porque estas entidades tienen una naturaleza particular y para eso tiene que haber una autorización expresa que le dé el titular, eso se va a mantener, hay un resguardo de la información”, respondió la funcionaria del BCR.

El próximo martes 11 de marzo inicia la vigencia del aumento o ajuste de multas en el municipio de La Libertad Este, que incluye a los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Zaragoza.

Las reformas a la ordenanza fueron aprobadas el 8 de noviembre de 2024, publicadas en la edición del 3 de marzo del Diario Oficial e inician vigencia ocho días después de su publicación, es decir, a partir del 11 de marzo.

Además de cambiar el nombre “Antiguo Cuscatlán” por “La Libertad Este”, la reforma aumentó algunos de los montos establecidos para las multas.

Las modificaciones son las siguientes:

1. Venta de bebidas alcohólicas sin permisos: de $342.86 a 8 salarios mínimos del sector comercio. Esto aplica para la comercialización de bebidas alcohólicas en mercados o bienes municipales en festivales.

2. Manchar, rayar o ensuciar la infraestructura pública o privada, cambiar afiches o publicidad sin autorización, será castigado con multa de $60 a 1 salario mínimo del sector comercio ($365). Anterior: $17.14 a $114.29.

3. Perturbar la circulación de vehículos o peatones con carga y descarga de mercancías, o obstaculizar parqueos o vía pública, estacionamiento y zonas verdes, de $60 a 1 salario mínimo ($365). Anterior: $34 a $114.29.

4. Realizar espectáculo público sin permisos: de 1 a 8 salarios mínimos (de $365 a $2,920). Anterior: $34.29 a $228.57.

5. Molestar, hostigar, perturbar a menores de edad o adultos mayores, la multa se mantiene entre $11.42 a $57.14.

6. Evadir el pago de parqueo, la multa se mantiene entre $11.42 y $57.14.

7. Abandono de cualquier clase de vehículo automotor en mal estado en vías públicas, retornos, urbanizaciones, aceras, predios, ingreso a viviendas: de $60 a 3 salarios mínimos.

8. Transportar y comercializar, además de fabricar artefactos pirotécnicos –que ya está regulado– la multa será de 3 a 8 salarios mínimos mensuales para el sector comercio.

9. Alterar o dañar bienes públicos como zonas verdes y parques. De $60 a $571.43, más la reparación. Anterior: de $34.29 a $571.43.

10. Obstaculizar retorno de calles no principales, retornos tipo martillos de pasajes en residenciales, urbanizaciones: $50 a $228.57. La mínima era $34.29, la máxima se mantiene.

11. Actividad comercial sin autorización: cierre temporal o definitivo y multa de $60 a 8 salarios mínimos mensuales.

12. Incumplimiento de condiciones de licencia o permiso de actividad comercial: $60 a 8 salarios mínimos.

13. Lanzar basura en lugares no autorizados: 3 a 8 salarios mínimos y notificación a juzgado y Fiscalía. Anterior: $20.14 a $28.57.

14. Arrojar residuos en lugares no autorizados alternando el funcionamiento de acueductos y alcantarillados: de $20.14 a $128.57. Anterior: $20.14 a 8 salarios mínimos por tirar ripio.

15. Realizar ruidos mayores a los 50 decibeles que perturben la tranquilidad de las personas: $60 a 1 salario mínimo ($365). Anterior: $57.14 a $328.57.

16. Contaminación con vehículo automotor: $60 a 1 salario mínimo. Anterior: $20.14 a $128.57.

17. Fumar en espacios públicos o lugares cerrados de acceso al público: de $20.57 a $50. Anterior: $20.14 a $128.57.

18. Quemar materiales que produzcan gases contaminantes: de $57.14 a 8 salarios mínimos. Anterior: $57.14 a $128.57.

19. Instalación de infraestructura sin autorización (vallas, mupis, antenas): de $1,000 a 8 salarios mínimos. Anterior multa: $571.14 a 8 salarios mínimos.

20. Omitir reglas sanitarias del Ministerio de Salud sobre cuido de animales: de 1 a 8 salarios. Anterior: $27.14 a $117.57.

21. Permitir circulación de animales de granja en calles o carreteras: de $50.14 a 3 salarios mínimos. Anterior: $17.14 a $128.57.

22. Exigencia de retribución económica por servicios no solicitados: de $50.42 a 1 salario mínimo. Anterior: $11.42 a $50.14.

23. Construcción de obstáculos en la vía pública: de $60.28 a 1 salario mínimo. Anterior: $34.28 a $342.86.

24. Afectación de servicios municipales (alumbrado, acueductos, alcantarillados): de $60 a 2 salarios mínimos. Anterior: de $34.28 a $342.86.

25. Falta de limpieza de inmuebles (proliferación de basura, aguas estancadas, plagas): de $60 a 8 salarios mínimos. Anterior: de $27.14 a $128.57

26. Arrojar sustancias que perjudican la salud: de $100 a $1,000. Anterior: $57.14 a 528.57.

27. Prohibición de animales salvajes: de 1 a 2 salarios mínimos. Anterior: de $27.14 a $128.57.

La junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) aprobó el 21 de febrero, en una sesión extraordinaria, el “Lineamiento especial para la protección del sistema de boyas ultrasónicas para el control de algas y monitoreo de calidad de agua del Lago de Coatetepeque”.

Las disposiciones, que restringen la navegación en el Lago de Coatepeque, están vigentes desde el 28 de febrero, día en que fue publicado el Linamiento, firmado por la presidenta de la ASA, Ethel Elizabeth Cabrera de Valdez.

El Lineamiento delimita zonas de navegación de embarcaciones, motos acuáticas y cualquier tipo de medio de transporte acuático en el Lago de Coatepeque y sus disposiciones son de “obligatorio” cumplimiento “para todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que naveguen por cualquier medio o desarrollen alguna actividad en el Lago de Coatepeque.”

Así, habrá tres zonas en el Lago de Coatepeque:

1. Zona de navegación libre en donde no habrá ninguna restricción.
2. Zona de navegación limitada, para embarcaciones turísticas y locales que habitan en las riberas del lago o desarrollan recreación y pesca.
3. Zona de navegación restringida, donde “no estará permitida la navegación” sino solo por actividades técnicas como el monitoreo de la calidad de agua del Lago.

Los alrededores de la isla Teopán o isla del Cerro serán zonas limitadas y restringidas.

Así, en la zona restringida será prohibido navegar para cualquier embarcación como motos acuáticas, en esta zona también será prohibido realizar pesca, anclar embarcaciones contiguo al sistema perimetral del sistema de boyas y transitar en la zona de navegación limitada a una velocidad superior de cinco nudos (9.26 kilómetros por hora).

Según el artículo 4, literal “e”, estará prohibido realizar actividades deportivas o recreativas tanto en la zona restringida o en el límite externo del “sistema perimetral de seguridad del sistema de boyas ultrasónicas”, como “en la zona de navegación limitada”, excepto buceo para investigación o control de algas coordinado y autorizada por la ASA.

El Lineamiento autoriza a la ASA a solicitar apoyo de la Marina Nacional y sanciona su incumplimiento con una multa de 101 a 1,000 salarios mínimos mensuales, es decir, de $36,865 hasta los $365,000.

En abril de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) declaró emergencia ambiental en el Lago de Coatepeque. En diciembre pasado, el gobierno anunció una inversión de $1 millón en la limpieza del lago y la instalación de 60 boyas ultrasónicas. El Lago de Coatepeque posee un área de 24.8 kilómetros cuadrados y un perímetro de 21.03 kilómetros según el lineamiento.

Representantes del Banco Central de Reserva (BCR) y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) advirtieron este viernes a los diputados que la contratación de la nube para el resguardo de información crediticia de los clientes del sistema financiero en El Salvador deberá garantizar mecanismos de ciberseguridad y confidencialidad de los datos.

“Previo a la contratación de una nube, las agencias de información deben verificar que se debe cumplir la confidencialidad de la información y cómo debe ser administrada”, expresó Daniel Deras, gerente de Regulación Financiera del BCR, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

Detalló que las directrices y una adecuada gestión de ciberseguridad son requisitos para los servicios de almacenamiento de datos en la nube que deben observar.

“La tercerización no limita a que este servicio no tenga que cumplir con todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, respaldo y sobre todo, lo más importante, que es la protección de los datos de los usuarios”, aclaró, al referirse a la contratación de un tercero para almacenar los datos que podrá hacer una agencia de información de datos en El Salvador.

En El Salvador operan tres agencias de información de datos o «burós de crédito»: Equifax, TransUnion e Infored, desde el año 2014.

La Comisión estudia una reforma a la «Ley de regulación de servicios de información sobre el historial crediticio» para permitir que estas agencias de información puedan contratar servicios de nube para guardar la información crediticia de los clientes y, en segundo lugar, aprobar este uso de la nube como una excepción en la prohibición regulada en el artículo 19 a que las agencias usen, transfieran, compartan y comercialicen la información de personas sin el consentimiento expreso de los titulares.

La superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la SSF, Daysi Mineros, quien también asistió a la Comisión, reiteró que «va a ser importante» que se fortalezcan las capacidad de ciberseguridad» y que las plataformas cuenten con doble autenticación, así como mecanismos para que la información no sea «alterada ni conocida en ningún momento por alguna persona no autorizada».

Detalló que los contratos de servicios de la nube deben detallar «todas las responsabilidades de las partes» y asegurar la confidencialidad de los datos a guardarse en la nube.

Es parte de la supervisión (de la SSF) verificar que, ante esa tercerización de servicios, se preserve la confidencialidad, la integridad y la seguridad de la información de los datos que las agencias de información recopilan de los agentes económicos».
Daysi Mineros, superintendente adjunta de bancos.

Según la SSF, los contratos que realizarían las agencias de información para usar la nube con el fin de guardar la información financiera de salvadoreños deben tener «establecer la obligación de dar acceso al regulador y al supervisor –BCR y SSF– para poder verificar» el cumplimiento del marco legal. Para Mineros, estos cambios en la infraestructura de datos deberían transparentarse al usuario.

“Debería ser transparente al usuario porque los cambios son a nivel de infraestructura, que está detrás de la operación de los reportes de historial crediticio, debería ser transparente al usuario. Más allá de eso, podrían crear otros productos o mecanismos para ofrecer estos servicios, más ágilmente”, sugirió.

Luego de escuchar a los representantes de la SSF y BCR, la Comisión, presidida por la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, cerró la comisión sin aprobar el dictamen de la reforma.

Los informes trimestrales más recientes de la Asamblea Legislativa, entregados entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, reportan 47 dictámenes emitidos y 175 expedientes pendientes de estudio por los grupos de trabajo de los diputados.

La comisión con mayor carga pendiente es la de Salvadoreños en el Exterior, Gobierno y Legislación, que reporta un total de 49 expedientes, seguida de la Comisión de Hacienda y General de Presupuesto, que posee 40 expedientes pendientes de estudio, y la Comisión de la Niñez e Integración Social, con 36 expedientes.

Los datos están actualizados según los informes más recientes entregados por los diputados representantes de las comisiones al pleno legislativo con fechas que oscilan entre el 2 de diciembre de 2024 al 11 de febrero de 2025.

En su más reciente informe trimestral, la Comisión de Hacienda dijo el pasado 10 de febrero que en el trimestre más reciente –de noviembre de 2024 a enero de 2025– emitió 14 dictámenes favorables y sostuvo 13 reuniones con invitados. “En el periodo que se informa obran en poder de la Comisión 40 expedientes pendientes de estudio”, cita.

Los 14 dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda fueron: un decreto de condonación de intereses de deudas con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), una exención de impuestos a viajeros del exterior, un préstamo de $50 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), la reforma a la Ley de incentivos para la repatriación de salvadoreños, una exoneración para la reunión del directorio del CAF en El Salvador.

Así también, la Comisión de Hacienda aprobó dictámenes sobre un préstamo por $235 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el régimen aplicable al Fideicomiso del Río Lempa, el presupuesto 2025 y su ley de salarios, el presupuesto de la Asamblea Legislativa 2025 y su ley de salarios, la prórroga para la ejecución del presupuesto de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y cuatro reformas al presupuesto 2024.

La Comisión de Niñez e Integración Social informó, el 11 de febrero, que “obran en poder de la Comisión 36 expedientes pendientes de estudio”.

Esta comisión presentó en un informe el trabajo de dos trimestres, de agosto a octubre de 2024 y de noviembre de 2024 a enero de 2025. Durante estos seis meses, esta Comisión reportó cinco sesiones de trabajo y siete dictámenes favorables: la Ley de Registro del Estado Familiar, sus observaciones, dos informes de labores, un pronunciamiento por el día contra el cáncer, el día del investigador científico y la declaración de Ahuachapán Centro como capital por un día.

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En su informe trimestral de noviembre de 2024 a enero de 2025, presentado el 4 de febrero de 2025, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno informó que tiene 49 expedientes pendientes de estudio y que emitió nueve dictámenes favorables, entre los que resalta la ratificación del tratado entre El Salvador y Cuba para el cumplimiento de condenas penales, de un acuerdo de transporte aéreo con Costa Rica y de otro acuerdo con India para la subvención de proyectos de impacto rápido.

Esta comisión también aprobó un convenio sobre cobro de alimentos para niños y su protocolo, una condecoración, un acuerdo sobre asistencia de administraciones aduaneras, la reforma a la Ley del Notariado sobre el protocolo digital, enmiendas del convenio sobre la Organización Marítima Internacional y el Acuerdo Internacional del Café (OIC).

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia presentó su más reciente informe el 11 de febrero de 2025, en el cual aseguró que tiene nueve expedientes en estudio, ha tenido tres reuniones de trabajo y emitió seis dictámenes: Ley de ciberseguridad, Ley de protección de datos personales, reforma de conducción peligrosa, reforma para continuar la acción penal pese a conciliación con conductores peligrosos, Ley transitoria de la misión de apoyo en Haití y la reforma a la Ley de la carrera militar para incorporar nuevos grados a jerarquías militares.

Entre los nueve expedientes se encuentran reformas que, a marzo, ya fueron aprobadas como las reformas a la Ley Penitenciaria, Ley Penal Juvenil, Ley contra el crimen organizado y la Ley del sistema nacional de la cultura de la integración.

Así mismo, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión informó que en el trimestre entre noviembre de 2024 y enero de 2025, tenía 23 expedientes pendientes de estudio, aprobó 1 dictamen favorable sobre la Ley general de minería metálica y tuvo una reunión sobre la misma materia y otra reunión sobre reformas al Código Municipal.

Por su parte, la Comisión de Infraestructura presentó el 2 de diciembre el informe trimestral de agosto-octubre, con 18 expedientes pendientes de estudio.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente no ha actualizado su informe. La versión más reciente data del 26 de agosto de 2024, cuando reportaba 11 expedientes pendientes de estudio, al informar de mayo-julio de 2024. Recientemente, el 17 de febrero, este grupo de trabajo aprobó el dictamen favorable de la Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria y, una semana antes, la Comisión aprobó la Ley de Investigaciones para la Salud. Sin embargo, estos dos dictámenes no han sido aprobados por el pleno legislativo.

La

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia evalúa si dos disposiciones de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que permiten que el funcionario que notifica un despido ilegal se haga cargo de los salarios caídos del trabajador, violan su derecho constitucional a la propiedad.

El caso se originó de una demanda contra el jefe de la Unidad de Servicios Municipales del distrito de Chalchuapa –Santa Ana Oeste–, quien notificó el despido del trabajador demandante.

La Ley de la Carrera Administrativa Municipal dice en su artículo 75, inciso quinto, que si el juez declara la nulidad del despido, ordenará que el empleado sea restituido y se le cancelen los salarios no pagados «por cuenta» de miembros del concejo, alcalde o «del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal».

El inciso séptimo establece que, si hay incumplimiento, el empleado municipal despedido también puede tomar acción ejecutiva contra el funcionario que le notificó el despido de forma ilegal, además del alcalde o concejales.

Al estudiar la demanda, la Cámara Primera de lo Laboral decidió «inaplicar» las dos disposiciones de la Ley por la posible violación a los artículos 2 y 22 de la Constitución, el primero que protege el derecho a la propiedad y, el segundo, a la libre disposición de los bienes. Luego, certificó la sentencia a la Sala de lo Constitucional el 14 de diciembre de 2024.

La Sala resolvió, el 26 de febrero de 2025, iniciar el proceso de inconstitucionalidad 79-2024 por la sentencia únicamente por la supuesta violación al artículo 2 de la Constitución, que protege el derecho a la propiedad, entre otros.

El argumento de la Cámara fue que las disposiciones restringen el derecho de propiedad porque considera a quien notificó el despido de forma ilegal como un «sujeto procesal pasivo» aunque «no haya incurrido con su voluntad» porque «se limitó a notificar la decisión tomada por un tercero». También, cita que el funcionario que notifica el despido no tiene la potestad de contratar ni despedir.

Con ello, señaló que se afectaría «a todos los bienes, materiales e inmateriales que integran el patrimonio» de la persona demandada y declaró inaplicable las disposiciones sobre la posibilidad de una sentencia condenatoria y acción ejecutiva contra el funcionario que notificó el despido.

Sobre el proceso de inconstitucionalidad, la Sala también solicitó las opiniones de la Asamblea Legislativa y del fiscal general de la república. La Asamblea Legislativa recibió la notificación el pasado 27 de febrero.