Autor: Yolanda Magaña

Ya están vigentes tres nuevas leyes en El Salvador que pretenden atraer las inversiones o patrimonios superiores a los $2,000 millones a El Salvador, incentivar la contratación de técnicos y de salvadoreños  deportados.

Las nuevas normativas, aprobadas el 7 de agosto por la Asamblea Legislativa, están vigentes desde el pasado martes 19 de agosto.

Estas son las tres leyes vigentes y sus beneficios:

1. Inversiones de alto valor sin impuestos

No se cobrarán impuestos sobre la renta, a transferencia de inmuebles, municipales y aranceles a las importaciones relacionadas a las actividades de inversión o patrimonios que se trasladen a El Salvador, si superan los $2,000 millones.

El «Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador»

Fue aprobada el 7 de agosto y publicada el 11 de agosto. Inició su vigencia el 19 de agosto.

2. Técnicos con altos salarios domiciliados o no

También inició vigencia la exención del Impuesto sobre la Renta para los salarios superiores a $100,000 de los técnicos de grandes inversiones y de la fijación de una tasa del 10 % del mismo impuestos si sus salarios llegan hasta $100,000. Actualmente, se retiene cada mes el 30 % más una cantidad fija de $288.57 si el salario supera los $2,038.11 mensuales.

El decreto se llama «Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador», fue aprobado el 7 de agosto, publicado el 11 de agosto y está vigente desde el 19 de agosto.

3. Incentivos para contratar a salvadoreños deportados

El Ministerio de Trabajo creará el registro de empleadores «Empleos para Salvadoreños Retornados» con 6 meses o más de formalización. Estos podrán tener deducciones de renta de tres, cuatro y de hasta cinco salarios mínimos ($2,044 anuales), si han contratado de 2 a 6, de 7 a 12, y hasta 13 salvadoreños retornados o deportados.

La ley define “persona retornada” como “la persona que voluntariamente o en cumplimiento de una decisión administrativa o judicial de un tercer Estado regresa a su país de origen” y aclara que esta definición “incluye el concepto deportado”.

Esta ley aumenta el monto sujeto a la exención por importación de menaje de casa que actualmente es de $70,000 y sube a $100,000.

La «Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana» fue publicada el 11 de agosto y está vigente desde el 19 de agosto.

Esta ley tiene otras dos novedades: permite a los salvadoreños en el exterior que puedan «constituir asociaciones y fundaciones sin fines de lucro», eximirlas de impuestos y que serían registradas como «asociaciones y fundaciones sin fines de lucro»; y controlará a las empresas reclutadoras de salvadoreños en el exterior, que deberán informar de sus actividades y sus contratos.

¿Y los bancos de inversión?

La «Ley de bancos de inversión«, también aprobada el 7 de agosto con la idea de inyectar otros capitales en El Salvador, fue publicada el 11 de agosto e inicia su vigencia 30 días después, hasta septiembre de 2025. Esta normativa busca amparar instituciones bancarias que atiendan a inversiones que tengan al menos $250,000 de activos en dólares o criptomonedas como bitcoin –»activos de fácil liquidación»– denominados en la ley «inversionistas sofisticados».

La Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador anunció la creación del «Bitcoin Bank». El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece límites al Estado salvadoreño en el ecosistema de criptomonedas.

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— The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) August 8, 2025

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 19 de agosto la resolución 2/25 que llama a sus Estados miembros a “garantizar los derechos de las familias y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad”.

La CIDH subraya el derecho al “mantenimiento de los vínculos familiares como un elemento para la reinserción social” y “para mejorar la convivencia en detención”; e indica que se debe “facilitar visitas” con “periodicidad, modalidad y duración” señalados en reglamentos.

En el fallo, la CIDH llama a “implementar acciones” para que los familiares de las personas privadas de libertad “tengan acceso a la información” sobre la “situación en detención de su familiar” sobre el “lugar de alojamiento, traslados, estado de salud, requisitos y condiciones para las visitas, y condición de incomunicación”.

También señala que existen los siguientes derechos:
-Comunicar de manera inmediata el fallecimiento de una persona familiar detenida, sus causas e investigaciones iniciadas.
-Investigar y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra los familiares en su interacción con el sistema penitenciario.
-Reconocer el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias, tanto para los privados como para sus familias.

La resolución pide que en las “visitas entre personas detenidas y sus hijos o hijas”, los “Estados deben permitir contactos directos” y “asegurar que las prisiones cuenten con instalaciones apropiadas para reunirse que incluyan espacios amigables para niñas y niños de corta edad”.

La resolución va dirigida a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue aprobada en el marco del 193º periodo de sesiones. “Constituye el primer pronunciamiento en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la materia”, indica la nota de prensa de la OEA.

En la nota, se advierte que los familiares sufren afectaciones sociales, económicas y emocionales, ruptura de lazos de protección, obstáculos para mantener contacto adecuado y pérdida de cuidados, así como discriminación y estigmatización.

La Red Nacional de Hospitales, que será dirigida por una junta directiva, podrá otorgar concesiones «en beneficio de la salud de los habitantes», según el artículo 3 de la normativa aprobada este martes por la Asamblea Legislativa.

La concesión será aplicada en los rubros que según el criterio de la Red «sea el mecanismo más conveniente y oportuno».

Así lo indica el literal «g» del artículo 3.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, explicó brevemente en la Comisión de Salud que esto no implica la privatización de los servicios de salud y desvinculó la concesión a la colaboración mutua que deberán realizar las instituciones privadas y públicas en función de la salud de un paciente.

Ante la pregunta si esta facultad para otorgar «concesiones» en los servicios de salud significa privatización, realizada por el diputado Francisco Lira (Arena), el funcionario respondió: «Definitivamente, no, en ningún momento se está privatizando la salud (…) No se pretende en ningún momento privatizar la salud».

Sin embargo, Alabi explicó que «los sistemas de salud son complejos», «requieren muchas partes para el funcionamiento idóneo» y a través de estas herramientas se podrá «facilitar todo el proceso de servicios que la gente requiera».

Según el artículo 97 de la normativa, las instituciones privadas estarán obligadas a colaborar si la Red lo requiera, algo que se aplicará según el ministro «en situaciones excepcionales». «Eventos excepcionales suceden todo el tiempo, hay ocasiones en las cuales la salud de la población sufre una alteración en la cual se requiere el apoyo interinstitucional en todo sentido, apoyo, no usurpación», indicó.

Un ejemplo, indicó, son pacientes que tienen problemas cardiovasculares severos que «el sector privado no tiene la capacidad de resolverlos» y «acuden al sistema de salud para poder apoyarlo», o «viceversa», es decir, el sector público acude al sector privado.

«Entonces, ¿a eso le estaríamos llamando otorgar concesiones?», le preguntó el diputado.

El funcionario respondió negativamente, desvinculando la facultad de otorgar concesiones que tendrá la Red de estos servicios de salud que requerirá de la colaboración mutua entre instituciones de salud privadas y públicas.

«No, para nada. Insisto: son situaciones excepcionales en pacientes con enfermedades específicas; de repente, un paciente con un infarto que necesite un rotomartillo para poder hacer una descongestión de una de las arterias principales cardiacas, que ningún hospital privado en El Salvador lo tiene, ah, tal vez se requiera el apoyo interinstitucional con el sistema de emergencias médicas para poder trasladar al sitio idóneo, o viceversa, entonces, a eso nos referimos», fue la respuesta íntegra del ministro de Salud.

Las explicaciones del funcionario fueron dadas durante su visita a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 18 de agosto.

 

 

 

Con 57 votos y sin modificaciones, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la nueva “Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales”, que crea una nueva autoridad hospitalaria que no suprime la actual “Dirección Nacional de Hospitales” del Ministerio de Salud.

Los diputados de Arena y Vamos votaron en contra.

En la discusión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, dijo que «acá no se está desmantelando todavía ese sistema viejo de salud» y que «se está creando uno nuevo», aunque negó que se esté «desmantelando» el Ministerio de Salud.

Mientras, el diputado Francisco Lira, de Arena, señaló a Nuevas Ideas de «buscar desmantelar al gremio médico de este país y traer extranjeros que los sustituyan».

Según la ley aprobada, la Red será una entidad descentralizada y autónoma al administrar su patrimonio, y su junta directiva estará conformada por un presidente y un director designados por el presidente de El Salvador, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y un director designado por la Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac). Sus cargos durarán cinco años.

Esta junta directiva de la Red decidirá los mecanismos para que el personal médico bajo el Ministerio de Salud pueda ejercer sus labores en la nueva Red Nacional de Hospitales.

De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Alabi, el primer hospital integrado a la Red será el Hospital Nacional Especializado Rosales; y el resto se irá integrando a medida cumplan los estándares.

“El beneficio es no tanto para la población, que día a día va a un hospital buscando una solución… No solo para la población, ahora va el sector médico, el sector enfermero que ahora van a tener las herramientas necesarias”. Ricardo Rivas (Nuevas Ideas).

 

Las facultades de la Red

La Red Nacional de Hospitales tendrá la facultad de atender las necesidades de salud de la población, brindar apoyo al Ministerio de Salud en infraestructura, equipo, medicamentos, insumos o personal especializado; otorgar concesiones en beneficio de la salud de los habitantes; construir o remodelar hospitales o centros de salud, abastecer de medicamentos los hospitales; así como vigilar el funcionamiento de los hospitales y centros de salud.

También, podrán emitir credenciales, certificaciones y recertificaciones de especialidades y subespecialidades médicas, y convocar a los médicos residentes para las especialidades.

La Red Nacional de Hospitales podrá contratar a médicos extranjeros hasta por 10 años prorrogables sin necesidad de homologación si provienen de países con sistemas de salud “por encima de la escala del sistema de salud de El Salvador”. Los médicos extranjeros podrán fungir únicamente con el contrato y podrá ejercer docencia.

Exclusividad y servicio obligatorio

Los médicos que conformen parte de la Red no podrán prestar servicios privados de salud o realizar intervenciones en clínicas u hospitales privados salvo en emergencias.

Así mismo, cuando los médicos hayan concluido su residentado en la Red Nacional de Hospitales tendrán la obligación de prestar un servicio compensatorio obligatorio en la Red durante cinco años o en el lugar donde la Red los designe, de “forma exclusiva”. Los hospitales que integren la Red serán considerados “hospitales escuela” por ley.

Nuevo régimen de compras

La nueva ley establece un nuevo régimen de compras y adquisiciones.

La junta directiva autorizará la contratación de las obras, bienes y servicios, así como las concesiones para los fines de la Red. Esta junta directiva decidirá por mayoría simple, y el presidente tendrá voto doble.

“Permitirá una ejecución más eficiente en los recursos, estamos sin duda ante una transformación histórica”. Juan Rodríguez (Nuevas Ideas).

Los medicamentos o tratamientos podrán ser comprados en el extranjero “exigiendo únicamente el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura internacionales otorgado por la autoridad competente a los interesados respecto de los laboratorios fabricantes”, aunque “se aceptará” el certificado emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) u organismos encargados. La Red tendrá un Laboratorio de Control de Calidad “para verificar la calidad de los mismos”.

La contratación directa, con una o más cotizaciones, podrá ser aprobada por el presidente ejecutivo de la junta directiva; y por la junta directiva de la Red si supera un millón de dólares ($1 millón) en la adquisición de obras, bienes, servicios y consultorías relacionadas “a los servicios de salud que se brinden a la población de la Red Nacional de Hospitales”.

La ley también regula compras de funcionamiento que decidirá el presidente ejecutivo, compras en línea y compras internacionales.

“Ni siquiera ustedes la han leído porque ayer estaban patinando en la Comisión. El invitado solo se tomó 15 minutos de forma general para exponer una ley que va a convertir todo el sistema público de hospitales”. Francisco Lira (Arena).

En el proceso de compras, se abre la posibilidad de un recurso de revisión en caso de inconformidad con la selección del contratista que podrá interponerse “dentro del plazo de dos días hábiles” luego de notificado; una comisión especial de recursos mandará a oír al tercero afectado y emitirá una recomendación que podrá ser considerada por la junta directiva, que resolverá en 10 días hábiles, luego del cual “no habrá más recurso”. La Red “podrá reclamar daños” si hay retraso por “mala fe o abuso de derechos procedimentales”.

También, se establece una multa por mora en el cumplimiento de obligaciones del contratista desde el 1 % al 3 % del valor total de la obligación entregada en forma tardía por retrasos de hasta 60 días. Si el retraso es mayor establece la caducidad del contrato.

La multa mínima por incumplimientos mayores a $10,000 será un salario mínimo del sector comercio ($408.80); y si es inferior, la multa mínima por mora será el 50 % de un salario mínimo del sector comercio ($204.40).

La Red Nacional de Hospitales no será supervisada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y tendrá su propio sistema de vigilancia.

El debate

En la discusión, el diputado Francisco Lira, de Arena, señaló a Nuevas Ideas de querer “centralizar el poder en una sola persona en Casa Presidencial” y de “buscar desmantelar el gremio médico de este país y traer extranjeros que los sustituyan”. Propuso modificar el artículo 97 para aclarar que la obligación de los privados a colaborar con la Red Nacional de Hospitales se establecerá cuando el Órgano Ejecutivo declare una emergencia nacional, una calamidad pública o un desastre nacional”.

Según Lira, la ley “está aumentando las ventanas para que sus impuestos sean manejados en las bolsas personales de funcionarios públicos”. “Ya conocen el tema de la Dirección de Obras Municipales, ¿qué le prometieron?, que iban a tener proyectos en sus cantones, caseríos, ¿se los cumplió la DOM?, no, ni dio abasto y creó la Constructora El Salvador”, cuestionó.

“Quieren hacer un manejo político porque ya vienen las elecciones, les apuesto que de esa manera lo van a hacer”. Francisco Lira, diputado de Arena.

Saúl Mancía, diputado de Nuevas Ideas, preguntó si quieren que se tenga el sistema de salud administrado por Guillermo Maza o Violeta Menjívar.

“¿Con qué intención se puede decir que se va a privatizar cuando se está pidiendo de rigor que se cumpla un servicio de atención de salud en el sector público, ¿no creen que es contradictorio? Son cinco años de servicio en el sector público, que van a ser pagados, se le está garantizando a la población que en los hospitales haya recurso humano calificado”, indicó Mancía. Señaló a la oposición de querer que el nuevo modelo de salud no funcione.

Después, el diputado Lira pidió modificar el artículo 30 para exigir la homologación de los médicos extranjeros en la institución correspondiente. Las propuestas de Lira solo tuvieron tres votos.

El diputado William Soriano sostuvo que en los gobiernos de Arena se encontraron 300 toneladas de medicina vencida “cuando debieron ser gratuitas”, “ese era el negocio que tenían, por eso defienden ese sistema”, dijo. Soriano aseguró que están sentando las bases de un nuevo sistema público.

Lira respondió que hubo “botas y mascarillas con sobreprecios” durante la pandemia. “No hay consulta a las gremiales, las contrataciones de obras es igual que la Dirección de Obras Municipales y ya vimos en qué terminó; y tercero, la propuesta que presenté para que se cambie el artículo 97”, le respondió a Soriano.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que “acá no se está desmantelando todavía” el actual sistema.

“Lo que se está haciendo es que el Minsal va a pasar en la nueva Red de Hospitales, se va a pasar a Presidencia, es que en el Minsal no hay oposición. Esta Red nueva también va a ser algo que va a estar adcrito al gobierno, el presidente es el que está al frente de todas las carteras de Estado”. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.