Autor: Yolanda Magaña

El concejo municipal de San Salvador Centro aprobó una ordenanza de amnistía para el pago de deudas en el pago de tasas por uso de espacios de venta en los mercados municipales de los distritos de San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

La dispensa de los intereses moratorios estará vigente desde el próximo martes 25 de febrero, ya que fue publicada en el Diario Oficial del lunes 17 de febrero de 2025.

La “Ordenanza transitoria de dispensa de intereses moratorios generados por omisión o extemporaneidad de pago de las tasas por uso de espacios de venta en los mercados municipales de San Salvador Centro” fue aprobada el 4 de diciembre de 2024.

Esta tiene por objetivo “dispensar el 100 % de los intereses moratorios” a los vendedores que se encuentren en situación de mora por los espacios de venta en los mercados municipales.

Pueden aplicar: usuarios registrados en la Administración Municipal de Mercados, usuarios reales que ocupen cualquier tipo de espacio de venta y quieran legalizarse, usuarios con proceso de cobro administrativo y usuarios con plan de pago vigente.

Los planes de pago serán los siguientes:

> 12 cuotas para deudas de 100 a 2,500 dólares.
> 18 cuotas para deudas de 2,500.01 a 5,000 dólares.
> 24 cuotas para deudas de 5,000.01 a 7,500 dólares.
> 30 cuotas para deudas de 7,500.01 a 10,000 dólares.
> 36 cuotas para deudas de 10,000.01 dólares en adelante.

El trámite del pago pueden realizarlo en las oficinas centrales de la Administración Municipal de Mercados o en las oficinas administrativas de cada mercado periférico. Si el usuario no paga dos cuotas consecutivas, el beneficio se desactiva y la alcaldía puede exigir el saldo total de la deuda.

La alcaldía reclasificó también el presupuesto de la Administración Municipal de Mercados, mediante el decreto número 37 del 18 de diciembre de 2021.

La Asamblea Legislativa aseveró este viernes que la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que aprobó en marzo de 2024 no establece impuesto sobre las remesas que los salvadoreños reciben del exterior.

Ante aseveraciones en redes sociales, en una aclaración pública emitida hoy, la Asamblea señaló que la reforma al artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pretendía «eliminar cualquier tipo de gravamen a las transferencias de capital provenientes del exterior».

El presidente legislativo, Ernesto Castro, escribió que no han aprobado «ningún impuesto para las remesas» y acusó a la oposición de intentar «manipular la opinión pública».

«Al contrario, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que nosotros aprobamos lo dice clarito: las remesas y los fondos provenientes del extranjero están excluidos de dicho pago. Punto», indicó en X.

La reforma aprobada el 12 de marzo de 2024 por los diputados cambió el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que regula los fondos que no se consideran rentas o ganancias; y derogó otras disposiciones relacionadas a las rentas obtenidas en el exterior por salvadoreños.

Los diputados agregaron un numeral a las exclusiones del concepto de renta, así:

Artículo 3. No constituyen rentas para los efectos de esta ley:
«Rentas de capital productos o utilidades excluidos del concepto de renta.

4) Todos los valores que se reciban en cualquier concepto, obtenidos en el exterior o cualquier movimiento de capital, remuneración o emolumento, en dinero o especie, generado o no por la inversión de capital nacional o extranjero, que sean nominalmente obtenidas o percibidas por personas naturales, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, domiciliados o no en el país, proveniente de cualquier clase de fuente en el exterior.»

En segundo lugar, la reforma derogó varias disposiciones del artículo 14-A, que regula las «rentas provenientes de títulos valores»; del artículo 16, que regula las «rentas obtenidas en El Salvador» y del artículo 27, que regula las «rentas provenientes de depósitos».

La primera derogación eliminó el impuesto sobre las rentas obtenidas de títulos valores e instrumentos financieros en el exterior obtenidas por salvadoreños y suprimió disposiciones que buscaban ajustar pérdidas y ganancias en las transferencias de valores realizadas en el exterior.

La segunda derogación suprimió la disposición que establecía que las rentas de los salvadoreños obtenidas «en otro país» por créditos en el exterior «se reputará renta gravada en el país» y que obligaba a sumar estas a la «renta imponible».

Y también derogaron el inciso segundo del artículo 27, que obligaba a «declarar las rentas por los depósitos en instituciones financieras del exterior aunque hubiesen pagado Impuesto sobre la Renta u otro impuesto» y a «tributar el 10 %» o la diferencia si el impuesto pagado en el exterior es menor. En este último artículo, fueron derogados los incisos tercer y cuarto del artículo 27, sobre la declaración de rentas por depósitos en instituciones financieras del exterior y sobre la obligación de presentar un documento de pago del impuesto en el extranjero.

La vigencia del decreto 211 que permite extender el plazo de detención provisional hasta la media pena del delito imputado o del delito más grave, en procesos sin sentencia firme, inició el jueves 20 de febrero, luego de que fuera publicado en el Diario Oficial del 12 de febrero.

La reforma realizada a los incisos 2 y 3 del artículo 8 del Código Procesal Penal indican que «la detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena» y que «en ningún caso» podrá exceder los máximos «ni exceder el plazo de 12 meses» para delitos menos graves ni de 24 meses para delitos graves.

Sin embargo, la reforma agrega que «excepcionalmente» esta regla «no se aplicará» cuando haya pericias complejas, y que también «la privación podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado» o la mitad de la pena más grave; reforma que «deberá» aplicarse «a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme».

Esta reforma al Código Procesal Penal fue aprobada el 7 de febrero en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicada en el Diario Oficial del 12 de febrero.

Este jueves también inició la vigencia de los decretos 210 de reformas al Código Penal para aumentar las penas de prisión para delitos como homicidio, privación de libertad, violación y otros, el decreto 212 de reformas al Código Procesal Penal para exigir que las víctimas de administración fraudulenta presenten o costeen las auditorías al denunciar dicho delito, entre otros; y el decreto 213 de reformas al Código Penal, para aumentar penas para delitos de corrupción.

Desde el martes 18 de febrero,

está vigente una nueva «Ordenanza reguladora para la protección del patrimonio arbóreo del municipio de San Salvador Centro» que aumentó los cobros de los permisos para talar árboles en los distritos de San Salvador y Ayutuxtepeque, y que se aplicarán también a los distritos de Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

En el distrito de San San Salvador, la anterior «Ordenanza para la protección del patrimonio arbóreo del municipio de San Salvador» –publicada el 17 de noviembre de 2010– establecía cobros entre $35 –trámite de tala– hasta $360 por el permiso de tala de un árbol de maderas duras, según la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Salvador, tasas que quedarían derogadas.

Con la nueva ordenanza, la tasa mínima en el distrito de San Salvador ya no será $35 sino $50 por el trámite y la tasa máxima ya no será $360 sino $450 por el permiso para talar cada árbol de maderas duras.

Así, en el distrito de San Salvador, el permiso de tala por cada árbol oscilará entre $250 y $450; y en el resto de distritos, entre $180 y $360, siempre por cada árbol.

Así aumentan las tasas en el distrito de San Salvador:

1. Trámite para permiso de tala de árboles: la tasa sube de $35 a $50.

2. Permiso de tala de árboles de maderas duras por árbol: la tasa sube de $360 a $450.

3. Permiso de tala de árboles jóvenes de madres duras, cada uno: sube de $240 a $350.

4. Permiso de tala de árboles de madres blandas, cada uno: sube de $240 a $350.

5. Permiso de tala de aracáceas por cada uno: sube de $180 a $250.

6. Permiso de tala de arbusto leñoso, cada uno: sube de $180 a $250.

7. Tasas que deben cancelarse para el permiso municipal de tala para cualquier especie en proyectos declarados de interés social: décima parte de cada tasa. Esto no cambia.

8. Precalificación: aumenta de $18 a $25.

Para el distrito de Ayutuxtepeque, el aumento será más sensible, ya que, según la reforma a la ordenanza de tasas del distrito, publicada el 17 de enero de 2023, los cobros oscilaban entre $5 y $80, así: $5 por inspección, $30 por poda o tala de árbol pequeño, $50 por poda o tala de árbol mediano, $80 por poda o tala de árbol grande; y $10, $20 y $30, por permiso de poda o tala de árboles pequeño, mediano y grande, respectivamente, cobros que quedarían derogados con la nueva ordenanza.

Cómo quedaron las tasas por tala de árboles en distritos de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado:

1. Trámite para permiso de tala de árboles: $35.

2. Permiso de tala de árboles de maderas duras por árbol: $360.

3. Permiso de tala de árboles jóvenes de madres duras, cada uno: $240.

4. Permiso de tala de árboles de madres blandas, cada uno: $240.

5. Permiso de tala de aracáceas por cada uno: $180.

6. Permiso de tala de arbusto leñoso, cada uno: $180.

7. Tasas que deben cancelarse para el permiso municipal de tala para cualquier especie en proyectos declarados de interés social: décima parte de cada tasa.

8. Precalificación: $18.

Para el resto de distritos, el cobro podría ser prácticamente nuevo. La nueva ordenanza vigente desde el 18 de febrero aclaró que prevalece sobre otra que la contraríe.

De manera expresa la nueva ordenanza sí derogó la ordenanza de protección al patrimonio arbóreo de San Salvador del 5 de noviembre de 2010 y la ordenanza de protección y conservación de los recursos naturales de Ayutuxtepeque publicada el 27 de septiembre de 2017.

¿Qué no ha cambiado en el distrito de San Salvador?

El concejo autorizará, revocará o denegará las solicitudes de tala, poda o trasplante de especies de árboles monumentales, amenazadas, en peligro de extinción o protección.

Las multas se mantienen para San Salvador distrito: dos salarios mínimos vigentes mensuales para el sector comercio y servicios por ejemplar para las infracciones leves; cuatro salarios mínimos para las infracciones graves; y ocho salarios para las infracciones muy graves, es decir, desde $730 hasta $2,920.

Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) y líder despedido del Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), busca junto a otros activistas fundar el «Partido de la Clase Trabajadora en El Salvador». Esta semana, lanzaron una plataforma de «reinscripción» de sus primeros afiliados.

Aunque ya tienen diseñada una bandera roja con las siglas «PT» en color amarillo, Flores explicó a Diario El Mundo que aún no han realizado ninguna solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o alguna otra instancia para inscribirse como movimiento o instituto político y han abierto un proceso de preinscripción en línea a través de la plataforma Google.

Por ahora, están en la fase de construcción de la propuesta.

«Quienes estamos conformando este esfuerzo somos trabajadores del sector público, privado, trabajadores del campo, trabajadores por cuenta propia, de la comunidad LGBTIQ+ y también de la defensa de los derechos de la mujer, de pueblos indígenas y la defensa de medio ambiente», indicó Flores en una breve entrevista telefónica.

Algunos de los integrantes del Partido de los Trabajadores serían Erick Zelaya, secretario general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT); Elmer Martínez, del Sindicato de Trabajadores del Campo Indígenas MILPA; y Fermín Meléndez, presidente de MILPA El Salvador.

Según su promotor, buscan ser un partido de izquierda, socialista y revolucionario. «Reivindicamos los principios revolucionarios de constituir un partido conformado meramente por la clase trabajadora y se plantee la defensa de los intereses y derechos de la clase trabajadora, con una concepción socialista, internacionalista y revolucionaria», afirmó.

Flores no se cerró totalmente a aceptar como afiliados a simpatizantes, pero no militantes, de partidos tradicionales como Alianza Republicana Nacionalista (Arena) o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

«Nosotros estamos dispuestos a aceptar a todo aquel trabajador y trabajadora que en un momento dado hayan simpatizado con las propuestas de estos gobiernos tradicionales, no así tanto con aquel que haya sido militante, porque el militante ya tiene una posición ideológica definida, las personas que han estado en Arena ya tienen una posición de derecha», explicó posteriormente. Aclaró que, de lo contrario, estarían cayendo en «reciclaje», incluso de «personajes que juegan un papel oportunista».

No admitirían, dijo, financiamiento de grandes empresas «porque vendría a generar un sometimiento, lo que ha ocurrido con los partidos tradicionales».

Flores opinó que el gobierno actual de Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales como el ajuste estructural que ha implicado la reducción del aparato del Estado» y que busca «beneficiar grupos empresariales».

Aunque la idea, dijo, viene desde 2008, empezaron a impulsar la iniciativa por el desgaste de los partidos tradicionales y porque consideran que los partidos existentes «tienen una agenda neoliberal o de derecha» a raíz de los despidos que han afectado el Estado. Consideró que Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales» que, según Flores, buscan reducir el Estado, debilitar el Estado de Derecho y «beneficiar a grupos empresariales».

Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma presupuestaria para incorporar $13.5 millones para algunas de las actividades del programa de servicio digital de salud que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un préstamo de $235 millones.

La Asamblea Legislativa recibió el proyecto del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el 18 de febrero, un día antes de aprobarlo.

La reforma al presupuesto del Ministerio de Salud de 2025 fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y los diputados de Arena no votaron.

El programa se denomina «8600 Programa de Salud Inteligente e Integral (Prosint) a nivel nacional».

Los fondos se destinarán, según el proyecto, a cinco áreas:

1. Implementación del modelo de salud digital, que incluye la contratación de personal para el Centro Virtual de Atención en Salud (C-VIDAS), consultorías para sistemas y servicios digitales, licencias para software y arrendamiento de oficinas: $608,000.

2. Refuerzo de resiliencia sanitaria multinivel, que incluye consultorías para elaborar carpetas técnicas, contratación de obras de construcción y supervisión de la Unidad de Salud Especializada de Apopa y de la Torre Hospitalaria para el Hospital de San Bartolo, equipos de ultrasonografía, ecocardiógrafo, laboratorio clínico, informático y mobiliario del Centro de Atención Especializada y personal: $11,028,335.

3. Fortalecimiento de la red de servicios de apoyo a la emergencia, que incluye estudios de suelo para construir lavandería metropolitana y para la Base Operativa del Sistema de Emergencias Médicas: $60,000.

4. Fortalecimiento institucional, que incluye encuestas, equipo y software, instalación, reactivos e insumos de laboratorio clínico: $1,348,665.

5. Administración y funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos: consultores, equipo, gastos operativos y de funcionamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP): $455,000.

La Asamblea Legislativa autorizó al gobierno para que mediante el Ministerio de Hacienda suscriba un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $113.9 millones para ampliar a cuatro carriles el segundo tramo de la carretera CA02 del proyecto Surf City fase I, conocida como Carretera del Litoral del Pacífico.

El préstamo deberá ser pagado por el Estado salvadoreño en un plazo de 20 años pero tendrá cuatro años de gracia para empezar a amortizar al crédito.

Según la carta enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a la Asamblea Legislativa, se requiere conectividad vial e inversión en infraestructura pública.

Según el sitio del BCIE, el préstamo se destinará a la ampliación a cuatro carriles del segundo tramo de la carretera CA02, la mejora de 8.67 kilómetros de infraestructura vial, red peatonal y de ciclistas, en La Libertad y Tamanique.

También, con el crédito, se programa la construcción de un intercambiador del Corredor del Pacífico, en el distrito de Acajutla y municipio de Sonsonate Oeste, mejora en la intersección entre la carretera Litoral CA02W y carretera a Acajutla CA12S (kilo 5), sistemas de drenaje mejorados y barreras naturales contra inundaciones, y una planta de tratamiento en el caserío El Palmarcito, en el distrito de Tamanique, municipio de La Libertad Costa.

La autorización del crédito se dio con dispensa de trámites, es decir, sin llevarlo a estudio a Comisión de Hacienda.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió suspender la sesión plenaria porque los diputados no tenían acceso a los proyectos de decretos que estaban siendo aprobados con dispensa de trámites.

El diputado Francisco Lira, de Arena, dijo que Nuevas Ideas había prometido no aprobar mayor endeudamiento.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que «hay diputados que no entienden» que lo que dijeron es que en este presupuesto no habría deudas para gasto corriente. «Para obras de infraestructura siempre vamos a seguirle buscando oportunidades a los salvadoreños», dijo.

Al final, el decreto fue aprobado con 57 votos. Los legisladores de Arena y Vamos votaron en contra.

El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, explicó este miércoles que la nueva Ley de Registro de Estado Familiar, que inició su vigencia en diciembre de 2024, establece nuevos plazos para reportar nacimientos y fallecimientos de los salvadoreños.

En El Salvador, el plazo para inscribir nacimientos se reduce de 90 a 45 días, y el plazo para reportar las defunciones se amplía de 15 a 45 días, disposición contenida en la nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

En el caso de las defunciones, «se ha ampliado el término de aviso, ya no son los 15 días que mencionaba la ley transitoria sino que se ha ampliado a 45 días», indicó el funcionario en el programa de entrevistas de Diálogo con Ernesto López de Canal 21.

El funcionario detalló que la defunción se puede inscribir:

1. En el domicilio donde ocurrió el fallecimiento.
2. En el último domicilio de la persona que falleció.
3. O en el domicilio en el que aparece de su partida de nacimiento.

La defunción sería marginada en la partida de nacimiento de la persona.

En el caso de los nacimientos, Velasco explicó que antes de la vigencia de la Ley de Registro de Estado Familiar «eran 90 días que tenía el padre o la madre para dar aviso del nacimiento y asentar a su hijo». «Esta ley reduce el tiempo a 45 días», confirmó.

La reducción del plazo se debe a la Ley Crecer Juntos, que introdujo la figura de «inscripciones oficiosas», ocurre cuando el padre o la madre no asienta a su hijo y se procede a la inscripción administrativa del nacimiento.

¿Con qué nombre se inscribirá al recién nacido si el padre o la madre no acuden a asentarlo?

El menor podrá ser inscrito «con el nombre asignado que aparece en la ficha» del hospital o, si no tiene un nombre, la Procuraduría General de la República le asignará uno.

Otra novedad de la ley es que no habrá multa para los padres o madres que no cumplan con la inscripción del nacimiento. «Otro aspecto interesante es que ya no hay multa, anteriormente se les cobraba una multa si no había un asentamiento en el tiempo. Si hay una ficha médica, el asentamiento se hace y no hay cobro de una multa», explicó.

Una nueva ley de ensayos clínicos en El Salvador permitirá que cualquier adulto pueda dar su consentimiento voluntario para ser parte de un ensayo clínico o para que un menor de edad participe en el mismo, con el fin de probar un medicamento, producto cosmético, terapia, suplemento nutricional o dispositivo médico.

En este caso, será requerido el «consentimiento informado», regulado en el artículo 45 de la «Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria», cuyo dictamen fue aprobado la tarde del lunes.

El consentimiento informado será un documento escrito, firmado y fechado por la persona, luego de que se le informe «en lenguaje práctico» y «adecuado a su condición médica».

Las personas no podrán participar en más de un ensayo clínico a la vez.

El proyecto de decreto indica que se deberá informar a la persona bajo estudio que «tendrán acceso a los datos de su historia clínica» así como otros documentos «el patrocinador, el Comité de Ética de la Investigación en Salud», el monitor, la Superintendencia «u otra entidad con la justificación debida».

Si se trata de un «niño, niña, adolescente o incapaz», el «consentimiento informado» podrá ser otorgado por la representación legal o por el cónyuge de la misma, ascendiente o descendiente; pero señala que los menores podrán dar su «asentimiento» si se les da «información sobre la investigación adaptada a su nivel de madurez».

Si la persona dio una muestra biológica, deberá ser informada de los usos futuros posibles, tiempo de almacenamiento y responsables de su custodia. Sin embargo, no dejará de tener derecho a decidir sobre «usos futuros» y podrá revocar el uso de su muestra biológica, algo que obligará a su destrucción.

Si el paciente está en emergencia

La ley permite que se autoricen ensayos clínicos de personas que se encuentren «en una situación de urgencia médica la cual le impide otorgar el consentimiento informado para ser sujeto de investigación».

En este caso, según el artículo 49, el investigador o una persona designada por la persona informará del ensayo clínico al paciente y una vez pueda dar el consentimiento informado «deberá otorgarlo para continuar con la investigación relacionada». Si no puede obtenerse, será el médico tratante quien «podrá suministrar el producto investigado», «asumiendo la responsabilidad» y «en aras de proteger y conservar la salud de la persona».

Si después del suministro, se negaren a dar el consentimiento, la ley en proceso de aprobación permite que no se utilicen los datos obtenidos.

«Se deben explicar los riesgos»

Un segundo dictamen, aprobado la semana pasada, de la Ley de Investigación para la Salud, busca también aprobar el “consentimiento informado” en las investigaciones con seres humanos sobre salud.

“A la persona se le tiene que preguntar si quiere introducirse, involucrarse, en una investigación, explicar con su lenguaje promedio de entendimiento en qué consiste la investigación, qué beneficios tiene pero también qué riesgos tiene, para que la persona pueda decidir si quiere o no ser incluida”, explicó hace una semana la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Dalia Xochitl Sandoval López.

El lunes 10 de febrero, la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente recibió a la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Dalia Xochitl Sandoval López, y a la jefa de la Unidad de Investigaciones del INS, Reina Domínguez de Quijada. La Comisión aprobó el dictamen número 7 sobre la ley de investigaciones de salud.

“(Esta ley) es el paraguas sobre el cual podemos regular y proteger la investigación a nivel nacional siendo la Superintendencia a la que le corresponde la investigación de ensayos clínicos relativos a medicamentos, dispositivos y creo que cosméticos también”.
Dalia Xochitl Sandoval López, directora del INS.

Detalló que la ley les facultará a regular ensayos “no necesariamente con fármacos, sino que son con intervenciones psicológicas o psiquiátricas, ensayos quirúrgicos”, “de modo tal que eso iría en esta ley”, avisó la funcionaria.

El INS, una dependencia del Ministerio de Salud (Minsal), sancionaría los comportamientos no éticos de los investigadores de la salud, como no informar efectos adversos graves entre los participantes o realización de ensayos clínicos sin aprobación.

Ambas normativas podrían ser aprobadas en la sesión plenaria de este miércoles. El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, cree que El Salvador podría convertirse en un «polo de investigación en salud» en el continente americano.