El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respondió a la petición pública de la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, quien pidió públicamente al Gobierno salvadoreño que revise la reciente reforma constitucional ya que consideró que la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años está «en contradicción con las normas internacionales».
«Así que no, muchas gracias. Llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido; tal vez ellos les crean (ojalá que no). Nosotros no vamos a volver al pasado», le respondió.
El mandatario recordó que en 1994 fue aprobada la Ley del Menor Infractor y aseveró que «Bill Clinton deportó a los salvadoreños que habían formado pandillas en los Estados Unidos» quienes se encontraron con «una ley que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años».
La portavoz de la ONU dijo que los cambios constitucionales en El Salvador «son perjudiciales para los niños y niñas y vulneran varios de sus derechos». «Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos», dijo la portavoz.
El mandatario dijo que en ese entonces los pandilleros «empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de TAL VEZ enfrentar una PENA MÍNIMA en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados». Señaló que las pandillas mantuvieron prisionero al 80% de nuestro país y formaron «un gobierno paralelo», matando a un cuarto de millón de personas y desplazando a otros dos millones.
La reforma de la cadena perpetua aprobada por la Asamblea impone como única pena posible la pena perpetua con una posibilidad de libertad controlada luego de 25 a 40 años de prisión; la reforma establece la revisión obligatoria de todas las cadenas perpetuas impuestas; plantea también la posibilidad de un procedimiento abreviado y la revisión de la pena perpetua en no menos de 10 años. La reforma aplica por igual a condenados por homicidios, feminicidios, violaciones, pandilleros o no, y por el delito de pertenencia a organización terrorista, tanto a autores como cómplices, todos a partir de los 12 años de edad.
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