Categoría: Economía

En los últimos dos años, la presencia de tiendas de origen chino ha cambiado el panorama comercial en la ciudad de Guatemala y municipios cercanos.

Un recorrido realizado por Expediente Público evidenció la creciente presencia de comercios como China City, China Mall y China Depot, cuyas gigantescas infraestructuras dominan las avenidas principales y estratégicas.

Estos establecimientos cuentan con inmensos estacionamientos con capacidad para decenas de vehículos.

Durante los fines de semana, el flujo vehicular aumenta considerablemente, formando largas filas de autos que esperan pacientemente su turno para ingresar.

En su interior, los locales comparten una estructura similar: amplios pasillos que recuerdan a las grandes cadenas de almacenes mayoristas, pero con un enfoque más orientado a la venta directa al consumidor.

Desde la entrada, se percibe el característico olor a plástico, tela y otros materiales, mientras se despliega una extensa variedad de productos que va desde electrónicos, juguetes, artículos para el hogar, ropa, calzado, accesorios, herramientas, utensilios de cocina, muebles y decoración, hasta alimentos no perecederos importados de China.

Los precios son el principal atractivo. Las etiquetas destacan valores significativamente inferiores a los que se encuentran en el comercio local, lo que ha sido un punto clave en el éxito de estos negocios.

Mientras los dueños de las tiendas permanecen tras los mostradores, los trabajadores son los que organizan, responden a los clientes y limpian el lugar.

Sin embargo, el origen y la calidad de los productos despiertan dudas entre los comerciantes locales, quienes aseguran que la competencia es desleal, ante los bajos precios y mala calidad del producto, además de la publicidad engañosa de los locales.

“Los productos son extremadamente baratos, pero no se sabe si cumplen con normativas de calidad y en qué condiciones laborales se producen”, advierte Alejandra Molina, economista y analista de mercados, quien converso con Expediente Público.

“En muchos casos, las tiendas no ofrecen garantías, lo que deja a los consumidores desprotegidos”, agrega Molina.

La proliferación de estos establecimientos inició hace ocho años. Alejandro Maza, economista y experto en comercio internacional, comentó a Expediente Público que muchas de estas tiendas se inscriben bajo la figura de maquilas, lo que les permite acceder a beneficios fiscales destinados a promover la exportación y el desarrollo industrial.

No obstante, algunos comerciantes han denunciado que estos establecimientos utilizan esa figura legal únicamente para reducir costos, pero operan como grandes almacenes minoristas, vendiendo directamente al público sin cumplir con las normativas correspondientes.

“Esto distorsiona el mercado. Las pequeñas y medianas empresas locales no pueden competir contra precios tan bajos que, en algunos casos, están por debajo del costo de producción nacional”, explica Jorge López, analista del sector comercial a Expediente Público.

“Es una competencia desleal que impacta directamente en la economía local”, reitera López.

Edwin Orlando Curtidor, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mencionó a Expediente Público que el comercio entre China y Guatemala es relevante en los ingresos para Guatemala, porque posiciona a China como el segundo socio comercial más importante, solo por debajo de Estados Unidos.

Sin embargo, esto se debe sólo las importaciones provenientes de China, quien poco compra a Guatemala.

Entre 2023 y lo que va de 2025, Guatemala ha importado más de Q16 mil millones en productos desde China, aproximadamente US$2 mil millones.

Por el contrario, las exportaciones de Guatemala a China en 2023, fueron de US$8 millones, en 2024, pasaron a US$20 millones y en lo que va de 2025, hasta el 12 de abril, es de US$10 millones.

“Estos números reflejan una creciente dependencia de productos chinos, pero también revelan la necesidad urgente de equilibrar el crecimiento económico con la protección de los derechos de los trabajadores involucrados en este comercio”, comentó Nery Loarca, experto en comercio internacional a Expediente Público.

En 2024, los productos chinos que más ingresaron a Guatemala fueron equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria, hierro y acero, vehículos y plásticos.

Este tipo de negocios, lejos de ir en disminución, va en aumento, buscando posicionarse en los otros municipios del departamento de Guatemala y en otros lugares claves en el interior del país.

“Dicho fenómeno responde a la creciente demanda de productos asequibles y variados por parte de los consumidores locales”, comentó a Expediente Público, Álvaro Pérez, analista en Comercio.

Aunque no existe un registro oficial del número exacto de estas tiendas, se estima que entre la capital de Guatemala y Mixco operan más de 22 establecimientos de gran tamaño.

Esta cifra no incluye las numerosas tiendas más pequeñas o puestos en mercados cantonales que también ofrecen productos chinos a precios competitivos, afirmó, Pérez.

Los productos más comunes en estas tiendas incluyen artículos para el hogar, herramientas, juguetes, ropa, calzado, accesorios electrónicos, utensilios de cocina y decoración.

Los precios varían desde Q3, aproximadamente US$0.30 por artículos pequeños, hasta Q700, aproximadamente US$90, por muebles o electrodomésticos, lo que atrae a una amplia gama de consumidores en busca de opciones económicas.

En un intento por obtener declaraciones sobre este fenómeno, Expediente Público contactó a la Cámara de Comercio Chino en Guatemala para conocer su postura sobre el impacto económico y social de estas tiendas.

Sin embargo, la organización se negó a proporcionar comentarios, argumentando preocupaciones por la seguridad de los empresarios chinos en el país.

Mientras tanto, los comercios locales continúan luchando por sobrevivir frente a esta oleada de grandes establecimientos que, con sus amplios estacionamientos y extensas naves comerciales, dominan cada vez más las principales avenidas comerciales del país.

También se buscó respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, presidencia y Ministerio de Economía, quienes mencionaron que no podían dar entrevistas, primero por tiempo y luego mencionaron que no podrían hablar sobre temas de China.

Un grupo de legisladores republicanos bloquearon este viernes el avance de un polémico plan de recortes fiscales impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había pedido a los congresistas de su partido un respaldo unificado a su propuesta.

La megapropuesta busca cimentar las promesas de Trump de extender las exenciones fiscales de su primer mandato (2017-2021) e incluir nuevas rebajas, pero las discusiones de esta semana en varios comités de la Cámara de Representantes evidenciaron la reticencia de varios republicanos clave para que esta avance hasta llegar al pleno.

Los legisladores celebraron sesiones maratónicas para adelantar el nombrado «GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY» y lograr su aprobación ante la Cámara Baja y el Senado previo al Día de los Caídos, el 26 de mayo, con la intención de que llegue al Despacho Oval antes del simbólico 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense.

Pero en una reunión este viernes del Comité del Presupuesto de la Cámara Baja, cinco representantes del ala conservadora republicana votaron en contra debido a que, según dijeron, este aumentaría el déficit presupuestario.

«Estamos emitiendo cheques que no podemos cobrar y nuestros hijos van a pagar las consecuencias», dijo Chip Roy, uno de los que dieron la espalda a la propuesta.

«Este proyecto de ley es profundamente insuficiente; no cumple lo que decimos que hace con respecto a los déficits», aseguró.

La negativa de los cinco republicanos – de tres que se necesitaban para retrasar el avance del proyecto – es vista como una inusual rebelión entre las filas del Partido Republicano a las presiones de Trump.

«Los republicanos DEBEN UNIRSE tras ‘EL GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY’», escribió horas antes Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario, que acaba de cerrar una gira de cuatro días por Oriente Medio, insistió en que esta propuesta «no solo recorta los impuestos a TODOS los estadounidenses, sino que también dejará sin (el plan médico) Medicaid a millones de inmigrantes indocumentados con la intención de protegerlo para quienes realmente lo necesitan».

Sin el visto bueno del Comité de Presupuesto, el megaproyecto podría quedar estancado en esa comisión.

Además de las exenciones a las propinas y las horas extras, el proyecto busca también recortes en los impuestos a los préstamos para adquirir automóviles fabricados en el país y los beneficios de la Seguridad Social, además de incrementar los beneficios fiscales a ancianos y familias con niños.

Esto dejaría un déficit en los ingresos del Gobierno que serían amortizados en parte por restricciones a Medicaid, que cubre a unos 71 millones de personas de bajos recursos, a pesar de que Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, han insistido en que no lo tocarán.

Las limitaciones al Medicaid están entre los puntos más álgidos de la disputa entre el ala centrista y conservadora del Partido Republicano. Los conservadores piden recortes más agresivos e inmediatos, mientras que los moderados están preocupados por la afectaciones que traerían a sus distritos recortes a otros programas como el SNAP de ayudas para la compra de comida.

«El país sufrirá mucho sin esta legislación, con un aumento del 65 % en los impuestos. Se culpará a los demócratas, pero eso no ayuda a nuestros votantes. No necesitamos «fanfarrones» en el Partido Republicano. ¡DEJEN DE HABLAR Y HAGANLO!», instó Trump en Truth Social, aumentando la presión sobre los legisladores.

Aunque aún no hay cálculos precisos de cuánto le costará a las arcas públicas el nuevo megaproyecto fiscal, el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, el republicano Jason Smith, adelantó esta semana que de momento el monto ronda los 3.9 billones de dólares, por debajo del límite ideal de 4.5 billones fijado por su Partido.

La megapropuesta también incluye un polémico impuesto del 5 % a las remesas enviadas fuera del país, que este viernes provocaron nuevas críticas del Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo considera «una injusticia» y una acción «discriminatoria» que afectaría a los migrantes mexicanos en EE.UU.

Moody’s rebajó este viernes la calificación crediticia de Estados Unidos de «Aaa» a «Aa1» debido al incremento de la deuda gubernamental y el pago de intereses en la última década, pero mejoró sus perspectivas, que antes veía «negativas», a la categoría de «estables».

«Las sucesivas administraciones y el Congreso de EE.UU. no han conseguido acordar medidas para revertir la tendencia de los grandes déficits fiscales anuales y los crecientes costos de interés», indica en un comunicado Moody’s, que es una de las principales agencias de calificación.

La noticia se produce después de que un grupo de legisladores republicanos bloquearan el avance de un polémico plan de recortes fiscales impulsado por el presidente de EE.UU, Donald Trump, que busca ampliar las exenciones fiscales de su primer mandato (2017-2021) e incluir nuevas rebajas.

EE.UU. sigue estando en el extremo alto de la escala de 21 calificaciones de Moody’s, puesto que baja un nivel desde «Aaa», que es la nota más alta. Las otras dos agencias más importantes, Fitch y S&P, retiraron hace años al país de la posición más alta en sus propios sistemas.

Moody’s opina que las propuestas que aún están «bajo consideración» no reducirán «materialmente» el gasto obligatorio ni los déficits, y prevé «déficits más grandes» en la próxima década, así como que los resultados fiscales «se deterioren» en comparación con otra deuda soberana de alta calificación.

«Si la ley de Recortes de Impuestos y Empleo de 2017 (de Trump) se extiende, que es nuestro escenario base, eso sumará unos 4 billones de dólares al déficit fiscal federal primario (excluyendo pagos de intereses) en la próxima década», advierte.

Respecto a la perspectiva «estable», sostiene que EE.UU. mantiene «fortalezas crediticias excepcionales como el tamaño, la resiliencia y el dinamismo de su economía y el papel del dólar estadounidense en la reserva de divisas global», y confía en una «Reserva Federal independiente».

Aunque reconoce «incertidumbre en las políticas» y «retos» para los «arreglos institucionales», la agencia se expresa optimista y considera que la separación de poderes entre las tres ramas del gobierno «es relativamente insensible a los acontecimientos en un periodo corto».

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida acumulada esta semana de más del 2 %, para terminar instalado en los $62.49 el barril (1.41 % al alza durante la sesión de hoy), espoleado por la reducción recíproca de aranceles acordada por EE.UU. y China.

Al cierre en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en junio sumaron hoy 88 centavos con respecto a la jornada anterior.

Durante esta semana, el precio del WTI ha recuperado terreno principalmente tras el acuerdo arancelario entre EE.UU. y China que rebajará los aranceles a las importaciones que se han impuesto mutuamente sus Gobiernos, y que ha contribuido a disipar parte de los temores a una posible recesión.

Se trata de la segunda semana consecutiva de ganancias, pese a que ayer el WTI cayó más del 2.40 % debido al acercamiento entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo nuclear.

Trump aseguró el miércoles desde Doha (Catar), en el marco de una gira regional por Oriente Medio, que se está «acercando» a un acuerdo con Irán y que este país «no podrá tener un arma nuclear», que «es el único punto, muy simple» que EE.UU. exige para un acuerdo.

Por su parte, Irán ha denunciado repetidamente que las posturas contradictorias de las autoridades estadounidenses sobre su programa atómico «dificultan» las negociaciones nucleares.

Si se llega a un acuerdo, Irán se comprometería a detener el enriquecimiento de uranio para desarrollo armamentístico y las exportaciones de crudo de la nación persa podrían aumentar hasta en 1 millón de barriles por día, según la firma PVM.

No obstante, medios especializados hoy relajaron las expectativas para la consecución de este acuerdo, lo que podría haber hecho que los precios repuntaran durante la jornada.

Por otra, la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) informó el miércoles que las reservas de crudo subieron sorpresivamente la semana pasada en 3.5 millones de barriles, hasta los 441.8 millones de barriles, lo que limitó los precios del oro negro durante la semana.

El BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un préstamo de $50 millones a Latin American Kraft Investments Inc. (Laki) para reforzar su operación en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Laki es parte del grupo SigmaQ Packaging, considerada la “principal empresa multipackaging en Centroamérica”, que opera 18 plantas entre Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Canadá.

El BID Invest detalló que un tramo de $10 millones se destinará al factoraje a proveedores para facilitar el financiamiento a los proveedores de micro, pequeña y mediana empresa de Laki.

Además, $20 millones se destinarán a financiar compras de insumos para la industria de empaque y otros $20 millones para una línea no comprometida diseñada para cubrir las necesidades futuras de inversión de capital y sostenibilidad.

“Respondiendo a la necesidad de Laki de fortalecer su estrategia de sostenibilidad, BID Invest ofrecerá servicios de asesoría para integrar los aspectos clave de medioambiente, sociales y gobierno corporativo, mejorar el desempeño en su cadena de valor y aumentar la transparencia e impacto de sus operaciones, incorporando las emisiones indirectas en la planificación futura”, indicó a través de un comunicado.

Laki atiende clientes de la industria de alimentos, bebidas, agroindustria, farmacéutica, productos de lujo y exhibidores. Según su portal, en 2024 alcanzó ingresos por $500 millones y genera empleos para 4,000 colaboradores.

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) asumió el 12 de mayo como la encargada de emitir las autorizaciones y los permisos de construcción en áreas iguales o superiores a los 250 metros cuadrados.

La DOT se encargará de regular los permisos para nuevas lotificaciones y proyectos de urbanización a nivel nacional, con excepción del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y municipios aledaños, así como los proyectos en el perímetro del Centro Histórico de San Salvador.

“Para nuevos trámites, los usuarios deberán iniciar su gestión directamente con la DOT, ya sea a través de la plataforma digital de la entidad o de forma presencial. En el caso de trámites que ya se encuentren en curso, la DOT se comunicará con los usuarios para dar seguimiento personalizado a cada caso”, indica un aviso publicado en su portal.

De acuerdo con la ley, la DOT tiene entre sus funciones cobrar tarifas por los nuevos servicios, como inspecciones de fase por $100 o la certificación de los lugares de $60 por áreas de hasta 500 metros cuadrados.

La DOT también inició el registro de profesionales y prestadores de servicios de urbanización y construcción en un sistema que, según la institución, busca el cumplimiento de “requisitos o calificaciones” en trámites que antes llevaban los ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Cultura, además se compartirá con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

La primera vez del trámite es gratuita y se realiza en línea, con una vigencia de tres años. La renovación tiene un costo de $25, mientras que la certificación electrónica es de $5 y la certificación autógrafa de $15.

Los profesionales obligados a inscribirse son:

• Hidrólogos
• Geólogos
• Auditor de evaluación ambiental
• Estudio de impacto y diagnóstico ambiental
• Arquitectura
• Ingeniería civil
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería electromecánica
• Ingeniería eléctrico industrial
• Arqueólogo
• Paleontólogo
• Técnicos proyectistas
• Técnicos constructores
• Técnicos en instalaciones eléctricas
• Egresados universitarios de arquitectura
• Egresados universitarios de ingeniería civil
• Estudiantes de 4º año de arquitectura
• Estudiantes de 4º año de ingeniería civil
• Bachiller técnico en arquitectura
• Bachiller técnico en ingeniería
• Personas con cursos de capacitación y experiencia comprobada bajo supervisión
• Personas sin cursos pero con experiencia comprobada bajo supervisión
• Personas sin cursos ni experiencia, pueden inscribirse previa aprobación del comité DOT
• Desarrolladores parcelarios

La DOT se instauró a partir de la vigencia de la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), el 5 de noviembre de 2024, pero el reglamento estableció inicialmente 120 días para que asumiera sus responsabilidades.

Las oficinas de la DOT se encuentran en el Edificio Terranostra, en la 43 avenida norte y la primera calle poniente (complejo CNR). El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

El cobro de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos se traducirá en menores ingresos para los hogares salvadoreños que dependen de este dinero, clave en la demanda interna y para que más familias no caigan en la pobreza.

En un nuevo golpe a la migración, varios miembros del partido republicano buscan aprobar con prontitud la propuesta bautizada como «Gran y Hermoso Proyecto de Ley», discutida en la Cámara de Representantes en EE. UU. que plantea un impuesto del 5 % a las remesas que, de aprobarse, se cobraría al emisor, con excepción de los ciudadanos estadounidenses que están exentos del pago.

La recaudación de este impuesto financiaría las exenciones fiscales prometidas por el presidente Donald Trump, así como los planes de seguridad fronterizas para contener mayores ingresos de migrantes a la primera economía del mundo.

La propuesta genera una nueva preocupación en Latinoamérica, sobre todo en los países donde los flujos son elevados y existe gran dependencia, como en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y Jamaica.

Rommel Rodríguez, investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), consideró que los salvadoreños en Estados Unidos no dejarán de enviar dinero a sus familiares, pero sí sería en menores montos para asumir el nuevo gravamen.

Rodríguez anticipó que habría una “caída sensible, pero, aun así, no se detendrían”. Según el economista, los salvadoreños en Estados Unidos buscarían otras alternativas, como enviar dinero con terceras personas.

“Las remesas son determinantes para que los niveles de pobreza no sean mayores de los que ya están”, zanjó Rodríguez.

El 26.8 % de los hogares reciben remesas familiares y son el principal generador de divisas de la economía, ya que buena parte se destina al consumo y mantenimiento familiar. El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que en el cuarto trimestre de 2024 representaron un 23.9 % del producto interno bruto (PIB).

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Según el BCR, las remesas totalizaron $8,479.7 millones en 2024, de los cuales 91.6 % (más de $7,769 millones) procedieron de Estados Unidos. Solo en el primer trimestre, representaron $2,090.7 millones y crecieron un 19.4 % respecto a igual período de 2024, al menos $341 millones adicionales que enviaron los salvadoreños en suelo estadounidense.

Bajo un escenario donde las remesas procedentes de Estados Unidos sumen $8,000 millones este año en la economía salvadoreña, el impuesto del 5 % se traducirá en $400 millones al ingreso al fisco de Estados Unidos, que deberán pagar los migrantes que envíen dinero.

“Serían $400 millones menos que vendrían al país porque no creo que los salvadoreños allá estén dispuestos a pagar el impuesto de sus bolsillos sin ajustar el dinero que envían”, advirtió Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR).

Acevedo indicó que en “cualquier escenario habría una caída de remesas”, tanto porque no crecerán más sobre los resultados de 2024 o porque serán menores si genera un desincentivo en los salvadoreños en el exterior.

El expresidente del BCR destacó que El Salvador sigue sin recibir trato preferencial por parte de la Administración Trump, a pesar de la cercanía entre el presidente Nayib Bukele con el mandatario estadounidense, tal como ocurrió con el arancel global del 10 % que se impuso en abril pasado a 90 países, que incluye a las exportaciones salvadoreñas.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) proyecta un aumento de un 6.4 % de la producción de café salvadoreño para el ciclo 2025-2026.

El anuario de café, divulgado por el gobierno estadounidense esta semana, señala que las proyecciones más recientes en la producción del ciclo 2024-2025 rondan los 561,000 sacos de 70 kilogramos.

La cifra incrementaría en 36,000 sacos para el período 2025-2026, estimado en 597,000 sacos al cierre de dicho ciclo.

En cuanto a la superficie cultivada, el Departamento de Agricultura señala que durante el ciclo comercial 2023-2024 se cultivaron 118,000 hectáreas, un espacio de trabajo que se mantuvo en el período 2024-2025.

El documento prevé que el terreno a cultivar se mantenga en la misma extensión para la campaña 2025-2026, una situación impulsada por la “ausencia de una estrategia de desarrollo” a largo plazo y el “limitado” acceso a crédito del sector cafetalero.

Caída en la producción 2024-2025

Las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), actualizadas a enero de 2025, confirman que durante el ciclo 2024-2025 ya se habían cosechado 587,686 quintales de oro uva, una cifra 16.3 % más baja que durante el mismo periodo del ciclo 2023-2024, cuando ascendió a 702,392 quintales.

Tras confirmar la caída de la producción del grano de oro, el ISC no ha actualizado los datos mensuales.

El Departamento de Agricultura asevera que los resultados de la producción del ciclo 2024-2025 se vio “significativamente afectada” por las lluvias que se registraron en diciembre de 2024.

“Las fuertes lluvias provocaron una caída considerable de las bayas en su punto máximo de maduración y secaron las bayas restantes en los árboles”, advierte el anuario del USDA.

Estados Unidos plantea que las lluvias redujeron el rendimiento y la calidad del grano.

En cuanto a las proyecciones para el ciclo 2025-2026, el documento plantea que el crecimiento esperado se atribuye a mejores condiciones climáticas previstas durante el ciclo de floración y cosecha.

Pese a las proyecciones alentadoras, el USDA reconoce que la escasez de la mano de obra continúa limitando las actividades agrícolas y la renovación del bosque cafetalero, mientras que el aumento en los costos de insumos sube los gastos de producción.

Impacto

En marzo pasado, la Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal) advirtió que las lluvias registradas entre febrero y marzo habían provocado la floración prematura de las plantas.

Según la gremial, la situación provocaría pérdidas si las precipitaciones no continuaban de forma constante en las próximas semanas.

Sin el agua, la planta no forma el grano, una situación que empujaría que se aborte la flor y no genere fruto, perjudicando la producción para el ciclo 2025-2026.

En Chalatenango, el promedio de las remesas mensual se acerca a los $500, según el Banco Central de Reserva (BCR).

La institución reporta que el promedio nacional de las remesas fue de $350.8, equivalente al 96 % del salario mínimo vigente actualmente, de $365 para comercio, servicio e industria.

Chalatenango representa un 5.7 % del total de remesas familiares que llegan a El Salvador, pero su promedio rebasa a la cota nacional al situarse en $452.9 en el primer trimestre del año, un 19.5 % superior al salario mínimo.

Sobre la media nacional y el salario mínimo, también se encuentra Cabañas con un promedio de $448.1 y Morazán, donde se recibe el 4.4 %, respectivamente, del total de remesas familiares.

De igual manera, los hogares de San Miguel reciben en promedio $372, el segundo departamento más remesero con un 11.3 % del total nacional, así como La Unión con $378 y representa un 7 % del monto global.

San Salvador es el departamento que recibe la mayor cifra de remesas, con una participación de un 18.7 % del total nacional, pero tiene el promedio más bajo, de $315.9 en el primer trimestre.

Remesas promedio por departamento
– Chalatenango: $452.9
– Cabañas: $448.1
– Morazán: $412.8
– La Unión: 378
– San Miguel: $372
– San Vicente: $355.7
– Usulután: $341.2
– La Libertad: $336.3
– Santa Ana: $339.8
– Cuscatlán: $337.4
– Ahuachapán: $344
– Sonsonate: $319.4
– La Paz: $317.8
– San Salvador: $315.9

Las remesas son el principal generador de divisas de la economía salvadoreña, que este año han experimentado un fuerte crecimiento de un 18.2 % luego de superar los $2,269 millones a marzo pasado. Según el BCR, en el cuatro trimestre de 2024 representaron un 23.9 % del producto interno bruto (PIB).

Los impuestos a las remesas se perfilan como un arma más de los republicanos en EE.UU. contra los inmigrantes indocumentados con al menos dos proyectos de ley, que de aprobarse, según activistas consultados por EFE, impulsarían más la inmigración hacia el país y serían catastróficos para países latinoamericanos empobrecidos.

La propuesta 'Gran y Hermoso Proyecto de Ley', presentada esta semana por los republicanos para su evaluación en La Cámara de Representantes, incluye un impuesto especial del 5 % a las remesas.

También espera ser debatido en la Cámara Baja el proyecto de 'Ley de Inversión en Seguridad Fronteriza' que plantea un cobro del 37 % sobre las transferencias de dinero enviadas a los cinco países cuyos ciudadanos o nacionales tuvieron el mayor número de entradas ilegales a Estados Unidos.

«En lugar de mejorar el panorama de la inmigración indocumentada, estas propuestas lo van a empeorar. Estos legisladores republicanos no tienen en cuenta la raíz del problema, que en la mayoría de casos es la pobreza», dijo a EFE Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes.

El activista de origen mexicano indica que la imposición de alguno de los impuestos propuestos a las remesas, incluso el del 5 %, afectará a regiones de por sí ya empobrecidas en toda Latinoamérica.

«Esto va a causar un efecto contrario, si las familias ya no reciben el dinero suficiente para subsistir van a verse obligadas a seguir el camino de sus seres queridos que ya viven en Estados Unidos», subrayó.

La directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), Teresa Tejada, pronostica una «catástrofe» para las economías de países centroamericanos si se aprueba alguno de estos impuestos.

Las remesas familiares de la diáspora de Centroamérica en EE.UU., de donde procede más del 95 % de su totalidad, representan entre el 25 % y el 30 % del producto interior bruto (PIB) de Honduras, el 20 % del de Guatemala y el 24 % de El Salvador, de acuerdo con los datos oficiales disponibles.

Inspirados por Trump

Ambas propuestas republicanas respaldan la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha hecho del combate a la inmigración indocumentada una de sus prioridades.

El impuesto del 5 % sobre los envíos tiene como objetivo financiar las exenciones fiscales prometidas por el mandatario y apoyar iniciativas de seguridad fronteriza.

Este cobro se aplicaría a los envíos hechos por indocumentados, inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparados con cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del gravamen.

Se espera que el Legislativo le dé un trámite rápido al 'Gran y Hermoso Proyecto de Ley', y aunque actualmente no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado, los activistas temen que el impuesto a las remesas del 5 % pueda mantenerse en una propuesta enmendada que logre el respaldo de la mayoría.

Desde su primer mandato Trump ha apoyado la imposición de gravámenes a las remesas, que este año le ayudarían a balancear los recortes prometidos en su campaña de reelección.

«La aprobación de un pequeño impuesto a las remesas así sea de solo el 5 % abre la puerta para que más adelante este gravamen suba aún más», advierte Gutiérrez, que espera que la iniciativa de imponer un impuesto del 37 % a las remesas de los cinco países con más inmigrantes no prospere.

Sin embargo, Tejada señala propuestas tan radicales como la del congresista republicano por Florida Carlos Giménez, que solicitó recientemente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, «eliminar» en su totalidad las remesas a Cuba, en este caso, como castigo al régimen en la isla.

La activista salvadoreña, sin embargo, dijo que «los envíos que hacen los inmigrantes no son para un gobierno, sea el que sea, son para las familias que necesitan de esa ayuda. No depende de quién esté en el poder».

El malestar por la propuesta del cobro del 5 % a las remesas llegó hasta México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como una «injusticia», señalando que ya los inmigrantes pagan gravámenes.

«A ver: cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá (…) Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos», afirmó la mandataria mexicana.