Categoría: Economía

Un 63 % de empresas españolas aumentarán sus inversiones en Latinoamérica este año, con un descenso «significativo» en comparación con los últimos años, cuando la cifra solía rondar el 75 %, según el informe anual «Panorama de Inversión Española en Iberoamérica 2025», de IE University.

«Parece que más empresas españolas optarán por una política de esperar la evolución de los acontecimientos, antes de tomar nuevas decisiones de inversión. La puesta por la región sigue firme, pero a la espera de ver qué pasa en Estados Unidos», dice el estudio, publicado este martes y basado en una encuesta entre más de cien compañías.

Otro 30 % de las empresas española prevé mantener sus inversiones en Latinoamérica y el 7 % las disminuirán, entre otros datos del informe, presentado por su director, el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE University.

En el caso de las empresas pequeñas y medianas (pymes), solo la mitad considera aumentar su apuesta por la región, un descenso «brusco» respecto al 80 % de años anteriores.

«Si las grandes empresas tienen dudas, las pymes, con menos músculo financiero, deben repensar con más cautela estas decisiones, ya que pueden verse más afectadas por el entorno global y la incertidumbre económica que mencionábamos antes», explicó Martínez Lázaro.

Según constata el informe, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha puesto «patas arriba todo el panorama económico y geopolítico». La guerra comercial que ha emprendido ha cambiado «radicalmente» las perspectivas económicas, que se reducen, según los últimos análisis del FMI, recuerda el estudio.

Aunque es difícil predecir qué ocurrirá, la suspensión temporal de los aranceles recíprocos anunciada por EE.UU. y otros países «abre la puerta a una negociación que evite el que sería el mayor incremento tarifario en más de un siglo, pero parte del daño ya está hecho», apunta el documento.

Pocos son los países que este año no se verán afectados en su crecimiento, aunque los aranceles se revertiesen totalmente, «e Iberoamérica sufrirá por los vaivenes arancelarios, a pesar de que la región no se ha visto especialmente castigada por los recíprocos» con EE.UU., alerta el informe.

«Sin duda, la incertidumbre por el futuro cercano de la región y la fortaleza del mercado doméstico (español) tienen mucho que ver en este resultado», de acuerdo con el estudio.

Y, por primera vez, no será Iberoamérica (64 %), sino la Unión Europea (71 %) el mercado en el que más empresas españolas prevén subir sus ventas en ese plazo.

«En suma, este año, los factores externos tendrán más peso que los internos en el desempeño económico de la región. La reducción de la inflación y unas políticas monetarias más expansivas podrían no surtir efecto ante la gran incertidumbre existente», según el «Panorama de Inversión Española en Iberoamérica 2025».

México, donde más empresas aumentarán inversión

En este contexto, México será el país más «afectado económicamente» por su alta exposición a Estados Unidos, pero volverá a ser donde más empresas españolas aumentarán sus inversiones, seguido por Colombia, y Chile, Perú y Brasil. También subirán en Costa Rica y Paraguay, y se mantendrán en el resto en general.

Respecto a Argentina, y a pesar de sus «enormes dificultades», las empresas españolas creen que será el país con un mejor desempeño económico en 2025 en la zona, seguida por Uruguay y República Dominicana. Cierran Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La volatilidad cambiaria es, este año, «el aspecto que más afectará a las ventas y negocios de las empresas españolas, por encima de la inestabilidad jurídica y de la inflación, según la encuesta.

Como es habitual, el atractivo de los mercados internos vuelve a ser la mayor ventaja que encuentra para invertir (67 %), seguida por la mano de obra cualificada.

Entre las amenazas percibidas, destacan la inestabilidad política (76 %) y el ya mencionado riesgo cambiario (56 %).

El 22 % de los micro y pequeños empresarios salvadoreños (mypes) se encuentran preocupados por la escasez de mercadería e insumos en el primer trimestre de 2025, de acuerdo al último informe del Observatorio Mype de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (Fusai).

El reporte destacó que las mypes salvadoreñas tuvieron un “arranque lento” en 2025, al menos así lo evidencia el índice de Situación Empresarial, que mide la percepción sobre el desempeño económico, al situarse en 20.8 puntos, 18.8 puntos menos en comparación con el último trimestre de 2024, de 39.6 puntos.

Dicha caída tiene un cóctel de problemas, donde el principal inhibidor es la intensificación de la competencia, pero Fusai destacó que la creciente preocupación por la escasez de insumos afecta el desempeño de los pequeños negocios en un contexto de incertidumbre por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, cuyos efectos aún no se perciben directamente, pero amenazan con nueva crisis logística.

Por orden de preocupación, el 46 % de las mypes considera la intensificación de la competencia por el surgimiento de un mayor número de empresas que generan dificultades para mantener su posición en el mercado.

Además, el 22 % de los empresarios reporta como problema la escasez de mercadería, una tasa mayor en cinco puntos porcentuales en comparación con el 17 % registrado en el cuatro trimestre de 2024.

Fusai retomó el testimonio de José Aguilar, un pequeño empresario en San Miguel, quien afirmó que “tuvimos que suspender pedidos porque el proveedor nos aumentó precios y no hay suficiente stock (inventario)”.

El análisis advirtió que la escasez afecta de manera directa la “capacidad de operación y la continuidad de los negocios, generando impactos en productividad, ventas y cumplimiento de compromisos con los clientes”.

En la camándula de problemas también están las dificultades en la gestión financiera, ya que un 29 % de los empresarios reporta problemas para mantener un “manejo adecuado” de los ingresos y los egresos, una situación que pone en peligro su liquidez operativa para cumplir sus obligaciones con los proveedores.

“Este año comenzamos con ventas bajas y más competencia. Hay muchas nuevas tiendas y eso ha reducido nuestra clientela habitual”, citó Fusai a Sandra Velásquez, comerciante de Ilopango.

Fusai señaló que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) registró una reducción de 108.4 puntos en el cuatro trimestre de 2024 a 105 puntos en los primeros tres meses de 2025, una fotografía de la situación económica de las mypes que responde a un patrón recurrente después de un impulso en el comercio por las festividades de fin de año.

El informe también incluye el índice de Expectativas Empresariales, donde un 56 % de las micro y pequeñas empresas creen que habrá una recuperación y se muestran optimistas en el futuro inmediato.

“Las campañas comerciales de verano, el retorno del consumo y las adaptaciones fiscales post-cierre de año son factores que podrían contribuir a esta mejoría esperada”, señala la Fundación.

Para Fusai, los indicadores del primer trimestre en la confianza empresarial son indicios de una cautela en el sector ante un “entorno complejo”, que en los próximos meses exigirá una mayor preparación y capacidad de adaptación.

El Ministerio de Economía (Minec) no descarta que la economía salvadoreña crezca por arriba de un 2.5 % después de que el presidente Nayib Bukele se comprometiera a duplicar la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), a un 5 %.

María Luisa Hayem, titular del Minec, indicó que los resultados del primer trimestre «nos dan buena pauta» después de referirse a que las exportaciones de bienes salvadoreños crecieron un 8.8 % en el primer trimestre mientras que las remesas registraron un fuerte repunte de un 18.2 %.

«Estaríamos buscando ese crecimiento por encima del 2.5 % que es lo que ha proyectado el Fondo Monetario», indicó durante la entrevista del estatal Canal 10.

El FMI publicó el 22 de abril que la economía salvadoreña crecerá un 2.5 % en 2025 por las limitaciones derivadas de un ajuste fiscal realizado a través de un programa de $1,400 millones firmado con el gobierno, así como por las consecuencias de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos.

Tres días después, el 26 de abril, Bukele reaccionó a esa proyección y aseguró que «duplicaremos este pronóstico».

«Con las condiciones que vemos, nuestra seguridad, una relación tan sólida con Estados Unidos, este empuje del sector empresarial que estamos viendo (…) seguro será un año bastante positivo», añadió Hayem al recordar que 14 de las 19 actividades que conforma el producto interno bruto (PIB) registraron crecimiento al cierre de 2024.

«Ese dinamismo lo vamos a seguir viendo o similar. El presidente Nayib Bukele se ha comprometido a duplicar ese crecimiento económico que ha sido proyectado por el Fondo Monetario Internacional, así que eso nos motiva a poder seguir creando todas estas condiciones», insistió.

Cifras maltrechas

El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que la economía salvadoreña creció un 2.6 % en 2024, inferior al 3.54 % reportado en 2023 y la tasa más baja desde la pandemia de covid-19.

Contrario al optimismo del gobierno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aplicó en abril pasado una reducción a su proyección para la economía de un 3 % a un 2.5 % en 2025, mientras que el Banco Mundial redujo de un 2.7 % a un 2.2 %.

La CEPAL, el FMI y el Banco Mundial coinciden en que El Salvador será la economía de menor crecimiento de Centroamérica.

Según el BCR, el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), una fotografía mensual de la dinámica de la economía, creció un 2.13 % en febrero pasado, una recuperación en comparación con el 0.30 % que reportó en enero de 2025.

Sin embargo, muestra una marcada desaceleración en comparación con el 4.75 % de enero y el 3.32 % de febrero de 2024.

Hayem adelantó que en las próximas semanas se realizarán anuncios de inversión en los rubros de autopartes, textil, alimentos y hotelero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que anunciará aranceles para productos farmacéuticos «en las dos próximas semanas», después de firmar hoy una orden ejecutiva para promover la producción de este tipo de bienes en suelo estadounidense.

«Los anunciaré en las dos próximas semanas», respondió en el Despacho Oval de la Casa Blanca al ser preguntado por detalles de los gravámenes que ha prometido implementar sobre los productos de la industria farmacéutica.

La orden ejecutiva firmada hoy tiene el objetivo de agilizar los procedimientos para obtener permisos para la construcción de instalaciones destinadas a la fabricación de «medicamentos con receta», incluyendo la obtención de autorizaciones de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) estadounidense.

La medida busca establecer «una sólida base de manufactura nacional» no solo para medicamentos, sino también para «ingredientes y materiales clave» en la producción de los mismos.

A su vez, Trump también indicó que la semana próxima hará otro anuncio «relacionado con el costo de los medicamentos», insistiendo en que otros países «están estafando» a EE.UU. en este terreno.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, el neoyorquino ha activado una guerra comercial en distintos sectores para tratar de relocalizar operaciones manufactureras en EE.UU. y compensar además con la recaudación de aranceles los recortes de impuestos que planea su Administración.

A su vez, Trump firmó hoy una orden ejecutiva que prohíbe toda financiación federal para investigaciones sobre enfermedades infecciosas consideradas peligrosas en países como China o Irán, los cuales el Gobierno estadounidense considera que carecen de supervisión suficiente.

El primer Gobierno de Donald Trump (2017-2021) ya cuestionó la financiación estadounidense de las llamadas investigaciones de ganancia de función (que implican alterar virus en laboratorios) a causa del estallido de la pandemia, y el Departamento de Salud retiró entonces fondos a la ONG EcoHealth Alliance, que realizó proyectos de investigación con el Instituto de Virología de la ciudad china de Wuhan, donde se cree que pudo originarse el virus que provoca la covid-19.

La ministra de Economía (Minec), María Luisa Hayem, aseguró este lunes que sostuvieron reuniones con las autoridades comerciales de Estados Unidos para abordar el aumento de aranceles después de la reunión entre los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump el 15 de abril pasado.

Hayem aseguró que un equipo del gobierno salvadoreño dio seguimiento a los “temas conversados” en reuniones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA).

“Tuvimos una recepción bastante amigable, unas conversaciones bastantes positivas en los cuales nuevamente se marca un reinicio de unas relaciones con Estados Unidos no solo en el corto plazo y en temas coyunturales, sino un compromiso de poder continuar trabajando ahora de una manera más cercana en la parte económica”, indicó la ministra en la entrevista del estatal Canal 10.

La titular de Economía desgranó que en las reuniones se abordaron dos temas. Uno relacionado con la imposición de un arancel del 10 % base a El Salvador como parte de una guerra comercial que ha iniciado el presidente Trump para obligar que las empresas de capital estadounidense fuera de EE. UU. regresen y prioricen la producción interna.

Aunque Hayem no precisó si el gobierno salvadoreño ha pedido un trato preferencial para retirar el arancel, afirmó que “El Salvador es uno de esos países privilegiados en los cuales las tarifas es el mínimo”, ya que en la misma región centroamericano Washington impuso una tasa más alta, de un 18 % a Nicaragua.

“Es un trabajo técnico, que ya está encaminado, nuevamente con una gran apertura para poder dialogar”, indicó.

El segundo tema en las reuniones tiene un impacto más a mediano y largo plazo, relacionado en “cómo El Salvador cada vez más se integra en esas cadenas de valor en productos que son importantes para el consumo de Estados Unidos”, sostuvo.

El Salvador exporta a EE. UU. con beneficios arancelarios por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), vigente desde 2006 y que había alcanzado la máxima degradación arancelaria a partir del 1 de enero de 2025.

Sin embargo, el CAFTA quedó en segundo piso ya que el presidente Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que le faculta la toma de decisiones vinculadas al exterior.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) advirtió este lunes que el país sufriría una canícula en julio, por lo cual pidió a los productores de granos básicos demorar la siembra del ciclo 2025-2026 hasta después del episodio climático.

Óscar Domínguez, viceministro de Agricultura, dijo en la entrevista radical Fuego que ha recibido información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre el desarrollo de una canícula, un período que se caracteriza por un incremento en las temperaturas mientras se reducen las lluvias.

“Siempre hay que estar atento a lo qué dice el Ministerio de Medio Ambiente; sin embargo, ellos han avisado que va a existir una canícula a mediados de julio. Creo que lo recomendable sería un poquito después de julio, porque si empezamos a sembrar con las lluvias que tenemos esporádicamente, puede ser que sufran bastante con la canícula”, dijo Domínguez.

Este fenómeno climático usualmente se desarrolla a finales de julio e inicios de agosto, pero existe el riesgo de que se una con una sequía, como ocurrió en 2018 y dejó al país sin lluvias por más de 40 días en algunos puntos del oriente.

“Les pido mejor que estén atentos para que nosotros les demos una fecha en la que ellos (los productores) no puedan tener riesgos a la hora de cultivo”, agregó el funcionario.

La tradición dicta que con las primeras tormentas del invierno se inicie la siembra de granos básicos, incluso la creencia de los abuelos era que esas lluvias eran beneficiosas porque estaba “caliente la tierra”. Sin embargo, con el endurecimiento del cambio climático, los episodios de estrés hídrico son más persistentes y dejan millonarias pérdidas.

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) recomendó en abril pasado sembrar hasta la segunda semana de junio, cuando se espera que el invierno esté en su desarrollo.

El viceministro indicó que “ningún tipo de alimento le está faltando a la población salvadoreña”, al tiempo que reconoció que es imposible lograr la soberanía alimentaria en todos los productos de consumo.

Domínguez detalló que tienen 94 nuevas zonas productivas que implementan semillas mejoradas genéticamente para aumentar la producción y la resiliencia a las variaciones climáticas extremas con 11 productos prioritarios.

Estos terrenos están conformados por al menos 15 manzanas, donde el MAG subsidiar una parte de los insumos y la otra es cubierta por el bolsillo de los productos con “precios al costo”.

El funcionario indicó que con el programa de aumento a la producción nacional se proyecta un «número bajo» de alcanzar más de 200 millones de libras de alimentos. “Solo en tomate, para este año, se pretende superar los 76 millones de libras. El secreto es tecnología, asistencia técnica y nueva genética”, dijo Domínguez.

Al menos 17 organizaciones pidieron este lunes un aumento al salario mínimo a $500, con lo cual, según los peticionarios, se cubriría el alto costo de la vida de los salvadoreños.

La solicitud se entregó en el despacho del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), quien tiene la presidencia del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), la entidad tripartita que evalúa el ajuste salarial.

Miguel Alexander Escobar, secretario general de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), dijo que la propuesta del gobierno de aumentar el salario en un 12 % no «cubre las necesidades de las grandes mayorías».

El 30 de abril se realizó la primera sesión del Consejo del Salario Mínimo, donde el titular del MTPS, Rolando Castro, dejó en claro que se analizaría principalmente la propuesta enviada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que, de aprobarse, estaría vigente a partir de junio de 2025.

Castro también aseguró que se «escuchará a todos los actores». Con la propuesta del gobierno, el salario mínimo aumentaría de entre $29.21 a $43.80, con lo cual pasaría de $365 a $408.8 en la industria, comercio y servicios.

Sin embargo, los movimientos sindicalistas han mostrado su desaprobación a la propuesta porque consideran que no se ajusta al encarecimiento del costo de la vida desde el último ajuste, en agosto de 2021.

Para esto, hacen referencia que la canasta básica alimentaria (CBA) pasó de $204.75 en agosto de 2021 a $245.8 en marzo de 2025, un incremento de $41.05 y equivalente a un 20 %. Esto no incluye otros gastos de las familias salvadoreñas, como vivienda, educación y salud.

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDC) también entregó la semana pasada una propuesta de aumentar el salario mínimo, de entre $500 y $600.

Salario para trabajadores domésticas

Las organizaciones también pidieron al CNSM fijar un salario mínimo para el sector de trabajo doméstico, representado en su mayoría por mujeres que realizan jornadas extendidas, con una remuneración por debajo de la media y sin cobertura social.

El portavoz de FUSS recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó en marzo de 2020 al CNSM que fijara una remuneración para este sector en un año máximo después de que se emitió la resolución. Sin embargo, el tema sigue en el limbo.

“Queremos uno (salario mínimo) como todo trabajador”, afirmó Susana Pérez, representante del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (Simuthres), al recordar que son más de 170,000 trabajadores, entre hombres y mujeres.

Simuthres entregó en junio de 2024 al Ministerio de Trabajo una petición para cumplir con la resolución de la Corte y fijar un salario al sector, una protección también reconocida en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) emitió una veda de camarón marino, vigente del 2 de mayo al 15 de junio.

Durante 45 días queda prohibido la extracción de camarón en actividades industriales y artesanales, pero se mantiene su comercialización y su consumo, siempre que proceda de reservas producidas antes de la veda o que correspondan a la importación.

Los supermercados, restaurantes, hoteles, comerciantes e importadores deben presentar al Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca) un formulario de control, a más tardar tres días iniciada la veda, para poder comercializar el producto durante la veda sin recibir algún tipo de sanción.

Las vedas de camarón se restablecieron en 2017 después de que un estudio realizado por el Cendepesca encontró que la extracción había caído en más de un 85 % en comparación con la década de 1960, cuando la industria pesquera tuvo sus “años dorados”.

El MAG implementa dos vedas por año, una entre mayo y junio, y otra en octubre, cuando el camarón hembra se encuentra en etapa de reproducción. De esa manera, se garantiza su desarrollo y aumenta la población.

“Simplemente es una medida de conservación de este recurso”, indicó el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, durante la entrevista matutina de 107.7.

Domínguez indicó que al finalizar la veda se da un “respiro” a la especie, por lo que aumenta la población.

“El famoso langostino que aquí se pescaba antes, de los 90 para atrás era un consumo bastante bueno, más que todo para la exportación. Se dejó de pescar y, con un barco que se modificó para hacer un estudio, se dejó de pescar en los 90 y lanzamos este barco más o menos un año atrás, salió a la pesca y entre ellos capturó langostinos. No se imaginan la cantidad de langostinos que existen ahora después de las 15 millas náuticas”, puso de ejemplo el viceministro.

Los agentes del mercado que incumplan con la veda serán sancionados de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.

La Bolsa de Nueva York abrió este lunes en rojo después de haber encadenado una tanda histórica de ganancias particularmente visibles en el S&P 500, entre incertidumbres por la política arancelaria de Donald Trump que ahora incluye también las producciones cinematográficas extranjeras.

Cinco minutos después del toque de campana en Wall Street, el Dow Jones de industriales perdía un 0.40 %, hasta los 41,150 puntos; el selectivo S&P 500 cedía un 0.72 %, hasta los 5,645 enteros y el tecnológico Nasdaq perdía un 0.73 %, para situarse en 17,846.

Tras haber concluido la semana pasada nueve días de subidas constantes ante las perspectivas halagüeñas de acuerdos arancelarios a múltiples bandas que atenuarán el impacto de las amenazas previas del presidente Trump, los inversores se muestran hoy más precavidos y prima el impulso vendedor.

Y es que anoche el presidente Trump sacudió de nuevo el tablero al anunciar un 100 % de aranceles sobre las producciones cinematográficas extranjeras con efectos inmediatos por suponer «una amenaza a la seguridad nacional», sin que quede claro cómo se aplicará esto al potente sector de contenidos en «streaming».

De momento, las grandes compañías del sector -con gran parte de su producción rodada en el extranjero- ya resienten el impacto: las acciones de Walt Disney pierden a esta hora un 1,32 %; las de Netflix, un 3.10 %, y las de Warner Bros Discovery, un 3.34 %.

Con respecto a los aranceles generales, Trump volvió a arrojar ayer nuevas capas de incertidumbre cuando dijo que, si bien existen negociaciones con muchos países, «al final del todo, yo establezco los acuerdos, y no ellos».

Esta semana se espera una nueva reunión de la Reserva Federal (Fed) para decidir sobre los tipos de interés, en medio de crecientes presiones de Trump para que los bajen, aunque su presidente Jerome Powell se está mostrando hasta ahora intratable al respecto, subrayando siempre que puede su independencia con respecto al ejecutivo.

En el mercado de materias primas, el petróleo de Texas baja a estas horas un 1.48 %, hasta los $57.43 el barril, después de que la OPEP+ haya anunciado un nuevo aumento de la producción por segundo mes consecutivo.

Los terrenos por debajo de los $150,000 o comerciales fueron algunos de los tipos de propiedades más demandadas durante 2024, según los resultados reportados por dos compañías de bienes raíces.

Juan Carlos Rivera, de RD Bienes Raíces, explicó que, entre enero y diciembre del año pasado, la mayor demanda de propiedades circuló en aquellas que se encontraban a las afueras de San Salvador, así como las que rondaban con precios por debajo de los $150,000.

En la lista de propiedades más demandadas por los clientes también están casas pequeñas o aquellas que se pueden remodelar, añadió Rivera.

Por su parte, el CEO de Porta Real Estate Boutique, William Velasco, indicó que los terrenos residenciales y comerciales, junto a las casas y los apartamentos, fueron los que más se vendieron en 2024.

Porta también comercializó ranchos de playa y propiedades de gran extensión para desarrollos inmobiliarios.

“(Fueron demandadas) propiedades de gran extensión para desarrollos inmobiliarios, destinadas a la construcción de torres de apartamentos, plazas comerciales y bodegas en ubicaciones estratégicas”, sumó Velasco.

¿Quiénes compran?

Ambas empresas registraron un incremento de las ventas entre 2023 y 2024, impulsadas por la demanda inmobiliaria que va entre un 10 % y un 62 %.

Para las dos compañías de bienes raíces, el incremento de la demanda estuvo ligada a los salvadoreños en el exterior -o extranjeros- y las familias locales.

Velasco detalló que los compradores en el extranjero son personas mayores de 40 años, muchos de ellos con experiencia en el sector inmobiliario y con base de ahorros.

RD Bienes Raíces planteó que los que residen en el extranjero quieren regresar a vivir al país o comprar propiedades por deseos de invertir.

Entre los principales intereses también está la compra de propiedades para fines de turismo o renta, sumó Velasco.

En el caso de los compradores locales, son familias cuyos compradores rondan entre los 35 y 50 años, impulsados por una expansión familiar o de negocio, acceso a financiamiento bancario o para invertir.

Rivera indicó que buena parte de estos adultos jóvenes que residen en el país y que buscan invertir trabajan para empresas privadas o extranjeras.