El Salvador pierde cerca de $1,855.43 millones anuales por la evasión y el abuso fiscal, reveló un estudio de Oxfam publicado este jueves, que examina las brechas de los sistemas tributarios en Centroamérica.
La investigación plantea que Centroamérica pierde $17,465 millones anuales por los desajustes en los sistemas tributarios, suficiente para que los gobiernos de la región inviertan en reducir la pobreza extrema en los próximos cinco años.
Del total regional, El Salvador es responsable de un 10.6 %, que equivale a un 6.30 % de su producto interno bruto (PIB).
Guatemala -la economía centroamericana más grande, pero con marcadas desigualdades- tiene la cifra más onerosa de pérdidas, en $6,970.39 millones, equivalente a un 8.10 % de su PIB, seguido de Panamá con $5,329.5 millones, un 8 % del PIB.
Costa Rica pierde $2,260.55 millones, un 3.5 % de su PIB, mientras que Oxfam estima que en Honduras las pérdidas son de $769.08 millones y en Nicaragua de $291.3 millones, equivalente a un 2.7 % y un 2.06 %, respectivamente.
Daisy Ávila, directora de Oxfam en Honduras, dijo que las pérdidas tributarias son «recursos que podrían transformarse en hospitales y guarderías públicas para aliviar la carga que hoy recae sobre todo en las mujeres y las poblaciones más vulnerables».
El informe ilustró que 30 de cada 100 personas en El Salvador estaban en condición de pobreza en 2023, una tasa mayor en relación al 22 de Costa Rica y Panamá, o inferior en relación al 51 de Honduras y 56 de Guatemala.
Oxfam fustiga en su informe que el 1 % de la población más rica en Centroamérica concentra el 28.7 % de la riqueza total, mientras que un 50 % más pobre tiene el 4.1 %.
En El Salvador, el reporte plantea que el 1 % más rico tiene el 24.7 % de la riqueza frente al 50 % más pobre que tiene el 4.8 %.
La organización propone aplicar un impuesto progresivo de 2.5 % a 5 % a las fortunas mayores a los $5,000 millones. Esto generaría ingresos a los gobiernos regionales de $1,625 millones.
La eliminación de incentivos fiscales regresivos liberaría a los gobiernos $2,117.9 millones anuales, de los cuales $220.88 millones corresponden a El Salvador.
El Salvador podría recibir hasta $927.7 millones si reduce un 50 % la evasión fiscal, mientras que si se introduce una tasa mínima del 25 % para multinacionales con potencial recaudatorio recibiría $121.19 millones.
Citando un estudio de 2017 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Oxfam recordó que los casos emblemáticos de corrupción en El Salvador ascienden a $550.9 millones, equivalente a un 2.1 % del PIB de 2015.
