El jefe de Ryanair dio un nuevo paso en el conflicto que mantiene con el gobierno español desde que le impuso en noviembre una multa millonaria a su empresa, lanzando una campaña publicitaria donde el ministro de Consumo aparece vestido de payaso.
«Ryanair insta al ministro Bustinduy a anular sus multas ilegales», escribió la compañía en un comunicado acompañado de una foto de su CEO, Michael O’Leary, posando junto a una imagen tamaño natural de Pablo Bustinduy, donde aparece con una nariz roja y una peluca multicolor. En las redes sociales de la compañía también se usa esa misma estampa como parte de una campaña de promoción para incitar a los clientes a reservar billetes «a precios locos (antes de que un payaso suba los precios)».
«El ministro Bustinduy realiza grandes afirmaciones exigiendo a Ryanair que cumpla alguna ley española no especificada», continuó en la nota el presidente de la compañía de bajo coste, quien aparece muy sonriente en la foto, levantando un equipaje en el que se puede leer «maleta gratis».
Esas «multas inventadas e ilegales», continuó O’Leary, «infringen claramente la legislación de la UE (…) que impide que políticos ingenuos intenten interferir en los precios de las aerolíneas», añadió el jefe de la primera compañía aérea de Europa en número de pasajeros.
Habitual de las declaraciones polémicas, O’Leary mantiene un pulso con el gobierno de izquierda español desde que este impuso una multa de 179 millones de euros (185 millones de dólares) a cinco compañías -de los que 107 millones fueron para Ryanair- por prácticas abusivas en la facturación de equipaje de mano.
Preguntado a finales de enero durante una rueda de prensa en Bruselas, el jefe de Ryanair calificó a Pablo Bustinduy, miembro del partido de extrema izquierda Sumar, de «loco comunista». O’Leary reprocha igualmente el nivel según él «excesivo» de las tasas reclamadas por el gestor de aeropuertos Aena, controlado en un 51 % por el Estado español, lo que le llevó a anunciar a mediados de enero la eliminación de 800,000 plazas de aquí al verano en siete de sus rutas con España.
Consultado el martes al acabar el Consejo de Ministros, Bustinduy aseguró que su ministerio había aplicado la ley con «todo rigor» basándose «en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014».
«Mi obligación es defender los derechos de los consumidores españoles. Eso he hecho y eso voy a seguir haciendo con total determinación allí donde haga falta», continuó, asegurando que «ninguna campaña de presiones y ningún insulto» le va a «amedrentar en esa tarea».
