Categoría: Economía

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, aseguró que ve una oportunidad para el mercado salvadoreño debido a la buena relación bilateral que el país mantiene con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La funcionaria aseguró durante la entrevista de Diálogo 21 que el gobierno se prepara para cuando se tengan más “reconfiguraciones” del mercado, como las que se registraron tras la pandemia por covid-19.

“Si vemos nuestra relación bilateral con Estados Unidos es un momento de oportunidad”.

María Luisa Hayem

Ministra de Economía

Según el Minec, el país analiza e identifica oportunidades que puedan impulsar el aumento de las exportaciones, así como la inversión.

La ministra destacó que El Salvador mantiene una buena relación con Estados Unidos y un tratado de libre comercio vigente desde hace casi dos décadas.

Estados Unidos es el principal socio comercial para El Salvador. Según el Banco Central de Reserva (BCR) entre enero y febrero de 2025 Estados Unidos compró un 31.9 % de los más de $1,097 millones en bienes que las empresas salvadoreñas exportaron.

A nivel de importaciones, El Salvador adquirió de este mercado un 26.8 % de los más de $2,763.2 millones en bienes que se compraron de todo el mundo durante el mismo período.

Panorama

Hayem aseveró que pese a los cambios de mercado que se han registrado en el mundo en los últimos años, como la crisis de contenedores, los aumentos en costos de producción y la inflación, la economía del país continúa “sólida”.

El Minec indicó que el país se ha diversificado en la exportación de bienes, en el crecimiento económico de diversos sectores internos, así como en la colocación de la inversión a nivel local.

El gobierno espera que las inversiones provenientes de España se concreten en El Salvador, principalmente en los sectores de infraestructura, educación y tecnología.

Destaca acuerdo con FMI

La ministra también destacó el papel que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) jugará en la atracción de inversiones, tras un programa de préstamo que asciende a $1,400 millones, y la apertura a más créditos por parte de otras multilaterales.

Según la funcionaria, “algunas” empresas estaban aguardando que se pactara un programa con el FMI para analizar su establecimiento en el mercado salvadoreño, un impulso que se sumará a la mejora en los niveles de seguridad en El Salvador, así como la digitalización de los procesos y el clima de negocios.

“Algo que se desencadena a partir de este acuerdo es que ahora hay más apetito para que las instituciones financieras puedan inyectar estos préstamos, créditos, en empresas de la economía real”, añadió Hayem.

El establecimiento de un acuerdo con el FMI también orilló al gobierno a eliminar la obligatoriedad en la recepción de pagos en criptomonedas. Pese a esto, la ministra dijo que el bitcoin se mantiene como un “proyecto prioritario”, porque es una forma de acumular activos a largo plazo y de hacer “crecer la economía.”

El conglomerado hongkonés

CK Hutchison sigue adelante con los preparativos para cerrar la anunciada venta de los dos puertos que controla en las inmediaciones del Canal de Panamá pese a que Pekín ha mostrado su oposición a la operación, informa hoy Bloomberg.

Según fuentes anónimas citadas por ese medio, los equipos encargados de formalizar la venta siguen trabajando en aspectos fiscales, contables y de diligencia debida, con vistas a firmar el acuerdo final el próximo miércoles, 2 de abril, tal y como estaba previsto.

Dado que el pacto establece un período de negociación exclusiva de 145 días entre CK Hutchison y el consorcio comprador, liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, es improbable que otras posibles firmas interesadas, como podrían ser grupos estatales chinos, se unan a la

puja.

La venta dejaría unos $19 millones en ganancias netas para el conglomerado hongkonés, e incluiría no solo los puertos de Balboa y Cristóbal sino también otros 41 controlados por el grupo en más de una veintena de países.

El acuerdo fue calificado por los analistas como una jugada lucrativa por parte del veterano empresario Li Ka-shing -hombre más rico de la antigua colonia británica y octavo de Asia- ante la presión ejercida por el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

No obstante, dado que Trump enmarcó la operación como una victoria estadounidense ante la supuesta injerencia china en el Canal, Pekín ha mostrado su disconformidad ante lo que también ha sido visto como un intento, por parte de CK Hutchison, de apaciguar al mandatario del país norteamericano.

Tensa relación con Pekín

Las autoridades chinas no han intervenido de manera directa, pero sí se han pronunciado a través de diarios pro-Pekín en Hong Kong, advirtiendo de que las empresas que colaboren con EE. UU. «no tendrán futuro por mucho negocio y dinero que consigan», y exigiendo la cancelación de la venta por «perjudicar la seguridad nacional».

Sin embargo, Pekín tendría difícil impedir un acuerdo de este tipo, teniendo en cuenta que el sistema legal de Hong Kong es muy distinto al de la China continental, aunque queda la duda de si invocará la Ley de Seguridad que impuso en la excolonia británica para bloquearlo.

Mientras tanto, las acciones de CK Hutchison en la Bolsa de Hong Kong, que se hundieron más de un 6 % tras el mencionado artículo en contra de la venta, subieron hoy casi un 1,9 % durante la parte matinal de la sesión tras la información publicada por Bloomberg.

El grupo es propiedad de Li, quien, a sus 96 años, sigue siendo la 38º persona más rica del mundo gracias a una fortuna estimada en unos $38,300 millones.

Durante años, Li fue considerado como una figura cercana a

CK Hutchison gracias a su buena relación con líderes chinos como Deng Xiaoping (1978-1989) y Jiang Zemin (1989-2002), pero la prensa internacional apunta que, en los últimos años, especialmente a raíz del aumento del control chino sobre Hong Kong tras las protestas de 2019, la relación con el Gobierno central se ha agriado en cierta medida.

Estados Unidos podría comenzar a incumplir el pago de su deuda a partir de agosto o septiembre de este año si los congresistas no actúan, dijo la oficina contable no partidaria del Congreso en un reporte publicado el miércoles.

En enero, Estados Unidos excedió el límite de deuda de unos $36 billones aprobado por el Congreso, forzando al Departamento del Tesoro a tomar «medidas extraordinarias» para evitar el riesgo de un impago del gobierno.

El anuncio del Tesoro se produjo poco después de que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. El nuevo mandatario pidió a los congresistas abordar el tema del techo de la deuda como parte de un paquete de medidas impositivas y de gasto que está en discusión en el legislativo.

En su último reporte, la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense (CBO) aseguró que si el límite de deuda no cambia «la capacidad del gobierno para pedir prestado usando medidas extraordinarias se agotará probablemente para agosto o septiembre de 2025.

Dicha fecha es posterior a la que algunos analistas prevén, incluyendo el Centro de Política Bipartidista, que predijo el martes que el llamado «Día X» podría llegar a mediados de julio.

La CBO afirmó que sus proyecciones eran «inciertas», al advertir que si las necesidades de crédito del gobierno eran significativamente más grandes que su pronóstico entonces «los recursos del Tesoro podrían agotarse a finales de mayo o en algún momento de junio, antes de que se reciban los pagos por impuestos a mitad de junio.»

Sin embargo, también puede pasar que la necesidad de préstamo sea menor que la esperada, permitiendo al Tesoro «seguir financiando sus actividades más allá de lo esperado», añadió.

La firma constructora salvadoreña Burgo de Osma inauguró este martes el primer complejo de 10 bodegas tokenizadas renombrado como Cobodosa, ubicado en la carretera al Puerto de la Libertad y, según la compañía, es el primer local en financiarse respaldado bajo la Ley de Activos Digitales.

El presidente y fundador de la compañía, Javier Aylagas, aseguró que con la inauguración del recinto, inicia una “nueva era” para las inversiones inmobiliarias debido a los beneficios fiscales que otorga dicha ley.

La inversión de construcción del complejo de bodegas fue de $21 millones, de los cuales, una parte fueron fondos de la compañía y otros de la tokenización.

La tokenización consiste en convertir un activo físico o financiero en un token digital, lo que facilita su negociación o transferencia, ya sea en bienes raíces, acciones u otros activos.

“Hoy no solo inauguramos un complejo de bodegas de primer nivel, sino que somos testigos del inicio de una nueva era para las inversiones inmobiliarias en el país, mediante los beneficios, principalmente fiscales, que otorga la Ley de Activos Digitales en El Salvador”, afirmó Aylagas.

El complejo incluye:

• Seis parqueos al frente
• Cortina automatizada
• Capacidad para cinco niveles de racks
• Subestación eléctrica de mediana tensión
• Conducción eléctrica subterranea
• Planta de tratamiento de aguas residuales.

En el evento, asistieron la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, así como representantes del sector financiero, gubernamental y de la empresa privada.

Según el presidente de la inmobiliaria, la tokenización ha facilitado sus procesos y les ha permitido atraer inversionistas a nivel global para su proyecto. Este método consiste en dividir el valor del activo en pequeñas unidades digitales llamadas tokens, a las cuales los interesados pueden acceder de manera sencilla.

Otras tokenizaciones

A mediados de febrero, el Consorcio Interoceánico de Guatemala anunció el lanzamiento de una tokenización por $325.28 millones a través del activo digital COINGT, con el objetivo de financiar el Corredor Interoceánico en ese país.

Este megaproyecto de infraestructura buscó conectar el océano Pacífico con el Atlántico mediante puertos y un sistema de transporte ferroviario.

Pero no ha sido la única tokenización lanzada, la primera fue de $100 millones de la sociedad e-Grains, cuyo respaldo fue en soja. Solo el año pasado, la Comisión Nacional de Activision Digitales (CNAD) informó que aprobó más de $5,000 millones de emisiones en un año.

En enero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales, que consiste en la supervisión y regulación de toda transacción en activos digitales realizadas por el Estado o alguna empresa privada, además busca regular las ofertas públicas dichos activos en El Salvador así como los emisores y proveedores de estos servicios.

Posteriormente, en octubre de 2024 la Asamblea reformó esta Ley de Emisión de Activos Digitales para emisores y proveedores de servicios de activos digitales con el objetivo de proteger el mercado.

En febrero pasado, los salvadoreños pagaron más por la compra de los combustibles, la uva y el aguacate, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Banco Central de Reserva (BCR).

El IPC es la base para calcular la inflación, el indicador más cercano sobre el costo de la vida de los salvadoreños, que se mide cada mes a partir de una canasta de bienes y servicios de mayor demanda.

El último informe detalla que las variaciones positivas más significativas se registraron en la gasolina especial de un 0.04 %, seguido del aguacate de un 0.02 %. También subió la gasolina regular en 0.02 %, la uva en 0.01 % y el diésel en 0.01 %.

Las variaciones negativas más notorias se registraron en viajes por aire en 0.03 %, la papa en 0.03 % y los huevos de gallina en 0.03 %, mientras que la cebolla se redujo en 0.02 % y el queso duro en 0.02 %.

Los incrementos en los combustibles tienen relación con la fluctuación del petróleo en el mercado internacional. En El Salvador, los precios se fijan a partir de la cotización del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, además del costo de importación, los impuestos y los fletes.

En febrero, el WTI osciló de $68.6 y $72.51. En la primera quincena, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció un incremento en los combustibles de entre $0.05 y $0.07, mientras que para la segunda solo subió $0.01 el galón de la regular frente al diésel que bajó $0.02.

Restaurantes mantiene la inflación más alta

La canasta de productos y servicios del IPC se estructura en 12 divisiones. A partir de estos precios se calcula la inflación, que en febrero pasado fue de 0.06 % interanual.

Sin embargo, la división de restaurantes y hoteles se mantiene, una vez más, con la tasa inflacionaria más alta de la economía salvadoreña, de 3.74 % en febrero, 62 veces más que la inflación general.

La segunda tasa más alta la tiene la división de salud, de 2.24 %. Esto se debe a mayores costos en los servicios para pacientes externos (4.66 %) y para productos, artefactos y equipos médicos (1.50 %, mientras que servicios hospitalarios no mostraron variación.

La división de alimentos, en cambio, se mantuvo en deflación (caída de precios), en -0.55 %. Esto se explica por menores costos en alimentos, con una tasa de -0.98 %, mientras que bebidas alcohólicas tiene una inflación de 3.32 %.

El gobierno atribuye la reducción en los alimentos a los agromercados y la central de abastos en Soyapango, aunque los economistas explican que a nivel internacional hubo una reducción en las materias primas que incide en los precios locales.

Ocho de cada 10 trabajadoras que sufrieron violencia laboral solicitaron asesoría legal relacionada con el hecho, según una encuesta de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

El instrumento, que retoma la opinión de 196 mujeres -abordadas entre diciembre de 2024 y enero de 2025-, apunta a que un 80.4 % de las trabajadoras violentadas en el último año decidió no buscar asesoría legal en su caso.

Ormusa aseguró que estos resultados evidencian la necesidad de promoción de la información relacionada con los derechos laborales y los servicios de asesoría que están disponibles para la mano de obra.

La organización señaló que este tipo de servicio resultaría indispensable, en especial para mujeres que se enfrentan a situaciones de vulneración.

A través de su análisis, Ormusa destacó que tanto el gobierno como la sociedad civil deben brindar asesoría, gratuitas o a bajo costo, a las mujeres violentadas.

El documento, divulgado este martes, apunta a que un 44.6 % de las trabajadoras violentadas que buscó asesoría lo hizo a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

Por su parte, un 35.4 % prefirió las organizaciones sin fines de lucro, un 12.3 % a la Procuraduría General de la República (PGR) y un 7.7 % a la Fiscalía General de la República (FGR).

Apoyo de ONG

Ormusa señala que un tercio de las encuestadas destacó el papel que las ONG juegan en medio de este tipo de situaciones, que las vuelven más “confiables” y “accesibles” que instituciones estatales.

La encuesta apuntó a que un 33.3 % de las personas que buscaron una asesoría lo hicieron a través de visita presencial, mientras que un 31.8 % lo hizo por WhatsApp, un 28.8 % por llamada telefónica y un 3 % por Messenger.

Luego de recibir la asesoría, el servicio resultó satisfactorio para un 75.7 %, mientras que un 24.3 % dijo que se sintió poco satisfecha. Este último grupo podría estar reflejando “deficiencias importantes”, según Ormusa, está ligado con la atención inadecuada, tiempos prolongados de respuestas o resultados (poco efectivos).

El documento reveló que un tercio de las mujeres que sufren violencia laboral y buscaron ayuda legal mejoraron poco o nada sus conocimientos sobre derechos luego de la asesoría, mientras que un 69.4 % indicó que mejoró mucho su entendimiento.

“La asesoría legal se muestra como una herramienta efectiva, ya que el 69.4 % de las participantes afirmó que su conocimiento sobre derechos laborales mejoró significativamente tras recibirla”, añade la investigación.

Pese a lo anterior, la organización destaca que no todas las mujeres obtuvieron el mismo beneficio de la asesoría.

Ormusa recomienda la necesidad de fortalecer la asesoría legal, así como el acceso a la justicia laboral y campañas de promoción de derechos laborales.

El Gobierno mexicano certificó este martes Taruk, el primer autobús eléctrico totalmente diseñado y fabricado en el país, como parte de su estrategia para fortalecer la industria nacional de electromovilidad y reducir la dependencia de importaciones ante los aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El vehículo, a cargo de las empresas mexicanas Megaflux y Dina, fue presentado en una ceremonia encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien indicó que Taruk no solo representa una innovación tecnológica, sino una “decisión estratégica” para la soberanía industrial del país ante un contexto internacional complejo y proteccionista.

El autobús fue diseñado con ingeniería 100 % nacional y fabricado para adaptarse a las condiciones del transporte público en las 60 principales ciudades de México.

Taruk, que significa correcaminos en la lengua yaqui, también fue parte del desarrollo conjunto con instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Este vehículo cuenta con capacidad para 60 pasajeros, la mitad sentados, y un sistema de propulsión completamente eléctrico con autonomía superior a 300 kilómetros y una carga completa en un máximo de cuatro horas.

Por su parte, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), recordó que este proyecto empezó a gestarse cuando la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, fue jefa del Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), y apuntó que Taruk busca competir con cualquier modelo de marcas asiáticas, que actualmente dominan el mercado.

El evento se enmarca en el relanzamiento de la marca “Hecho en México”, impulsada por el Gobierno federal para fomentar el desarrollo de industrias estratégicas como la electromovilidad.

Los precios internacionales del petróleo se estancaron el martes tras el anuncio de Washington de acuerdos entre Rusia y Ucrania, incluida un cese de hostilidades en el Mar Negro, ya que los operadores anticipan una posible flexibilización de las sanciones dirigidas al sector petrolero ruso.

En la plaza de Londres, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en mayo estuvo al borde del equilibrio, ya que subió 0,03% cotizando a 73,02 dólares.

Por su lado, el equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega también en mayo, tuvo caída leve de 0,16%, al cerrar en 69,00 dólares.

«El mercado está bajo presión con el anuncio del inicio de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania (que) podría conducir a la llegada de cantidades adicionales de petróleo ruso al mercado», explicó a la AFP el analista Andy Lipow, de la firma Lipow Oil Associates.

Rusia y Ucrania acordaron una tregua en el Mar Negro, anunció Estados Unidos el martes, al tiempo que Washington señaló que estaba listo para ayudar a Moscú a exportar sus productos agrícolas y fertilizantes a los mercados internacionales.

Washington y Moscú también trabajarán en «medidas» que permitan la implementación de una tregua de 30 días en los ataques a las infraestructuras energéticas en Rusia y Ucrania, según el Kremlin.

Los trabajadores que cultivan granos básicos en El Salvador se habría reducido en un 33.3 % en los últimos 20 años, según estimaciones de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena.

El vocero de la mesa, Mateo Rendón, aseguró este martes que durante este período el país pasó de contabilizar más de 600,000 agricultores a nivel nacional a alrededor de unos 400,000.

“Hace 15 a 20 años teníamos 600,000 agricultores de granos básicos, hoy no llegamos ni a los 400,000”, puntualizó el productor en la entrevista Frente a Frente.

Según Rendón, la situación se agrava debido a la migración de los trabajadores del campo, así como al encarecimiento en el costo de los insumos y la edad de los productores.

La Mesa Agropecuaria estima que la mayoría de los agricultores tienen una edad por arriba de los 50 años.

La gremial señala que la falta de incentivos también habría mermado el ánimo de las nuevas generaciones de continuar con los trabajados en el campo.

Sectores perjudicados

Las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) confirman que la producción de sorgo y arroz bajó entre un 20 % y un 30 % en los últimos 20 años.

Según los anuarios estadísticos, entre el ciclo 2003-2004 y el 2022-2023 se pasaron de producir 3.1 millones de quintales de sorgo a 2.3 millones, con una baja de un 24.4 %. Además, la superficie cultivada se redujo un 31.4 %, luego de que en el período 2022-2023 se produjeran 86,578 manzanas.

Bajo la misma situación se encuentra la producción de arroz, que pasó de 495,327 quintales a 319,090 durante el período señalado, marcando una caída de un 35.6 %.

En el caso de los cultivos, estos pasaron de abarcar 4,750 manzanas en el ciclo 2003-2004, a 3,011 manzanas para el período 2022-2023.

Las estadísticas señalan que la producción de maíz subió un 24.1 % en las últimas dos décadas, mientras que de frijoles tuvo un aumento de un 9.1 %.

Pese a lo anterior, durante el ciclo 2021-2022 y el 2022-2023, se confirmó una baja de un 6.9 % en la producción de maíz, de un 13 % en la de frijoles y de un 24.4 % en la cosecha de arroz.

La Mesa señala que entre los grandes retos que tiene el campo en estos momentos se centran en el cambio climático y el gusano barrenador. El sector aseguró que mantienen alzas en el costo de los insumos y en el pago a la mano de obra.

Rendón indicó que se encuentran alertas ante lo que pueda ocurrir con el fenómeno de La Niña en septiembre, cuando se prevé que las lluvias incrementen en el país.

Nauterra firmó un convenio para convertirse en socio formador del Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key), vigente por cinco años.

El grupo conservero, antes conocido como Calvo, apoyará al Instituto Key para que los estudiantes puedan realizar prácticas en su planta, ubicada en La Unión. Nauterra se comprometió a brindar a los alumnos espacios y proyectos para que apliquen sus conocimientos y fortalezcan el proceso de formación.

“Nauterra siempre ha creído en el potencial de El Salvador y este día reafirmamos esa confianza en el talento salvadoreño al unirnos al Key Institute. Esta asociación representa un compromiso compartido con la excelencia y la innovación desde la educación”, indicó Boris Quintanilla, director país de Nauterra para Centroamérica y el Caribe.

Este es el tercer convenio firmado desde la inauguración de la escuela especializada, el 19 de marzo de 2025, después de una alianza suscrita por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y otro por el clúster aeronáutico Air City.

Instituto Key es una iniciativa del gigante de aviación Roberto Kriete, quien hace dos años inició el proyecto junto con empresarios amigos para construir una escuela que forme en carreras del futuro. Aunque Kriete ha reconocido que es un centro de enseñanza de élite, incorpora un programa de becas para atraer jóvenes talentos.

El Instituto, ubicado en ITCA Fepade, ofrece tres carreras enfocadas en ingeniería y ciencias de la computación integrada, ingeniería industrial y manufactura avanzada, e ingeniería mecatrónica y robótica.

Nauterra, originario de Galicia, tiene presencia en 70 países. El Salvador es uno de los siete mercados donde tiene fábricas y oficinas, desde su ingreso en 2003 a través de su planta en la Unión.