Categoría: Editorial

Este 1 de mayo celebramos otro Día mundial del trabajo. La actividad humana de trabajar involucra a la persona en todas sus dimensiones: inteligencia, voluntad, afectos, aspiraciones.

El Papa Francisco decía que la primera vocación del hombre: trabajar. Y esto le da dignidad. Otros pensadores dicen que el trabajo es la única forma de alcanzar la felicidad o que el trabajo es la única forma de alcanzar la libertad.

La tradición del 1 de mayo inició para conmemorar a los llamados Mártires de Chicago, un movimiento obrero que demandaba las jornadas laborales de ocho horas y cuyas protestas se convirtieron en una revuelta que culminó con la condena a muerte de varios de sus dirigentes.

Desde entonces, los trabajadores de todo el mundo conmemoran este día en el que también se demandan reivindicaciones laborales y políticas, muchas veces derivadas en protestas.

Muchas condiciones laborales han mejorado en el último siglo y aunque hay muchas cosas que mejorar, al menos en El Salvador la condición de los trabajadores ha ido mejorando paulatinamente. Pero la búsqueda de mejores condiciones laborales, dignas, decentes, humanas, es incesante.

El mejor remedio contra todos los males es el trabajo, contra la pobreza, contra la delincuencia e inseguridad. El trabajo permite la superación y la prosperidad personal y familiar.

En tiempos que los valores tradicionales son trastocados, hay que recordar el enorme valor del trabajo, camino vital para el desarrollo personal y familiar en todos los ámbitos.

Lo cierto es que como decía Confucio, «el trabajo es la clave para la realización personal y el éxito en la vida».

El fallecimiento del papa Francisco marca el cierre de un capítulo profundamente singular en la historia de la Iglesia católica. Jorge Mario Bergoglio no solo fue el primer pontífice latinoamericano y jesuita, sino también una figura que, desde los márgenes del poder eclesiástico tradicional, supo recentrar a la Iglesia en lo esencial: la misericordia, la compasión y el testimonio.

Su historia personal, marcada por la dictadura argentina, la vida entre los barrios humildes de Buenos Aires y su formación ignaciana, lo convirtió en un papa profundamente consciente de las heridas del mundo moderno. Desde su elección en 2013, Francisco no se contentó con mantener el trono petrino; lo transformó en una trinchera desde donde se enfrentó, sin medias tintas, a las nuevas formas del dolor humano: la indiferencia global, el descarte social, la migración forzada, la crisis ambiental y el clericalismo anquilosado.

Francisco no cambió la doctrina, pero cambió el tono. Su Iglesia no fue un tribunal, sino un “hospital de campaña” donde el juicio cedía paso al cuidado. Llamó “nobles de la calle” a los sin techo, lavó los pies de presos y migrantes, y recibió con brazos abiertos a personas LGBTQ+, mostrando que la misericordia cristiana no exige pasaportes morales. En su lenguaje —a veces incómodo, otras improvisado— devolvió al mundo la imagen de un papa humano, falible, y por eso más cercano.

Sus detractores, sobre todo entre los sectores más tradicionalistas, lo acusaron de diluir la identidad católica. Pero en realidad, Francisco tensó los hilos del Evangelio hasta los bordes, buscando allí a quienes han sido excluidos. En su crítica al neocolonialismo, en su impulso por la sinodalidad, en la inclusión de laicos y mujeres en instancias decisivas, se atrevió a que la Iglesia se parezca más a la comunidad que Jesús imaginó: plural, dialogante, fraterna.

La Laudato Si’ no fue solo una encíclica sobre ecología: fue un grito profético que entrelazó justicia social y ambiental, y Fratelli Tutti una meditación urgente sobre la fraternidad en un mundo fracturado por el miedo y el egoísmo.

Con Francisco, el centro de gravedad del catolicismo se desplazó simbólicamente del elegante mármol europeo al polvo de las periferias y los rostros curtidos. El Sur Global dejó de ser solo una cantera de fieles para convertirse en fuente de voz y decisión.

Su pontificado, como todo intento de reforma, deja heridas y resistencias. Pero también una estela de esperanza, un mapa abierto para la Iglesia del siglo XXI. No fue perfecto, ni pretendió serlo. Pero en un mundo donde muchos líderes alzan muros, Francisco abrió puertas.

El juicio último sobre su legado lo dará la historia y sus sucesores. Por ahora, queda su huella: la de un pastor que caminó con su pueblo, que habló el idioma de los pobres, que devolvió a la Iglesia el alma misionera de sus primeros días.

Francisco fue, sobre todo, el papa del corazón.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial evidencian una realidad preocupante: entre 2022 y 2024, más de 13,000 personas fueron acusadas por homicidio o lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito.

Estas estadísticas no solo representan números fríos, sino tragedias humanas con consecuencias irreversibles para miles de familias salvadoreñas.

Si bien las autoridades reportan una disminución progresiva en la cantidad de accidentes, víctimas e imputados, la cifra sigue siendo alarmante. Durante los últimos tres años, se registraron 1,490 muertes en accidentes de tránsito catalogadas como homicidios culposos y 15,055 personas sufrieron lesiones graves. Estos datos reflejan una crisis de seguridad vial que demanda acciones urgentes y efectivas.

Es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad al volante y las sanciones impuestas por el Código Penal salvadoreño. Si bien este establece penas de prisión de dos a cuatro años para el homicidio culposo y de seis meses a dos años para lesiones culposas, estas medidas parecen insuficientes cuando se comparan con el impacto devastador de estos incidentes. La reciente reforma legislativa que endurece las penas para casos de conducción peligrosa es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer.

Más allá de la legislación, se requiere un cambio cultural que fomente una conducción responsable. Las campañas de educación vial deben reforzarse, y el cumplimiento de las normativas debe ser estricto y efectivo. Además, es clave mejorar la infraestructura vial y garantizar que las sanciones sean aplicadas sin excepciones, para que la impunidad no siga siendo un factor que aliente la irresponsabilidad.

Cada accidente de tránsito representa una historia de dolor y pérdida que pudo evitarse. Es momento de que tanto las autoridades como la sociedad en su conjunto asuman un compromiso real con la seguridad vial. Conducir con responsabilidad no es solo una obligación legal, sino un acto de respeto por la vida propia y la de los demás.

El reciente acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca entre los compromisos adquiridos la obligatoriedad de realizar una nueva reforma de pensiones en 2026, diseñada bajo la supervisión del organismo internacional.

El FMI, en su evaluación, advierte que el déficit del Sistema Público de Pensiones (SPP) crecerá del 2 % del PIB en 2025 al 2.7 % en 2027, mientras que la deuda de pensiones alcanzará el 28.3 % del PIB. Este panorama es alarmante y evidencia que la reforma de 2022 no resolvió el problema de fondo: la falta de autosostenibilidad del sistema.

La nueva reforma exigida por el FMI intentará poner orden en este desbalance, pero el riesgo es que lo haga bajo la misma lógica de ajuste fiscal que históricamente ha caracterizado al organismo: recortes, aumento de edad de jubilación y restricciones en beneficios.

No se puede obviar que el problema de las pensiones en El Salvador tiene raíces profundas, vinculadas a décadas de políticas improvisadas y falta de planificación a largo plazo. Sin embargo, que el FMI imponga condiciones para una nueva reforma es una señal preocupante sobre la pérdida de autonomía financiera del país. Una reforma previsional debe responder a las necesidades y realidades de los trabajadores y jubilados salvadoreños, no a las exigencias de organismos internacionales cuyo interés primordial es la estabilidad fiscal, muchas veces a expensas del bienestar social.

Es fundamental que la nueva reforma se construya con transparencia y participación ciudadana. Las decisiones sobre el futuro de las pensiones no pueden tomarse a puerta cerrada entre el gobierno y el FMI sin el escrutinio de los sectores afectados. Además, es imprescindible que se garantice la sostenibilidad del sistema sin recurrir a medidas que precaricen aún más la situación de los jubilados y trabajadores. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir el mismo ciclo de reformas improvisadas que terminan generando más problemas de los que resuelven.

Los intereses de los jubilados deben ser la prioridad en cualquier reforma de pensiones que debe tener una visión de largo plazo que garantice la seguridad social de sus ciudadanos.

La construcción del Aeropuerto del Pacífico marca un hito en el desarrollo de infraestructura en El Salvador, especialmente en la zona oriental del país. Este proyecto ambicioso, con una inversión de $386 millones, promete dinamizar la economía, generar empleos y mejorar la conectividad aérea.

Desde una perspectiva económica, el aeropuerto se presenta como una apuesta estratégica para descentralizar el desarrollo y atraer inversión extranjera. Con una proyección de cinco millones de pasajeros anuales en su fase final, la terminal podría convertirse en un motor de crecimiento para la región oriental, impulsando sectores como el turismo y el comercio. Además, la proyección de empleos directos e indirectos en una década es una cifra alentadora para una zona históricamente marginada en términos de oportunidades laborales.

No obstante, la magnitud del proyecto exige un análisis más profundo. En primer lugar, la demanda real de tráfico aéreo en la región oriental de El Salvador es un factor determinante para el éxito del aeropuerto. Aunque la confirmación de vuelos de Avianca desde su apertura es una señal positiva, el gobierno debe garantizar que haya suficiente flujo de pasajeros y aerolíneas interesadas en operar en la terminal para evitar que se convierta en una infraestructura subutilizada.

La apuesta de inversión en el oriente del país es sumamente positiva e inédita. Las cifras gubernamentales hablan de una inversión histórica en la zona oriental de El Salvador de $1,424.8 millones, incluyendo el Puerto de La Unión, el Periférico Gerardo Barrios, el Aeropuerto del Pacífico, la carretera Punta Mango, Usulacán – San Miguel y otras obras en San Miguel y Morazán.

El Aeropuerto del Pacífico tiene el potencial de transformar el oriente del país, pero su éxito dependerá de una planificación estratégica, transparencia en su ejecución y una integración efectiva con otras iniciativas de desarrollo regional. El desafío ahora es garantizar que esta inversión realmente beneficie a la población salvadoreña.

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua y seis cárteles mexicanos como «organizaciones terroristas» marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen transnacional.

No es la primera vez que la MS-13 es considerada una organización terrorista. En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la clasificó de esa manera debido a sus métodos violentos y su capacidad de desestabilización social. Sin embargo, el concepto de «terrorismo» suele vincularse con motivaciones ideológicas o políticas, mientras que estas organizaciones criminales operan con un fin esencialmente lucrativo. La diferencia no es menor: al equipararlas con grupos como Al Qaeda o ISIS, Estados Unidos podría justificar el uso de herramientas más agresivas para combatirlas, incluyendo sanciones económicas, bloqueos financieros y operaciones más directas contra sus miembros.

Pero la pregunta clave es si este enfoque será efectivo. La experiencia sugiere que las designaciones de este tipo rara vez resuelven el problema de raíz. La MS-13, por ejemplo, se fortaleció en gran parte debido a las deportaciones masivas de pandilleros desde Estados Unidos a Centroamérica en los años 90, lo que facilitó su expansión en El Salvador, Honduras y Guatemala. Del mismo modo, el Tren de Aragua ha crecido gracias al colapso institucional en Venezuela y a la migración forzada, aprovechando redes criminales que cruzan fronteras con facilidad.

Por otro lado, esta medida también puede tener consecuencias políticas. La inclusión del Tren de Aragua en la lista de terroristas refuerza la narrativa de que Venezuela es un Estado fallido incapaz de controlar sus propias bandas criminales, lo que podría utilizarse como argumento en futuras sanciones o presiones diplomáticas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de los cárteles mexicanos, el impacto dependerá de cómo responda el gobierno de México.

Más allá de la etiqueta, lo cierto es que estas organizaciones han causado estragos en las comunidades que dominan. Pero combatirlas requiere más que designaciones simbólicas: se necesita cooperación internacional efectiva, inteligencia financiera para desmantelar sus redes de lavado de dinero y, sobre todo, estrategias de prevención que eviten que jóvenes marginados vean en estas bandas su única alternativa de vida. El Salvador tiene experiencia con el combate a las pandillas y cómo ha recuperado la seguridad.

La desarticulación de una red de corrupción que involucra a tramitadores, escuelas de manejo, examinadoras e incluso personal del Viceministerio de Transporte (VMT) para vender exámenes de licencias de conducir es un golpe contundente que busca limpiar todo el sistema de emisión de permisos de conducir.

La posibilidad de que conductores sin las habilidades necesarias obtengan una licencia mediante sobornos y falsificaciones es una falla sistémica que compromete la vida de miles de salvadoreños. Esta banda no solo cometió delitos meramente de corrupción administrativa sino que también ha generado un riesgo directo para la seguridad vial del país.

No sabemos por cuánto tiempo, personas sin conocimientos de conducción podrían haber estado circulando libremente, incrementando el riesgo de accidentes y poniendo en peligro a peatones y conductores responsables.

Es positivo que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y la Fiscalía estén tomando cartas en el asunto con un plan de transformación en dos fases para garantizar mayor transparencia en el proceso de obtención de licencias.

Medidas como la supervisión en tiempo real de los exámenes teóricos y la incorporación de tecnología para verificar la identidad de los examinados son avances necesarios. Sin embargo, estos esfuerzos deben ir acompañados de un cambio cultural dentro de todo el sistema y de sanciones ejemplares para quienes han permitido que la corrupción se infiltre en un sistema tan crítico para la seguridad pública.

Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar que esta historia se repita en el futuro.

La obtención de una licencia de conducir no es un trámite más; es una certificación de que una persona tiene la capacidad de operar un vehículo de manera segura y responsable. No se trata de un negocio, sino de un compromiso con la seguridad de todos. Las autoridades deben asegurarse de que nunca más alguien pueda comprar una licencia con dinero en lugar de con esfuerzo y preparación.

La crisis interna en el partido ARENA ha escalado a un punto que evidencia una profunda fractura dentro de su dirigencia. La serie de acusaciones cruzadas, desde presunto lavado de dinero hasta el uso indebido de fondos partidarios, revela no solo una falta de transparencia, sino también una lucha de poder que amenaza con debilitar aún más la ya mermada credibilidad y el escaso caudal electoral del partido.

Las disputas entre el presidente de ARENA, Carlos García Saade y el excandidato presidencial, Joel Sánchez, son penosas y rondan acusaciones legales peligrosas. Por otro lado, la disputa entre García Saade y la diputada Marcela Villatoro también refleja la crisis interna de ARENA. Más allá de las acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos, las expresiones misóginas denunciadas por Villatoro añaden un elemento preocupante en una institución que, en teoría, debería modernizarse y ajustarse a nuevas exigencias democráticas.

Pareciera que ARENA se está disputando las sobras de un pasado que los llevó a ganar cuatro periodos presidenciales -que terminaron con terribles cuestionamientos- y ahora sus pocos liderazgos se disputan la sobrevivencia en un partido que aún no logra reestructurarse tras sus derrotas electorales consecutivas desde 2009.

El llamado del diputado Francisco Lira a resolver estos problemas en privado es comprensible, pero insuficiente. Lo que ARENA necesita no es ocultar sus disputas, sino abordarlas con transparencia y rendición de cuentas, alejado de orgullos y problemas personales. Sin una depuración real y sin cambios estructurales, el partido continuará en una espiral de desprestigio que lo aleja cada vez más de una recuperación política, si es que pudiera haber chance.

La disminución del 26 % en la cantidad de estudiantes admitidos en la Universidad de El Salvador (UES) es una señal de alerta que no debe pasar desapercibida.

La educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo del país, y cuando menos jóvenes acceden a ella, el impacto se traduce en menos profesionales formados, menor movilidad social y un estancamiento en el crecimiento económico.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, ha señalado que esta caída en el número de aspirantes no es exclusiva de la universidad pública, sino un fenómeno generalizado en otras instituciones del país. Sin embargo, lo que debería preocupar no es solo el ingreso, sino también la alta tasa de deserción universitaria. Según las cifras proporcionadas, solo 20 de cada 100 estudiantes logran completar su carrera en el tiempo establecido, lo que sugiere que existen barreras estructurales que dificultan la permanencia en el sistema educativo.

¿Qué está pasando con la educación superior en El Salvador? Hay múltiples factores que podrían estar incidiendo en esta tendencia. La pandemia de COVID-19 alteró los hábitos de estudio y afectó económicamente a muchas familias, lo que obligó a muchos jóvenes a posponer o abandonar sus estudios. También debe considerarse la crisis económica y la necesidad de insertarse rápidamente en el mercado laboral, lo que podría estar llevando a muchos jóvenes a optar por trabajos de baja calificación en lugar de continuar su formación académica.

Además, la falta de incentivos y condiciones adecuadas dentro de las universidades también puede estar jugando un papel clave. Problemas como la insuficiente oferta de becas, la falta de actualización en los planes de estudio y la escasa conexión entre la academia y el mercado laboral pueden estar desmotivando a los jóvenes. Si a esto sumamos el creciente acceso a alternativas de educación en línea y carreras técnicas más cortas y accesibles, es evidente que las universidades, incluida la UES, deben replantear sus estrategias para atraer y retener a los estudiantes.

El reto es grande, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la educación superior que queremos. No basta con aumentar el número de admitidos si no hay una política clara para reducir la deserción y garantizar que los graduados tengan oportunidades reales en el mundo laboral. La educación no puede seguir siendo un privilegio ni una carga difícil de sostener para los jóvenes; debe ser un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.

Las cifras de accidentes de tránsito en El Salvador para el inicio de 2025 son inquietantes.

Si bien se ha registrado una reducción del 9 % en la cantidad de siniestros viales y un 13 % menos de fallecidos en comparación con el mismo período del año anterior, los lesionados han aumentado y la principal causa de muerte sigue siendo la irresponsabilidad de los conductores.

El saldo de 111 fallecidos en poco más de un mes no es una estadística para celebrar.

Tres personas mueren cada día en las carreteras del país, y más de la mitad de estas víctimas son peatones y motociclistas, los más vulnerables en la vía pública.

Aún más preocupante es que la distracción del conductor sea responsable del 46 % de los decesos.

En otras palabras, casi la mitad de las muertes pudieron haberse evitado con un mínimo de atención y responsabilidad al volante.

El gobierno ha tomado medidas drásticas para frenar esta crisis, como la criminalización de la conducción con cualquier nivel de alcohol en sangre y el aumento de las multas de tránsito.

Pero parece que la conducta de las personas no parece ser persuadida por esas medidas y siguen conduciendo de manera cuestionable.

No basta con castigar a quienes ya han cometido una infracción.

Se necesita una transformación profunda en la cultura vial del país, lo que implica educación desde temprana edad, controles rigurosos en la obtención de licencias y, sobre todo, un cumplimiento efectivo de la ley.

Mientras las normas sigan siendo vistas como negociables o sujetas a la voluntad del gobierno de turno, las calles seguirán cobrando vidas inocentes.

El Salvador ha logrado reducir la violencia homicida, pero la guerra en las carreteras continúa.

Y al igual que en el pasado, la solución no solo radica en castigos más severos, sino en un cambio de mentalidad que haga de la seguridad vial una prioridad real.