Categoría: Editorial

El fallo del Juzgado de Paz de San Juan Opico, que ordenó la detención provisional de 13 miembros de la barra brava del Alianza Fútbol Club, vuelve a poner sobre la mesa un problema que se niega a desaparecer: la violencia en los estadios y sus alrededores. Lo ocurrido el pasado 25 de octubre no fue un simple “incidente futbolístico”; fue una muestra más de cómo la pasión mal entendida puede degenerar en barbarie.

El proceso judicial, aunque ha avanzado con rapidez, deja sensaciones encontradas. Por un lado, se valora que se haya buscado reparación económica para las víctimas de daños y lesiones, lo que evidencia una voluntad conciliadora dentro del marco legal. Sin embargo, la conciliación económica no borra el trasfondo social del problema. Pagar $2,500 por daños y $200 por lesiones no compensa la sensación de miedo, el trauma ni el deterioro de la convivencia que provoca cada episodio de violencia entre aficionados.

La violencia en el fútbol salvadoreño no nace en un día ni se limita a un grupo de fanáticos exaltados. Hay un entramado institucional y cultural que la alimenta: clubes que toleran conductas violentas, autoridades deportivas que reaccionan tarde, y un sistema de seguridad que suele actuar cuando ya es demasiado tarde. La pasión por un equipo no puede ser excusa para agredir ni destruir.

Las barras bravas —mal gestionadas, mal vigiladas y, a veces, alentadas por los propios clubes— se han convertido en un riesgo latente para los verdaderos aficionados, aquellos que van al estadio con sus familias. Si no se aborda el problema con una estrategia integral que incluya sanciones deportivas, educación en valores y vigilancia efectiva, seguiremos viendo titulares como este.

La decisión judicial de imponer detención provisional a los imputados masculinos y medidas sustitutivas a la única mujer, por razones de salud, demuestra un intento de equilibrio entre justicia y humanidad. Pero más allá del proceso penal, el país necesita que estos casos sirvan como lección colectiva: el deporte debe unir, no dividir; debe inspirar, no sembrar miedo.

Mientras el fútbol siga siendo un escenario de confrontación violenta, seguiremos perdiendo más que partidos: estaremos perdiendo la esencia misma del deporte y la oportunidad de construir una cultura de paz en nuestras canchas.

El anuncio de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) sobre el crecimiento histórico del sector marca un hito en la economía nacional. Con una proyección de inversión que podría alcanzar entre $2,800 y $3,000 millones al cierre del año, el país se encuentra ante una de las etapas de mayor dinamismo productivo de las últimas décadas. Pero detrás de las cifras, hay también un cambio estructural más profundo: la consolidación de la confianza y el resurgir del capital privado como protagonista del desarrollo.

El crecimiento de más del 30 % en la industria —sostenido incluso tras la recuperación postpandemia— no solo refleja una mejora coyuntural. Representa el resultado de un entorno más estable, donde factores como la reducción de la violencia y la agilización de trámites han creado condiciones más favorables para invertir. Casalco lo ha dicho con claridad: el 80 % de la inversión proviene del sector privado, una señal contundente de que los empresarios vuelven a ver en El Salvador un terreno fértil para el crecimiento.

No obstante, el optimismo debe ir acompañado de una mirada crítica y responsable. La expansión acelerada del sector de la construcción genera efectos colaterales que no pueden ignorarse: el impacto ambiental, la planificación urbana y el acceso equitativo a la vivienda son temas que requieren una política pública coherente y de largo plazo. Crecer no debe ser sinónimo de construir más, sino de construir mejor.

Asimismo, la concentración del auge en el Área Metropolitana de San Salvador plantea un desafío de descentralización económica. Si el país aspira a un desarrollo sostenible, es indispensable que la inversión en infraestructura y vivienda se extienda hacia las regiones, generando oportunidades más allá del eje capitalino.

Las proyecciones de Casalco —un aporte del 16 % al PIB en 2025 y 167,000 empleos generados— son alentadoras, pero también demandan compromiso: fortalecer la capacitación técnica, garantizar condiciones laborales dignas y preservar el equilibrio ambiental serán claves para que este auge se traduzca en bienestar real.

El Salvador vive un momento económico singular. El desafío es que esta bonanza no sea un episodio pasajero, sino el inicio de una etapa de crecimiento inclusivo, donde la construcción no solo levante edificios, sino también esperanza, equidad y futuro.

La asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia marca un punto de inflexión político y simbólico en la historia reciente del país sudamericano. Su discurso, cargado de diagnóstico y reproche, dibuja un escenario devastador heredado de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), pero también abre una ventana de expectativas sobre un posible cambio de rumbo.

Paz llega al poder con una narrativa de ruptura: promete transparencia, eficiencia y una reconciliación con la comunidad internacional, en contraste con los años de aislamiento y confrontación diplomática. Sin embargo, el tono de su mensaje inaugural —duro, acusatorio y emocional— revela la magnitud de la fractura política que deja el MAS, y la dificultad de construir gobernabilidad sobre las ruinas de un sistema que él mismo califica como “monstruo burocrático”.

Más allá de las metáforas, la situación económica descrita por el nuevo mandatario no es menor. Las reservas internacionales en mínimos históricos, la inflación y el endeudamiento marcan el punto de partida de una administración que deberá equilibrar urgencia con prudencia. El anunciado “plan de rescate económico de emergencia” y la búsqueda de apoyo del BID y el FMI apuntan a una estrategia pragmática, pero también reabren viejos temores sobre la dependencia financiera externa.

No menos significativa es la restitución del vínculo con Estados Unidos, roto desde 2008. Este gesto político va más allá de lo diplomático: simboliza una voluntad de reintegrar a Bolivia en la esfera de cooperación global y el alejamiento de la influencia de las dictaduras de Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega.

Paz asume con legitimidad institucional, pero su mayor reto será construir legitimidad social. Gobernar un país “devastado” implica algo más que administrar crisis: requiere tender puentes, reconstruir confianza y evitar que la promesa de cambio se convierta en un nuevo ciclo de desencanto.

Su frase final, “Vamos a reconstruir Bolivia desde los cimientos”, resuena con fuerza. Pero toda reconstrucción comienza por la reconciliación: con la historia, con los errores del pasado y, sobre todo, con los bolivianos que aún esperan que el Estado, al fin, les sirva.

El reciente informe de la Procuraduría General de la República (PGR) deja en evidencia una realidad tan persistente como preocupante: más de 27 mil demandas por incumplimiento de cuotas alimenticias en un solo año. Detrás de cada cifra hay una historia de abandono, de niños y niñas cuyos derechos básicos se ven vulnerados por la irresponsabilidad de quienes deberían garantizar su bienestar.

El dato de que el 97 % de los demandados son hombres revela un patrón estructural que trasciende lo individual y refleja una cultura aún marcada por la desigualdad de género y la evasión de responsabilidades paternas. No se trata solo de un problema jurídico, sino de una crisis ética y social que perpetúa ciclos de pobreza y desprotección infantil. Cuando un padre o una madre incumple con su deber alimentario, no solo infringe la ley, sino que traiciona el principio más elemental de la paternidad: el cuidado.

Pese a las cifras alarmantes, también hay luces que destacar. El hecho de que la PGR haya recibido y gestionado más de $31 millones en cuotas alimenticias, beneficiando a más de 37 mil menores de edad, refleja la relevancia del papel institucional y la efectividad de los mecanismos de cobro. La creación del Registro de Pensión Alimenticia (RPA) constituye un avance significativo hacia la transparencia y eficiencia, al centralizar información y agilizar los trámites mediante herramientas tecnológicas. Este tipo de innovaciones fortalecen la confianza ciudadana en el sistema de justicia y colocan al Estado como garante activo de los derechos de la niñez.

Sin embargo, la magnitud del problema obliga a ir más allá de la gestión administrativa. Es urgente fomentar una cultura de corresponsabilidad parental. El cumplimiento de una pensión alimenticia no debería depender del temor a una demanda o una sanción penal, sino de la comprensión de que alimentar, educar y cuidar a los hijos es un deber humano innegociable.

El Código de Familia es claro: los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos en función de su capacidad económica y las necesidades del menor. Pero ninguna ley, por sólida que sea, puede sustituir la conciencia ni el compromiso.

En un país donde miles de niños y niñas dependen del cumplimiento de estas obligaciones para sobrevivir, cada demanda no solo representa un caso judicial, sino un llamado a la empatía y a la responsabilidad colectiva. El verdadero progreso se medirá no solo por los millones recuperados o los registros creados, sino por el día en que estas estadísticas empiecen a disminuir, porque los padres cumplen por convicción, no por obligación.

Las cifras publicadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología sobre la disminución del 2.32 % en la matrícula universitaria y técnica durante 2024 son más que un simple dato estadístico: son una llamada de atención nacional. En un país donde la educación es la principal herramienta para romper los ciclos de pobreza, perder más de 4,600 estudiantes en un año debería preocupar a todos los sectores, no solo al académico.

El descenso es aún más notorio si se observa por tipo de institución. Los institutos tecnológicos, clave para la formación técnica y la empleabilidad juvenil, registran una reducción alarmante del 20.57 %. Este dato no solo refleja desinterés, sino posiblemente una crisis estructural: costos de estudio inalcanzables, falta de incentivos laborales o la migración de jóvenes que ven más oportunidades fuera del país que en un título académico local.

La Universidad de El Salvador, la única pública, también experimentó una baja de matrícula, aunque menor (1 %). Sin embargo, el problema va más allá de los números: la reducción del 26 % en aspirantes seleccionados muestra que la educación superior pública está enfrentando desafíos profundos de acceso y motivación. La advertencia hecha por las autoridades universitarias desde la pandemia del COVID-19 se está cumpliendo, y sin políticas de rescate educativo, la tendencia podría agravarse.

El problema no distingue entre lo público y lo privado: el sistema completo de educación superior está bajo presión, como lo muestran las estadísticas en las universidades privadas.

En un contexto donde más de 110 mil mujeres y 85 mil hombres buscan formación universitaria, la reducción de matrícula implica menos oportunidades para el desarrollo profesional, menos innovación y, a largo plazo, un debilitamiento del capital humano del país.

Es urgente que el Estado, junto a las universidades y el sector productivo, trace una política nacional para la retención y atracción estudiantil, que combine becas, empleo juvenil y programas flexibles de estudio.  Los acuerdos que ha impulsado la Secretaría de Integración con las Universidades privadas para becas universitarias es un buen paso en esa dirección porque la educación no puede ser un lujo, ni una víctima más de la crisis económica y social.

El futuro de El Salvador depende de cuántos jóvenes puedan seguir soñando —y estudiando— en su propio país.

El reciente informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas en Paz (Ormusa) no solo revela un alarmante aumento del 88 % en los casos de cáncer de mama en El Salvador entre 2020 y 2024; desnuda, además, las profundas desigualdades que aún marcan el acceso a la salud en el país. Detrás de cada número hay un rostro, una historia, una vida suspendida entre el miedo y la esperanza.

Las estadísticas del Ministerio de Salud son el reflejo de una doble realidad. Por un lado, el aumento de diagnósticos podría sugerir una mayor conciencia sobre la importancia del control médico; pero por otro, muestra las grietas estructurales del sistema: apenas 17 mamógrafos para más de tres millones de mujeres, un acceso limitado a radioterapia fuera de la capital y listas de espera que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La inequidad, más que la biología, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Es necesario invertir más en prevención y detección.

Frente a esa precariedad institucional, emergen ejemplos de fuerza y solidaridad que reescriben el sentido de la palabra “lucha”. Ana Marta Najarro, Leiden Cáceres y Wendy Maldonado encarnan el rostro humano del cáncer, pero también el de la resiliencia colectiva. Desde el voluntariado, el acompañamiento emocional y la educación sobre el autoexamen, estas mujeres transforman su dolor en servicio. Ellas, más que las cifras, son las verdaderas políticas públicas vivientes: promueven prevención, esperanza y comunidad allí donde el Estado aún no llega.

La historia de Bessy Tobar suma una dimensión inspiradora a este panorama: la de quien convirtió la adversidad en propósito. Su emprendimiento, que une la estética y la medicina biológica, no solo reivindica la belleza como una forma de sanar, sino que también recuerda que la salud emocional y física no pueden tratarse por separado. Su experiencia demuestra que el cáncer puede destruir tejidos, pero también puede reconstruir vidas.

En este contexto, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el mes de octubre en el que enfatizamos esta temática no debe reducirse a un lazo rosado o a un eslogan publicitario. Es una llamada urgente a políticas de detección temprana efectivas, inversión en equipos médicos, descentralización de tratamientos y apoyo integral a las pacientes. La lucha contra el cáncer no termina con la quimioterapia; empieza con la equidad, la educación y la empatía.

El cáncer de mama no discrimina, pero el acceso a la salud sí. Por eso, mientras las mujeres sigan enfrentando solas el costo del diagnóstico o la angustia del tratamiento, el país seguirá en deuda. La verdadera victoria será el día en que ninguna salvadoreña tenga que elegir entre sobrevivir o endeudarse, entre tener esperanza o resignarse. El lazo rosa debe ser más que un símbolo: debe ser un compromiso nacional.

La actualización de las proyecciones de población del Banco Central de Reserva (BCR)  marca un punto de inflexión en la historia nacional: El Salvador alcanzará su pico poblacional en 2039, con poco más de 6.2 millones de habitantes, y a partir de entonces comenzará un descenso progresivo. Este cambio, que podría parecer leve en cifras, encierra profundas implicaciones sociales, económicas y políticas que el país no puede darse el lujo de ignorar.

El dato más relevante no es solo que la población disminuirá, sino cómo cambiará su composición. En 2050, el número de adultos mayores de 60 años habrá crecido un 75 %, mientras que los menores de 35 años se reducirán en más del 30 %. En otras palabras, El Salvador está envejeciendo rápidamente, y ese proceso traerá consigo enormes desafíos: un sistema de pensiones ya presionado, mayor demanda de servicios de salud especializados y una reducción de la fuerza laboral joven que sostiene la productividad nacional.

Si no se toman medidas desde ahora, el país podría entrar en una trampa demográfica, donde una población envejecida dependa de un grupo cada vez menor de trabajadores activos. Los números del BCR dejan claro que, para 2050, habrá casi 1.6 millones de adultos mayores, pero apenas 234,000 niños menores de cuatro años. Es una señal inequívoca de que la base demográfica se estrecha peligrosamente.

El Salvador debe replantearse su modelo de desarrollo. Un país con menos jóvenes y más adultos mayores necesita una economía basada en la innovación, la automatización y la productividad, no en mano de obra barata ni en remesas. Al mismo tiempo, debe crear políticas públicas para aprovechar el bono demográfico restante antes de que se agote en la próxima década.

También es urgente una reforma integral del sistema previsional y sanitario, adaptada al envejecimiento. Los adultos mayores no deben ser vistos como una carga, sino como una generación que merece vivir con dignidad después de haber sostenido al país. La educación, por su parte, deberá enfocarse en preparar a los jóvenes para un mercado laboral más tecnológico y competitivo.

El Salvador todavía tiene tiempo para planificar el futuro, pero la ventana de oportunidad se cierra rápidamente. Las cifras del BCR no son solo una proyección estadística: son un llamado de alerta para construir desde hoy el país que necesitará una población menor, pero más longeva, más educada y mejor preparada.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) son una alarma que no debe pasar desapercibida: más de 10,000 personas lesionadas en accidentes de tránsito en lo que va del año, un incremento del 11 % respecto a 2024. Detrás de estas cifras hay historias de dolor, familias afectadas y una creciente sensación de que nuestras calles y carreteras se han convertido en escenarios de riesgo cotidiano.

El aumento no es un simple número estadístico; refleja una cultura vial deteriorada, donde la imprudencia y la falta de respeto a las normas continúan cobrando víctimas todos los días. Las principales causas —la invasión de carril, la distracción del conductor, el irrespeto a las señales y la velocidad excesiva— no son accidentes inevitables, sino fallas humanas prevenibles. Cada una de ellas representa una decisión errónea, una omisión o una actitud negligente al volante.

Particular preocupación merecen los motociclistas, quienes representan una de las poblaciones más vulnerables y, al mismo tiempo, más afectadas. Con 3,274 lesionados en 2025, el incremento del 22 % respecto al año anterior revela una tendencia alarmante. Las motocicletas, símbolo de movilidad económica y rápida, se han convertido también en vehículos de alto riesgo ante la falta de educación vial incluyendo casi la mitad de los motociclistas sin licencia, el uso inadecuado del casco y la escasa fiscalización.

No se puede ignorar el papel de las instituciones de socorro, como Comandos de Salvamento, Cruz Verde y Cruz Roja, que diariamente asisten a las víctimas de siniestros viales. Pero su heroico trabajo no basta si no hay una política pública firme y sostenida que combine educación, control y sanción. El país urge una estrategia integral de seguridad vial que abarque desde la formación de los conductores hasta la infraestructura segura y la aplicación efectiva de la ley.

La cifra de 942 muertes en lo que va del año es un recordatorio doloroso de que cada accidente no solo deja heridos, sino también familias rotas. La seguridad vial no puede seguir siendo un tema secundario. Prevenir debe ser la prioridad, porque en las carreteras del país no se está perdiendo solo tiempo o dinero: se están perdiendo vidas.

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra en Gaza, tras la firma del acuerdo de Sharm el Sheij, ha generado un alivio generalizado en un mundo exhausto por los conflictos. Cualquier paso hacia la paz merece ser celebrado. El fin de los bombardeos, la liberación de rehenes y la apertura a la ayuda humanitaria son señales esperanzadoras de que, al menos por ahora, el sufrimiento podría empezar a disminuir.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que la paz se decreta con una firma. El conflicto en Medio Oriente es el resultado de más de siete décadas de heridas, desplazamientos y resentimientos. La reconstrucción de Gaza —sus hogares, sus escuelas, su tejido social— será tan urgente como ardua. Y más allá de la infraestructura, está el desafío de reconstruir la confianza, esa materia prima escasa que sostiene cualquier convivencia duradera.

Trump calificó la etapa que se abre como “tal vez la más fácil”. Pero lo cierto es que lo más difícil empieza ahora. Desmilitarizar la región, contener los extremismos y garantizar justicia para todos los pueblos implicados serán tareas que pondrán a prueba no solo a los gobiernos, sino también a la comunidad internacional.

La paz en Medio Oriente no debe hacernos olvidar que el planeta sigue temblando en otros frentes. En Ucrania, la agresión rusa continúa dejando miles de víctimas y desplazados. Vladimir Putin es un tirano cruel y despiadado con los civiles ucranianos que además, amenaza a Europa irresponsablemente.

Las guerras no son episodios aislados, sino síntomas de un orden global que sigue privilegiando la fuerza sobre el diálogo. Mientras haya líderes dispuestos a atropellar a sus vecinos o a usar a los civiles como escudos, la paz seguirá siendo frágil.

Ojalá este acuerdo sea más que una tregua temporal. Que marque el comienzo de una era en la que la diplomacia prevalezca sobre el rencor, y en la que la reconstrucción no solo sea material, sino también moral. La verdadera victoria será cuando las futuras generaciones puedan mirar hacia atrás y ver que esta vez, por fin, el mundo aprendió.

El Premio Nobel de la Paz nunca ha sido una distinción meramente simbólica. Representa, más allá de un reconocimiento personal, un llamado de atención al mundo. Así ha sido históricamente y así vuelve a serlo con la concesión del galardón a María Corina Machado, líder de la oposición democrática venezolana.

Su nombramiento la coloca en la estatura moral de figuras como Martin Luther King Jr., Lech Walesa o Aung San Suu Kyi, y reconfigura el concepto de paz más allá de los tratados o los silencios impuestos. La paz reconocida por el Comité Noruego no es la de las armas calladas, sino la de las voces liberadas en medio de una dictadura.

Que Machado haya sido galardonada en 2025 es un hito sin precedentes en América Latina. No solo porque visibiliza ante la comunidad internacional el prolongado colapso democrático venezolano, sino porque obliga a replantear la neutralidad diplomática que algunos gobiernos de la región han mantenido frente al régimen de Nicolás Maduro.

La lucha no violenta de Machado —similar en contexto al caso de Aung San Suu Kyi en Birmania en 1991— redefine la oposición política latinoamericana y proyecta un nuevo modelo de liderazgo civil, ético y democrático. Este Nobel reivindica la resistencia cívica como camino legítimo hacia la paz, incluso cuando se da en contextos autoritarios.

Este premio también amplía el entendimiento mismo de la paz. Ya no puede limitarse a la firma de acuerdos tras guerras civiles, como ocurrió en Colombia. El Comité Noruego ha recordado al mundo que no hay paz sin libertad, ni democracia sin pluralismo. El caso venezolano demuestra que la paz debe incluir justicia, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos.

María Corina Machado, con 26 años enfrentando represión, persecución y censura, representa la esperanza de millones de venezolanos que, lejos de empuñar las armas, han optado por la resistencia moral y civil frente a un aparato estatal que ha cometido crímenes de lesa humanidad.

Machado no solo recibe un galardón: hereda una responsabilidad histórica. Desde ahora, su papel como interlocutora principal en cualquier proceso de transición democrática en Venezuela es irrefutable. Su autoridad, ahora potenciada por la dimensión simbólica del Nobel, se eleva por encima de cualquier veto político.

El galardón también presiona a las democracias del hemisferio a tomar una posición clara. ¿Pueden gobiernos que se proclaman democráticos ignorar a una mujer galardonada con el máximo reconocimiento mundial por su lucha pacífica por la libertad? Hacerlo sería una falla moral y política de proporciones históricas.

Desde Oslo hasta Caracas, pasando por cada rincón donde la libertad esté amenazada, el Nobel a María Corina Machado es un grito de resistencia. Es un llamado a no ceder, a no normalizar la represión ni resignarse a las dictaduras.

“Este galardón es del pueblo venezolano”, dijo Machado, y tenía razón. Pertenece a cada ciudadano que ha salido a la calle con una bandera, que ha resistido sin odio, que ha exigido democracia sin disparar una bala. Pertenece también a los exiliados, a los presos políticos, a los desaparecidos. Y es, en definitiva, un mensaje de que la verdad, la dignidad y la libertad aún pueden prevalecer.

Hoy, el mundo ha escuchado. Ahora, le toca actuar.